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Derechos Humanos 
en el Uruguay 

Informe 2019 




Derechos Humanos 
en el Uruguay 

Informe 2019 



serpaj 


Servicio Paz y Justicia - Uruguay 


serpaj 


© Edición: diciembre de 2019 

Servicio Paz y Justicia | SERPAJ Uruguay 

Joaquín Requena 1642, 11.200 Montevideo, Uruguay 

Tel.+598 2408 5301 

serpajuy@serpaj.org.uy 

www.serpaj.org.uy 

Facebook: Serpaj-Urguay 

Twitter: serpaj_uruguay 

Instagam: serpaj.uy 

Impreso en Uruguay 

Derechos Humanos en el Uruguay 
Informe 2019 
Montevideo, Uruguay 

ISBN: 978-9974-564-47-3 



FUNDACIÓN 

ROSA 

LUXEMBURGO 


Esta publicación fue apoyada por la Fundación Rosa Luxemburgo con fondos del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) 


Las opiniones vertidas en este informe son de absoluta responsabilidad de los autores. 


Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos, siempre que sea citada la fuente. 


(ce)®©© 



En homenaje a Efraín Olivera Lerena 


No es posible poner en pocas líneas, una vida entera de activismo y solidaridad. Sin entrar 
en la riqueza de su historia en Emaús, su compromiso lo pone tanto en las Urracas como 
en “sabio”. En 1981 integra el equipo de 12 personas que fundan Serpaj, bajo la inspiración 
cristiana ecuménica, relacionándose con distintas organizaciones sociales y religiosas en su 
lucha por los derechos humanos y la paz, mediante metodologías no violentas y la denuncia 
internacional. Ha sido el único que, ininterrumpidamente, aún integra nuestro colectivo. 

Nobleza obliga: relatar un puñadito de actividades que no son nada representativas de su 
extensísimo y comprometido camino en derechos humanos, no le hace justicia. A título de 
anécdota y sin seguir cronología alguna, van a modo de vuelo de pájaro, algunas baldosas 
por las que ha caminado... 



Foto: Agustín Fernández 
Inauguración Memorial en ocasión del Ayuno de Serpaj 1983 
Martha Márquez, Ademar Olivera y Efraín Olivera 




Estuvo en el estrado de una de las epopeyas democráticas más icónicas de nuestro pueblo, 
el “río de libertad” que nos movió el alma frente al Obelisco. Participó hasta la médula en 
el Ayuno de 1983, que finalizara con el caceroleo. Hizo jornadas por la Paz en El Salvador, 
otras sobre la guerra en las Malvinas y otra que se denominó “No matarás, ni con hambre, 
ni con balas”. Integró la Misión de Observación que constató violaciones graves y sistemᬠ
ticas a los derechos humanos en Honduras luego del golpe de estado. Fue coordinador se 
Serpaj América Latina y de nuestro Secretariado Nacional, varias veces. Fue participe de la 
creación y trabajo de la Concertación Nacional Programática (Conapro). En 1984, junto 
a otro puñado de compañeros, fueron unos de los primeros en llegar a San Javier, cuando 
torturaron a Vladimir Roslik hasta matarlo, lo que denunciaron ante la Comisión Intera- 
mericana de Derechos Humanos. Fiel y consecuente en el reclamo por el retiro de las Tro¬ 
pas de Haití (Minustah), donde también estuvo de misión. Ha tendido la mano a decenas 
de personas amenazadas que llegaron a nuestro país. Camina por la memoria y sus sitios. 
Trabaja por la justicia y la equidad, por su comunidad, sus afectos y su descendencia. Junto 
a su entrañable compañera Kika, “son mucho más que dos”. Velará hasta el final de sus días, 
porque podamos saber cómo encontrar hasta el último/a desaparecido/a. 


En memoria de Martha Márquez Garmendia 

Pocas alquimistas podrían transmutar el durísimo exilio (en Chile primero y luego en Fran¬ 
cia) en un activismo tan constructivo como solidario. Su inteligencia, lucidez, humildad y 
humanidad de la mano, con un don especial de escucha sensible y sin juicio, la convirtieron 
en una referente indiscutible e inolvidable de quien en la vida, se cruzara con Martha. 

En 1985 con un deseo profundo de retorno y esperanza, ofrece su capacidad de trabajo, su 
admirable tenacidad en sostener procesos y esa condición de apasionada del pensamiento 
y de la vida, traducida en acción para estudiar el Derecho desde una perspectiva de género. 

Fundadora del Grupo “Derecho y Género” de la Facultad de Derecho (UdelaR) y de la Red 
Temática de Género, investigadora del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, Consultora externa de OIT, redactora del primer proyecto de ley sobre Acoso se¬ 
xual, entre muchísimas y valiosas publicaciones. 

Desde 2002, integraba la Red de Amigas y Amigos de Luis Pérez Aguirre. La coherencia 
del pensamiento de Perico se reflejaba nítidamente en su integridad moral, su rigurosidad 
en el pensamiento, con una mezcla de discreción y austeridad y una inconmensurable cali¬ 
dez humana. 



Consejo Editor 

Ana M. Aguerre, Miguel Scapusio, Camila Brusoni, Florencia Lemos 


Derechos civiles y políticos 

Francesca Lessa, Henry Trujillo, Selva López Chirico, Pablo Chargoñia, Leonardo Di Ce¬ 
sare, Fiorella Garbarino, Yanina Gurthmann, Patricia López Meló, Malena Laucero, Efraín 
Olivera, Yvonne Klingler, Articulación No a la Reforma, Rosana Abella, Comité de los 
Derechos del Niño, Rodrigo Rey, Daniel R. Zubillaga, Lucía Giudice, Sofía Pérez, María 
Noel Sosa, Gremio Estudiantil del IAVA, Andrea Sorondo, Camila Brusoni, Florencia Ca- 
sarotti, Florencia Lemos, Tamara Samudio, Nicolás Iglesias, CAinfo. 


Derechos económicos, sociales y culturales 

Alfredo Falero, Oscar Mañán, Gabriel Oyhant 9 abal, Rodrigo Alonso, Daniel Panario, Ofe¬ 
lia Gutiérrez, Benjamín Nahoum, Miguel Scapusio, Mónica Giordano, Agueda Restaíno, 
Valeria España, Pablo Martinis, Sabrina Martínez, Andrea Tuana, Natalia Guidobono, Ca¬ 
mila Cardozo, Carla Méndez, Noelia Ojeda, Tania Ramírez, Delfina Martínez, Coordina¬ 
dora de Feminismos Uy, Ana Matyszczyk. 

Anexo Legislativo 
Laura Bálsamo 


Diagramación 

Equipo de diseño de Tradinco S.A. 

Fotografía de tapa 

Santiago Mazzarovich (Marcha NO a la Reforma) 

Fotografía de solapa 
Fotografías de interior 

Agustín Fernández, Florencia Cassarotti, Francesca Lessa, Gonzalo Gutiérrez, Graciela Be- 
nítez, Héctor Tierno, Lucía Melgarejo, Martha Passeggi, Martín Barzilai, Miguel Scapusio 
Rebelarte y Santiago Mazzarovich. 




Introducción 


Cuando este libro esté en tus manos ya habrá culminado el ciclo electoral iniciado el 
28 de octubre con la elección de senadores y diputados. Por el tiempo editorial que requiere 
para que esté pronto en el entorno del 10 de diciembre, no tendrá información sobre el 
resultado concreto del ballotage que se realizará el domingo 24 de noviembre. 

Sin embargo, a la luz de los acontecimientos, declaraciones y actitudes que signaron 
la campaña electoral, pensamos que desde la etapa dictatorial hasta ahora, la lucha por la 
vigencia de los Derechos Humanos no había enfrentado los enormes desafíos que están hoy 
en el horizonte político y social de nuestra sociedad. 

Los escenarios de confrontación se acentúan y muchos discursos apuntan a barrer las 
conquistas logradas en los últimos años en materia de derechos, especialmente los derechos 
laborales y de género. 

Es un panorama que se repite hoy en América Latina, donde los sectores que siempre 
detentaron el poder, pugnan por una nueva restauración que anule los avances logrados por 
los movimientos populares, especialmente aquellos vinculados a organizaciones de muje¬ 
res, sindicatos, pueblos originarios y grupos ambientalistas. 

Así, las políticas represivas se acentuaron peligrosamente, suponiendo retrocesos so¬ 
ciales pero sobre todo graves riesgos para la paz en cada uno de los países y también para la 
región en su conjunto. 

En aras de la defensa de los derechos humanos tenemos que hacer un análisis de lo que 
está aconteciendo hoy en nuestra América, para tratar de entender a qué peligros podemos 
enfrentarnos en nuestro país. 

No solo la explosiva y compleja situación de Venezuela incide en este estado de cosas. 
Basta ver lo que aconteció hace pocas semanas en Ecuador y lo que está sucediendo en 
Chile para entender como la protesta frente a las situaciones de injusticia social pretende 
ser ahogada con represiones salvajes que marcan un aumento exponencial de la violencia de 
Estado contra la población. En ese punto, un hecho que no puede pasar inadvertido es la 
utilización de las fuerzas armadas para la represión de las protestas, lo que supone un paso 
más en la escalada de violencia que pone en riesgo la convivencia pacífica. 

Otros países, como Colombia ostentan desde hace décadas una silenciada “guerra su¬ 
cia” de grupos paramilitares contra los sectores campesinos, los defensores de derechos hu¬ 
manos y el periodismo independiente que causa, año a año, decenas de muertes. Sin llegar 
a ese extremo, Paraguay muestra hoy un clima acentuado de persecución hacia sectores del 
campesinado, organizaciones de base y pequeños partidos radicales de la oposición. 



Un capítulo aparte merece la situación de Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsona- 
ro muestra sin descaro la aspiración de convertirse en un gendarme del imperialismo en 
América del Sur. No solo con la intromisión en los asuntos internos de otros países con 
comentarios sobre sus “elegidos” en las elecciones que se realizaron en cada país, sino con 
sus repulsivos comentarios de Twitter. Allí se evidencia el desprecio y la absoluta falta de 
respeto hacia toda diferencia (sea política, sexual, de género, racial o religiosa) que hacen de 
este oscuro personaje un difusor de ideas de claro tinte neofascistas. La desforestación de la 
Amazonia, la entrega de tierras destinadas a las distintas poblaciones indígenas a empresas 
mineras o a grandes latifundistas, los planes de privatizar las grandes empresas públicas, 
muestra el saqueo al que el gobierno de Bolsonaro somete a Brasil. El aumento de la violen¬ 
cia contra las poblaciones faveladas y la criminalización de los sectores pobres forman parte 
de sus políticas, sumado a los desplantes y el belicismo del que hacen gala sus hijos. No hay 
que olvidar que este personaje -que llegó a la presidencia por la prisión del principal can¬ 
didato, Lula- es un férreo defensor de la dictadura brasileña y admirador de uno de los más 
connotados torturadores de esa dictadura. Aún no está claro, cuanto incidió en la autoría 
intelectual del asesinato de Marielle Franco. 

El golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia, organizado por la 
oposición y financiado desde el exterior, muestra el cada vez más flagrante intervencio¬ 
nismo de la derecha internacional y particularmente del gobierno de Donald Trump en 
América Latina. La violencia desenfrenada, el ataque a autoridades locales y nacionales del 
gobierno de Evo y los desmanes de todo tipo que se dieron en esas horas, muestra hasta 
donde están dispuestas a llegar las elites económicas y los grupos de poder para la defensa 
de sus intereses. La tragedia que vive Bolivia nos debe poner en alerta sobre las situaciones 
de violencia que se pueden desencadenar en cada país de acuerdo a como se procesen de¬ 
terminadas situaciones de crisis. En esto, no debemos subestimar el rol de los grandes me¬ 
dios de comunicación ni el papel jugado por la OEA, desatando campañas de desprestigio 
contra los regímenes denominados “progresistas” y ocultando al mismo tiempo las graves 
violaciones a los derechos humanos que se cometen en otros países. 

Vale la pena este rápido y sin duda incompleto repaso del actual estado de situación de 
Sud América para resituarnos en la realidad uruguaya y lo que podría acontecer a partir del 
próximo I o de marzo. 

El surgimiento de un partido militar, la creciente influencia de los grupos religiosos 
neo pentecostales, la alianza de los sectores conservadores -que no está expresada solamente 
a partir de determinados partidos políticos sino de un conglomerado de grupos anti dere¬ 
chos- suponen un peligro real para todo lo que se ha avanzado en materia de derechos y 
específicamente, de derechos de género, derechos laborales y mejora de las condiciones de 
vida de importantes sectores de la población. 

La falta de avances en relación a la historia reciente es un importante debe que sigue 
pendiente y que el Estado -poder militar y sistema de Justicia incluidos- tiene la obligación 



de responder con la búsqueda de verdad y juzgar a los responsables de los delitos de lesa 
humanidad. El hallazgo de los restos de Eduardo Bleier vuelve a evidenciar el vergonzante 
pacto de silencio de los militares -del cual participa un ex candidato- respecto a los abe¬ 
rrantes hechos del pasado. 

También estarán en juego los contenidos de la educación y la salud donde ya se avizo¬ 
ran corrientes privatizadoras que podrían determinar el aumento de las diferencias sociales 
y económicas que sostienen la visible inequidad que muestra nuestra sociedad. También 
estarán los temas del mundo del trabajo y de la seguridad social que ofrecen hoy un pano¬ 
rama preocupante de cara hacia el futuro inmediato. 

Todo lo enumerado afecta a los derechos humanos en su conjunto y podría resultar en 
una afectación mayor de los mismos en la medida que se hagan realidad ciertos anuncios 
realizados por distintas fuerzas políticas en sus programas electorales, buscando consagrar 
una especie de “democracia cívico-militar” que sirva como modelo amenazador y autorita¬ 
rio en defensa de privilegios que vienen desde principios de nuestra historia. 

Sin embargo, hay también -tanto en lo local como en lo regional- algunos hechos 
esperanzadores. 

En Uruguay, las grandes marchas de los 8 de marzo, la Marcha del Silencio, la del día 
la Diversidad y un conjunto de movilizaciones realizadas a lo largo del año, muestran que la 
gente sigue reclamando por sus derechos y resistiendo el embate de los grupos que quieren 
retornar al pasado en materia de derechos. 

El trabajo por el No a la Reforma, con la consigna de “el miedo no es la forma” fue muy 
intenso y mostró el rechazo mayoritario de la población y, en particular, el compromiso de 
los jóvenes contra el autoritarismo y la militarización de la sociedad, logrando que la refor¬ 
ma no fuera aprobada. 

En Argentina, la derrota de Macri demuestra el rechazo a las presiones del FMI y a 
las políticas antipopulares y de empobrecimiento de la población que propugnan las elites 
conservadoras. En Brasil, la reciente liberación de Lula da Silva muestra la falsedad de su 
procesamiento y da un renovado aire de esperanza a la lucha del pueblo brasileño. Por todo 
lo señalado, tanto la actualidad como el próximo año 2020 marcan momentos en los que 
será imprescindible encontrarse, potenciar la lucha de la sociedad civil y del conjunto de las 
fuerzas sociales para proponer alternativas y formas de participación creativas y eficaces que 
rescaten la lucha por los derechos y por la dignidad de la vida. 

En este informe intentamos señalar algunos puntos sobre los que creemos, es necesario 
informarse y reflexionar. Esperamos que aporten a lo que cada uno/a, individual o colecti¬ 
vamente, pueda generar -tanto en pensamiento como en acción-, para ir transformando el 
lugar social que ocupamos. 



Perico (Luis Pérez Aguirre) señalaba que ese lugar social “es el punto a partir del cual 
uno percibe y comprende la realidad y trata de actuar en ella... Es a partir del mundo de los 
pobres que debemos intentar leer la realidad social y comprometernos en su transformación de¬ 
fendiendo los derechos de los empobrecidos”... La pregunta fundamental que nos hacemos es la 
de saber de qué lado uno se sitúa. O cómplice de los poderosos y ricos o solidario con los pobres”. 



Derechos Civiles 
y Políticos 



Foto: Agustín Fernández 











Foto: Francesaca Lessa 


El Juicio por la Operación Cóndor en Italia 

Buscando verdad y justicia más allá de las fronteras 1 

Francesca Lessa 2 


El 8 de julio de 2019, a las cinco de la tarde de un caluroso verano italiano, la Primera 
Corte de Asís de Apelación de Roma dictó sentencia en el juicio sobre la Operación Cón¬ 
dor que había empezado más de 20 años atrás, en junio de 1999. La Presidenta, Jueza Aga- 
tella Giuftrida, leyó la resolución que confirmaba las condenas a cadena perpetua dictadas 
en primera instancia en enero de 2017 en contra de los altos mandos. Además, la Corte 
revertió las absoluciones establecidas dos años atrás, condenando en segunda instancia a la 
misma pena de prisión perpetua a 18 imputados más, considerando a todos como respon¬ 
sables de los asesinatos de 18 ciudadanos italianos y de 20 uruguayos cometidos en el marco 
de la coordinación represiva entre setiembre de 1973 y junio de 1980. Sin lugar a duda, el 
logro de este histórico veredicto se debe principalmente al esfuerzo incansable de los/as 
familiares de las víctimas, y de los/as abogados/as y ONG que los/as acompañaron en estas 
décadas de lucha por verdad y justicia, cruzando el Océano Atlántico. 

A casi 45 años de la fundación de la Operación Cóndor en Santiago de Chile, es perti¬ 
nente abordar varias preguntas en relación con la búsqueda de justicia por los delitos trans¬ 
nacionales que se cometieron en el marco del terrorismo de Estado en Suramérica. ¿Cómo 


1 Foto: de izquierda a derecha: Nila Heredia (Familiares de Bolivia), y luego abogados Mario Angelelli, Ar¬ 
turo Salerni, y Andrea Speranzoni. Adelante: Jorge Ithurburu, ONG 24 marzo, con la sentencia en las manos. 

2 Investigadora, Centro Latinoamericano, Universidad de Oxford, Reino Unido. Consultora Internacional 
del Observatorio Luz Ibarburu, Uruguay. 


19 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


se logró la condena en Italia de 24 policías, militares, y civiles de Uruguay, Bolivia, Perú, y 
Chile? ¿Cómo se entrelaza este proceso judicial con la lucha contra la impunidad en Uru¬ 
guay? ¿Cuál es el resultado de este juicio que se extendió por más de 20 años ? 

En las siguientes páginas se ofrecen algunas respuestas, primero discutiendo breve¬ 
mente las características de la coordinación represiva que en la década de los 1970 sembró 
terror sin fronteras a lo largo y ancho de Suramérica. Después, se analizará como los ante¬ 
cedentes del juicio italiano se tienen que buscar en Uruguay y la larga lucha contra la Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que por 25 años bloqueó las posibilidades 
de lograr justicia en los tribunales de ese país. El enfoque hacia Uruguay es necesario ya que 
la mayoría de las víctimas e imputados en el juicio de Italia son ciudadanos de Uruguay y, 
al mismo tiempo, fue en Uruguay donde tuvo origen esta causa. Finalmente, se describirán 
las características del juicio en Roma y se brindará un análisis preliminar de la relevancia de 
esta sentencia para Uruguay, que se encuentra aún en una situación caracterizada por una 
parálisis de los juicios por los delitos de lesa humanidad. 

1. Uruguay y la coordinación represiva 

Juan Pablo Recagno era estudiante de la Facultad de Arquitectura y militante del Fren¬ 
te Estudiantil Revolucionario (FER) en Uruguay. 3 Fue detenido en junio de 1972 a raíz 
de su militancia política y permaneció recluido en varios cuarteles y prisiones, incluyendo 
el Regimiento 5 de Artillería, hasta julio de 1973 cuando fue liberado bajo el régimen de 
libertad vigilada 4 . A fines de 1973, decidió radicarse en la Argentina, donde podía conti- 
20 nuar su actividad política. Pero, los tentáculos de la dictadura uruguaya alcanzaban hasta la 
otra orilla del Rio de la Plata. A comienzos de junio de 1974, la Policía Federal Argentina 
detuvo y fichó a Juan Pablo, conjuntamente con otros 99 ciudadanos uruguayos que vivían 
en Buenos Aires, durante una actividad de oposición a la dictadura uruguaya que tuvo lu¬ 
gar en la Federación de Box en la capital argentina. Desde el exilio, Juan Pablo participó 
en 1975 en la creación del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Posteriormente, el 
I o de octubre de 1976, un grupo de agentes uruguayos y argentinos que operaban de ma¬ 
nera conjunta en el marco de la Operación Cóndor lo secuestraron, fue posteriormente 
detenido y torturado con otros/as militantes del PVP en el centro clandestino conocido 
como “Automotores Orletti” en Buenos Aires 5 . Juan Pablo fue apresado en el marco de la 
segunda ola represiva desatada contra el PVP en Buenos Aires, ocurrida entre setiembre y 


3 Ficha perteneciente a Recagno Ibarburu, Juan Pablo , Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Re¬ 
ciente de Uruguay, https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/comunicacion/publi- 
caciones/ficha-perteneciente-recagno-ibarburu-juan-pablo 

4 “Plan Cóndor - El alegato del Ministerio Público Fiscal,” República Argentina, https://www.mpf.gob.ar/ 
plan-condor/#el-alegato página 740. 

5 Sentencia en las causas 1.504, 1.951, y 2.054 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de 
Buenos Aires, 9 de agosto de 2016, página 2.864. 



octubre de 1976, la primera fue entre junio y julio del mismo año. A la fecha, Juan Pablo 
sigue desaparecido. 

Juan Pablo Recagno fue una de las más de 500 víctimas de la llamada coordinación 
represiva que funcionó en Suramérica entre fines de los 1960 y comienzo de los 1980. La 
conocida “Operación Cóndor” se refiere al periodo más brutal y de cooperación más siste¬ 
mática entre los países de la región durante esas décadas. Los regímenes de Argentina, Bo- 
livia, Chile, Paraguay y Uruguay firmaron el acuerdo fundacional de la Operación Cóndor 
el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. Posteriormente, Brasil se sumó en 1976, 
y en 1978 Perú y Ecuador. Sin embargo, la coordinación represiva había empezado a fun¬ 
cionar mucho antes de fines de 1975. Los países suramericanos ya compartían inteligencia 
y llevaban adelante operaciones conjuntas desde los primeros años 1970, intensificando 
su accionar cada vez más y, especialmente, después del golpe de Pinochet en Chile, el 11 
de setiembre de 1973. Las víctimas de la represión sin fronteras sufrieron las violaciones 
más básicas de sus derechos: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y 
tratos inhumanos, desapariciones forzadas, violencia sexual y hasta el robo de niños/as y su 
apropiación ilegal por agentes de seguridad. 

En el marco de mi investigación sobre la Operación Cóndor, he compilado una base 
de datos que registra las víctimas de la coordinación represiva entre 1969 y 1981 6 . Segui¬ 
mos agregando casos a la misma (tarea que se concluirá en 2020), pero hasta la fecha hemos 
podido confirmar como la coordinación represiva afectó por lo menos a 556 víctimas que 
provenían de todos los países de la región. La represión sin fronteras perjudicó de manera 
especial a los ciudadanos de Uruguay que, con 271 víctimas, representan casi la mitad de los 
casos (49%), seguido por chilenos y argentinos (ver gráfico). 



21 


6 Ver “Base de Datos sobre Violaciones Transnacionales de Derechos Humanos en Sur América,” https:// 
sites.google.com/view/operationcondorjustice/database ?authuser=2 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


22 


De estos casos, hemos podido comprobar que 284 se refieren a víctimas de secuestros 
ilegales y torturas, incluyendo aquí a 13 niños/as y menores de edad; 199 fueron víctimas 
de desaparición forzada, 65 de homicidios y 8 intentos de asesinato. Sin duda alguna, la in¬ 
formación en la base de datos confirma las palabras de los jueces argentinos que definieron 
en 2016 a su propio país como un “coto de caza” en el que centenares de exiliados latinoa¬ 
mericanos fueron cercados por la coordinación represiva 7 . Efectivamente, el 79% de los 
delitos se cometieron en territorio argentino, afectándose ahí a 440 de las 556 víctimas. En 
pleno auge de la Operación Cóndor, el 28 de setiembre de 1976, el agente del FBI Robert 
Scherrer, con base en la embajada de EEUU en Buenos Aires, afirmaba en un cable enviado 
a Washington que “los miembros de ‘Operación Cóndor’ que muestran más entusiasmo 
hasta la fecha son Argentina, Uruguay y Chile. Estos últimos han colaborado en operacio¬ 
nes conjuntas en contra de blancos terroristas principalmente en la Argentina” 8 . Durante 
esos años de terror se evidenciaba que Argentina, Uruguay, y Chile eran los regímenes más 
dedicados a reprimir a sus opositores políticos más allá de cualquier frontera. 

2. Luchas contra la impunidad en Uruguay 

Después de más de una década bajo dictadura (1973-1985), la democracia volvió al 
Uruguay a raíz de negociaciones entre las Fuerzas Armadas (FFAAs) y los representantes de 
los partidos políticos que se sellaron en el Pacto del Club Naval, firmado el 3 de agosto de 
1984. 9 Esta “salida pactada”, la elección del Presidente Julio María Sanguinetti del Partido 
Colorado a fines de 1984, y el poder residual de las FFAAs produjeron al comienzo una 
democracia tutelada, en la que los límites del accionar del nuevo gobierno democráticos 
estaban bien marcados. Esto se veía más claramente en la esfera de los derechos humanos. 
El gobierno de Sanguinetti argumentaba que era necesario dar vuelta a la página, que no 
había “que tener los ojos en la nuca,” y que la investigación de los hechos del pasado reciente 
solamente podía provocar a las FFAAs, causando nuevamente una situación de desestabi¬ 
lización institucional 10 . Con el paso del tiempo, la política de impunidad impulsada por el 
gobierno se hizo más evidente y se concretó el 22 de diciembre de 1986, cuando el Parla¬ 
mento votó la sanción de la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado 
(Ley de Caducidad), apenas unas horas antes de que militares retirados - incluyendo al 
conocido José Niño Gavazzo - tenían que presentarse en los tribunales para declarar sobre 
las graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo la dictadura. 


7 Sentencia Cóndor Argentina, página 1.225. 

8 El cable secreto de la Embajada de EEUU en Buenos Aires se puede consultar en esta página de la ONG 
National Security Archive https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc23.pdf 

9 Lessa, Francesca. ¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes en el Uruguay post-dictadura (Montevideo: 
Penguim Random House, 2014). A mediados de los 1980, estaban volviendo a la democracia también Argen¬ 
tina y Brasil, mientras que Chile y Paraguay salieron de sus dictaduras a fines de los 1980. 

10 Demasi, Carlos y YafFé, Jaime. Vivos los llevaron...Historia de la lucha de Madres y Familiares de Uruguayos 
Detenidos Desaparecidos (1976-2005). (Montevideo: Trilce, 2005). 



La Ley de Caducidad encamaba la política de impunidad institucional del gobierno. 
El Estado renunciaba a la pretensión de punir a los delitos cometidos por militares y policías 
durante los años de la dictadura. Cada denuncia recibida por la justicia debía ser remitida 
al Poder Ejecutivo, quien decidía si se aplicaba la ley. Durante los gobiernos de Sanguinetti 
(1985-1990 y 1995-2000), y Lacalle (1990-1995), cualquier denuncia se archivaba casi 
automáticamente por aplicación de la Ley de Caducidad. A pesar de incansables esfuerzos 
de los familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes lograron convocar un re¬ 
feréndum para derogar la ley el 16 de abril de 1989, una situación de impunidad absoluta 
existió en Uruguay hasta el 2002. Muchos investigadores, tantos locales como extranjeros, 
han estudiado a fondo la Ley de Caducidad y las diferentes manifestaciones de la impuni¬ 
dad, que no vamos a repetir aquí 11 . Simplemente, es importante resaltar como la existencia 
de dicha ley consolidó un panorama de impunidad aparentemente inatacable en el país, 
aun a pesar de recibir críticas a nivel nacional e internacional, inclusive por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cuestionó la validez de dicha ley tan 
tempranamente como octubre de 1992 12 . 

Ya en los 1980, muchos/as sobrevivientes y familiares de uruguayos/as habían denun¬ 
ciado en tribunales de otros países las violaciones de derechos humanos de las que habían 
sido víctimas. Silvia y María Bellizzi recuerdan que en 1981 familiares de detenidos desa¬ 
parecidos y asesinados residentes en Italia habían presentado ahí una querella por todas las 
víctimas de origen italiano que finalmente no prosperó 13 . Asimismo, el 22 de febrero de 
1984, Enrique Rodríguez Larreta Piera, reconocido periodista uruguayo y sobreviviente 
del llamado primer vuelo, denunció en Buenos Aires - con el patrocinio de abogados del 
Centro de Estudios Legal y Sociales (CELS) como Emilio Mignone - a varios jerarcas mili¬ 
tares y civiles de las dictaduras de Argentina y de Uruguay, entre ellos a Jorge Rafael Videla, 
Juan Carlos Blanco, y Julio César Vadora 14 . Con estos antecedentes y, además, inspirados 
por el llamado “efecto Pinochet” 15 , es decir el impacto a nivel mundial desatado por la 
detención en Londres a fines de 1998 del General chileno Augusto Pinochet acusado de 
graves violaciones a los derechos humanos, los familiares uruguayos decidieron recurrir a 
los tribunales de Roma. Fue así que hacia fines de los 1990 surgió la idea en Uruguay, como 
recuerda la ex fiscal penal Mirtha Guianze, debido a que “no se veía en ese momento un 


11 Fried, Gabriela y Francesca Lessa (compiladoras). Luchas contra la impunidiid: Uruguay 1985-2011. 
(Montevideo: Trilce, 2011); Marchesi, Aldo (organizador). Ley de Caducidad: Un tema inconcluso. (Montevi¬ 
deo: Trilce, 2013); y Rico, Alvaro (coordinador). Cómo votaron los partidos en el plebiscito contra la caducidad 
en 2009 y la historia contra la impunidad2006-2013. (Montevideo: Trilce, 2014). 

12 CIDH. “Informe 29/92,” 2 de octubre de 1992, OEA/Ser.L/V/II.83, Doc. 14, https://www.cidh.oas.org/ 
annualrep/92span/Uruguay 10.029.htm 

13 Entrevista a Silvia y María Bellizzi, 13 de febrero de 2018. 

14 Denuncia 42.335 bis: ‘Rodríguez Larreta Piera, Enrique s/denuncia”, presentada al Juzgado N. 22 Secreta¬ 
ria N. 148 de la ciudad de Buenos Aires. Archivo Histórico del CELS, consultado el 14 de marzo de 2018. 

15 Roht-Arriaza, Naomi. LhePinochetEffect: TransnationalJusticein theAgeofHuman Rights. (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 2006). 


23 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


panorama esperanzador o de cambio para volver a intentar reabrir a los juicios, debido a la 
posturas de los tribunales inferiores que clausuraban toda denuncia con la Ley de Caduci¬ 
dad y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que la había considerado constitu¬ 
cional en 1988” 16 . 

3. Denunciar en Italia 

Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi quien fue asesinado por la coordinación re¬ 
presiva en octubre de 1974 en Buenos Aires juntos con otros dos exiliados uruguayos, Luis 
Latronica y Guillermo Jabif, recuerda como en los primeros meses de 1999 el entonces 
diputado Felipe Michelini la invitó a participar en una reunión en la sede de SERPAJ en 
Montevideo, cuyo propósito era presentar una denuncia en Italia. 17 En esa reunión par¬ 
ticiparon figuras claves de la lucha contra la impunidad en el país, como María Bellizzi, 
Luz Ibarburu, Marta Casal Gatti, Filomena Narducci, Javier Miranda, y Raúl Olivera en 
representación de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT 18 . Se sumó posterior¬ 
mente a la denuncia Cristina Mihura, otra uruguaya que vivía en Italia, quien desde hacía 
tiempo colaboraba con Luz Ibarburu y María Esther Gatti, ya que sus seres queridos habían 
desaparecido en la misma ola represiva contra el PVP de fines de setiembre y comienzo de 
octubre de 1976 19 . 

En mayo de 1998, después de más de una década, las investigaciones sobre los delitos 
cometidos durante la dictadura argentina y con imputados como el Comandante del Pri¬ 
mer Cuerpo del Ejercito Suárez Masón y Emilio Massera, integrante de la Junta Militar de 
24 1976, finalmente empezaban a dar sus primeros pasos en Italia 20 . Fue en ese contexto que 

el abogado Giancarlo Maniga presentó en Roma el 9 de junio de 1999 la primera denuncia 
que dio origen al posteriormente llamado juicio Operación Cóndor 21 . Esa primera querella 
fue firmada por Aurora Meloni, Cristina Mihura, María Esther Gatti, Luz Ibarburu, y Ma¬ 
ría Bellizzi, en relación a cinco víctimas ítalo-uruguayas: Daniel Banfi, Bernando Amone, 
María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno y Andrés Bellizzi, quienes habían sido asesinados o 
desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1977. Estaba también la argentina Claudia Alle- 
grini como denunciante por su esposo, Lorenzo Viñas Gigli, ciudadano ítalo-argentino 
que había desaparecido en la frontera con Brasil en 1980. El código penal italiano no con¬ 
templa -como el español que se usó en el caso Pinochet- la jurisdicción universal. En Roma, 
se utilizó el artículo 8 que autoriza la investigación de delitos políticos cometidos contra 
ciudadanos italianos en el exterior, si el Ministro de Justicia autoriza la jurisdicción de las 


16 Entrevista a Mirtha Guianze, 4 de mayo de 2018. 

17 Entrevista a Aurora Meloni, 21 de setiembre de 2019. 

18 Ver también Nadia Angelucci, “Juicio por Plan Cóndor: 40 años y 11.000 kilómetros en busca de justicia”, 
La Diaria, 6 de julio de 2019. 

19 Entrevista con Cristina Mihura, 15 de diciembre de 2017. 

20 Caporale, Francesco. Desaparecidos: Note a margine di treprocessi. (Bologna: Qudu Libri, 2015). 

21 Entrevista a Giancarlo Maniga, 4 de junio de 2018. 



cortes de Roma para tal propósito. El Ministro Oliviero Diliberto aprobó la investigación 
el 8 de julio de 1999. 

Giancarlo Capaldo fue el fiscal que llevó adelante la etapa de investigación, que fue 
muy profunda y detallada, extendiéndose por varios años. En diciembre del 1999 viajó 
rumbo al Cono Sur para entrevistarse con los familiares de las víctimas y recopilar informa¬ 
ción. Posteriormente, viajó a España e inclusive a EEUU en 2001, llegando a entrevistarse 
ahí con Michael Townley, el temido agente de la DINA (policía secreta) chilena. Debido 
a una investigación tan amplia y compleja, Capaldo trabajó conjuntamente con los jueces 
Garzón de España, Leloir de Francia, y sus pares en Argentina y Uruguay que estudiaban 
casos vinculados 22 . Asimismo, contrató a la doctora Giulia Barrera de los archivos del esta¬ 
do italiano, junto a historiadores e investigadores, para abordar la abundante prueba docu¬ 
mental que provenía de los archivos de distintos países, tanto de Latinoamérica como de 
EEUU. El fiscal finalmente, analizando a todo el material reunido, decidió estructurar la 
causa alrededor de la llamada Operación Cóndor, que era el eje común de los casos. 

Siete años después, el fiscal cerró la etapa de pre-sumario el 10 de julio de 2006. En 
ese momento, Capaldo pidió la detención de 146 imputados, entre ellos jefes de estados 
como Pinochet, Videla, Stroessner y Bordaberry, militares como Contreras, civiles como 
Blanco y policías: Entre ellos había 61 argentinos, 33 uruguayos e 23 chilenos 23 . De estos 
146 acusados, solo 33 quedaron al momento en que el 12 de febrero de 2015 empezó la 
fase oral y publica del juicio en el tribunal de Roma; los imputados estaban acusados de la 
muerte de 43 personas entre el 1973 y 1980. Varios acusados como Pinochet y Stroessner 
murieron antes de que empezara el juicio, mientras que todos los imputados argentinos 
quedaron afuera de la causa, ya que la Argentina estaba realizando su propio juicio sobre la 
Operación Cóndor. El juicio argentino culminó el 27 de mayo de 2016 con la condena de 
15 de los 17 imputados, entre ellos el coronel uruguayo Juan Manuel Cordero Piacentini 
a 25 años por el secuestro de 11 ciudadanos uruguayos en 1976 en Buenos Aires 24 . La Sala 
IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó todas las condenas en mayo de 2018. 

La causa italiana estaba compuesta por tres cuerpos. Existía un primer dossier del año 
1998 en el que se había denunciado el asesinato de cuatro ciudadanos ítalo-chilenos entre 
1973 y 1976. Ellos eran: Juan Bosco Maino Canales, Juan José Montiglio Murúa, Jaime Pa¬ 
tricio Donato Avendaño, y Ornar Venturelli Leonelli. El segundo dossier - definido Ope¬ 
ración Cóndor - abarcaba, por un lado, al secuestro de seis ciudadanos ítalo-argentinos: 
Mafalda Corinaldesi en Argentina; Luis Stamponi en Bolivia; Alejandro José Logoluso Di 
Martino y Dora Marta Landi en Paraguay; Lorenzo Ismael Viñas Gigli y Llorado Domin- 


22 Entrevista a Giancarlo Capaldo, 13 de diciembre de 2017. 

23 Ver el documento: Richiesta di misure cautelan nel Procedimento penale n. 31079/05 R.G.N.R. formúla¬ 
te dal Pubblico Ministero, Dott. Giancarlo Capaldo, il 10 luglio 2006 en la página de 24marzo.it 

24 Lessa, Francesca. “Justicia sin fronteras: El juicio por el Plan Cóndor,” en SERPAJ, Derechos Humanos en el 
Uruguay: Informe2016. (Montevideo: SERPAJ), páginas 25 a 41. 


25 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


26 


go Campiglia en Brasil. Por el otro, estaban los casos de 13 ciudadanos ítalo-uruguayos, 
todos secuestrados en la Argentina: Daniel Alvaro Banfi Baranzano; Andrés Humberto 
Bellizzi Bellizzi; Héctor Orlando Giordano Cortazzo; Gerardo Francisco Gatti Antuña; 
Armando Bernardo Amone Hernández; Edmundo Sabino Dossetti Techeira; Ileana Sara 
María García Ramos de Dosetti; Yolanda Iris Casco Ghelpi de D’Elia; Julio César D’Elia 
Pallares; Raúl Edgardo Borrelli Cattaneo; Raúl Gámbaro Núñez; María Emilia Islas Gat¬ 
ti de Zaffaroni y Juan Pablo Recagno Ibarburu. Finalmente, el ultimo dossier se refería a 
18 uruguayos y dos argentino-uruguayos secuestrados en el marco del Cóndor en Buenos 
Aires entre diciembre de 1977 y enero de 1978. Ellos eran: Alberto Corchs Laviña; Ele¬ 
na Paulina Lerena Costa de Corchs; Alfredo Fernando Bosco Muñoz; Guillermo Manuel 
Sobrino Berardi; Gustavo Alejandro Goycochea Camacho; Graciela Noemi Basualdo No¬ 
guera de Goycochea; María Antonia Castro Huerga de Martínez; José Mario Martínez 
Suárez; Aída Celia Sanz Fernández; Elsa Haydee Fernández Lanzani de Sanz; Atalivas 
Castillo Lima; Miguel Ángel Río Casas; Eduardo Gallo Castro; Gustavo Raúl Arce Vie¬ 
ra; Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura Guiarte; Carolina Barrientos Sagastibelza de 
Carneiro (argentina-uruguaya); Carlos Federico Cabezudo Pérez; María Asunción Artigas 
Nilo de Moyano; Alfredo Moyano Santander (argentino-uruguayo) y Célica Elida Gómez 
Rosano 25 . Estos últimos 20 homicidios estaban imputados únicamente al capitán de navio 
Jorge Néstor Tróccoli Fernández, quien había escapado de Uruguay en 2007, cuando allí se 
inició una investigación justamente para aclarar estos asesinatos, buscando refugio en Italia 
donde aún reside 26 . 

El juicio en Roma fue posible gracias a los esfuerzos de los familiares de las víctimas y 
también el apoyo de muchos/as abogados/as italianos/as que los representaban -trabajan¬ 
do la mayoría de ellos de forma honoraria- de la Iglesia Valdés, de los sindicatos italianos, 
y de la ONG “24 marzo” y su presidente Jorge Ithurburu, como de muchos/as periodistas 
que acompañaron el juicio por muchos años. La primera instancia se realizó frente a la 
Tercera Corte de Asís de Roma, presidida por la Jueza Evelina Canale, y con Capaldo y Ti- 
ziana Cugini como fiscales. Esta prima fase se extendió casi dos años, desde el 12 de febrero 
de 2015 hasta el 17 de enero de 2017, cuando se dictó sentencia. En esos meses, la Corte 
escuchó el testimonio de más de 130 testigos que incluían familiares de víctimas, sobrevi¬ 
vientes de las diferentes dictaduras del Cono Sur, analistas de documentos como el chileno 
Carlos Osorio que trabaja para la ONG National Security Archive que se ocupa de la des¬ 
clasificación de documentos del gobierno de EEUU, el fiscal del juicio Cóndor argentino 
Pablo Ouviña, y activistas de derechos humanos como el brasileño Jair Krischke. El 17 de 


25 Toda la información sobre las víctimas viene de la página de la ONG 24 marzo http://www.24marzo.it/ 
index.php ?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=483&MMN_position= 184:184 

26 En octubre de 2009, resultaron condenados el ex dictador Gregorio Álvarez y el marino Juan Carlos Larce- 
beau por los homicidios cometidos en el marco de la represión contra los grupos GAU-MLN-PCR. Ver Smink, 
Verónica. “Uruguay condena a ex mandatario,” BBC Mundo, 22 de octubre de 2009, https://www.bbc.com/ 
mundo/america_latina/2009/10/091022_1733_uruguay_condena_gm 



enero de 2017, la Corte fue laprimera en Europa en reconocer la existencia de la Operación 
Cóndor y condenó a ocho oficiales de alta jerarquía a la pena de cadena perpetua por ser 
los autores intelectuales de esa red criminal transnacional. Ellos eran: Juan Carlos Blanco 
(Uruguay); Luis Arce Gómez y Luis García Meza (Bolivia); Francisco Morales Bermúdez, 
Pedro Richter Prada, y Germán Ruiz Figueroa (Perú); y Rafael Valderrama Ahumada, y 
Flernán Ramírez Ramírez (Chile). Por otro lado, los jueces absolvieron otros 19 imputa¬ 
dos uruguayos, chilenos, y peruvianos, considerando que no se encontraba suficientemente 
comprobado su papel en los homicidios 27 . 

Poco después de la sentencia, la fiscalía de Roma -la única empoderada de presentar 
el pedido de apelación según el código penal italiano- apeló la sentencia de primera ins¬ 
tancia, con el objetivo de revertir las absoluciones. La segunda etapa del juicio tuvo lugar 
frente a la Primera Corte de Asís de Apelación, compuesta por dos jueces profesionales y 
seis jueces populares, entre el 12 de abril de 2018 y el 8 de julio de 2019. Su presidenta era la 
jueza Agatella Giuffrida. En setiembre de 2018, el abogado Andrea Speranzoni, que repre¬ 
sentaba la República Oriental del Uruguay en la apelación 28 y varios familiares, junto con 
su colega Alicia Mejía, viajaron a Montevideo y Buenos Aires para tener acceso a la nue¬ 
va documentación que había sido recientemente hallada. Gracias a este viaje, Speranzoni 
presentó al tribunal 13 nuevos documentos de archivos que habían salido a la luz después 
de dictarse la sentencia de primera instancia. El 21 de diciembre de 2018, respondiendo al 
pedido del abogado, la Corte resolvió reabrir parcialmente la investigación en apelación. 
Rechazó la solicitud de escuchar nuevos testigos, pero sí aceptó incorporar a 12 de los 13 
nuevos documentos brindados por Speranzoni, que provenían principalmente del archivo 
de los Fusileros Navales de Uruguay (FUSNA) y documentos desclasificados del gobierno 
de EEUU. El objetivo era poder complementar la abundante prueba ya presentada en pri¬ 
mera instancia con estos nuevos archivos que no estaban disponibles en ese entonces. Se 
pretendía demonstrar con este doble conjunto de prueba como los imputados absueltos no 
habían tenido un rol segundario en los homicidios, sino que habían participado directa y 
activamente en su planificación y en los operativos de secuestros, que eran al paso anterior 
a su asesinato. 

Como adelantamos al comienzo, la tarde del 8 de julio de 2019, la Corte de Apelación 
no solamente confirmó las condenas ya dictadas en primera instancia, sino que condenó 
a la misma pena de cadena perpetua a 18 imputados que había sido absueltos en 2017, en 
relación a 38 homicidios 29 . Los nuevos condenados son 12 uruguayos: Pedro Mato Nar- 


27 “Desaparecidos, processo Condor: 8 ergastoli e 19 assoluzioni,” La Repubblica, 17 de enero de 2017, 
https: / / www.repubblica.it/ cronaca/2017/01/17/news/desaparecidos_assise_8_ergastoli_e_ 19_assoluzio- 
ni-156247261/ 

28 En la primera instancia, el abogado fue Fabio Maria Galiani. 

29 Al comienzo del juicio se investigaron los homicidios de 43 víctimas en el juicio. Pero, por la muerte de 
varios imputados -ver nota siguiente- se tuvieron que excluir del juicio los siguientes asesinatos: dos uruguayos 
- Andrés Humberto Bellizzi Bellizzi y Héctor Orlando Giordano Cortazzo, dos argentinos - Alejandro José 


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bondo, José Gavazzo Pereira, José Arab Fernández, Ricardo Medina Blanco, Luis Mauren- 
te Mata, José Sande Lima, Ernesto Soca, Ernesto Ramas Pereira, Jorge Silveira Quesada, 
Gilberto Vázquez Bisio, Jorge Néstor Tróccoli, y Juan Carlos Larcebeau; 5 chilenos, Pedro 
Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno 
Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan, y un peruano, Martín Martínez Garay. 30 Los 
familiares y sus abogados/as no podían contener la emoción y satisfacción de haber logrado 
tal veredicto. 

4. Justicia al fin 

Este veredicto reciente se suma a una larga lista de causas judiciales que han intentado 
investigar los delitos de la coordinación represiva en los años del terrorismo de Estado en 
diferentes países del Cono Sur y hasta en Europa y EEUU. Hasta la fecha, existieron por los 
menos 34 causas judiciales que acontecieron en Argentina, Chile, Uruguay, Italia, EEUU, 
Paraguay, Brasil, Francia, y Perú. De éstas, en 21 ya se dictó por lo menos una sentencia 
de primera instancia, dos fueron archivadas, 10 siguen en etapa de investigación y una se 
encuentra actualmente en juicio. Hemos contabilizado que, hasta la fecha, 87 oficiales mi¬ 
litares, policías, y civiles de Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay han sido 
condenados por los crímenes cometidos en contra de 214 víctimas de la coordinación re¬ 
presiva. Además de investigar los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el marco 
de la represión transnacional y condenar a sus responsables, la sentencia dictada en Roma 
constituye también una clara advertencia a todas aquellas personas que hoy en día están 
cometiendo delitos de esta naturaleza. A pesar de las demoras y de los obstáculos, nadie está 
afuera del alcance de la ley y de la justicia y, tarde o temprano, aquellos que perpetran tan 
graves crímenes tendrán que responder por ellos frente a los tribunales. 

Específicamente en Uruguay, esta sentencia es especialmente importante porque per¬ 
mitió llegar a la condena de dos ex militares, Jorge Néstor Tróccoli y Pedro Mato Nar- 
bondo, que años atrás se habían escapado del país precisamente para evitar que la justi¬ 
cia investigara su accionar durante la dictadura. Si la condena se confirmara en Casación, 
Tróccoli tendrá que cumplir la sentencia de cadena perpetua en cárceles italianas. Por otro 
lado, Mato Narbondo se encuentra prófugo de la justicia uruguaya desde 2013 y reside 
actualmente en Brasil, presumiblemente en la ciudad fronteriza de Santana do Livramento. 


Logoluso Di Martino y Dora Marta Landi, y la argentina Mafalda Corinaldesi por cuyo homicidio solamente 
fue absuelto Juan Carlos Blanco. Por más detalles: http://www.24marzo.it 

30 La Corte también confirmó la absolución del imputado uruguayo Ricardo Eliseo Cbávez Domínguez. 
Durante los últimos años, fallecieron los siguientes imputados y/o condenados en el juicio: 1. Arellano Stark, 
Sergio Víctor; 2. Contreras Sepúlveda, Juan Manuel Guillermo; 3. Ramírez Pineda, Luis Joaquín; 4. Moren 
Brito, Marcelo Luis Manuel; 5. Paulos, Iván; 6. Álvarez Armellino, Gregorio Conrado; 7. García Meza Tejada, 
Luis; y 8. Richter Prada, Pedro. 



Recientemente, una investigación de Brecha sacó a la luz que este militar sigue cobrando su 
jubilación desde el exterior 31 . 

El día siguiente a la lectura de la sentencia, en una conferencia de prensa organizada 
en la Fundación Basso en Roma, algunos/as de los/as abogados/as ofrecieron un análisis 
preliminar de la decisión de la Corte, hasta que la misma difunda sus fundamentos en enero 
de 2020. Todos/as los/as letrados/as coincidieron en resaltar como la sentencia de primera 
instancia y de apelación tienen que leerse de forma conjunta, ya que se encuentran estre¬ 
chamente vinculadas. La abogada Alicia Mejía, quien representaba a los familiares de Aida 
Sanz en el juicio, resaltó como “ por un lado, la sentencia de primera instancia reconoce la 
existencia de la Operación Cóndor e identifica a sus principales responsables, es decir los autores 
intelectuales de ese plan criminal; por el otro, la sentencia de apelación reafirma la existencia 
del plan y declara además la responsabilidad de determinados sujetos en hechos delictivos espe¬ 
cíficos . La condena de los imputados originalmente absueltos se pudo lograr, según Mejía, 
'gracias a una lectura conjunta que hizo la Corte de todos aquellos elementos que ya se encon¬ 
traban en la causa desde la primera instancia y el aporte de la nueva documentación que se 
agregó en la apelación. Asimismo, el abogado Giancarlo Maniga, quien había presentado la 
querella original en junio de 1999, afirmó que hubo una confirmación de la sentencia de 
primera instancia a la que se adjuntaron otros condenados. Según el abogado, es altamente 
probable que la Corte enmarcó los crímenes cometidos en la figura legal de concurso’ de 
varias personas en la comisión de un delito. En este sentido, tanto la fiscalía como los/as 
abogados/as habían argumentado que el patrón de secuestros, detenciones ilegales, y tor¬ 
turas, que terminaban con la muerte o desaparición de las víctimas era sistemático en ese 
periodo. Por lo tanto, los imputados que trabajaban en los engranajes de la represión sabían 
que el objetivo final de cualquier operación era la eliminación física de los opositores polí¬ 
ticos. Finalmente, Andrea Speranzoni dedicó la sentencia a todas las víctimas y familiares 
que tuvieron que vivir estos hechos e hizo referencia la ‘justicia posible,’ remarcando como 
siempre van a existir fiscales, abogados/as y ONG atentas y dispuestas a denunciar e inves¬ 
tigar los delitos de lesa humanidad en cualquier lugar del mundo. 

Conclusión: La impunidad fáctica en Uruguay 

La sentencia dictada en Roma tuvo un fuerte impacto en Uruguay ya que es ahí, como 
hemos visto, que se encuentran los origines de este juicio y, además, el Estado se constituyó 
como querellante en el proceso, siendo el único país de Sur América en tomar ese papel. 
Una sentencia tan contundente de parte de los jueces italianos marca un claro contraste con 
la situación de paralización de los juicios en Uruguay en los últimos años. Desde el 2012, 
solamente se han dictado siete sentencias de primera instancia en el país, llegando a un total 
de 13 veredictos en relación a los juicios por delitos de lesa humanidad en los últimos quin¬ 
ce años. Como se afirma en un reciente informe del Observatorio Luz Ibarburu, los juicios 


29 


31 


Mauricio Pérez, ‘Vivo, y de vivo’, Brecha , 6 de setiembre de 2019. 


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penales se encuentran en una situación de parálisis y el proceso de búsqueda de verdad y 
justicia está básicamente estancado en el país 32 . 

Si tomamos una perspectiva regional comparativa podemos ver que, tanto Argentina 
como Chile han avanzado mucho más en la persecución penal de los delitos de sus respec¬ 
tivas dictaduras. En Argentina, según estadísticas de julio de 2019 proporcionadas por el 
Ministerio Publico Fiscal, existen 591 causas por delitos de lesa humanidad, de las que 22 
se encuentra en etapa de juicio, habiéndose dictado sentencia en 226 de ellas: esto repre¬ 
senta un 38% del total. Por otro lado, de las 3.202 personas investigadas, ya se condenaron 
a 915 mientras que 144 fueron absueltas 33 . Por otro lado, en Chile, hasta 2018, se habían 
dictado 447 sentencias en causas de delitos de lesa humanidad, 53 en causas civiles y 394 en 
causas penales. Hasta diciembre de 2018, había un total de 2.837 personas condenadas en 
primera instancia y 1.346 causas vigentes, de las cuales 1.017 están en etapa investigativa 34 . 

En comparación, los avances logrados en Uruguay son más escasos. Según la base de 
datos sobre los juicios por los delitos de la dictadura del Observatorio, existen a setiembre 
de 2019,305 denuncias penales en los tribunales uruguayos. De éstas, el 50% (151 causas), 
se encuentran en la etapa de presumario; el 13% (41 causas), han sido acumuladas a otra, 
mientras que el 30% (94 denuncias), han sido archivadas; solamente 4 están en etapa de su¬ 
mario 35 . Se ha dictado sentencia de condena únicamente en 13 causas, que corresponde al 
5% del total: entonces el 95% de las denuncias quedan impunes y sin resolución todavía. 
Algunas de estas denuncias penales fueron presentadas en febrero y abril de 1984, cuando 
Uruguay se encontraba aún bajo dictadura. A más de 35 años, los tribunales del país no 
han resuelto dichas causas, constituyendo una situación de denegación de justicia para las 
víctimas y sus familiares. 

A la lentitud de parte de la justicia, se suma además el hecho que el Estado uruguayo 
nunca adoptó ni desarrolló una política pública en relación al tema de derechos humanos 
que abarque a los tres poderes del Estado y que activamente impulse iniciativas para aclarar 
los delitos del pasado reciente. En 2013, el entonces Relator Especial de Naciones Unidas 
Pablo De Greiff señaló después de su visita al Uruguay como los principales impulsores 
de las iniciativas en pos de verdad, justicia, y reparación en el país habían sido las víctimas, 
sus familiares, y las agrupaciones de derechos humanos 36 . Más recientemente, en mayo de 

32 “Escrito de Amicus Curiae presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Obser¬ 
vatorio Luz Ibarburu en el Caso Gelman vs. Uruguay,” 5 de setiembre de 2019, https://www.observatorioluzi- 
barburu.org/ noticias/amicus-audiencia-supervision-sentencia-gelman-vs-uruguay-05092019 

33 Datos al 30 de junio de 2019, ver https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2019/07/ 
Estad%C3%ADsticas-junio-201 9-tipograf%C3%ADa.pdf 

34 “Corte Suprema ha dictado 447 sentencias por violaciones a los derechos humanos entre 2002 y 2018,” 
17 de enero de 2019, https://www.codepu.cl/corte-suprema-ha-dictado-447-sentencias-por-violaciones-a- 
los-derechos-humanos-entre-2002-y-2018/ 

35 Ver referencia Amicus Curiae . 

36 “Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición, Pablo de Greiffi” 28 de agosto de 2014, A/HRC/27/56/Add.2. 



2019, la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Uruguay y Encargada de la Unidad 
sobre Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH apuntó que el Estado uruguayo tenía una 
deuda con todas las víctimas, que era independiente de los gobiernos de turno y que alcan¬ 
zaba a los tres poderes del Estado 37 . 

La falta de una política pública a nivel del estado se refleja en el actuar de diferentes 
instituciones y en las consecuencias que eso genera a nivel de la justicia. El Fiscal de Corte, 
Jorge Díaz, aseveró en 2017 como no existía una estrategia común de persecución penal 
en el estado y eso generaba el fraccionamiento de decenas de causas en distintos juzgados, 
con distintos operadores. Díaz reconoció además que existe desde las contrapartes, “una 
estrategia común de parte de las defensas [de los militares] de ir dilatando los juicios para 
demorar las resoluciones.” Estos recursos se interponen en cascada, con el único objetivo de 
tender a la dilación de la resolución judicial de las causas y lograr la impunidad biológica de 
los imputados 38 . Entonces, a la falta de estrategia del Estado, se contrapone una estrategia 
clara y unificada de los defensores de los imputados. Finalmente, cabe mencionar la errática 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que sostiene una postura extremadamente 
conservadora al entender que los delitos cometidos durante la dictadura no constituyen 
delitos de lesa humanidad 39 . Dicha postura es sumamente anacrónica, desconociendo los 
avances en el Derecho Internacional en materia de derechos humanos desde 1945, y contra¬ 
ria a los estándares interamericanos de derechos humanos, siendo amplia y repetidamente 
cuestionada por Naciones Unidas, Amnistía International, el Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional (CEJIL), y las mismas Comisión y Corte Interamericanas. 

A este panorama de parálisis de los juicios y conservadurismo judicial se opone la sen¬ 
tencia en Roma, que marca un claro camino hacia la persecución penal de los delitos de lesa 
humanidad, más allá de las fronteras. El estado uruguayo, como querellante en ese juicio, 
asumió un compromiso con el tema de derechos humanos que debería materializarse no 
solo en foros en el exterior, sino que en primer lugar en las cortes del país. La creación de la 
Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad desde marzo de 2018 ha marcado 
un cambio de rumbo importante, pero los tribunales del país necesitan resolver con la ce¬ 
leridad correspondiente causas judiciales que esperan una sentencia desde hace más de 35 
años. Hasta que esto no suceda, las víctimas y sus familiares tendrán que buscar fuera del 
país la justicia que Uruguay ha sido, hasta la fecha, incapaz de brindarles, incumpliendo así 
sus obligaciones internacionales en derechos humanos. 


37 “CIDH: situación más grave para DDHH en Uruguay es la impunidad,” 29 de mayo de 2019, https:// 

www.sudestada.com.uy/articleId _525b095e-9d45-4dc8-9f91-9l4ca96a2fab/10893/Detalle-de-Noticia 

38 Lucas Silva, “Modernizar la Justicia”, La Diaria, 23 de setiembre de 2017, https://ladiaria.com.uy/ articu¬ 
lo/ 2017/9/modernizar-la-j usticia/ 

39 Jo-Marie Burt y Francesca Lessa, “Nueva decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay vuelve a 
poner en peligro la búsqueda de verdad y justicia para los crímenes de la dictadura,” 20 de noviembre de 2017 
https://www.wola.org/es/analisis/nueva-decision-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-uruguay-vuelve-poner- 
en-peligro-la-busqueda-de-verdad-y-justicia-para-los-crimenes-de-la-dictadura/ 


31 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



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Montevideo, julio de 2019 

Fallo Sentencia de Apelación 

Juicio Plan Cóndor, Roma, Italia 

Saludamos con gran emoción la sentencia de Cadena Perpetua a los 24 imputados por 
delitos graves (secuestro, tortura y asesinato) durante las dictaduras del Conosur de Amé¬ 
rica, por el Tribunal de Apelación de Roma. 

Es una satisfacción que se haya cumplido con el reclamo de Justicia sobre la suerte de 
nuestros familiares, durante este oscuro período dictatorial de los años 70 y 80. 

Fue un largo periplo de 20 años desde el 9/6/1999 cuando 5 mujeres luchadoras, 
madres y esposas, se presentaron en la Fiscalía de Roma ante el Fiscal Giancarlo Capaldo 
buscando justicia, pues en Uruguay y Argentina, campeaba la impunidad sustentada en las 
leyes de Impunidad y de Punto Final. 

Ellas fueron Aurora Meloni, Cristina Mihura, Fuz Ibarburu de Recagno, María Belli- 
zzi y Martha Casal de Gatti, quienes se ampararon en el Artículo 4° de la Fey Italiana que 
acoge a los ítalo descendientes como propios, tanto para ser defendidos en sus intereses, 
como juzgados. 

Fue un largo camino, con aciertos y errores, donde el trabajo fue obstaculizado por los 
gobiernos democráticos quienes, además de no hacer justicia en sus propios países (donde 
ocurrieron los hechos y están los imputados) tampoco aportaron datos ni pruebas. Fueron 
los familiares, querellantes, las ONGs, y testigos ex-presos que armaron la causa, testimo¬ 
niando y viajando incluso a desclasificar archivos de la CIA. Así se constituyó la Mega 
Causa PEAN CONDOR. 

Fa fuga del marino Tróccoli a Italia, cuando tenía que comparecer frente a la justicia 
en Uruguay, sumó a esta causa a los familiares de víctimas no italianas, reclamando allí el 
derecho de juzgarlo. 

El Plan Cóndor es un plan represivo destinado a implantar un modelo económico, 
social, político y cultural a la medida de intereses anti populares en la región: Chile, Argen¬ 
tina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia. 



Este importantísimo fallo, reconoce y condena este plan sistemático organizado por 
los aparatos represivos de los Estados miembros, destinado a investigar, perseguir, detener, 
torturar y eliminar (asesinar o desaparecer) a todo disidente opositor, con intercambio de 
prisioneros entre ellos. También reconoce dentro de este tremendo plan, la apropiación de 
niños y bebés como botín de guerra. 

En esta segunda instancia se pudo comprobar esta coordinación no solamente de las 
cúpulas sino también de los mandos medios, que también tenían poder de decisión y ejecu¬ 
ción; se aportaron documentos que involucran a la política exterior de Estados Unidos y en 
archivos encontrados en Uruguay y Argentina que vinculan la coordinación entre Tróccoli 
y Astiz, entre el FUSNA y la ESMA. 

Este fallo debe contribuir a valorar los Tratados Internacionales establecidos y firma¬ 
dos. Reafirmar la imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad e impulsar al Poder 
Judicial a obrar en consecuencia. 

Junto a la condena a Tróccoli, ratifica los fallos resultantes en nuestro país condenando 
a Larcebeau, Gavazzo, Cordero, Medina y la inclaudicable lucha por verdad y justicia que 
no ampare la impunidad de este negro periodo. 

Y continuar exigiendo, que es posible y necesaria toda la verdad. 

En los países donde ocurrieron las desapariciones, los secuestros están las pruebas y los 
imputados. También los restos de nuestros desaparecidos que seguiremos buscando. 

Debemos felicitar y agradecer el trabajo profesional y la calidad humana para llevar 
adelante esta Causa a la Fiscal TIZIANA CUGINI, a los abogados ANDREA SPERAN- 
ZONI, ARTURO SALERNI y MARIO ANGELLELI y equipo; al Fiscal GIANCAR¬ 
LO CAPALDO; al Gobierno Italiano; a la ONG 24Marzo y su coordinador JORGE 
ITHURBURU; a la Secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT; a las Centrales 
Sindicales italianas CGIL; a SERPAJ; la Iglesia Valdense; a los gobiernos provinciales y 
comunales que promovieron desde el inicio la Causa. Luego al Gobierno Uruguayo en el 
cambio de abogado que fue fundamental para revertir la sentencia primaria, a la embajada 
Uruguaya en Roma, a historiadores como FRANCESCA LESSA y ROSSELLA TALLE- 
RICO, MARTIN ALMADA que aporto los ARCHIVOS DEL TERROR; ROGER 
RODRIGUEZ, la ex fiscal MIRTHA GUIANZE, expresos que volvieron a revivir sus 
tormentos, a la intérprete GIULIA SPANESI y a todos los que hicieron posible esta sen¬ 
tencia irrevocable: TODOS CULPABLES, PENA MAXIMA CADENA PERPETUA. 

Queda mucho por hacer en nuestro país, los archivos están y muchos imputados aún 
sin juzgar. 

Los delitos de lesa humanidad no deben quedar impunes. 

Se ha hecho Justicia pero falta saber la Verdad: ¿DONDE ESTÁN? 

POR TODOS ELLOS! 

Por Memoria, Verdad, justicia y Nunca Más dictaduras! 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 


33 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


La sorpresiva aparición de Cabildo Abierto 

y el futuro de los derechos 


34 


Henry Trujillo 1 


El ciclo electoral del año 2019 rompió una larga historia de estabilidad del sistema de 
partidos, que desde el retorno de la democracia se había estructurado en torno a los dos 
partidos tradicionales y el Frente Amplio, con algún desprendimiento ocasional como el 
Nuevo Espacio y cierta incidencia del Partido Independiente en la última legislatura. La 
aparición repentina y muy exitosa del partido Cabildo Abierto (originalmente denomina¬ 
do Movimiento Social Artiguista), con casi el 11% de los votos, marcó un hecho inédito 
en la historia nacional 2 . Sin embargo, la novedad no está dada solo por lo imprevisto de 
su entrada -el partido se fundó hacia noviembre de 2018-, sino por las características del 
partido -con clara presencia de figuras de ex militares- y las de su candidato presidencial, 
el ex comandante Guido Manini Ríos. Por primera vez, un partido que reúne credenciales 
suficientes como para ser incluido en la derecha extrema obtiene una significativa repre¬ 
sentación parlamentaria y, por lo tanto, una fuerte incidencia en las políticas públicas del 
próximo quinquenio, lo que podría poner en jaque la vigencia de derechos de ciudadanía 
y la prosecución de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos durante la 
dictadura. 

Es importante entonces intentar entender este fenómeno desde el punto de vista de lo 
que significa para los derechos humanos, sin perjuicio del trabajo que los cientistas sociales 
seguramente realizarán en los próximos años para explicar esta aparición inesperada. Para 
ello, en este trabajo intentaremos discutir, al menos a título de impresiones primarias, las 
siguientes cuestiones, en primer lugar, si Cabildo Abierto debe ser considerado un partido 
de extrema derecha, o si solo corresponde hablar de derecha a secas. En paralelo, hasta qué 
punto es similar a otros partidos y movimientos de derecha en la región -particularmente 
el encabezado por Jair Bolsonaro-, En segundo lugar, hasta qué punto es novedoso, espe¬ 
cialmente desde el punto de vista de las ideas y valores que encarna. En tercer lugar, exponer 
las hipótesis que permitirían explicar la obtención de ese nivel de apoyo en tan poco tiem¬ 
po. En esa discusión, habrá que poner en juego también la particular coyuntura que vive el 
mundo entero desde la crisis del 2008, y vincularla con ciertos aspectos estructurales de la 
sociedad uruguaya, así como de su sistema de partidos. Finalmente, intentaremos evaluar 


1 Escritor y sociólogo. 

2 Aunque con notorias continuidades con otros movimientos conservadores que se dieron a lo largo del siglo 
XX. Sobre esto, ver la nota de Carlos Demasi: "¿Qué hay de nuevo con Cabildo Abierto?”, La Diaria, 2 de 
noviembre de 2019, p.20. También el libro de Magdalena Broquetas: La trama autoritaria. Derechas y violencia 
en Uruguay (1958-1966), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2015. 



qué influencia puede este fenómeno tener en las investigaciones sobre el pasado reciente y 
en general para la vigencia de los derechos de ciudadanía. 


Cabildo Abierto: ¿derecha, extrema derecha, neofascismo, o populismo de derecha? 

El candidato a presidente de Cabildo Abierto manifestó su enojo cuando su partido 
fue calificado de “extrema derecha”. Seguramente, la presencia en sus filas de algunos ex mi¬ 
litares vinculados a la represión, e incluso de uno procesado por el secuestro y asesinato de 
Eugenio Berríos, podría hacer ociosa la discusión 3 . Sin embargo, el discurso de Manini Ríos 
durante la campaña no es enteramente coincidente con el pensamiento de extrema derecha 
moderna en algunas temáticas, por ejemplo en lo referido a los inmigrantes 4 . La ausencia de 
xenofobia, entonces, puede generar dudas respecto a esta calificación. 

Establecer si un partido es, o no, de extrema derecha no tiene un simple interés taxonó¬ 
mico: ubicarlo en la categoría ayuda a entender sus similitudes y diferencias con otros gru¬ 
pos políticos, del signo que sean, y a establecer las causas de su emergencia. Así pues, es una 
pregunta pertinente. Ahora bien, la literatura sobre el tema se enfrenta a la heterogeneidad 
de aspectos, principalmente en lo ideológico, que parecen mostrar estos grupos. Por eso, el 
término “extremo” suele ser usado por ser más neutro (refiere a que las personas los ubican 
en el extremo derecho del eje izquierda- derecha cuando se las encuesta). A grandes rasgos, 
se pueden indicar cuatro elementos distintivos de estas corrientes: el ultranacionalismo, la 
concepción autoritaria del orden social, la prédica antisistema y la narrativa identitaria. En 
el caso de Cabildo Abierto, el nacionalismo no aparece tan marcado en el discurso (lo que 
es congruente con la postura más bien tolerante hacia la inmigración) pero está implícito 
en la referencia al mito artiguista y, por supuesto, en la historia de los militares que partici¬ 
paron en la formación del partido, en especial los Tenientes de Artigas 5 . De todos modos, 
son más claras las otras tres características. 

La concepción autoritaria del orden social es un tópico permanente tanto en los dis¬ 
cursos de Manini Ríos como en los documentos del partido, manifiesta sobre todo con la 
queja por el “caos” y la pérdida de la autoridad. 

En el Uruguay de hoy, lo que predomina más que en otras épocas es una gran inseguridad e 

incertidumbre. Inseguridad de futuro, en el empleo, y respecto a cuál es el futuro del Uruguay. 

Hay gente que está con ciertos miedos hacia adelante y ven en nosotros una posibilidad de dar 

más certezas en cosas que hoy son inciertas. Hay un electorado compuesto, yo diría, por gente 

3 Samuel Blixen: “Irresisitible encanto” Brecha, 23 de agosto de 2019. 

4 El discurso xenofóbico y contra la inmigración es considerado característico de la extrema derecha euro¬ 
pea: José Luis Rodríguezjiménez: “De la vieja a la nueva extrema derecha (pasando por la fascinación por el 
fascismo)”. HAOL, Núm. 9 (Invierno, 2006), 87-99. Es de hacer notar que otro candidato de extrema derecha, 
Edgardo Novick, sí intentó atraer votantes con este discurso que, como es obvio en el caso uruguayo, carece de 
sentido para la derecha. Manini Ríos no ha manifestado una postura semejante (ver entrevista de César Barrios, 
Infobae, 26 de mayo de 2019). 

5 Ver nota de Samuel Blixen, “Un ensayo sobre la ceguera”, Brecha, 2 de agosto de 2019. 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


mayor, gente débil que está viviendo mal, enrejados, y ven en nosotros, tal vez por el perfil de 
militar, más posibilidades para ordenar ese caos 6 . 

Obviamente, estas ideas son la base de las políticas de seguridad, centradas justamente 
en el ejercicio “sin prejuicios ideológicos” de la autoridad. 

Lo anterior [el aumento de la violencia, la intolerancia, los delitos], sumado al accionar del 
narcotráfico y las drogas, la aprobación del Nuevo Código del Proceso Penal, prejuicios ideoló¬ 
gicos a la hora de ejercer la autoridad, hacen que la mayoría de los ciudadanos tengan la percep¬ 
ción de que el Estado ha abandonado o la menos resignado una de sus funciones fundamentales 
como lo es la protección de sus habitantes 7 . 

Artigas era un preocupado por los más frágiles y en ese aspecto uno puede decir que coincide 
con ese tipo de izquierda [la que tiene sensibilidad social]. Pero en la de poner orden en el caos, 
en el relajo que se vive hoy, si eso es derecha, soy de derecha y no tengo ninguna vergüenza en 
decirlo. Ahora, para mí el orden en el relajo lo está pidiendo todo el espectro político. No lo 
está pidiendo la gente de derecha ni nada por el estilo. Es un clamor de los uruguayos. Vamos a 
terminar con este relajo, vamos a terminar con que nos sigan matando a la vuelta de la esquina, 
vamos a terminar con vivir enrejados, encerrados, con horas para salir y horas que no podemos 
salir. Vamos a terminar de vivir con el corazón en la boca. ¿Eso es ser de derecha? Creo que no, 
que es interpretar el sentir de la gente. Eso también es artiguismo. La gente hoy quiere terminar 
con esa situación de mala calidad de vida por un gobierno que no es capaz de cumplir con lo 
que la Constitución le manda: garantizar el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el 
derecho a la libertad de la gente. 8 

Pero no se limitan solo a la seguridad. También hay referencias al ejercicio de la autori- 
35 dad en la educación y en la relación del poder del presidente con los sindicatos. 

Artiguismo también es poner orden y ejercer la autoridad. Cuando Artigas tenía que ejercer 
la autoridad lo hacía. Acá el presidente que venga va a tener que tener una actitud firme con el 
tema sindical, por ejemplo, así sea Daniel Martínez; si permite que un poder paralelo de hecho, 
como está hoy significando la central sindical, le siga marcando lo que pueda hacer o lo que no 
pueda hacer es un presidente que va a estar pintado 9 

También es muy clara la prédica antisistema. En sus versiones más radicales, estos gru¬ 
pos pueden rechazar el pluralismo partidario, pero es más habitual que acepten la demo¬ 
cracia representativa. La prédica anti sistema es en realidad una narrativa contra las elites 
políticas tradicionales, a las que suelen acusar de haberse sumergido en la burocracia, haber¬ 
se olvidado de la gente, y estar plagadas de corruptos. Algunos autores incluso señalan que 
éste es el rasgo distintivo de las nuevas derechas extremas 10 . Pero además, aquí lo que cuenta 

6 Entrevista de César Barrios, Infobae , 26 de mayo de 2019. 

7 Cabildo Abierto, “Compromiso del partido cabildo abierto con Uruguay y su gente” (Programa), p.41. 

8 Manini Ríos, entrevista de Facundo Ponce de León, resumida en El Observador, 15 de setiembre de 2019. 

9 Entrevista de Juan Pablo Mosteiro yjosé Frugoni: “Manini Ríos está dispuesto a ser ministro de Defensa de 
un gobierno de Lacalle Pou si “son aceptadas” las “ideas principales” de su grupo”, Búsqueda, 4 de julio de 2019. 

10 Acha Ugarte, Beatriz. “Partidos políticos de extrema derecha en Europa: hacia un marco teórico para el 
análisis de nuevos partidos.” Estudios de Deusto. Vol. 45, n° 2 (1997) (1997). 



no es tanto el discurso como las actitudes de Manini Ríos durante su ejercicio de la coman¬ 
dancia del Ejército, caracterizado por una serie interminable de desacatos -particularmente 
durante la discusión de la reforma de la Caja Militar- y por los cuestionamientos al Poder 
Judicial. Como es claro, estas posiciones fueron tomadas deliberadamente 11 , primero para 
construir el liderazgo dentro de la corporación y los círculos militares, pero también, segu¬ 
ramente, comprendiendo los sentimientos de sus potenciales futuros votantes. 

[Manini afirma que en su gestión bregó por] “sacar adelante a nuestro Ejército enfrentando 
(...) las falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad, enceguecidos en su soberbia o 
atrapados en sus prejuicios ideológicos y la acción de aquellos que lucran con la confrontación, 
convertidos en peones bien pagos de los centros de poder mundial, siempre dispuestos a ejecu¬ 
tar un perverso libreto que lleve a la destrucción de nuestras instituciones y deje a los uruguayos 
en el más absoluto estado de indefensión” 12 . 

De hecho, esto también explica que Mujica haya anunciado que no votará el pedido de 
desafuero por el caso Gavazzo, ya que hacerlo sería “darle una medalla” 13 . En otras palabras, 
parece que el que cuestiona el Estado de Derecho gana. 

Sin embargo, parece más adecuado considerar que el rasgo más distintivo de este tipo 
de grupos está en la narrativa identitaria. Y se puede argumentar que en realidad las ante¬ 
riores características (nacionalismo, concepción del orden, prédica antisistémica) son una 
derivación de esto, que posiblemente constituya el núcleo duro del pensamiento de estas 
corrientes. Una narrativa identitaria hace referencia a un discurso organizado bajo la oposi¬ 
ción nosotros /otro, donde el otro es un enemigo, a veces identificado con un grupo étnico 
(judíos, islamitas, mexicanos, inmigrantes en general), a veces con una categoría difusa (los 
que no quieren trabajar, los malvivientes, los delincuentes), a veces con las propias elites 
(la de los partidos, pero también la de las empresas multinacionales, George Soros...), y las 
más de las veces todas juntas. Esta aglomeración es el sujeto que encarna las amenazas que 
el partido intenta conjurar: la traición al pueblo (a la gente que trabaja, a los honestos, a los 
pobres) que el partido está llamado a representar. 

La extranjerización de la tierra, la enajenación y deterioro de los recursos naturales, la bancari- 
zación obligatoria, el asistencialismo como política de desarrollo contra la cultura del trabajo, 
el sometimiento a las agendas afectan a nuestra juventud y la falta de respeto a la Constitución, 
son algunos de los crudos ejemplos que dan la pauta que no se puede seguir con cinco años más 
de lo mismo.]....] Frente a la desilusión, nuevamente el Artiguismo emerge desde lo profundo 
en tiempos de incertidumbre para marcar el camino de entendimiento que permita la puesta 
en marcha del gran potencial que tiene Uruguay para atravesar los desafíos contemporáneos. 

El Partido Cabildo Abierto es, ni más ni menos, la expresión de esta autoconciencia histórica, 
un movimiento sustentado en el valor de la palabra, con vocación de justicia en el más amplio 


11 Ver nota de opinión de Miguel Arregui, “Para leer a Manini”, El Observador, 16 de marzo de 2019. 

12 Citado en entrevista a Gerardo Caetano (Lourdes Rodríguez: “Hay que dimensionar la gravedad de los 
sucedido”, Brecha, 15 de marzo de 2019). 

13 “Mujica dijo que no votará el desafuero de Manini en el Senado”, El Observador, 1 de noviembre de 2019. 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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de sus sentidos, de construcción de consensos y de servicio a la Patria, surgido para devolver la 
esperanza a quienes la han perdido y para hacer en definitiva junto a los uruguayos un mejor 
país para vivir 14 

Algunos podrían decir que esta es una definición de populismo, más que de derecha 
extrema. Sin duda, pero como señalaba Ernesto Laclau, el populismo no es tanto un tipo 
de movimiento o grupo, como una forma de hacer política. En ese sentido, todo partido 
es populista en algún momento y en alguna medida, dependiendo de las circunstancias. Al 
mismo tiempo, importa ver que la nueva extrema derecha no es lo mismo que el neofascis¬ 
mo, al menos si se entiende por tal un movimiento que reivindica la simbología y la historia 
de los fascismos 15 . Pero más allá de los detalles, parece claro que Cabildo Abierto entra sin 
problemas en esta definición de extrema derecha. Por supuesto, no está solo allí: el Partido 
de la Gente, de Novick (que también llegó al Parlamento), el grupo colorado de Gustavo 
Zubia, y tal vez el PERI (que obtuvo un diputado) pueden ser incluidos también. 

Ahora, como expresión de extrema derecha, ¿es comparable a otros ejemplos? Y en 
particular, ¿es comparable al bolsonarismo? En principio, Manini no presenta la incorrec¬ 
ción verbal de Bolsonaro, no reivindica de forma expresa a la dictadura -más bien elude el 
tema del pasado reciente- y Cabildo Abierto en general se mueve de forma más medida de 
como lo hacen los seguidores del bolsonarismo. Sin embargo, el patrón ideológico parece 
similar, y como se ha dicho, también resulta comparable con los grupos de extrema derecha 
de Europa, una vez que se toman en cuenta las circunstancias. 

Derecha, izquierda y antimodernidad 

Ahora bien, ¿hay algo realmente novedoso en términos de ideas y valores? Evidente¬ 
mente no, porque todos los elementos ideológicos estuvieron presentes, juntos o por se¬ 
parado, en distintos partidos de derecha, y también de izquierda. Tanto es así, que incluso 
el término derecha o izquierda pueden resultar confusos cuando se intentan caracterizar 
estas concepciones. Por supuesto, no se trata de decir que se hayan acabado las ideologías, 
sino de que lo que está en juego son múltiples dimensiones que no se pueden reducir al eje 
izquierda- derecha. 


14 Cabildo Abierto, “Compromiso del partido Cabildo Abierto con Uruguay y su gente” (Programa), p.4. 

15 El conocido incidente donde Manini se fotografió con un joven que vestía una camiseta pintada con una 
sigla nazi, y el hecho de que este fuera rápidamente expulsado, lo mismo que la afirmación de que se expulsaría 
a un convencional con antecedentes semejantes, puede ser tanto interpretado como un intento de tomar dis¬ 
tancia con esa historia, como con una necesidad electoral, como una muestra de lo atractivo que es Cabildo 
Abierto para militantes neofascistas. Ver notas “Cabildo Abierto rechaza actitud de militante que concurrió 
a acto partidario con una camiseta neonazi, La Diaria, 25 de julio de 2019; “Guido Manini Ríos aseguró que 
expulsará a convencional de Cabildo Abierto si se “confirma” su pasado neonazi” La Diaria, 21 de agosto de 
2019; “Cabildo Abierto rechazó el uso de un mensaje neonazi en la remera de un militante”. /;/ País, 25 de julio 
de 2019. 



Esto es evidente desde que se observan las patentes afinidades de Cabildo Abierto y su 
presidenciable con el mujiquismo, en especial con algunos de sus referentes -incluido José 
Mujica- y muy especialmente con el fallecido Fernández Huidobro. Esto no debería llamar 
demasiado la atención, puesto que el discurso del antiguo MLN ya manifestaba valores y 
actitudes análogos en algún punto a éstos. Por ejemplo, el nacionalismo, la actitud religiosa, 
el antihedonismo, la austeridad, la idealización del heroísmo 16 . Sin mencionar las posturas 
antisistémicas. Más allá de que la curiosa deferencia de Fernández Huidobro hacia los Te¬ 
nientes de Artigas puede ser vista como una estrategia -fracasada- para cooptarlos en algún 
proyecto americanista o nacionalista, parece evidente que tenían coincidencias ideológicas 
profundas. Así, hablar de izquierda o de derecha no es suficiente para entender la estructura 
de las concepciones que están manifestando estos movimientos. 

Seguramente puede tener más éxito considerar el discurso ideológico como una com¬ 
binación de numerosos ejes. Esto es señalado por algunos autores, que han propuesto sumar 
al eje izquierda derecha un segundo eje que se mueve entre cosmopolitismo /nacionalismo. 
Los movimientos de extrema derecha pueden ser ubicados en la combinación del extremo 
nacionalista de un eje, y el extremo derecho del otro, al tiempo que los movimientos boli- 
varianos o el partido griego Syriza estarían en la combinación nacionalismo e izquierda 17 . A 
nuestro juicio es mejor pensar en un eje donde se esparcen las posiciones relativas a la jus¬ 
ticia distributiva (es decir, la medida de la preferencia por la igualdad en la distribución de 
la riqueza) y un eje que podríamos denominar moderno / antimoderno (recuperando un 
debate de los años noventa). El eje de lo “moderno” resume una amplia gama de valores cul¬ 
turales que incluyen el individualismo, el hedonismo y el racionalismo entre otras cosas, y 
que pueden considerarse herencia de la Ilustración. Lo opuesto tiene raíces en el movimien¬ 
to contrarevolucionario aparecido como reacción a la Revolución Francesa, y que recupera 
la idea del hombre como ser social que adquiere su sentido y su conocimiento en el seno de 
una comunidad. Se puede argumentar que la tensión entre modernidad y antimodernidad 
ha persistido desde el siglo XVIII, y vuelve a reproducirse en cada crisis social 18 . 

Aunque esta forma de describir las cosas es totalmente especulativa, puede llegar a 
cobrar cierto sentido: un partido como Cabildo Abierto puede ser descripto como antimo¬ 
derno, lo mismo que el mujiquismo. Pero a diferencia de éste, no tiene en la distribución de 
la riqueza una preocupación central, al tiempo que el mujiquismo no parece tan obsesiona¬ 
do con el tema de la autoridad. El mujiquismo se opone a los sectores “de centro” del Frente 
Amplio -particularmente el astorismo- que son promodernos en el sentido señalado. Pero 
los ejes también se cruzan dentro de los partidos tradicionales, donde las posturas comuni- 


16 Luis Costa Bonino: Crisis de los partidos tradicionales y movimiento revolucionario en el Uruguay. Montevi¬ 
deo, Banda Oriental, 1985. 

17 José Antonio Sanahuja,: “Posglobalización y ascenso de la extrema derecha: crisis de hegemonía y riesgos 
sistémicos”. En: Mesa, Manuela (coor.): Seguridad internacional y democracia: guerras, militarización y fronte¬ 
ras. Anuario 2016-2017. Madrid: CEIPAZ. 

Rodríguez Jiménez, op. cit. 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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taristas y autoritarias se dan la mano con posiciones más modernas, expresadas por ejemplo 
en el liberalismo político. 

Hay que agregar un par de elementos más, La primera es que Cabildo Abierto tiene, en 
lo económico, una propuesta que se acerca mucho más al liberalismo que al desarrollismo. 
Esto no es contradictorio, porque lo característico de los movimientos de extrema derecha 
es que constituyen una reacción cultural 19 . Lo económico, en estos movimientos, es secun¬ 
dario, por lo que el nacionalismo no necesariamente se traduce en proteccionismo. Y en 
el caso de Cabildo Abierto, es muy probable que las ideas económicas provengan de los 
cuadros escindidos del herrerismo, proverbialmente neoliberales 20 . 

El segundo elemento es que la perspectiva antimoderna conjuga perfectamente con 
el conservadurismo católico, y tal como han destacado los observadores, explica la fuga de 
los católicos del nacionalismo hacia Cabildo Abierto 21 . Estos dos elementos, a su vez, nos 
ponen en camino para explicar cómo fue que se dio este fenómeno. 

Del movimiento al partido 

Una explicación muy habitual de la emergencia de la extrema derecha es que constituye 
una respuesta a la globalización. Los votantes de la extrema derecha serían, en su mayoría, 
“perdedores” en el proceso de globalización. Algunas semblanzas de los militantes parecen 
confirmar esta intuición: Cabildo Abierto habría votado muy bien en barrios periféricos de 
Montevideo y en los departamentos de menor desarrollo. Sin embargo, los estudios sobre 
estos movimientos no encuentran un perfil demasiado definido (lo mismo que sucede con 
partidos de izquierda, dicho sea de paso). Así, proponer una relación directa entre globa¬ 
lización y voto a partidos de extrema derecha no es del todo correcto. Más bien, la globali¬ 
zación -y en general, todo el proceso de reestructura productiva mundial- generan algunas 
condiciones estructurales favorables, pero a esto hay que sumarle el “avance de la diversidad 
cultural y de los valores cosmopolitas de las sociedades abiertas y de la globalización” 22 . En 
los países europeos y Estados Unidos, estos avances afectan a varones blancos, de mayor 
edad y baja calificación, que no solo están más expuestos a la incertidumbre económica, 
sino que sufren el agravio de sus concepciones de vida. De allí que lo que parece crucial en 
estos movimientos es la respuesta cultural, y eso permite entender el rechazo a la igualdad 


19 Sanahuja, op. cit; Ronald Inglehart y Pippa Norris. “Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic 
have-nots and cultural backlash.” (2016). Harvard Kennedy School of Government. Faculty Working Papers 
Series, 1-52. 

20 Ver nota de Rosina de Armas: “Quiénes asesoran a Manini Ríos y qué ideas van a ser incluidas en su pro¬ 
grama”, El Observador, 22 de julio de 2019; también “Exasesor de Manini dice que se desvinculo porque hay un 
grupo de militares que baja línea”, El Observador , 12 de octubre de 2019. 

21 Javier Zeballos, “El Dios de Manini”, nota de opinión en el portal Montevideo.com. 24 de octubre de 2019 
[https://www.montevideo.com.uy/Columnistas/Opinion— El-Dios-de-Manini-uc733660, acceso 25 de octu¬ 
bre de 2019]. 

22 Sanahuja, op. cit, p. 69. 



de género -que puede llegar a pura misoginia-, a los derechos de minorías sexuales (aunque 
con la homosexualidad la relación es más compleja 23 ) y a las políticas sociales focalizadas (a 
las que le atribuyen el socavar la cultura del trabajo). 

Pero que no exista una relación directa entre globalización y extrema derecha, no sig¬ 
nifica que no exista relación en absoluto. Hace algunos años, Fernando Filgueira y otros au¬ 
tores propusieron la tesis de que, con relación al bienestar social, Uruguay se había diferen¬ 
ciado en tres países. Uno era lo que llamaban el “Uruguay privatizado” (sectores de ingresos 
medios altos, escasa pobreza, ocupación formal), otro el “Uruguay de pasado corporativo 
y estatal” (edad promedialmente mayor, ingresos medios, bajo nivel educativo) y el tercero 
el “Uruguay vulnerado” (promedialmente más joven, alta probabilidad de pobreza, bajos 
ingresos y nivel educativo medio o bajo) 2 ' 1 . Estos autores utilizaban la noción para analizar 
las diferencias en la estructura de riesgos y las formas de protección que tenía cada sector o 
“país”, pero es tentadora la idea de utilizar esa tesis para explicar las raíces estructurales del 
voto a la extrema derecha. En efecto, se podría suponer que los que viven en el “Uruguay 
privatizado” tienen mejores posibilidades para sobrevivir en un mundo globalizado, mien¬ 
tras que los que viven en el “Uruguay de pasado corporativo y estatal” y los del “Uruguay 
vulnerado” están más expuestos que los primeros. Pero sobre todo, lo relevante es observar 
que no es fácil encontrar un proyecto común para estos tres “países”, porque no puede haber 
un modelo de desarrollo que satisfaga las aspiraciones y necesidades de los tres al mismo 
tiempo. Al menos, no mientras el mundo continúe en crisis. Y puede argumentarse que si 
no hay proyecto común, no puede haber solidaridad, y sin solidaridad lo que emerge es el 
miedo. En este contexto, hay un caldo de cultivo favorable para la emergencia de posturas 
de extrema derecha, y eso parece reflejarse en las encuestas que señalan un crecimiento de 
los valores autoritarios entre la población 25 . 

Sin embargo, para que eso se concrete en fuerza electoral concreta es necesario que los 
actores que pretenden conquistar ese apoyo aporten su capacidad de organización y comu¬ 
nicación, y su habilidad para aprovechar las oportunidades. No es solamente una cuestión 
de voluntad o inteligencia, sino de recursos. 

Y es que lo que probablemente tuvo Cabildo Abierto -y que no tuvieron otros pos¬ 
tulantes, incluso alguno que siguió un camino parecido al de Manini, como el ex fiscal 


23 En un acto, el candidato a vicepresidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo que el Frente 
Amplio impondría una ley para hacer obligatoria la homosexualidad (El País, 26 de agosto de 2019). Poco 
después, un candidato a diputado del mismo partido afirmó que eso había sido un “lapsus”, y que la “condición 
sexual es una libertad de cada persona, que la ejercerá acorde a su real saber y entender mientras no afecte los 
derechos de los demás” (https://www.sanjoseahora.com.uy/2019/08/26/expresiones-de-domenech-fueron- 
un-lapsus-dijo-carsin). 

24 Gustavo de Armas y Fernando Filgueira: “En busca del tiempo perdido: las tareas del Uruguay social del si¬ 
glo XXI”, en Rodrigo Arocena y Gerardo Caetano (coor.), Uruguay: Agenda 2020, Montevideo, Taurus, 2007. 

25 Equipos Morí/ OPP: “Los valores en Uruguay: entre la persistencia y el cambio. Estudio Mundial de Valores ”, 
2015. [http://200.40.96.180/images/Estudio_Mundial_Valores_Informe_final 1 .pdf] 


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Gustavo Zubia 26 - fueron recursos. No recursos financieros, sino organizativos: los recursos 
de organización proporcionados por los círculos sociales y redes sociales de militares retira¬ 
dos. En efecto, el súbito éxito de este partido, la fuerte adhesión que conquistó, la masa de 
militantes que de pronto se sumaron, habla a las claras de que fue la expresión de un movi¬ 
miento social. Un movimiento social, en la definición que suelen dar las ciencias sociales, 
consiste en una masa descentralizada conducida de forma no jerárquica por un actor -en 
general una organización- y que son coordinados por el hecho de compartir un “marco 
cultural” común. Este marco cultural es un conjunto de definiciones que dan un sentido a 
la posición que cada individuo tiene en el mundo, y que sobre todo permiten dar nombre 
a los agravios a los que está siendo sometido. En este caso, no es otra cosa que el discurso 
nacionalista, antisistémico, centrado en el orden y en la idealización de la autoridad, que 
explica los males por la corrupción de los políticos, el abandono de la familia y la “pérdida 
de valores” producida, justamente, por la falta de autoridad. Un discurso simple, emotivo, y 
muy similar por momentos al de un Novick o al de un Zubia. Lo que les faltó a estos, como 
se dijo, fueron las potentes redes y la organización de que disponían los ex militares. 

Y una vez que se produjo la eclosión, se pudo captar a sectores muy diferentes pero que 
venían desde hace tiempo expresando su malestar de manera desarticulada, como los em¬ 
presarios rurales. A estos se sumaron los grupos religiosos, y por supuesto una gran cantidad 
de soldados y sus familias. 


Lo que vendrá 

Como parece obvio, el poder adquirido por Cabildo Abierto no parece augurar un 
futuro positivo para las políticas de derechos y, en particular, para las investigaciones sobre 
los sucesos durante la dictadura. Tanto el programa del partido como las declaraciones de 
Manini apuntan a impulsar la revisión de todo lo que tenga que ver con la “ideología de gé¬ 
nero” -aunque incluyen políticas de género de base familistay tradicional-, pero también 
a reglamentar el derecho de huelga, eliminar la comercialización de cannabis recreativo, y 
así por el estilo. Por supuesto, es de esperar que actúen en contra de cualquier iniciativa para 
revisar el pasado reciente, sin mencionar las presiones a la justicia en casos de violaciones de 
Derechos Humanos durante la dictadura 27 . 

Sin embargo, como ya ha sido destacado por diversos analistas a partir de los resul¬ 
tados del pasado 27 de octubre, el problema no es tanto el apoyo electoral de Cabildo 


26 Gustavo Zubia fue magistrado fiscal hasta el año 2018, y como tal hacía frecuentes apariciones en los me¬ 
dios de comunicación con opiniones muy duras sobre política criminal y enfrentamientos explícitos con el 
Fiscal de Corte. Esta exposición mediática, posiblemente deliberada también, le facilitó el ingreso a la actividad 
política al dejar el cargo, primero en el Partido por la Gente, y posteriormente en el Partido Colorado. A pesar 
de acceder al Parlamento, estuvo lejos del nivel de apoyo que encontró Manini. 

27 Según una nota de prensa, Manini sostuvo que uno de sus objetivos sería realizar cambios en el sistema 
judicial para que no haya más “dependientes del Poder Ejecutivo manipulando a la justicia”, La Diaria, 8 de 
octubre de 2019. 



Abierto, sino el retroceso de los sectores más comprometidos con la expansión de derechos 
de ciudadanía y, en particular, con la lucha contra la impunidad. Aunque los desacatos de 
Manini pueden comprenderse como una estrategia de construcción de su liderazgo, la au¬ 
sencia de reacción de los sectores liberales blancos y colorados no tiene una explicación cla¬ 
ra, y manifiesta que el discurso antisistémico no brota solo desde fuera de las instituciones. 
Si a eso se suman las confusas respuestas del mujiquismo a estos problemas, queda sobre la 
mesa una amalgama preocupante. 

La situación que vive Uruguay hoy puede haberse generado en errores en la estrategia 
seguida por las fuerzas democráticas, pero es mucho más probable que refleje la existencia 
de procesos estructurales que no se resolverán en el corto plazo, al igual que para el resto de 
América Latina. En particular, la segmentación de la sociedad uruguaya no solo restringe 
el espacio para la tolerancia y la convivencia pacífica, sino que socaba la capacidad de la 
sociedad civil para organizarse de forma autónoma y constituirse en un contrapeso capaz 
de sostener el Estado de Derecho -que de eso se trata finalmente- frente a los embates de 
vientos tan contrarios. 

Pero como la propia experiencia de la extrema derecha uruguaya parece mostrar, los 
límites impuestos por la estructuran no eliminan los márgenes de acción de los agentes. Al 
fin de cuentas, la menor radicalidad de la derecha uruguaya cuando se la compara con la 
brasileña no puede ser independiente de la consistencia y capacidad de organización que 
han tenido los grupos promotores de derechos desde el final de la dictadura. Tal vez el 
camino sea ahora pensar que el Estado de Derecho no es una mera escenografía burguesa, 
sino una conquista civilizatoria de toda la humanidad. 


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serpaj 


Montevideo, abril de 2019 

El “error”, el horror 

Por más de 30 años exigimos un abordaje riguroso, profundo y categórico respecto a 
los gravísimos crímenes perpetuados durante el terrorismo de Estado en nuestro país. 

El larguísimo camino que hemos recorrido las organizaciones de derechos humanos 
y de la sociedad civil ha sido constante y coherente: investigar, esclarecer, encontrarlas/os 
y condenar con las garantías del debido proceso, a los responsables militares y civiles de los 
años más oscuros y atroces de nuestra historia. 

Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más es muchísimo más que una consigna. Son los 
requisitos necesarios e imprescindibles para poder reparar y restaurar las institucionalida- 
des democráticas de los pueblos, cuyos tejidos sociales fueron aniquilados por las dictadu¬ 
ras. 

Para que ese proceso se pudiera dar, hemos colaborado incansablemente ofreciendo 
documentación, archivos, testimonios, relatos. Hubo también aportes valiosísimos de una 
parte de la academia investigando y sistematizando material para poder conformar esa his¬ 
toria real de lo ocurrido en nuestra historia reciente. 

Las primeras administraciones instaurada la democracia, no promovieron en absoluto 
la búsqueda de las y los desaparecidos y muchísimo menos, el esclarecimiento de lo ocu¬ 
rrido. Por su parte, las declaraciones de distintos comandantes en jefe han reivindicado el 
accionar de las Fuerzas Armadas, justificando su escabroso proceder y tildando de “revan- 
chismo” y “venganza” los reclamos de verdad y justicia, que además de legítimos fueron y 
son éticamente incuestionables. 

El ex Comandante en Jefe, Hugo Manini Ríos había tomado a su cargo la reivindi¬ 
cación de los delitos de lesa humanidad, aumentando el tenor de lo antes mencionado, 
amenazando y ofreciendo información errónea respecto del paradero de detenidos desapa¬ 
recidos, y una falsa sensibilidad que quedó al descubierto en lo que surge del contenido de 
los Tribunales de Honor. 



El I o de febrero pasado, asumió un nuevo Jefe del ESMADE, el Gral. Alfredo Erramún 
quien, en esa misma línea, ofreció brindar información a cambio de mantener la impunidad 
de los represores, como otros jerarcas castrenses lo han hecho a lo largo de estos años. 

Hoy una información “imprevista” aunque no nueva conmociona a la esfera política y 
social: desde el seno del ámbito militar, se confiesa la comisión de espeluznantes prácticas, 
con la connivencia de los integrantes del Tribunal de Honor y del Tribunal de Alzada, quie¬ 
nes entendieron que estos actos no lesionaban el honor de la Fuerzas Armadas. 

De la misma manera que los tenebrosos hechos narrados por el represor José Niño 
Gavazzo (refutados y confirmados por otro represor, Jorge Silveira) acerca de Roberto Go- 
mensoro Hoffman, Eduardo Pérez (e incluso de María Claudia García de Gelman), pare¬ 
cen no “afectar la moral del Ejército”. 

Resulta difícil entonces, categorizar dónde afectan los secuestros, las torturas exacer¬ 
badas, los asesinatos, las desapariciones, las violaciones y abusos sexuales, el robo y la apro¬ 
piación de niñas y niños y otros actos aberrantes e inhumanos ejercidos sobre miles de 
personas. 

Es claro que aplicar el derecho no necesariamente supone que haya Justicia. Lo pode¬ 
mos comprobar a través de los obstáculos constantes que se presentan en las causas judicia¬ 
les que atañen al pasado reciente. Algunas hace más de una década acompañadas de vastí¬ 
sima prueba, sin embargo, esos relatos, testimonios y documentos son permanentemente 
frenados y cuestionados por la defensa de los represores. Más aún, se amenaza y criminaliza 
a defensores de derechos humanos y a activistas. 

A la luz de lo ocurrido, resulta imprescindible la destitución de los jerarcas militares 
involucrados. Se impone la impostergable revisión de que Fuerzas Armadas son las que 
queremos, si queremos para una democracia plena, que no esté formada bajo la Doctrina 
de la Seguridad Nacional. 

Ante estos reclamos el poder civil fue permisivo y cómplice. Es hora de que el sistema 
político, los Poderes del Estado y aquellas y aquellos actores que estén involucrados, asu¬ 
man la responsabilidad de sincerarse para cerrar con verdad y justicia, el período más oscuro 
de nuestra historia. De otra manera los problemas persistirán o agravarán con imprevisibles 
consecuencias para la institucionalidad y los derechos de todas y todos. 


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Montevideo, 5 de febrero de 2019 

A la opinión pública: 

Sobre las declaraciones del Gral. Alfredo Erramún 

El día 1 de febrero asumió el nuevo Jefe del Esmade, Gral. Alfredo Erramún. 

Nuevamente, como se ha hecho costumbre, en ese acto protocolar un alto oficial en 
funciones hace declaraciones sobre varios temas, a pesar de estar inhibido constitucional¬ 
mente para realizarlas. 

Entre ellas, reitera el chantaje de brindar información sobre nuestros desaparecidos, 
que parece saber que existe, a cambio de más impunidad. 

Ante estas declaraciones, hechas con total liviandad e hipocresía, que son una falta de 
respeto a la conciencia democrática de nuestra sociedad, Madres y Familiares de Uruguayos 
Detenidos Desaparecidos expresa: 

• Exigimos que el Gral. Erramún, visto que está en conocimiento de que las Fuerzas 
Armadas tienen información, actúe en función del cargo que ocupa y se la entregue 
al Presidente de la República. Con todas las garantías de un estado de derecho que 
parece ignorar. 

Aclaramos: 

• Hace más de 30 años que los distintos jerarcas militares reclaman y ponen condicio¬ 
nes con la promesa falsa de dar información sobre el destino de nuestros desapareci¬ 
dos. Los distintos gobiernos concedieron todas esas condiciones y nunca hablaron: 
más de 25 años de absoluta impunidad que otorgó la Ley de Caducidad con los ne¬ 
fastos resultados de maniatar a la justicia e impregnar a la ciudadanía en esa cultura 
de impunidad. 

• Las Fuerzas Armadas parecen insaciables. Quieren inmunidad para sus crímenes 
mientras protestan por las reformas a su caja y las jubilaciones de los oficiales; se ubi¬ 
can fuera de la Constitución y la Ley cuando continúan opinando sobre soluciones 
para el país y avalando en discursos el golpe de Estado y sus métodos de tortura, así 
lo han hecho los sucesivos mandos desde el retorno a la democracia sin consecuencia 
alguna. Nunca demostraron arrepentimiento por los crímenes cometidos, y menos 



aún asumieron la responsabilidad que les cabe por haber usurpado el gobierno por 
la vía de las armas. 

• Corresponde a los tres Poderes del Estado generar las garantías necesarias para que 
nunca más haya dictadura en nuestro país. Tomar las medidas que correspondan 
para no permitir los desbordes inconstitucionales de los altos mandos, redimensio- 
nar las Fuerzas Armadas, reformular su formación desterrando la infame Doctrina 
de la Seguridad Nacional que sostuvo la ideología desplegada en los años de dicta¬ 
dura. Y exigir a sus mandos información y respeto. 

Una vez más decimos Basta. Impunidad responsabilidad del estado ayer y hoy. 

Verdad, Memoria y Justicia. 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 


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Montevideo, Marzo de 2019 

A la opinión pública: 

cese del Comandante en Jefe del Ejército 

Como es de público conocimiento, el Presidente de la República, cesó en su cargo de 
Comandante en jefe del Ejército, al Gral. Guido Manini Ríos. 

Hace mucho que venimos reclamando un coto a sus amenazas y mentiras, a sus desbor¬ 
des constitucionales opinando como un operador político. Y cuando en esa omnipotencia 
que le permitieron, mintió deliberadamente al Ministro y a través suyo a todos nosotros, 
sobre el lugar de enterramiento de un desaparecido, pedimos su destitución. 

A pesar de lo peligroso de la demora en tomarla, apoyamos esta decisión, no sólo por 
lo legítimo de la misma sino como un necesario acto de defensa del sistema democrático 
de nuestro país. 

Es más que pertinente ante su deliberada manifestación de no respetar el orden insti¬ 
tucional al que se debe. 

Si bien Manini Ríos fue el más notorio vocero, ésta ha sido la actitud de todos los 
Comandantes en jefe desde el retorno democrático: extralimitar sus funciones constitucio¬ 
nales, defender el golpe de Estado, avalar su conducta criminal de los 12 años de dictadura 
y ocultar la información de todo lo que hicieron. 

Por la vía de los hechos y avalados por la tolerancia de los distintos gobiernos, se nega¬ 
ron a volver a los cuarteles sin más, reclamando y manteniendo su injerencia en decisiones 
políticas, negándose a comparecer ante los juzgados continúan, aún hoy, defendiendo el rol 
que cumplieron y están dispuestos a reiterarlo. 

Las Fuerzas Armadas continuaron practicando el espionaje a los partidos políticos, 
organizaciones sociales y la ciudadanía toda, por lo menos hasta el año 2005 (como de¬ 
mostró la Comisión Parlamentaria sobre espionaje en democracia, enviando sus gravísimas 
conclusiones a la justicia a fines del 2018). 

Desde siempre, se han negado a reconocer su actuación criminal durante el período 
del terrorismo de Estado y cuando embretadas por la imposición de Tribunales de Honor 



a los criminales condenados por la Justicia, es que dejan constancia por escrito sobre lo que 
realmente piensan. El fallo del Tribunal de Honor a Maurente, Silvera y Gavazzo, constitu¬ 
yen la más cruda foto del Ejército que tenemos hoy. 

Por unanimidad estos Tribunales, consideran que la actuación de estos relevantes cri¬ 
minales (la tortura, los asesinatos, las violaciones, el robo, la apropiación de niños, la desapa¬ 
rición forzada, etc.) no afecta la moral de la Institución. Este es el honor del Ejército actual. 

Son estos incalificables resultados, los que Manini Ríos y sus generales defienden a 
ultranza y para hacerlo atacan sin tapujos al Poder Judicial en su conjunto. 

Antes en la cerrada defensa de sus incuestionables privilegios, cuestionó a un Ministro 
y al Parlamento. Así en poco tiempo el ex comandante menoscabó a los tres Poderes del 
Estado democrático de nuestro país. 

Este peligroso camino que erosiona día a día nuestra institucionalidad democrática 
viene siendo lamentablemente aceptado y el sistema político en su conjunto fue omiso en 
ponerle un freno a su desarrollo. 

Ante esa falta de firmeza, Manini Ríos continuó actuando y su ejemplo fue seguido 
por otros altos mandos, como el Gral. Alfredo Erramún, que en un nuevo acto de vil chan¬ 
taje pretende cambiar remotas posibilidades de información por más impunidad, como si 
ya no hubieran gozado de años de ella sin ofrecer jamás un ápice de verdad. 

Nos hemos expresado en un sinfín de oportunidades sobre las condiciones indispen¬ 
sables para quien comande la Institución militar: debería sostener una firme postura que 
condene el pasado golpista y asumir el compromiso de proporcionar toda la información 
que poseen a la Justicia, para que ésta pueda actuar tanto en la búsqueda de los detenidos 
desaparecidos como en el juzgamiento a los responsables de estas graves violaciones. 

Pero el comandante en jefe recién nombrado, integró y votó las sentencias de los Tri¬ 
bunales de Honor, haciéndose eco del cuestionamiento al Poder Judicial y al concepto de 
que las cuantiosas pruebas de tortura, violaciones etc. que se presentaron no infieren delito 
alguno que toque el honor de la Institución. Empezamos mal, muy mal. 

Hacemos un llamado a la responsabilidad de todo el espectro político. 

Ha permanecido entre nosotros un poder paralelo; nada se arregla cambiando de 
nombre si no vamos al fondo de la cuestión. Lo que nos queda es terminar de comprender 
que si no se efectúan los cambios imprescindibles dentro de las Fuerzas Armadas, continua¬ 
remos en esta eterna y endeble transición, que se ve más débil aún en el concierto autorita¬ 
rio que está creciendo en América Latina. 

La totalidad de los partidos políticos y los representantes de los tres Poderes deberían ha¬ 
ber cerrado filas apoyando al Ejecutivo en un momento tan crucial. Sólo la ceguera electoral 
o la complicidad pueden justificar las críticas y aún los apoyos otorgados al ex comandante. 


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Este año, en que se discute la Reforma de la Ley Orgánica Militar, el Parlamento que 
tiene un deber muy grande con la ciudadanía, debiera hacer cambios profundos al definir 
las funciones de las Fuerzas Armadas. Esencialmente acotando sus cometidos en este pe¬ 
queño país, que no precisa guerras sino soluciones sociales. No precisa tropas sino obreros 
que levanten viviendas; bomberos que prevengan incendios forestales, educadores, médi¬ 
cos, técnicos, redimensionándolas a lo estrictamente necesario. 

Debemos reformular las Fuerzas Armadas, hacerlo a fondo y en serio, afianzando su sen¬ 
tido democrático, marcando sus límites, sus objetivos y su formación, para que abandone de 
una vez por todas la Doctrina de la Seguridad Nacional, que permanece como la guía de su 
accionar, terminando así con los privilegios y todas las rémoras del período dictatorial. 

Su desmesurado número de integrantes, especialmente su abultada oficialidad gene¬ 
rada, ocupando cargos durante los años de dictadura se hace insostenible además, por su 
enorme costo y su innecesario despliegue a tareas que no debieran ser de su competencia. 
No son agentes sociales. Se deben a una verticalidad que hoy peligrosamente está cuestio¬ 
nando su mando superior que es el Presidente de la República. 

Es a esa excesiva tolerancia y prebendas a sus oficiales que les otorga su Ley Orgánica 
vigente, creada por ellos en plena dictadura, lo que el sistema político debe cuestionar y 
reformular. Pero reformular en serio. 

Es una Institución especialmente subordinada al poder civil. Y todos los partidos que 
se presentan a la contienda electoral deberían jerarquizar este aspecto y comprometerse a 
que ningún Ministro de Defensa provenga de sus filas. 

Y, por sobre todas las cosas no entreguemos nuestra seguridad como un cheque en 
blanco a quienes ven como honorable la tortura, los asesinatos, las desapariciones, las vio¬ 
laciones, el robo de niños. Recordemos que en un pasado no muy lejano supimos el día 
en que salieron a las calles pero no cuándo regresarían a los cuarteles. Y sobre todo, lo que 
vivimos mientras estuvieron en ellas. 

Por lo tanto una vez más, como lo hicimos en el comunicado del 30 de noviembre de 
2017: Nos dirigimos al Estado todo, responsable ayer y hoy de la impunidad, a comprome¬ 
terse con estos cambios. Al gobierno y a la oposición, ya que ésta lucha no tiene bandera 
partidaria. La necesitamos todos, es de todos. Y aún estamos a tiempo. 

Todos han expresado en estos días que la búsqueda de los desaparecidos debe conti¬ 
nuar. Ese derecho requiere de compromisos y medidas que seguimos esperando: las Fuerzas 
Armadas de este país los secuestraron, los torturaron en sus predios, lo hicieron con su 
personal y registraron en actas que todos absolutamente todos los Comandantes en Jefe 
custodiaron y seguirán custodiando mientras nos amenazan, hasta cuándo ? 

Verdad - Justicia - Memoria 
Nunca más Terrorismo de Estado. 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 




Foto: Santiago Mazzarovich 


Fuerzas Armadas y democracia en vísperas de las 

elecciones 2019 


Selva López Chirico 1 


Los Informes Anuales de Serpaj de 2017 y 2018 abundan en datos sobre las difíciles 
relaciones entre Fuerzas Armadas (FFAA) y sociedad generadas a raíz de la dictadura mili¬ 
tar que se han ido revirtiendo con dificultad a partir del retorno de la democracia. En estos 
días, nuestro medio se vio conmocionado por la aparición de los restos de Eduardo Bleier, 
muerto en tortura por la dictadura. Esto planteó crudamente el debe que aún tenemos en 
relación con la búsqueda de detenidos desaparecidos y las oportunidades en que las voces 
militares se han hecho oír asumiendo las razones de la represión en la dictadura, planteando 
con claridad la necesidad de no bajar la guardia, cultivar la memoria de la historia reciente 
y tratar de avanzar siempre en el control de ese díscolo sector del Estado que son las FFAA. 

Dos novedades se hacen presentes por estos días: por un lado, la aparición en el siste¬ 
ma político de un nuevo partido liderado por un militar que ha cimentado su liderazgo en 


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Profesora de Historia, jubilada. 


MEMORIA E IMPUNIDAD 












DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


actos que desafiaron a su mando político natural, por otro, el Poder Ejecutivo y la demanda 
desde el espectro político partidario de la participación militar en un nuevo esquema de 
seguridad pública delineado en el proyecto de “Vivir sin miedo”, de un sector del Partido 
Nacional, que nos pondría a tono con la tendencia ya impuesta en el continente. 

Todas estas manifestaciones tienen que ver con dos aspectos que subyacen a las rela¬ 
ciones de las FFAA con el sistema político democrático: una estructural, que sobrepasa am¬ 
pliamente a la realidad de nuestro país y es afín a todos los sistemas políticos de Occidente 
que plasman un orden liberal republicano democrático y otra que tiene que ver específica¬ 
mente con la forma de ser de nuestro país y de su trayectoria política. 

Respecto a la primera, los especialistas en el tema militar aluden a ella bajo la desig¬ 
nación de “paradoja del controlador controlado”. Fas FFAA, que encarnan la violencia del 
Estado y que en Occidente aparecen ligadas a la fundación del mismo, figuran como garan¬ 
tes de un orden de derechos ciudadanos (entre los cuales están la libertad, la seguridad y la 
igualdad) y ostentan al mismo tiempo, por sus características institucionales, la capacidad 
de desarrollar un margen de autonomía capaz de conducirlas a escapar a la subordinación al 
poder político sancionada en el ordenamiento constitucional de las naciones. 

Es decir, la ley y el reglamento institucional se constituyen en el eje de una contradic¬ 
ción. Fas normas de jerarquía y disciplina que rigen a la institución militar, tienden a alterar 
al interior de la institución la vigencia plena de los derechos ciudadanos consagrados en la 
Constitución, generando una realidad desfasada de la que la ley constitucional determina 
para el conjunto social. Puertas adentro de la institución militar rige el reglamento, cuya 
52 aplicación se impone de acuerdo a la disciplina y a la sanción que corresponde a una falta a 
sus dictámenes. En el medio social global, el orden se rige por la ley y una transgresión a la 
misma configura un delito, susceptible de una pena que la propia ley consagra. 

Falta y delito son expresiones de dos formas diversas de imponer el orden y gestionar 
el poder, discontinuas pero convergentes a la hora de fundarlo. Fa falta significa una acción 
fuera del reglamento disciplinario y debe ser sancionada de inmediato por el superior je¬ 
rárquico. Aún cuando haya derecho a reclamo, este ocurre después de aplicada la sanción, 
cuando sus efectos ya se han hecho sentir de acuerdo al arbitrio del superior que la decidió 
y aplicó. Fa pena es la respuesta a una transgresión al orden legal -el delito- y exige previo 
a su aplicación, la demostración de la culpabilidad del reo, “que es inocente hasta que se 
demuestre lo contrario”. Fa aplicación de la sanción disciplinaria responde a una mecánica 
donde el poder aparece desnudo,se presume la culpabilidad y la sanción traduce el arbitrio 
del que manda, el ejercicio neto del poder. Fa sanción cumple su cometido aún en los casos 
de inocencia. Fa aplicación de la pena, por el contrario, se realiza mediada por la ley, que 
delimita un campo de derechos y soberanía del ciudadano. Se trata, en verdad, de dos ór¬ 
denes antitéticos. 

Fas FFAA se rigen por el principio de disciplina y las condiciones de socialización en 
un espacio cerrado aumentan el efecto de consolidación de un cuerpo que se diferencia de 



su entorno social. Estas condiciones, ligadas a la especialización y complejidad funcional, 
son capaces de generar dosis elevadas de autonomía. De ahí las dificultades inherentes a la 
subordinación de la institución al ordenamiento jurídico de la nación y su frecuente ten¬ 
dencia a transgredirlo. Las constituciones generan dispositivos legales para contrarrestar 
esta tendencia, a través de requisitos para las promociones, sujeción al mando político del 
comando institucional, etc... Pero la efectividad de estos mecanismos depende tanto de las 
circunstancias como de la atención y eficiencia que demuestre el poder político respecto 
al accionar de la institución militar. Este es un tema recurrente en la relación de todas las 
FFAA de los Estados de Occidente en regímenes democráticos. 

Respecto a los problemas que son específicos de nuestro país, ellos tienen que ver con 
la peculiar forma de inserción de la institución armada en un país de las dimensiones, situa¬ 
ción geopolítica y trayectoria institucional del Uruguay. Nuestro país gozó por lo menos 
desde 1915 de cincuenta años de convivencia bajo pautas democráticas, salvo la interrup¬ 
ción de 1933 a 1942. De ahí que la función de garantes del orden interno que las constitu¬ 
ciones liberales les asignan aparece mediatizada. 

Lo mismo ocurre con la otra función legítima, que es la defensa de la soberanía na¬ 
cional. En este caso, por la escasa dimensión del país y su situación geopolítica, como cuña 
entre dos grandes potencias que minimizan la posibilidad de un componente militar de la 
Defensa y maximizan el papel de la diplomacia y las formas jurídicas. Por lo menos hasta 
comienzos de la Segunda Guerra no tenemos un enemigo visible a la vista. 

Pero el ingreso a la órbita de influencia norteamericana nos involucra en la política 
de “defensa continental” a través de el entramado de tratados intercontinentales que nos 
comprometen una vez comenzada la Guerra Fría. La influencia norteamericana comienza a 
hacerse sentir en los programas de ayuda, armamentos, entrenamientos y adoctrinamiento 
en instituciones norteamericanas. Luego del triunfo de la Revolución Cubana, que marca 
el ingreso a la Guerra Fría en el subcontinente americano, se perfila con nitidez un enemigo 
que evoluciona desde el “comunismo internacional” hacia el “enemigo interno” una vez 
impuesto el concepto de “fronteras ideológicas”, codificado en Estados Unidos de Nortea¬ 
mérica a partir de diversos aportes de Occidente y que a nuestros lares llegó directamente 
de reelaboraciones en la Escuela Superior de Guerra de Brasil, una vez inmerso este en el 
orden dictatorial que se extendió por la región desde 1964. 

La crisis en que se sumerge el país desde mediados de los años 50 da lugar a un incre¬ 
mento de las movilizaciones populares y sindicales que suscitan la represión por parte de 
un gobierno crecientemente autoritario, en que las FFAA serán llamadas a tener un papel 
central. La doctrina del “enemigo interno” - ya en boga en otros puntos del continente - es 
abrazada con entusiasmo por nuestras FFAA, ya que esa figura les da una razón de ser real 
en el orden institucional del país. La lucha contra la “subversión” y posteriormente la “se¬ 
dición”, cuando se hace presente el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), significó 
por primera vez el enfrentamiento a un enemigo tangible en torno al cual elaborar su doc- 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


trina y disponer el orden de sus medios militares. No obstante, las discrepancias ideológicas 
al interior de la institución fueron una realidad hasta avanzado el proceso hacia la dictadura 
y fueron el disparador de un verdadero proceso de depuración interna. 

Esa doctrina que coloca en el centro al enemigo interno se consolidó en lo que recibió 
el nombre de Doctrina de Seguridad Nacional, en que la tradicional función de Defensa 
fue sustituida por una mucho más inclusiva y extensa, que hacía lugar a un papel político 
para las FFAA en la tarea de dar “seguridad para el desarrollo”. Este nuevo bagaje ideoló¬ 
gico, que inspiró transformaciones en la institución militar, se consagró en una nueva Fey 
Orgánica Militar que vio la luz en plena dictadura, 1974. 

Desandar ese camino fue un trabajoso proceso llevado a cabo en el período de retorno 
a la democracia, o “transición” como se lo denomina en la historia nacional. Durante el mis¬ 
mo se eliminaron algunos de los aspectos más rispidos de la ley de 1974. De todas formas, el 
hecho de que en el país se superó el período militar en forma concertada y sin que mediara 
una derrota de la institución armada (caso argentino) contribuyó a que se saliera de aquel 
trance con un pasivo importante: no hubo cobranzas a la institución por los crímenes y 
toda clase de excesos cometidos durante el período autoritario (salvo el homicidio) y esto 
quedó consagrado en la llamada Fey de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. 
Esta salida significó una viva sensación de injusticia -hasta hoy- para la parte de la sociedad 
que había sufrido tortura y tenía detenidos desaparecidos que lamentar. Esta vivencia se 
reedita cada vez que se produce la aparición de los restos de algún desaparecido, lo que 
vuelve patente la desinformación y actitud mentirosa en que incurrieron las FFAA cuando 
negaron que hubiera habido muertos en tortura e incluso elaboraron historias que han 
resultado falsas sobre el destino dado a los fallecidos en cuarteles (“Operación zanahoria”). 
También en la inexistencia de colaboración para encontrar los restos de quienes desapare¬ 
cieron. 

Tales circunstancias no han facilitado una convivencia pacífica-ya de por si difícil- con 
una institución que en muchas oportunidades ha manifestado apoyo a la conducta osten¬ 
tada por la institución armada durante el proceso, con la aquiescencia de una parte de la 
sociedad civil. Además, la presencia de las armas en la historia reciente del país tanto como 
el lugar incierto que ocupan en el esquema suscitan la apelación a ellas desde diversos ángu¬ 
los del sistema político. En la actualidad, es el caso del proyecto de reforma constitucional 
que persigue el movimiento “Vivir sin miedo” promovido por Jorge Larrañaga, integrante 
del Partido Nacional. El mismo pretende crear los fundamentos institucionales que habi¬ 
liten mecanismos que hoy transgrederían derechos consagrados en la Constitución. Con 
el pretexto de poner freno a la inseguridad que causa la expansión del delito común, se 
postulan los allanamientos nocturnos, la introducción de penas que hoy no existen y la 
utilización de las FFAA en tareas policiales. Esto último responde a un ademán común en 
aquellos que no le encuentran una función cierta a las FFAA y pretenden encontrarla en la 
transferencia de funciones con la policía. El referéndum del próximo 27 de octubre deberá 



decidir sobre el asunto, cuyo triunfo significaría imponer mecanismos capaces de propiciar 
desbordes difíciles de contener, utilizando una institución que no tiene la formación para 
ejercer tareas policiales y existe en función de combatir a un “enemigo”, que nunca debe ser 
un conciudadano. 

El otro es un hecho inédito en el país. Un militar de alta graduación que funda un par¬ 
tido político, cuyo liderazgo ejerce. Eso, luego de irrumpir en la escena pública a través de 
episodios de transgresión a las limitaciones que la ley le impone dada su condición militar 
respecto a opiniones en el campo político, al punto de ser cesado en su calidad de Coman¬ 
dante en Jefe del Ejército por su mando superior, el Poder Ejecutivo. Eso, luego de haber 
manifestado aquiescencia a la actuación militar en nuestra historia reciente y una confusa 
actuación en el juicio a un militar muy vinculado a los peores sesgos de la represión durante 
la dictadura; con una postura respecto a la lucha de familiares de detenidos desaparecidos 
que considera ya saldada esa cuestión y también como emisor de dichos poco respetuosas 
hacia el Poder Judicial. 

El liderazgo del nuevo partido, que se reclama adherente al ideario artiguista, ostenta 
una prosapia ligada a las fuerzas más conservadoras del país y contiene en su staff integran¬ 
tes y asesores ligados directamente a las tareas de represión durante el período dictatorial e 
incluso de actuación probada en los grupos violentos de la etapa predictatorial. De acuerdo 
a la legislación electoral del país, existe la posibilidad de que esta nueva fuerza, que ha con¬ 
citado más de un 10% de adhesiones, sea requerida para integrar una coalición de fuerzas 
políticas en caso de existir una segunda vuelta electoral. Ocurra o no esta eventualidad, por 
primera vez tenemos en el país una fuerza política de índole militar, que aunque presenta 
incógnitas en muchos aspectos, ha dado ya muestras de afinidad con el período de ruptura 
democrática que sufrió el país entre 1973 y 1984. 

Tales circunstancias confieren importancia a la tarea de generar políticas públicas que 
atiendan al tema militar como esencial al país. El gobierno de índole progresista que asu¬ 
mió la responsabilidad de gobierno en 2005 manifestó cierta morosidad al enfocar el tema, 
sin duda debido a su carácter delicado y a la diversidad de posiciones en sus diversos sec¬ 
tores. No obstante, fue eliminando los aspectos más rispidos de la Ley Orgánica de 1974, 
aprobada en plena dictadura. En el transcurso de los debates acerca de la modificación o 
sustitución de esa ley, se aprobó la Ley Marco de Defensa Nacional (19.02.2010)que ade¬ 
lanta acerca de muchos temas que van a estar contenidos en la Reforma de la Ley Orgánica 
Militar aprobada en julio del año en curso, con el voto conforme de los legisladores del 
partido de gobierno más los del Partido Independiente. 

La misma restablece la Defensa Nacional como misión principal de las FFAA, elimi¬ 
nando toda referencia a la Seguridad Nacional. Según la nueva legislación, las FFAA tienen 
el cometido de la “defensa de la población, la soberanía, la independencia e integridad terri¬ 
torial, la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determine el Poder Ejecutivo”, 
así como “contribuir a preservar la paz de la República en el marco de la Constitución de la 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


República y las leyes”. Determina los mandos de cada fuerza reduciéndolos sensiblemente; 
elimina los Tribunales de Honor sustitiyéndolos por Tribunales de Ética y pone especial én¬ 
fasis en que ningún militar está obligado a cumplir órdenes que contradigan lo establecido 
en la Constitución y las leyes sobre Derechos Humanos. 

La oposición acota que se establece el número de mandos y las dimensiones de la ins¬ 
titución sin haber debatido previamente cuáles son las misiones que deberán cumplir, a 
partir de lo cual se podrían establecer los cuadros necesarios para llevarlas a cabo. 

Añaden que una ley de esa magnitud, debería contar con el respaldo de todo el espec¬ 
tro político y no ser el fruto de una mayoría simple. Se propone sustituir la ley si consigue 
llegar al gobierno aunque no da a conocer en qué sentido irían las reformas introducidas. 
Por tanto, el tema no se puede considerar saldado y es previsible que vuelva a aparecer repe¬ 
tidas veces en la escena política nacional. 


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Montevideo, I o de mayo 2019 

Oratoria Día de los Trabajadores 

En el día de los trabajadores, salú compañeras y compañeros. Gracias por darnos este 
espacio. 

Lo agradecemos hoy especialmente porque para nosotros éste no es un primero de 
mayo más. 

Los hechos sucedidos hace apenas un mes al hacerse pública una parte de las actas de 
los Tribunales de Honor de Gavazzo, Silveira y Maurente condenados por gravísimos deli¬ 
tos de lesa humanidad nos sacudieron. 

El asombro de la ciudadanía ante el desparpajo de las tenebrosas “confesiones”; el jui¬ 
cio impúdico de los Generales sobre las mismas (resolviendo que esos terribles delitos no 
afectaban el honor de las Euerzas Armadas) y el impacto de una medida ejemplar como lo 
fue el cese de 7 generales, rodeada de confusas actuaciones por parte de todos los implica¬ 
dos, incluida la presidencia, hace que hoy nuestra reflexión deba ser mayor, más profunda. 

Estamos en un momento muy grave. Que necesita de respuestas y acciones contun¬ 
dentes 

Esta cadena de hechos puso al descubierto sin tapujos qué Fuerzas Armadas tenemos 
hoy. Cómo piensan, qué valores las mueven y esencialmente cómo se siguen formando. 

Quedó claro, lo que piensan uno tras otro, sin fisuras, todos los generales, incluso los 
incorporados en democracia. 

Pero también quedó claro la poca transparencia y motivación con la que se han mo¬ 
vido en este tema los gobernantes de todos los partidos que se han alternado en el poder. 
(Colorado, Blanco y del Frente Amplio) 

La condescendencia que tuvo todo el sistema político desde el 85 hasta ahora no hizo 
otra cosa que fortalecer la impunidad y sus intereses contrarios a la institucionalidad de¬ 
mocrática. 

Que se hiciera tan poco para cambiarlas no quiere decir que permanecieran estáticas. 
Al retorno de la democracia el principal objetivo de las Fuerzas Armadas fue preservarse y 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


mantener la impunidad, y de múltiples formas se blindaron eludiendo su responsabilidad 
frente a la justicia. 

Luego se mostraron más. Por ejemplo: el incesante espionaje practicado a políticos 
y activistas; las continuas declaraciones de los Comandantes avalando el golpe de Estado, 
su creciente interés por ganar visibilidad inmiscuyéndose en áreas que no les corresponde. 
Hay varios manuales y protocolos en los archivos de las Fuerzas Armadas (incluso actuales) 
que van saliendo a la luz. 

Así nos enteramos que las Fuerzas Armadas han trabajado mucho internamente para 
formar a las sucesivas generaciones hasta el día de hoy en un pensamiento homogéneo, que 
las coloca por fuera y por encima de las instituciones del estado al que debieran estar su¬ 
bordinadas. Descuentan que nadie les pondrá freno y se manejan con sus propias normas. 

Apuestan a una verticalidad que los cohesiona ideológicamente apoyados en la de¬ 
puración previa de cada nueva generación de aspirantes para que esa cohesión funcione, 
respondiendo sólo a sus mandos. 

Estas (7) destituciones no quieren decir nada si el Parlamento no las avala y todavía no 
está claro si lo harán. 

Compañeros, compañeras, no debemos mirar para otro lado. Tenemos que hablar de 
esto y exigir soluciones urgentes, pues de éstas depende el corazón mismo del sistema de¬ 
mocrático. 

No podemos permitir que el estado y los gobiernos, que son quienes lo representan, 
actúe como si este fuera un episodio terminado porque no lo está, apenas comienza. 

No alcanza un tirón de orejas al Gral. Feola para resolver este gigante paquete que nos 
estalla en la cara. 

Hoy es esencial que los gobernantes, empezando por el presidente, asuman su respon¬ 
sabilidad. Y nosotros la de estar movilizados para exigirlo. 

Que hasta hoy se haya mantenido una ley orgánica hecha a medida por ellos mismos 
en 1974, plena dictadura, es una vergüenza!! 

Debemos cambiarla, pero no de cualquier manera. 

El legislativo debe resolverlo con absoluta prioridad, pero discutir una reforma a fon¬ 
do. 

Las Fuerzas Armadas deben volver a estar enmarcadas únicamente en sus funciones 
originales, no debemos seguir asignándoles roles que pueden cumplir organizaciones ci¬ 
viles, disminuir drásticamente su número, especialmente el de la oficialidad, a quienes se 
le debe recortar sus absurdos privilegios. Y si no cambiamos radicalmente su formación 
erradicando la infame Doctrina de la Seguridad Nacional, todo esto será en vano. 



En cuanto al Poder Judicial: Sus reiteradas omisiones son vergonzosas. Hay más de 
treinta casos en los cuales los jueces aún no se expiden. 

La reciente resolución de quitarle la tobillera a Gavazzo, cuando acababa de relatar sus 
crímenes, es una cachetada a la sociedad y una burla al sistema de justicia, como lo es el fallo 
del Tribunal de Apelaciones que permite nuevas chicanas de las defensas paralizando los 
expedientes. Su accionar sólo alimenta los desbordes militares y la impunidad. 

Mientras tanto nuestros desaparecidos siguen siendo rehenes de esta falta de firmeza 
por parte del Estado. 

Hoy estamos aquí para exigirle a todo el Estado, a todos los partidos, una drástica 
acción sobre las Fuerzas Armadas, acción que esta indisolublemente unida a desterrar la 
impunidad que se instaló como una perversa práctica de tolerancia a los criminales y que 
no ofrece ninguna garantía a una sociedad democrática. 

Compañeros, la lucha por encontrar a nuestros desaparecidos, es parte de todas y cada 
una de las luchas reivindicativas y políticas de hoy. No sólo porque ellos fueron parte de 
la lucha popular, como trabajadores, estudiantes, militantes sociales y políticos. Lo siguen 
siendo!! como bandera contra la impunidad y todos los resabios del terrorismo de Estado. 

No olvidemos que el delito contra sus personas sigue ocurriendo hoy, y con él, la ame¬ 
naza que implica para Uds. Y vuestros hijos los luchadores del presente. 

Basta ya de dar vuelta la cara y no afrontar la realidad! 

No queremos estas Fuerzas Armadas 
Ni la impunidad de los crímenes que cometieron. 

Exigimos garantías para una democracia plena. 

Que nos digan donde están nuestros desaparecidos! 

Impunidad: responsabilidad del estado ayer y hoy. 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 


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Montevideo, 4 de junio 2019 
Institución nacional de Derechos Humanos 

Mesa: Fuerzas Armadas, Democracia y Derechos 

Humanos 

Es necesario que el debate que dispararon los Tribunales de Honor al hacerse públicas 
sus actas continúe. Porque precisamos saber más, porque debemos exigir más y no aceptar 
la idea de que esto quedó saldado, sino todo lo contrario. 

Quedó claramente expuesto qué Fuerzas Armadas tenemos hoy. El tema nos preocu¬ 
pa y mucho. Mas aún después de la votación del senado, negando las venias. De la oscura 
manera en que todo salió a la luz y en definitiva del triste e incierto panorama que nos deja. 

La alerta pública que estos hechos desataron y la rotunda respuesta de la inmensa mar¬ 
cha del 20, abrieron puertas para recorrer un camino que diera respuestas contundentes a 
esta grave situación. Pero no lograron aún un cambio drástico de la voluntad política sobre 
este tema. 

No es la primera vez que esa “tensión” entre el poder civil y las Fuerzas Armadas se hace 
visible. Sucedió hace poco por ejemplo con la iniciativa de modificar la Caja Militar, que 
frente a esta presión fue cediendo en los alcances de la reforma. 

El tema Fuerzas Armadas no es un tema más. Representa el corazón de lo vivido du¬ 
rante el terrorismo de Estado. La cruda exposición del pensamiento de los generales de hoy, 
mostró lo que pervive enquistado y tolerado por los gobiernos durante estos 33 años de 
democracia. 

El erróneo camino de impunidad que iniciaron los primeros gobiernos post dictadura 
y la poca voluntad política que se ha mantenido hasta hoy, no ha hecho más que aumentar 
los riesgos futuros de nuestra democracia. Allí es donde radica el germen potencial de la 
repetición de un quiebre institucional, bajo las mismas o diferentes formas que ya vivimos. 



Porque, ¿qué podemos esperar de unas Fuerzas Armadas que dieron el golpe, que ejer¬ 
cieron el terror de Estado, que controlaron cada aspecto de nuestra vida; si, desde el 85 
hasta acá, no se hizo el menor esfuerzo por reformarlas ? 

Las dejaron continuar intocadas, manteniendo su formación según su propia versión 
de la historia, en el orgullo y la reivindicación de lo que habían realizado; y aceptando su 
Ley Orgánica, hecha por ellos mismos, en 1974! Obviamente con privilegios y ajustada a 
una situación de dominio total de la sociedad. 

Hoy, en el año 2019, se están formando cadetes en la Doctrina de la Seguridad Nacio¬ 
nal. En la misma ideología sostenida en aquéllos años, en que se autodefinieron como los 
salvadores de la patria. Hoy Manini lo expresa nuevamente con claridad al decir que la so¬ 
ciedad occidental y cristiana está en crisis y no la salvará el liberalismo. Según sus reflotadas 
ideas, hay que ir a los fundamentos, a la familia como núcleo, a lo más rancio de la iglesia y 
a las Fuerzas Armadas como institución incorruptible destinada a ser la ultima salvaguarda 
de esa sociedad. 

Defensores acérrimos de la impunidad, su impunidad, terminan sintiéndose un cuer¬ 
po por encima y por fuera de nuestra institucionalidad, sin obligación de subordinación 
alguna a los poderes del Estado y con potestades para, por ejemplo, espiarnos como lo hi¬ 
cieron por lo menos hasta el 2005 (y nadie asegura que no lo estén haciendo ahora). 

Si además, se les asigna nuevas tareas en cárceles y fronteras, como se hizo, se les permi¬ 
te opinar sobre temas ajenos a su incumbencia (sin respetar los límites constitucionales que 
tienen) hasta convertirlos en actores políticos naturalizados por los medios; se les tolera 
hasta mentir y burlarse descaradamente mientras afirman colaborar en la recuperación de 
los restos de nuestros desaparecidos, es comprensible que hoy estemos ante la posibilidad 
que gane el referéndum-Larrañaga y que este mismo Ejército, anquilosado en su tenebroso 
pasado, se pueda volcar otra vez a las calles en tareas de represión. La situación es grave. 

De todas las omisiones cometidas por los gobiernos, no juzgar sus crímenes en el mo¬ 
mento que se recupera la institucionalidad democrática, fue el peor gesto de complicidad 
con una dictadura feroz que destrozó años de la vida de este país. Esa falta de justicia, blin¬ 
dada por 15 años, no termina de despegar. Es una vergüenza frente al mundo entero, una 
afrenta cotidiana que impregna a toda la sociedad. 

No es cierto que era imposible otro camino, como argumentaron los artífices de la Ley 
de Caducidad. El primer parlamento del año 85 votó la amnistía, de la que excluyó expre¬ 
samente a los militares, policías y civiles que participaron en el golpe de Estado. Se discutió 
mucho, tanto que hasta la infame ley de caducidad tuvo que dejar fuera de su alcance a los 
civiles y los mandos militares para tener los votos suficientes. 

Los primeros presidentes profundizaron la impunidad interpretando automáticamen¬ 
te que todo estaba amparado por la ley. Incluso la desaparición y posterior asesinato de 
Berrios ocurrido en el año 93 gozó de una “caducidad implícita”. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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Los gobiernos frenteamplistas aunque interpretaron restrictivamente la ley primero y 
anularon sus efectos después (recién en el 2011) prolongaron esta tolerancia manteniendo 
a las Fuerzas Armadas tal cual. Pensaron -lo han dicho- que encontrarían en sus filas mili¬ 
tares “amigos, demócratas”, desconociendo la participación institucional -en los crímenes 
de la dictadura ampliamente denunciada y probada. 

Apostaron también a dar vuelta la página, a reconciliarnos, a que la muerte de esta ge¬ 
neración por sí misma generaría una depuración y un cambio. Este atajo escogido nos deja 
frente a la grave situación de hoy. Así por acción u omisión, todos los gobiernos abonaron, 
de una u otra forma, a mantenerlas tal cual y a la naturalización de la impunidad como algo 
que indefectiblemente tenemos que tolerar como parte de las reglas de juego de esta demo¬ 
cracia post terrorismo de Estado. 

Resultado: una institución cohesionada, anclada en su pasado, absurdamente inflada 
en oficialidad, en prebendas y objetivos, con el contrapeso de mantener su pacto de omertá 
cobijando sus crímenes y ocultando a nuestros desaparecidos. 

Fue la movilización social, su labor persistente y comprometida la que de a poco logra 
dar forma a los espacios de memoria, de transmisión, de denuncia. El esfuerzo en pos de 
leyes reparatorias, de consagrar delitos de lesa humanidad, de memoria y hasta el logro del 
tardío decreto para dejar sin efecto la ley de caducidad nos fortalecieron en este camino y 
logramos sostener esta llama de verdad y justicia que va circulando por nuevas generacio¬ 
nes, que no aceptan la lógica de la impunidad y reclaman hoy por otras garantías. 

Esas garantías que deberían provenir de los gobernantes, son las que tenemos que exi¬ 
gir, ya que nadie hasta ahora ha tenido interés en abordar este problema con seriedad y 
responsabilidad. 

Las organizaciones sociales que planteaban desmantelar el aparato represivo no es¬ 
taban equivocadas pero eran gotas en el desierto de la impunidad. ¿Cómo es posible que 
recién en el último año del tercer periodo de gobierno del Frente Amplio se reforme la 
Ley Orgánica Militar del año 74? ¿Y que ésta sea rápidamente aprobada sin ahondar en la 
discusión de este tema? 

Claro que es mejor la nueva ley, pero como en el caso de la reforma de los retiros privi¬ 
legiados los cambios propuestos, aunque en algunas áreas son importantes (doctrina, etc.), 
parecen por ahora suaves y desparejos. 

Lamentablemente se ha perdido la oportunidad de una discusión más profunda, que 
defina una política de Estado al respecto: Eso es lo que necesitamos y es incomprensible 
que no se encare. Debemos definir qué Fuerzas Armadas necesita nuestro pequeño país, si 
es que las necesita. Reducirlas al máximo, no votar las misiones de paz, ni darles objetivos 
que son propios de otros sectores del Estado. Incidir y verificar realmente su formación. 
¿Cómo se va a llevar adelante? ¿En manos de quién y con qué control? Porque si algo apren¬ 
dimos es que no puede quedar en sus propias manos, ni que esta discusión sea de su ámbito 



“profesional”. Deberemos estar muy atentos a la reglamentación de la nueva ley. Todo esto 
que debió comenzar hace 30, o por lo menos 15 años, es importante encaminarlo, pero no 
resuelve la situación actual. 

Hoy se necesitan medidas urgentes que muestren la voluntad política de cortar con ese 
pasado y que guíe un camino democratizador de las Fuerzas Armadas y de fortalecimiento 
de nuestra institucionalidad. 

Esas medidas pasan por responder la consigna que encabezó la Marcha: “¡Que nos 
digan dónde están! 

Medidas que se asientan en un Ejecutivo que no tolere el mas mínimo desvío a la 
exigencia de entregar información, la documentación que todavía esconden y la verdad de 
todo lo que hicieron. Y obviamente, los cuerpos de nuestros desaparecidos que continúan 
siendo sus rehenes. Un Ejecutivo que responda con firmeza al no cumplimiento de esa 
voluntad. 

Un Legislativo que respalde una política de Estado que busque esta democratización 
de las Fuerzas Armadas. Un Poder Judicial a la altura, dispuesto a frenar todo delito de lesa 
humanidad. Y por supuesto que todo esto sea público. Tenemos el derecho de conocer y los 
gobernantes la obligación de informar. 

El secreto, la falta de verdad y transparencia sólo abona a la impunidad. Tenemos que 
conocer a fondo lo sucedido. Por el derecho que tenemos como sociedad y también por un 
razonamiento lógico no se puede rechazar lo que no se conoce. 

Muchas de las conductas criminales de las Fuerzas Armadas se han hecho visibles gra¬ 
cias al coraje y persistencia de los denunciantes, ex presos, familiares de víctimas, abogados, 
periodistas, organizaciones sociales, sindicatos y más. 

Algunas pocas denuncias han logrado sentencias firmes e irrevocables en el sistema 
judicial. Otras veces, son los mismos integrantes de las Fuerzas Armadas que las dejan al 
descubierto, (como pasó con los Tribunales de Honor) y han quedado tan evidentes que ni 
siquiera los políticos que históricamente las han encubierto se animan a defenderlas. 

Hoy hasta el propio Sanguinetti, el paladín de la impunidad habla de la “causa sagrada” 
de la búsqueda de los desaparecidos. 

También hoy tenemos ya un caudal importante de información proveniente de ar¬ 
chivos militares o policiales, que nos dan un marco histórico, nos muestran protocolos, 
actas, legajos, interrogatorios. Así como publicaciones, investigaciones periodísticas, que 
muestran el imparable avance en el conocimiento de la verdad. 

Hoy es inadmisible un retroceso que pretenda negar lo ya conocido (como el cues- 
tionamiento de Feola, actual Comandante en jefe): la participación institucional de las 
Fuerzas Armadas como ejecutores, de la política represiva llevada adelante en contra de la 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


ciudadanía. Con la venia de toda la cadena de mandos. Han quedado demostradas las to¬ 
mas de decisión de oficiales superiores sobre las desapariciones y muchos casos de órdenes 
de homicidios (no todos logrados como los recientes documentos públicos sobre Wilson 
y Hugo Cores). 

No existe Estado que vaya a asumir estos compromisos sin un impulso popular deci¬ 
dido. Lo demuestra la tardanza de todos estos años. Por eso es imprescindible una sociedad 
informada, consciente, atenta, involucrada; que no tolere las debilidades, los ocultamientos 
y las demoras en este tema. No más. 

Confiamos en la conciencia y determinación popular que sí crece y demuestra que 
hace mucho ya que no estamos solos en esta preocupación y reclamo. La contundente par¬ 
ticipación en el pasado 20 de mayo por todo el país, lo demuestra. Los jóvenes, las nuevas 
generaciones sumándose activamente. 

La lucha por todos los derechos que atraviesa a la sociedad, confluyen y se potencian 
en esa demostración: el derecho al trabajo, educación, vivienda, salud y el respeto a la libre 
expresión de todo tipo de diversidad. El derecho a la protesta y a la lucha, a no aceptar lo 
inaceptable, que ha sido nuestro camino. 

Todo esto está implicado en esta temática, porque habla del respeto a la vida y la liber¬ 
tad para desarrollar una sociedad más equitativa, solidaria, feliz. 

Queremos, necesitamos, exigimos mayor compromiso en este tema, de todos los par¬ 
tidos políticos, mayor voluntad política de todos los gobernantes, especialmente de los que 
64 hoy conducen el país. 

Democratizar las Luerzas Armadas, y exigirles cortar con el pasado criminal que si¬ 
guen reivindicando, es vital y urgente para una democracia duradera. 

No pueden obviar ni trasladar esta responsabilidad a otras generaciones. Ni esperar 
los posibles efectos del nuevo marco legal en una futura camada de oficiales, que los haga 
proclives a respetar la constitución y los derechos de las personas y la vida. Porque HOY 
los están violando. 

Madres y familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 



El Estado uruguayo frente a sus obligaciones 
internacionales 


Raúl Olivera Alfaro 1 


En oportunidad que el Estado uruguayo compareció ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) el 5 de setiembre de 2019 a la audiencia de supervisión 
de cumplimiento de la sentencia en el caso Gelman, en la que el Estado uruguayo reconoció 
que “no han sido suficiente los esfuerzos y las acciones que han emprendido ”; el Observatorio 
Luz Ibarburu (OLI) presentó un amicus curiae ante dicha Corte del sistema interamerica¬ 
no de protección de los derechos humanos. 

La presentación del OLI se inscribe en el marco de trabajo que viene realizando desde 
el 2012 relacionado con el cumplimiento de la mencionada sentencia del 24 de febrero de 
2011, al monitorear las políticas públicas del Estado uruguayo para el cumplimiento de 
sus obligaciones internacionales; litigar en causas penales de delitos de lesa humanidad y 
apoyar a víctimas y familiares. 

Resulta importante destacar que esa acción ocurrió en un escenario de contienda elec¬ 
toral, con el telón de fondo de las repercusiones de los acontecimientos, políticos y judicia¬ 
les que se desataron a raíz de los resultados de los Tribunales de Honor a militares condena¬ 
dos por crímenes de la dictadura; a más de medio centenar de solicitudes de procesamiento 65 
por parte de la Eiscalía Especializada sin que el Poder Judicial los resuelva; el hallazgo en 
el Batallón de Infantería N° 13 de los restos óseos de quien resultaría ser Eduardo Bleier y 
una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, aprobada por el Parlamento, que disolvió el 
Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) transfiriendo uno de sus cometidos -la res¬ 
ponsabilidad de ubicar los restos de los detenidos desaparecidos-, a la Institución Nacional 
de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHHYDP). 

El escrito del amicus curiae , junto con los 7 anexos que lo acompañaron, puso en cono¬ 
cimiento de la Corte IDH que condenó hace mas de 8 años al Estado uruguayo, argumen¬ 
tos y consideraciones con el legítimo interés de la preservación y el desarrollo jurídico del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la protección y promoción de los dere¬ 
chos humanos en Uruguay en cumplimento de los estándares nacionales e internacionales. 

Mediante el desarrollo exhaustivo de tres temas, los autores del amicus curiae , llamaron 
la atención de la Corte IDH sobre determinadas temáticas que le permitirían comprender 
más cabalmente la situación existente en Uruguay después de dictar la Sentencia del 24 


1 Coordinador Ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, Integrante de la Comisión de Derechos Humanos 
del PIT CNT. 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


de febrero del 2011. Esos temas fueron: la impunidad fáctica imperante; la denegación de 
justicia a las víctimas y la falta de formación de los jueces respecto a las graves violaciones a 
los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. 

Luego de recordar que en los primeros 26 años después de la dictadura cívico-militar 
en el Uruguay (1973-1985), existió una política de impunidad (impuesta por la Ley N° 
15.848: “De la Pretensión Punitiva del Estado”, comúnmente denominada Ley de Caduci¬ 
dad) impulsada desde el gobierno en relación con los delitos de lesa humanidad que entró 
en franca contradicción con las obligaciones internacionales contraídas por el Uruguay; el 
amicus curiae dio cuenta en forma muy documentada de las cuentas pendientes entre los 
años 2012 y 2019. Remarcando que, pese a las obligaciones emergentes de la mencionada 
sentencia, el gobierno uruguayo no ha desarrollado una política pública de Estado en rela¬ 
ción con los delitos de lesa humanidad. 

Al respecto se recordó que, entre mayo y junio de 2019, la Corte IDEI realizó una 
visita de trabajo a Uruguay, concluyendo que “subsiste una deuda del Estado con todas las 
víctimas de las violaciones a los derechos humanos en materia de justicia y verdad!’. Sumado a 
eso, la Comisionada Antonia Urrejola 2 , Relatora para Uruguay y Encargada de la Unidad 
sobre Memoria, Verdad y Justicia, aseguro que esa deuda es “delEstado uruguayo, indepen¬ 
dientemente de los gobiernos de turno y de quiénes sean los responsables”, expresando además 
su preocupación por los pocos avances en el juzgamiento penal de los delitos cometidos en 
la dictadura. 

Sobre el este último tema, el OLI informó que la situación era de una profunda pará- 
66 lisis de los juicios penales. Al respecto, dio cuenta que el I o de septiembre de 2019, el fiscal 
especializado en delitos de lesa humanidad, había asegurado que “la mayoría de las casi 200 
causas en trámite están casi paralizadas por recursosjudiciales y demoras en procesar..!’. 

Según los datos que aportó el OLI sobre los juicios penales, a setiembre del presente 
año, existían 305 denuncias penales radicadas en los tribunales por conductas criminales 
perpetradas durante la dictadura. De estas, el 50%, se hallaban sin dictar sentencia de pro¬ 
cesamiento (presumario); el 13%, habían sido acumuladas a otras causas, mientras que el 
30% habían sido archivadas. Únicamente 4 se encuentran en etapa de sumario. Existe un 
total de 170 causas actualmente activas y se ha dictado sentencia de condena únicamente 
en 13 de ellas, lo que corresponde al 5% del total. 

Esto según el escrito presentado por el Observatorio, el 95% de las denuncias están im¬ 
punes y sin resolución, a más de 35 años de vida democrática. Eso sin duda alguna, concluye 
el texto, constituye una denegación de justicia para las víctimas y sus familiares. 

En relación con las personas imputadas se señala que en el lapso de los 17 años (entre 
2002 y 2019), solamente han sido procesados y condenados 30 represores, de los cuales 9 


2 http: / / www.oas.org/es/ cidh/mandato/composición, asp 



han fallecido. Al analizar los pedidos de procesamiento, el escrito indica que hubo 24 pro¬ 
cesamientos durante el período 2002 a 2010, período en el que aún no había sido dictada 
la sentencia del caso Gelman y 23 procesamientos entre 2011 y 2019, período en el que ya 
había recaído el dictamen de la mencionada sentencia. Sin embargo, se aclaró que en reali¬ 
dad, de los 23 delperíodo 2012 - 2019, solo 12 pueden considerarse comprendidos dentro 
de los efectos de la sentencia Gelman. 

Como indica el amicus curiae, estos números muestran que el proceso de juzgamiento 
paradójicamente se frenó a partir de 2012. Se concluye por tanto, que la sentencia Gelman 
no ha sido cumplida por parte del Estado uruguayo, ya que luego del dictamen no se in¬ 
crementó la persecución penal por causas seguidas por violaciones a los derechos humanos 
durante el terrorismo de Estado. No se investigó ni juzgó como mandata la sentencia inter¬ 
nacional. Por el contrario, el proceso que había impulsado la sociedad civil desde tiempo 
atrás, se paralizó. 

Al analizar las sentencias dictadas en primera instancia, se puede comprobar la exis¬ 
tencia de una situación similar a la anterior: se dictaron 5 sentencias entre 2009 y 2011, y 
únicamente 7 entre 2012 y 2019, de las cuales solo una puede ser comprendida bajo los 
efectos de la sentencia Gelman. De forma parecida entonces, el proceso judicial se encuen¬ 
tra estancado. Nos resulta especialmente preocupante constatar que en los últimos seis años 
(entre 2014 y 2019) se dictaron solamente cuatro sentencias de primera instancia cuando 
hay un universo de 170 causas abiertas y activas. 

Finalmente se resaltó el contraste que existe entre la labor de la Fiscalía Especializada 
en Crímenes de Lesa Humanidad desde marzo de 2018 frente a la respuesta del Poder 
Judicial. Entre 2016 y 2019, esta Fiscalía solicitó el procesamiento de indagados en 22 de¬ 
nuncias mientras que, en el mismo periodo, la justicia solamente resolvió favorablemente 
en tres de esos pedidos. Los restantes 19 están pendientes de resolución desde hace varios 
años. El Poder Judicial en sí, no está actuando con la celeridad necesaria para resolver estas 
denuncias: esto, en opinión del Observatorio es sumamente grave si consideramos que 60 
causas se presentaron entre 1984 y 1989. Esto implica una demora indebida e injustificada 
de más de treinta años. El paso del tiempo claramente juega a favor de la impunidad de los 
victimarios, generando una situación de “impunidad biológica”. Muchos imputados mue¬ 
ren antes de que la justicia resuelva las denuncias en contra de ellos. En conclusión, en el 
periodo entre 2012 y 2019, en la que debía manifestarse un efecto positivo a partir de las 
obligaciones emergentes de la condena en el caso Gelman, se puede afirmar que el proceso 
de la búsqueda de verdad y justicia se encuentra básicamente estancado en el Uruguay. 

Estas dificultades quizás no son ya solamente de naturaleza jurídica, sino fácticas. De 
todos modos, frenan la rápida resolución de estas investigaciones, produciendo nuevamen¬ 
te una situación de impunidad y denegación de justicia para con las víctimas y sus familia¬ 


67 


res. 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


68 


El amicus curiae afirma en consecuencia, que el Estado uruguayo no ha diseñado una 
política de persecución penal específica para las causas de los graves delitos cometidos du¬ 
rante la dictadura. Tampoco se han impulsado desde el gobierno políticas efectivas de parti¬ 
cipación de la sociedad civil en estos temas, para pensar o sugerir estrategias de persecución. 

Las idas y venidas de Uruguay sobre cómo calificar los crímenes de lesa humanidad y 
el tema de la imprescriptibilidad por parte del Poder Judicial y en especial, por parte de la 
Suprema Corte de Justicia, no favorecen la investigación de las graves violaciones a los de¬ 
rechos humanos en nuestra historia reciente. Todo lo contrario, una jurisprudencia errática 
sólo juega a favor de la impunidad, generando una situación de inseguridad jurídica que 
afecta negativamente a las víctimas y favorece solamente a los victimarios. A eso se suma la 
descoordinación entre los distintos órganos estatales y la ausencia de señales claras e inequí¬ 
vocas de repudio a los graves crímenes cometidos en dictadura desde las más altas esferas de 
las Fuerzas Armadas, ni de voluntad de investigación. 

Posteriormente a esta presentación ante la Corte IDEI mediante el amicus curiae y 
complementando los reclamos ante el sistema interamericano de defensa de los derechos 
humanos, el Observatorio Luz Ibarburu conjuntamente con el Centro de Promoción y 
Defensa de Derechos Humanos (CDH), el Instituto de Estudios Legales y Sociales del 
Uruguay (IELSUR), Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Amnistía Inter¬ 
nacional, comparecieran en Audiencia Pública ante la Comisión IDH en el marco del 174 
período de sesiones que tendrá lugar el 11 de noviembre en la sala B del Hotel Swissótel de 
Quito, Ecuador. En esta oportunidad, el Estado uruguayo será interpelado sobre los “Desa¬ 
fíos para la búsqueda de la verdad y justicia en Uruguay” 3 

De acuerdo a la información existente en la página web de la CIDH 4 , las reparaciones 
pendientes de cumplimiento por parte del Estado uruguayo son 5 de las 9 contenidas en 
la sentencia. 

Refieren a: las investigaciones de los hechos y las sanciones de conformidad con los pᬠ
rrafos 252 a 256,274 y 275 de la sentencia; la búsqueda y localización délos restos de María 
Claudia García de Gelman de conformidad con los párrafos 259 y 260 de la sentencia; 
remover los obstáculos que puedan impedir la investigación y sanción a los responsables de 
conformidad con los párrafos 253 y 254 de la sentencia; a asignación presupuestaria para 
un programa permanente de derechos humanos de acuerdo al párrafo 78 de la sentencia; y 
las medidas para garantizar el acceso técnico y sistematizado a la información de los archi¬ 
vos estatales de conformidad con los párrafos 274, 275 y 282 de la sentencia. 


3 Al momento de elaborar este informe (octubre de 2019), no se ha llevado a cabo la audiencia del mes de 
noviembre. Así como tampoco contamos con las conclusiones de la audiencia de supervisión de cumplimiento 
de la sentencia en el caso Gelman. 

4 http://www.corteidh.or.cr/ 



Unidad Especial Interdisciplinaria de Investigación 
y Apoyo al Poder Judicial 

En julio del 2013, a partir de una iniciativa del Observatorio Luz Ibarburu 1 , el Minis¬ 
terio del Interior creó, por resolución ministerial, la Unidad Especial Interdisciplinaria de 
Investigación y Apoyo al Poder Judicial cuyo propósito es investigar los crímenes cometidos 
en el marco del terrorismo de Estado. 

Teniendo en consideración que la institución policial también es objeto de investi¬ 
gación en la perpetuación de los mencionados crímenes durante el terrorismo de Estado, 
se tuvo especial atención en que dicha unidad especial, dependiera del mando político del 
citado Ministerio. Fue así que se acordó que dependería de la Dirección de Asuntos Internos, 
que actualmente se encuentra bajo la dirección de la Dra. Estela González. 

El 19 de diciembre de 2015, está Unidad fue creada por ley (art. 165, Ley N° 19.355) 2 . 

“Créase en el Inciso 04 “Ministerio del Interior”, unidad ejecutora 001 “Secretaría del Minis¬ 
terio del Interior”, un “Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos” 
que colaborará en forma directa con operadores jurídicos del Poder Judicial y de la Fiscalía Ge¬ 
neral de la Nación, en las investigaciones sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas 
en el marco del quebrantamiento al Estado de Derecho a que se refiere la Ley N° 18.596, de 18 
de setiembre de 2009. 

El equipo especial funcionará en el ámbito de la Dirección de Asuntos Internos y se encargará 
de realizar las coordinaciones pertinentes en el Ministerio del Interior para que las investiga¬ 
ciones y trámites solicitados se efectúen en forma adecuada”. 

Sin embargo, el 15 de octubre de 2018, por Ley N° 19.670 (Aprobación de Rendición 
de Cuentas y Balance de ejecución presupuestal, ejercicio 2017), la citada unidad fue pues¬ 
ta bajo la órbita de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, desconociéndose 
el espíritu original que fue condición indispensable para tener el apoyo y respaldo del OLI. 

Fueron necesarias intensas gestiones políticas por parte del observatorio para que fi¬ 
nalmente el 30 de agosto de 2019, mediante otra ley (N° 19.788 Aprobación de Rendición 
de Cuentas y Balance de Ejecución presupuestal del ejercicio 2018) se sustituye el inciso 
segundo del artículo 93 de la ley de 2018, pasando nuevamente a funcionar en el ámbito 
de la Dirección de Asuntos Internos dependiente de la Unidad Ejecutora 001 Secretaría 
del Ministerio del Interior para colaborar con operadores del Poder Judicial y de la Fiscalía 
General de la Nación. 


1 https://www.observatorioluzibarburu.org/ acerca_de/ 

2 https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19355-2015 


69 


MEMORIA E IMPUNIDAD 




DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


70 


Después de la disolución del Grupo de Trabajo por 

Verdad y Justicia 

Comentarios sobre la Ley N° 19.822 que comete la búsqueda 
de personas detenidas desaparecidas a la Institución 
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo 

Pablo Chargoñia | Leonardo Di Cesare | Fiorella Garbarino 1 


1. El Proyecto del Gobierno 

El 12/8/2019 el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General un proyecto de ley 
con su correspondiente exposición de motivos, por el que se comete a la Institución Nacio¬ 
nal de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) la “búsqueda de deteni¬ 
dos desaparecidos en el marco de la actuación ilegítima del Estado ocurrida entre el 13 de 
junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplega¬ 
do entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985”. 

En la exposición de motivos se expresa que “acercándose el cumplimiento del período 
de gobierno, el Poder Ejecutivo entiende necesario dar un paso en el desarrollo y consoli¬ 
dación institucional en la materia, que permita cumplir cabalmente con la responsabilidad 
estatal pendiente que conlleva dar una respuesta satisfactoria a las familias de los detenidos 
desaparecidos, dentro y fuera de fronteras”. 

Más adelante dice: “La experiencia acumulada hasta la fecha, que transcurre por di¬ 
ferentes ejercicios que -por múltiples razones- resultaron insuficientes o inadecuados para 
alcanzar la investigación de la verdad sobre las circunstancias de desaparición y la ubicación 
de los restos, indica que debe asumirse la necesidad de conferir tal mandato a un espacio 
con solidez y permanencia institucional que, por su autonomía e independencia dentro de 
la estructura estatal, garantice el avance objetivo en la búsqueda de la verdad de lo acaecido 
con el destino de los detenidos desaparecidos (...) el proyecto de ley que se pone a consi¬ 
deración del Poder Legislativo innova en la solución institucional y propone designar para 
este trascendente cometido a una institución autónoma del Poder Ejecutivo”. 


1 Abogados egresados de la Universidad de la República, integrantes del equipo jurídico del Observatorio 
Luz Ibarburu y patrocinantes ante tribunales penales uruguayos de más de medio centenar de denuncias pena¬ 
les por crímenes de lesa humanidad. 



El 4/9/2019, el proyecto obtuvo la media sanción de la Cámara de Senadores con los 
votos del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Independiente 2 . Y el 12/9/19 se 
sancionó la ley en la Cámara de Representantes. 

El 18/9/2019 quedó promulgada por el Poder Ejecutivo la Ley 19.822. 

El art. 1 de la ley reza: “Cométese a la Institución Nacional de Derechos Humanos y De- 
fensoría del Pueblo (INDDHH) la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas en el 
marco de la actuación ilegítima del Estado ocurrida entre el 13 dejunio de 1968 al 26 dejunio 
de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 al 
28 de febrero de 1985. 

La tarea que se comete comprende la investigación de la verdad sobre las circunstancias de 
la desaparición y la ubicación de los restos”. 

La iniciativa gubernamental -nacida luego del inocultable fracaso del Grupo de Traba¬ 
jo por Verdad y Justicia (GTVJ) creado por el presidente Tabaré Vázquez en 2015-, contó 
con el previo apoyo de varias organizaciones sociales. La propia Institución Nacional de 
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo expresó su opinión favorable. 

Semanas después de la aprobación de la Ley 19.822, la Asociación de Madres y Fami¬ 
liares de Detenidos Desaparecidos, celebró el respaldo a la ley por parte de los “partidos con 
representación parlamentaria” con los que se reunió previo a la instancia electoral del 27 de 
octubre. Esta actitud de los candidatos presidenciales de los cuatro partidos políticos con 
los que la organización se reunió, se reveló en “el compromiso de otorgar el presupuesto 
necesario para hacer viable la formación y actuación del equipo de investigación y bús¬ 
queda concreta, de respaldar las potestades que la ley le otorga y de impartir las directivas 
pertinentes para que todas las instituciones del Estado cumplan a cabalidad con la entrega 
de información” 3 . 

2. La (breve) discusión en el Parlamento 

En ocasión del tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Senadores, el senador 
Rafael Michelini (Frente Amplio) afirmó que la ley pretende “dar una institucionalidad 
para seguir buscando los restos de los desaparecidos (...) Este proyecto de ley refiere a las 
víctimas y a la piedad para con ellas y sus familiares”. ¿Por qué a la INDDHH ? se pregunta 
el senador. Y se responde: “Porque si estamos todos de acuerdo, lo mejor es sacar este asun¬ 
to de cualquier institución u organismo que tenga carácter político”. 

El senador Pablo Mieres (Partido Independiente) dijo en la instancia parlamentaria: 
“Hemos tenido la posibilidad de contactar a los familiares para corroborar que, efectiva- 


2 https://www.elobservador.com.uy/nota / senado-aprobo-proyecto-para-que-institucion-de-ddhh-se-dedi- 
que-a-busqueda-de-desaparecidos—201994145833 

3 Comunicado de 22/10/2019 (publicado en desaparecidos.org.uy). 


71 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


mente, hay una opinión muy favorable a esta solución (...) Yo no quiero que las cosas estén 
colgadas de Presidencia de la República; quiero que las cosas estén institucionalizadas en 
las instituciones del Estado o, como en este caso, en la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo, en esta institución pública, que es política, como todo 
es político”. 

La senadora Constanza Moreira (Frente Amplio), a su turno, expresó: “hoy vamos 
en dirección correcta, aunque sea en una partecita. Por lo menos, institucionalizamos la 
búsqueda de información con relación a los detenidos desaparecidos en la Institución Na¬ 
cional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que tanto costó armar (...) si la 
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo no es competente en 
la materia, ¿quién lo será, no?, porque está en su propio nombre: Institución Nacional de 
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”. 

El senador Charles Carrera (Frente Amplio) afirmó: “no le estamos dando cometidos 
nuevos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, sino que 
le estamos reconociendo la especialización que tiene en nuestro país y le estamos diciendo 
que estos, que sí serían cometidos nuevos, están relacionados con esa especialización en 
materia de defensa y promoción de los derechos humanos en toda su extensión”. Y luego 
caracterizó el “nuevo” cometido a cargo de la INDDHH: “será ejercido como función ad¬ 
ministrativa”. 

En comisión de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet (Partido Colorado) sostu¬ 
vo: “Para esta materia de detenidos desaparecidos se creó hace poco (...) una fiscalía especial 
72 para investigar los delitos de lesa humanidad. Esa fiscalía especial está trabajando intensa¬ 
mente y está obteniendo resultados, según resulta de la lectura de su página web, donde da 
cuenta de que hasta la fecha ha intervenido en una serie muy importante de casos. Enton¬ 
ces ¿por qué hay que cometer esta tarea a la Institución Nacional de Derechos Humanos, 
cuando hay un sistema de justicia que debe entender en esto, y cuando se creó hace poco 
una fiscalía especial que tiene todos los poderes para investigar delitos de lesa humanidad? 
Me parece que para fundamentar esto, primero hay que explicar por qué no alcanza con la 
fiscalía. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están las insuficiencias, las carencias? Si no, parece 
una atribución carente de fundamento”. 

Y más adelante, agregó: “Adviértase la gravedad que tiene esto. Vamos a tener dos 
sistemas orgánicos distintos actuando sobre los mismos casos, con la consecuencia posi¬ 
ble de interferencias entre ellos, de choques institucionales y de resultados eventualmente 
contradictorios, con todo lo que eso significa para el prestigio de las instituciones y para la 
orientación general de la opinión pública”. 

El diputado Pablo González (Frente Amplio) replicó sobre esta última objeción, que 
“el proyecto se establece que la Institución va a colaborar con la fiscalía. Entonces, tampoco 
veo que se entorpezca el trabajo de la fiscalía ni de la justicia en general, que va a ser la que 
va a fallar, como lo ha venido haciendo. La que dicta sentencia es la justicia. Ningún otro 



organismo dicta sentencia. Simplemente se aporta a la justicia la información sistematizada 
y ordenada que se pueda conseguir por diferentes vías. Eso es lo que están haciendo los or¬ 
ganismos que ya se han encargado de estos temas en el transcurso de este tiempo” 4 . 


3. Los Cometidos del GTVJ que transfieren a la INDDHH 

El decreto de creación del GTVJ (131/2015) estableció lo siguiente: (Creación, de¬ 
nominación y cometidos). Créase el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Este tendrá como 
propósito esencial investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado 
o quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de éste, dentro 
ofuera defronteras, en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado, 
durante los períodos comprendidos entre el 13 dejunio de 1968 hasta el 26 dejunio de 1973y 
del 27de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985 (Ley N° 18 596 del 18 de setiembre de 
2009 (inciso 1 del art. I) 5 . 

Es decir que su cometido era mucho más amplio que “las circunstancias de la desapa¬ 
rición y la ubicación de los restos”. De modo que una vez disuelto el GTVJ y dado que la 
investigación de los crímenes de lesa humanidad, en particular la situación de las personas 
ejecutadas y las personas torturadas, no se traslada a la INDDEIH, esta tarea, en tanto obje¬ 
to de indagatoria administrativa específica, quedó por el camino. Así lo precisó el coordina¬ 
dor del GTVJ Felipe Michelini, quien afirmó que la intención del gobierno era “trasladar 
algunos de los cometidos, no todos” 6 . 

Está claro que la investigación criminal es cometido constitucional y legalmente atri¬ 
buido al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la Nación en el ámbito de sus respectivas 
competencias, contando con el auxilio investigativo del Ministerio del Interior. Pero en¬ 
tonces debe quedar claro también que la preocupación del Poder Ejecutivo en cuanto a una 
nueva institucionalidad no hace referencia a la completa y exhaustiva investigación de la 
totalidad de los crímenes de la dictadura (desapariciones, homicidios, torturas) sino solo a 
“las circunstancias de la desaparición y la ubicación de los restos”. 

Adicionalmente, transformar el “trabajo por la verdad y la justicia”, en la búsqueda de 
personas detenidas desaparecidas, paradojalmente, no parece contribuir a la mejor inves¬ 
tigación del paradero de éstas. El itinerario de la desaparición no puede develarse sin una 
investigación comprensiva de la totalidad de la ingeniería terrorista estatal. Por lo que la 
fragmentación del objeto a investigar -que la ley determina por imperativo del objeto que 


73 


4 https:// parlamento.gub.uy/documencosyleyes/ ficha-asunto/ 144403/tramite 

5 Se ha dicho que terminada la presidencia del Dr. Tabaré Vázquez era inevitable que el GTVJ dejara de 
funcionar. Ese pudo ser un comentario con connotación política, pero no es lo que surge del decreto 131/2015, 
el que no previo un término o plazo determinado de actuación. 

6 https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/8/el-ejecutivo-quiere-asignar-a-la-inddhh-la-busqueda-de4os- 
desaparecidos-y-el-esclarecimiento-de-su-situacion/ 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


74 


constituye el cometido transferido a la Institución-, no es un método de búsqueda que se 
revel e.,prima facie, como adecuado y eficaz. 

Por otro lado, la ley no tiene previsión alguna relacionada directamente al ejercicio 
adecuado y eficaz de la pretensión punitiva estatal contra autores, coautores y cómplices de 
crímenes de lesa humanidad. 

4. ¿La búsqueda de detenidos desaparecidos es un cometido de la INDDHH ya 
previsto en su ley de creación? 

La distribución legislativa de cometidos y atribuciones jurídicas entre entes estatales 
debe enmarcarse en las reglas establecidas por la Constitución de la República. Por ejem¬ 
plo, la enseñanza pública será “regida por uno o más Consejos Directivos Autónomos” 
(art. 202), el mando superior de las Fuerzas Armadas lo debe ejercer el Presidente de la 
República actuando con el ministro respectivo (numeral 2 del art. 168), el gobierno y la 
administración de los departamentos serán “ejercidos por una Junta Departamental y un 
Intendente Municipal” (art. 262). 

La primera observación respecto del cometido asignado por la Ley 19.822 es que no 
hay norma constitucional que atribuya en exclusividad la materia de la que se trata (en tan¬ 
to que indagatoria de naturaleza administrativa, no jurisdiccional) a un determinado ente 
estatal. En este plano no se advierte inconstitucionalidad sin perjuicio que en todo caso 
deben primar principios de razonabilidad y de buena administración. Ahora bien, que en 
la norma legal -al menos en este aspecto- no sea inconstitucional, nada dice respecto de su 
conveniencia. 

El legislador puede optar por asignarle cometidos y atribuciones con relación a la bús¬ 
queda de restos humanos a uno u otro ente estatal ya existente o crear otro (con atención a 
las mayorías especiales requeridas en algunos casos). Así pues, la valoración del acierto del 
legislador es un asunto metajurídico en principio. Por lo tanto, para posicionarse ante la 
Ley 19.822, debe hacerse una reflexión política vinculada a la mejor protección y promo¬ 
ción de DDHH. 

En opinión del director Wilder Tyler la búsqueda de los desaparecidos “cae natural¬ 
mente en el mandato de la Institución, en el art. 1 (de la Ley 18.446) que dice que tenemos 
que encargarnos por la protección y la promoción de los derechos humanos en su sentido 
más amplio” 7 . No tenemos el gusto de compartir esta afirmación por lo que diremos a con¬ 
tinuación. De acuerdo al principio de legalidad y especialización de los entes estatales, la 
Institución sólo puede encargarse de aquello que el legislador le impone. Los cometidos 
asignados por la Ley 18. 446 (véase los arts. 3 y 4) son los típicos de los ombudsman o de- 
fensorías del pueblo. La sola presentación del proyecto de ley demuestra que el cometido 


7 Entrevista en Radio Carve http://www.carve850.com.uy/2019/08/20/wilder-tayler-ningun-gobierno-se- 
ha-sensibilizado-al-punto-de-poner-las-cuestiones-de-ddhh-en-el-lugar-que-tienen-que-estar/ 



no lo tiene “naturalmente” la INDDDH. Si es necesaria una ley, es precisamente porque 
en el elenco de cometidos de la Institución, no se encontraba la específica búsqueda de las 
personas detenidas desaparecidas. 

El art. 1 de la Ley 18446 establece: (Creación).- Créase la Institución Nacional de De¬ 
rechos Humanos y Defensoría del Pueblo, como una institución del Poder Legislativo, la que 
tendrá por cometido, en el ámbito de competencias definido por esta ley, la defensa, promoción 
y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de 
la República y el Derecho Internacional. 

Es obvio que “la investigación de la verdad sobre las circunstancias de la desaparición y 
la ubicación de los restos” está vinculada a la protección y promoción de los DDHEI. Pero 
también se podría decir que otras labores están igualmente vinculadas (la construcción 
de viviendas, el combate a la contaminación de los ríos, la administración de cárceles, la 
gestión de tobilleras electrónicas, la inspección de lugares de trabajo, etc.) sin que de ello se 
derive la inevitabilidad de la intervención de la Institución en términos de administración 
activa (es decir, construyendo viviendas, limpiando ríos, administrando cárceles, etc.). No 
basta señalar el obvio vínculo entre un cometido estatal y la protección y promoción de 
derechos humanos para concluir que entonces está incorporado a los cometidos asignados 
por la Ley 18.446. 

Si una ley de ampliación de cometidos es necesaria es porque la Ley 18.446 no le asig¬ 
nó la compleja tarea de la búsqueda de los desaparecidos. Otro ejemplo de ampliación le¬ 
galmente necesaria de los cometidos de la INDDHH es el dispuesto por el art. Artículo 
84 de la Ley 19.307 (Ley de Medios. Regulación de la prestación de servicios de radio, 
televisión y otros servicios de comunicación audiovisual) 8 . 

El vínculo entre la promoción y protección amplia de los DDHH y la búsqueda de 
desaparecidos, es más que evidente, lo reiteramos. Pero la aprobación de la Ley 19.822 se 
explica por una determinada decisión política del Poder Ejecutivo y del legislador y no por 
la mera interpretación del alcance de la ley de creación de la INDDHH. 

En este sentido, que el Consejo Directivo de la INDHH haya dado su beneplácito a la 
iniciativa del Poder Ejecutivo 9 seguramente fortaleció la voluntad del Poder Ejecutivo y de 
los legisladores. Pero si la INDDHH hubiera discrepado con la “solución”, una vez sancio¬ 
nada la ley, no puede eludir la labor asignada. 


8 “Atribuyese a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, creada por la Ley N° 
18.446, de 24 de diciembre de 2008, el cometido de defender y promover los derechos de las personas recono¬ 
cidos en la presente ley”. 

9 “Atribuyese a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, creada por la Ley N° 
18.446, de 24 de diciembre de 2008, el cometido de defender y promover los derechos de las personas recono¬ 
cidos en la presente ley”. 


75 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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5. Las atribuciones que tendrá la INDDHH 

Se denominan atribuciones a las potestades jurídicas asignadas por ley a un determina¬ 
do ente. El proyecto de ley prevé, además de las atribuciones elementales para la instrucción 
de una investigación administrativa (vinculadas al acceso a documentos, archivos y esta¬ 
blecimientos), otros poderes jurídicos específicos: a) de naturaleza penal, b) de naturaleza 
cautelar. 

Se establece que serán delitos la incomparecencia y el falso testimonio (arts. 173 y 
180 del Código Penal, delitos de desacato y falso testimonio, respectivamente). En caso 
que quien es citado por la INDDEIH, no concurra a prestar declaración o la que preste 
sea considerada, prima facie, falsa, el ente podrá presentar denuncia penal ante la fiscalía 
correspondiente. En tales hipótesis será la fiscalía penal la que indagará y, eventualmente, 
formalizará el caso ante la sede judicial competente. 

Asimismo la demora o renuencia en entregar documentos implicará la comisión del 
delito previsto en el art. 173 del Código Penal. Igualmente, en este caso la INDDEIEI po¬ 
drá presentar denuncia penal 10 . 

Por otro lado, “se podrá requerir de los órganos competentes del Estado la adopción 
de las medidas precautorias pertinentes a fin de asegurar la concurrencia de personas ante la 
INDDEIH cuyo testimonio sea relevante para las investigaciones” (art. 9 de la Ley 19.822). 
Todo ello conforme a las normas procesales correspondientes, lo que supone que será la au¬ 
toridad judicial competente la que deberá adoptar las medidas de cautela que la Institución 
vea necesarias. 

6. La tarea asignada, las defensorías del pueblo y el deber del estado de avanzar en 
verdad y justicia 

Asignarle tareas de la compleja naturaleza de la que se trata, no es propio o típico de las 
instituciones de control conocidas como defensorías del pueblo u ombudsman. Encomen¬ 
darle “la investigación de la verdad sobre las circunstancias de la desaparición y la ubicación 
de los restos”, debilitará, inevitablemente, la tarea típica de control que la INDDHH debe 
desenvolver con relación a la gestión de los otros entes estatales jurídicamente obligados a 
investigar crímenes y dar con el paradero de las víctimas. 

La tarea de los ombudsman en América Latina es esencialmente la de supervisión de 
los servicios públicos orientada a la cabal defensa de los derechos humanos. Estas entidades 
estatales poseen “funciones de fiscalización y supervisión de las actividades de los funciona¬ 
rios de gobierno, junto con la vigilancia del respeto a los derechos humanos”. Las observa¬ 
ciones, recomendaciones o sugerencias emitidas por los ombudsman no sustituyen los actos 

10 En el debate parlamentario, legisladores del Partido Colorado consideraron inconstitucionales algunos 
artículos de la ley, particularmente los relacionados con las potestades indagatorias de la Institución y con la 
presunta violación del principio de no autoincriminación. 



de administración ni poseen naturaleza jurisdiccional. Debido a que estas instituciones 
operan sobre la gestión pública realizando recomendaciones no vinculantes, se ha dicho 
que “ejercen una magistratura de influencia”. El peso y autoridad de sus recomendaciones 
deriva del prestigio de su titular y de la calidad de sus intervenciones de control y supervi¬ 
sión 11 . 

En los Principios de París 12 se establece que “la institución nacional dispondrá del 
mandato más amplio posible, claramente enunciado en un texto constitucional o legislati¬ 
vo”. En tal sentido, podría decirse que la Ley 19.822 encuadra perfectamente. No obstante 
puede resaltarse también que una de las atribuciones que se consideran inherentes a estas 
instituciones es la de “señalar a la atención del Gobierno las situaciones de violación de los 
derechos humanos en cualquier parte del país, proponer medidas encaminadas a poner 
término a esas situaciones y, en su caso, emitir un dictamen sobre la posición y reacción del 
gobierno”, es decir, asumir tareas de supervisión y asesoramiento, antes que de administra¬ 
ción activa que son las que sí se establecen en la Ley 19.822. 

Respecto a la búsqueda de desaparecidos en otros países de la región, vale señalar que 
en Paraguay 13 , Colombia 14 o México 15 la tarea está a cargo de comisiones ad hoc integradas 
por funcionarios de gobierno, con participación especial -en el caso de Colombia especial¬ 
mente- de la Fiscalía General. 

La búsqueda de las personas detenidas desaparecidas es un deber constitucional y le¬ 
gal del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, en sus respectivos ámbitos de 
competencia. También corresponde en términos de investigación administrativa a los entes 
en los que se sospecha que están localizado restos humanos (el Ministerio de Defensa Na¬ 
cional y las Fuerzas Armadas tienen el deber constitucional y legal de investigar el paradero 
de personas detenidas durante la dictadura y desaparecidas cuyos restos se sospecha que 
se encuentran en establecimientos militares). Y en tanto el Ministerio del Interior actúa 
investigando delitos y crímenes (con la intervención en particular del Equipo Auxiliar en 
Crímenes de Lesa Humanidad), también le corresponde, por imperativo legal y como au¬ 
xiliar del Poder Judicial, la tarea de búsqueda de las víctimas. 

Desde esta perspectiva de conveniencia en la asignación del cometido, debe advertirse 
que si la INDDHH sustituye o se superpone a la indagatoria judicial o fiscal y sustituye a la 
indagatoria administrativa de la correspondiente dependencia del Ministerio del Interior, 
dejará de cumplir la tarea típica de control y supervisión. Dicho de otro modo, no podrá 

11 Lorena González Volio, El Defensor del Pueblo. La experiencia latinoamericana, 2004. 

12 Adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con la Resolución 1992/54, de 
1992 http: //hrlibrary.umn.edu/instree/ Sparisprinciples.pdf 

13 http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/paraguay/Informe_Comision_Verdad_y_ 
Justicia_Paraguay_Conclusiones_y_Recomendaciones.htm 

14 http://www.comisiondebusqueda.gov.co/index.php/ct-menu-item-3/ct-menu-item-5 

15 https://www.gob.mx/segob/prensa/informa-comision-nacional-de-busqueda-de-personas-avances-a- 
100-dias-de-gestion-201903 


77 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


desenvolver cabalmente su magistratura de influencia sobre la política estatal de búsqueda 
de personas desaparecidas. Es obvio que el Poder Ejecutivo, el legislador y hasta la propia 
INDDHH no consideran esta debilidad como una dificultad o riesgo sino que, por el con¬ 
trario, lo consideran una “solución” adecuada. 

7. Conclusión 

El tema exige una honesta y compleja reflexión que ponga el foco en el ineludible de¬ 
ber humanitario, ético, político y jurídico del Estado, de organizar sus servicios de modo de 
dar con el paradero de todas las personas desaparecidas. 

El gobierno consideró que la INDDHEI -y no la Fiscalía Especializada en Crímenes 
de Lesa Elumanidad, por ejemplo- es la entidad estatal que mejor desarrollará la compleja 
tarea asignada. A su vez, la ley determinó al Poder Ejecutivo a proveer los recursos finan¬ 
cieros necesarios “sobre la base de lo asignado a la Secretaría de Derechos Elumanos para el 
Pasado Reciente y del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia” hasta tanto no se proceda a 
sancionar el presupuesto de la INDDEIEI de acuerdo a su ley de creación. 

Deberá estimarse si de esta manera el Estado uruguayo cumple con su obligación in¬ 
ternacional en la materia y, específicamente, con lo dispuesto en la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos del caso Gelman c/Uruguay de fecha 24/2/2011 16 
que ordena dar con el paradero de los desaparecidos “ya sea a través de la investigación 
penal o mediante otro procedimiento adecuado y efectivo” y que la “realización de dichas 

diligencias debe ser efectuada acorde a los estándares internacionales” 17 . 

78 & 

Más allá del acierto o desacierto del legislador en la opción por la INDDHH, la deci¬ 
sión del gobierno de disolver el GTVJ sin haber previsto nada con relación a las investiga¬ 
ciones sobre hechos relacionados con personas ejecutadas y personas torturadas, y por lo 
tanto fragmentando el complejo fenómeno de la criminalidad estatal, en nuestra opinión, 
no resulta satisfactorio desde la perspectiva de la verdad, la justicia y las garantías de no 
repetición. 


16 


http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_espl.pdf 

Ver párrafo 259 de la sentencia (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_espl.pdf) 


17 



El “Mundo del trabajo en la Justicia” en Uruguay: 
algunas dimensiones éticas y políticas 


Dra. Yanina Guthmann 1 


En estos últimos años, en América Latina se han llevado importantes reformas pro¬ 
cesales que han llevado a implementar procesos penales acusatorios, adversariales, orales y 
públicos; se produjo una transformación en los procedimientos y modalidades para llevar 
los casos en la Justicia. En este marco, los Ministerios Públicos, organismos de los cuales 
dependen los fiscales y los reúne, se convirtieron en organismos autárquicos, es decir, con 
mayor independencia frente a los otros poderes del Estado. Con este nuevo modelo, en el 
marco del proceso penal se reconfigura, entre otras cuestiones, la dinámica entre los fiscales 
y los jueces, dándole en la investigación un mayor rol a los primeros frente a los últimos. 

En este punto, parece necesario volver sobre estas reformas, sus causas y sus efectos 
para poder comprender sus alcances, limitaciones y sentidos. De modo muy general, los 
sistemas, el inquisitivo y el acusatorio, asumen formas distintas de recolectar, producir y 
evaluar la prueba, y de determinar la verdad en los casos concretos 2 . Por otro lado, cada sis¬ 
tema reenvíaa una cierta distribución de poder, más jerárquica y burocrática para el sistema 
inquisitivo, y más horizontal y más democrático en el sistema acusatorio 3 . Sin embargo, 
no siempre están claras las categorías, ni tampoco los efectos concretos en términos de las 
víctimas y victimarios, del sistema penitenciario, ni de los tiempos que llevan que esas trans¬ 
formaciones: tampoco quedan claras sus consecuencias para el propio Sistema de Adminis¬ 
tración de Justicia, las dimensiones sociales y éticas que conllevan 4 . En este punto el trabajo 
del Observatorio de los Sistemas Judicial y Legislativo” en Uruguay, dirigido por Henry 
Trujillo y Giannella Bardazano, cuyo objetivo es generar información confiable y de calidad 
sobre el sistema de Justicia y las reformas recientes, es un paso valioso para toda la región 5 . 


1 Cientista Social, Investigadora CONICET-IIGG. 

2 Langer M., La larga sombra de las categorías acusatorio-inquisitivo, Revista de Derecho Público N.° 32, 
Bogotá: Universidad de los Andes. 2014. 

3 Damaska, Mirjan, The faces ofjustice and State authority: A comparative Approach to the LegalProcess. New 
Haven: Yale University Press. 1986. 

4 Ver sobre este tema y en perspectiva comparativa, Armenta Deu, T. (2002). “El fiscal instructor ¿es necesa¬ 
rio?”, Cuadernos de Derecho Público, Nro. 16. 

5 Observatorio Justicia y Legislación, “El funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal en el primer 
año de implementación”. Informe de gestión 2018. Facultad de Derecho, Universidad de la República (Ude- 
laR). 


79 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


I) Los Ministerios Públicos Fiscales en América Latina: el caso de Uruguay 

El caso de Uruguay es interesante por su lugar en la región, considerada la “Suiza de 
Sudamérica”, modelo de democracia y de representación partidaria, este país presentaba 
una de las raras excepciones donde el Ministerio Público seguía siendo parte del Poder 
Ejecutivo, (y no del Sistema de Administración de Justicia) integrando el Ministerio de 
Educación y Cultura. Mientras que en gran parte de los países de América Latina, los Mi¬ 
nisterios Públicos se crean en los años 90, en Uruguay, la Fiscalía General de la Nación (hoy 
una institución descentralizada) fue recién creada en 2015, por la Ley N°19.334, que susti¬ 
tuye a la Fiscalía de la Corte y Procuraduría General de la Nación. Esta nueva ley otorgó a 
la Fiscalía General de la Nación la máxima autonomía posible en el ordenamiento vigente, 
avanzando en el mismo sentido que toda la región 6 . 

La necesidad de reformas en el Servicio de Justicia y la implementación del sistema 
acusatorio, son en general un común acuerdo entre los juristas de los más diversos países, 
sin embargo, las formas de interpretarlo y de implementarlo, difieren en cada país y en este 
punto las diferencias en las culturas y sistemas políticos son claves. Según el Fiscal General 
de Uruguay, Jorge Díaz, se cambió el ADN de la fiscalía -el logo de la institución que es el 
símbolo del ADN- por otro lado, no termina de cerrarse, y de este modo, simboliza que las 
reformas de fondo continúan. Este nuevo “ADN” implicó reformular los cometidos de la 
institución, se eliminó gran parte de la competencia que no fuera estrictamente penal y se 
abandonó la competencia civil. 

Otros cambios importantes que surgen con la nueva gestión de la Fiscalía General en 
80 Uruguay, es que no se designa más como Ministerio Público sino como Fiscalía, y en este 
punto, subraya Jorge Díaz, el aumento considerable de mujeres en el plantel (80%) pare¬ 
ciera dar razón a la nueva denominación, en femenino. Una marca de época. También se 
modificó el estatuto de los fiscales, que ya no son magistrados, salir del áurea más propia del 
Olimpo de quienes “pueden juzgar”, sin modificar sin embargo las condiciones laborales de 
los mismos. También se implemento un sistema de información digitalizado que está mon¬ 
tado sobre el sistema de información de la Policía. Los dos sistemas inter-operan. Cualquier 
denuncia que entra por la Policía o la Fiscalía, entra al mismo sistema. La Policía tiene un 
número único para denuncias y los fiscales acceden a todas las denuncias. El fiscal abre la 
computadora y encuentra los casos que le llegaron: tiene tantas notificaciones del Poder 
Judicial, o denuncias policiales, esto permite tener toda la información. 

Las reformas de la Justicia, la creación y reforma institucional, obligan a poner en 
agenda las cuestiones técnicas, éticas y políticas de dichas transformaciones -imparciali¬ 
dad, transparencia, calidad de gobierno - pero también y particularmente las dimensiones 
más sociales e intersubjetivas de los valores que subyacen a las reformas y sus consecuencias 


6 Pío Guarnieri J P y Scaglione Lewowicz R., Fiscalía General de la Nación, Montevideo: Fundación de 
Cultura Universitaria. 2015. 



sociales. En el marco de este tipo de problemáticas se realizó en Montevideo el Seminario 
“Partidos Políticos y Poder Judicial en Uruguay” elll,12yl3 de junio de 2019, y fue De¬ 
clarado de Interés por la Suprema Corte de Justicia. 

II) Seminario “Partidos Políticos y Poder Judicial” de Montevideo, Junio 2019: 
constitucionalismo, activismo judicial y Derechos Humanos. 

El seminario “Partidos Políticos y Poder Judicial” fue organizado por el Departamen¬ 
to de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Repú¬ 
blica (UdelaR) y apoyado por el Área Socio-Jurídica de la Facultad de Derecho de la misma 
Universidad. Se presentaron personalidades del mundo académico, del derecho, las cien¬ 
cias políticas y la sociología, tanto nacionales como internacionales pero también persona¬ 
lidades del “Mundo de la Justicia”: el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo 
Turell, el Fiscal General Jorge Díaz, representantes de los Partidos Políticos de Uruguay, de 
los principales medios y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del 
Pueblo (INDDHH). Esta combinación de presentaciones, discursos e intereses, merece 
un reconocimiento a los organizadores, al esfuerzo de unir voces que suelen estar dispersas. 
También responde a un interrogante, o a varios interrogantes en torno a la Justicia: ¿Qué se 
espera de ella? Sus transformaciones recientes, las expectativas sociales y los efectos sociales, 
políticos y éticos concretos, como preguntarse también, qué actores pueden controlar su 
accionar, tema central, ya que su independencia no significa ausencia de controles demo¬ 
cráticos en base a principios 7 . 

Interesa también preguntarse, cuáles son los efectos de las decisiones más allá de cómo 
se las toma o a qué responden, que de por sí son preguntas profundas, pero que pueden 
quedar vacías si sólo se estudian a modo macro, y en función de los procedimientos demo¬ 
cráticos únicamente. En este punto el seminario mostró claramente que, más allá del debate 
académico, hay un tema de valores en pugna (de formas de pensar la profesión, de pensar el 
rol de los jueces, la relación entre formación y acción), que se vio en las ponencias sobre la 
historia de la Institución. 

En la mesa sobre “Justicia, Dictadura y Justicia Transicional” coordinada por el pro¬ 
fesor Jaime Yaffé, se estudió en particular, el rol controvertido de La Corte Suprema de 
Uruguay, en los casos de crímenes de lesa humanidad. Como señala Chargoñia (2014, p. 
27) respecto de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), “la CIDH pone énfasis en la conocida 
jurisprudencia de la Suprema Corte, iniciada en febrero de 2013, que declara inconstitu¬ 
cionales los artículos 2 y 3 de la Ley N° 18.831 8 . Aun cuando tales pronunciamientos tie- 


7 Ver sobre este punto el análisis de O ‘Donnell, G. (2001). “Accountability horizontal -la institucionaliza- 
ción legal de la desconfianza política-”, en Isonomía -Revista de teoría y filosofía del derecho-, N° 14. 

8 Chargoñia, P. Después de la sentencia Gelman Nuevos debates y desafíos en la lucha contra la impunidad 
de graves violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente. Informe DDHH 2013- 2014, SERPAJ 
Uruguay. 2014. 


81 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


82 


nen alcance limitado al caso concreto, es posible inferir una ilícita “muralla” impidiendo 
el avance de los juicios”. La Ley N° 18.813 (que permitía volver a juzgar a los responsables 
de desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, durante la dictadura en Uruguay, 
considerados como crímenes de lesa humanidad) ha sido declarada inconstitucional para 
varios casos desde la sentencia N°20/2013, constituyéndose en una estrategia de las defen¬ 
sas de los criminales de Estado (...) reeditando así la prescripción de los delitos como obs¬ 
táculo para la persecución de los delitos (Guianze, 2016, p. 6) 9 . Esto sucede además en el 
marco de disidencias dentro de la Corte Suprema. La sentencia, tiene los votos discordes de 
Bernardette Minvielle y Felipe Hounie, y considera que los delitos de lesa humanidad que 
se incorporaron al ordenamiento legal nacional en 2006 no pueden aplicarse a los crímenes 
cometidos antes de esa fecha. En este punto el artículo de Bardazano (2013) permite reco¬ 
rrer las decisiones judiciales desde la idea de interpretación legal, de los usos de las fuentes 
por los judiciales y sus consecuencias concretas, a partir de la misma ley de caducidad y 
como esta abrió la posibilidad de decisiones que trascienden la mera dogmática 10 . 

Según Lessa (2019, p. 8) en el caso de Uruguay, “no existe una jurisprudencia clara en 
relación con la aplicación del derecho internacional y, en particular, sobre el uso de la cate¬ 
goría de crímenes de lesa humanidad 11 . Más específicamente, salvo escasas excepciones, la 
Suprema Corte de Justicia ha sostenido que los delitos cometidos durante la dictadura no 
son de lesa humanidad. También Lessa 2019 (p. 8) subrayó que “muchas veces hay falta 
de formación y especialización en derechos humanos entre los operadores judiciales y en el 
resto de los actores institucionales vinculados con los juicios” 12 . En el caso de Uruguay, por 
ejemplo, la misma Corte Interamericana de Derechos Elumanos en su sentencia Gelman 
(del24/02/2011) había ordenado a Uruguay ya de implementar un programa permanente 
de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder 
Judicial, y “de investigar con celeridad las denuncias por violaciones a los derechos huma¬ 
nos, no obstaculizar dichas investigaciones (...)” (Guianze, 2016, p. 6). 


9 Guianze, M. “La impunidad más allá de la Ley de Caducidad. Construcción de un marco jurídico nacional 
de derechos humanos vs. persistencia de la cultura de impunidad”. Revista ILCEA. Número 26. [En línea] 
URL: http://ilcea.revues.org/39l6. 2016. 

10 Bardazano, G. “Los efectos de la ley. Entre la amnistía en la tradición nacional y Núremberg en la concien¬ 
cia de la humanidad”. En: Marchesi, Aldo (eds). Ley de Caducidad. Un tema inconcluso. Montevideo: Trilce. 
Disponible en http://www.geipar.udelar.edu.uy/index.php/2016/12/29/marchesi-2013-ley-de-caducidad- 
un-tema-inconcluso/. 2013 

11 En 2016, luego de diez años de gestión frenteamplista y cinco años después de la sentencia Gelman y de 
la consecuente evicción de la Ley de Caducidad del ordenamiento legal, los aportes de la justicia uruguaya a la 
gestión del pasado no son comparables en absoluto con los que ha hecho la justicia argentina después de haber 
removido los obstáculos legales que impedían el enjuiciamiento de los agentes del terrorismo de Estado. En 
Uruguay, de un total de 301 causas registradas, 66 son causas archivadas, 181 se encuentran en estado depre- 
sumario sin mayor avance, sólo 9 causas han recibido una sentencia de primera instancia y 6 tienen sentencia 
firme, encontrándose actualmente procesados o condenados un total de 28 personas. 

12 Lessa, E, La investigación de los delitos de lesa humanidad en Sur América: Desafíos para el presente y 
futuro. Análisis de políticas y líneas de acción sugeridas. Latin American Centre, University of Oxford. 2019. 



Ahora bien, desde la perspectiva de los actores, esta formación, resulta aún hoy ne¬ 
cesaria. Según Eduardo Turell, Presidente de la Suprema Corte de justicia de Uruguay: 
“Tenemos que revisar lo que se trató, a mi lo que me movió, esa afirmación de Yajfié en rela¬ 
ción a la justicia y yo recordé enseguida a esos jueces que se habían jugado, que despuésfueron 
destituidos, eso me tocó el alma, la defensa de eso, después esa calificación tan dura, todos esos 
jueces yo los conozco son jueces muy muy buenos, laforma de medir la calidad de sus sentencias 
pasa por medir tomar en consideración puntos que son ajenos a nuestra realidad, cuando yo me 
recibí ni por asomo, eso no existía la posibilidad de capacitarnos en el exterior no estaba (...)... 
ser un profesional destacado entonces puntea mejor, no se da en general... en Estados Unidos, 
cuando participo de actividades internacionales veo que hay magistrados de corte suprema que 
han tenido otra forma de capacitación que no se si los hace más capaces”. 

En este punto la Argentina, presenta un contexto un poco diferente tal como lo mues¬ 
tra el libro de Dezalay y Garth, respecto de Chile, Argentina y Brasil, así como los trabajos 
Vecchioli y Santa María, sobre los vínculos estrechos entre juristas, y organismos interna¬ 
cionales 13 . ¿Explicaría esto las especificidades del caso uruguayo? Una clave es profundizar 
en la perspectiva de los actores. 


III) Notas sobre funcionarios y empleados, jerarquías y obediencias 

Una problemática interesante para pensar el “Mundo del trabajo en la Justiciales pen¬ 
sar cómo se construye una carrera, la producción de jerarquías judiciales, y los principios 
morales y normativos. A nivel de la historia y sistemas políticos, es importante reconstruir 
algunos puntos principales que permitan una adecuada contextualización de los resultados 
y reconstruir la dinámica entre la “cultura política” y la “cultura legal” 14 . En este punto, 
el hecho que Uruguay sea un sistema político unitario puede explicar algunas situaciones 
concretas en las trayectorias de los actores individuales. En la comparación, por ejemplo, 
con Argentina, allí ser juez es un gran privilegio, y se agolpan en los concursos, los aspi¬ 
rantes, en Uruguay no logran alcanzar a llenar las vacantes. Muchos abogados en Uruguay 
no se presentan a concursos porque no quieren pagar el costo de vivir en el interior y ser 


13 Dezay Yves, Garth Brian G., La mondialisation desguerres depalais, Seuil, 2002. Vecchioli V., Santamaría 
A. Derechos humanos en América latina, Mundialización y circulación internacional del saber experto, CEPI, 
Bogotá: Universidad del Rosario. 2008. 

14 En particular podemos recuperar algunos puntos de la historia reciente en Uruguay, a partir de una decons¬ 
trucción crítica de los trabajo sobre Justicia, Política y Derechos Humanos. Abrahan, M. Y Risso M (2016), 
“El Poder Judicial durante el terrorismo de Estado en Uruguay Un enclave autoritario ausente del debate”, 
Informe Serpaj 2016. Abrahan, M. y Risso, M., (2018) “Llena de hondos silencios 1 Los debates en torno a 
la aprobación de la ley de Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente N° 19.641”, Informe de Derechos 
Humanos, SERPAJ. Bouvet, L. (2016) “Comportamientos judiciales y judicialización de la gestión del pasado 
traumático: para otra aproximación al proceso de justicia transicional en el Uruguay”. Ponencia presentada para 
las Primeras Jornadas sobre Memoria, historia y presente de la izquierda en Uruguay, FHCE/FCS UdelaR, 
2016. Sikkink, Kathryn. The judicial Cascade: How Human rights prosecutions are changing world politics. 
Nueva York-Londres: W.W. Norton&Co. 2013. 


83 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


84 


trasladados, poco tiempo después. El sistema federal argentino hace que los concursantes 
puedan presentarse a los concursos adonde quieran ser nombrados, con la posibilidad lue¬ 
go de seguir concursando. 

Otro punto importante, es rescatar los debates neo-institucionalistas y relativos a la 
buena gobernanza para el estudio de las instituciones de Justicia, en vistas de generar co¬ 
nocimiento de calidad sobre su funcionamiento y su rol, sobre la relación entre los actores 
individuales y las instituciones. Uno de los puntos centrales para Rothstein, B- y Teorell, 
J. (2008) que garanticen un buena institucionalidad en la región de América Latina, es la 
imparcialidad 15 . Según estos autores, su vínculo con la democracia, el Estado de Derecho 
y la eficiencia no permiten salir del círculo de poder real en el que los países del sur se en¬ 
cuentran. Es decir que la única posibilidad de generar una institucionalidad de calidad es a 
través de la imparcialidad. 

En Uruguay, como en otros países de la región, encontramos el contraste entre la for¬ 
malidad del derecho y la informalidad de las prácticas: acomodos, sanciones o evaluaciones 
no ligadas a la producción del derecho y a su calidad. En esto, las instituciones de Justicia 
se asemejan a las instituciones políticas (u otros organismos públicos) aunque de algún 
modo, su funcionamiento es aún más paradojal, ya que deberían representar la aplicación 
paradigmática de la norma. En este punto, los organismos de control, son muy importan¬ 
tes. La INDDHH en Uruguay recuerda, en su Informe Anual: las normas internacionales en 
materia de independencia del Poder Judicial establecen una serie de estándares para los nom¬ 
bramientos y la permanencia en el cargo, y las mismas enfatizan en que “una de las prácticas 
que afectan la independencia o imparcialidad del Poder Judicial es el sistema de ascensos o mo¬ 
vilidad. Los principios ¿ásicos relativos a la Independencia de la Judicatura establecen que 
los criterios deben ser objetivos. En la misma dirección se pronuncia el Estatuto del Juez 
Iberoamericano, cuando establece que la estabilidad en el cargo es una garantía esencial 
de la independencia judicial y las decisiones de ascenso deben estar basadas en los mismos 
criterios objetivos que para la designación, y deben ser el resultado de un procedimiento trans¬ 
parente y equitativo (...)” (Declaración de la INDDHH, 2013J. 

A modo de cierre 

La historia de las instituciones jurídicas en Argentina, muestra que grandes reformas 
del tipo pasaje de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio pueden no tener resultados 
visibles para la gente común, que pueden traerlos con los años, pero que siempre dependen 
de cierta voluntad política y cierta decisión personal de quienes están en los cargos de deci¬ 
sión. Las buenas estructuras, sin buenos funcionarios y empleados, no traen frutos, ni gran¬ 
des personalidades en estructuras rígidas o demasiado arcaicas pueden realmente generar 
grandes transformaciones. Es un sutil equilibrio y una dinámica constante que depende de 

15 Rothstein B. y Teorell J. “What Is Quality of Government? A theory of Impartial Governmente Institu- 
tions” in Governance: An international Journal of Policy: Administration and Institutions, Yol. 21, N 2. 2008. 



los valores en pugna y de que no se olvide lo más importante, de lo que no se suele hablar, 
que es la dignidad humana al momento de tomar decisiones. Esta dignidad en dinámica 
con los Derechos Humanos positivizados, es parte de ellos pero también es sentido común 
y humanismo, razón y empatia, la política o el derecho no pueden imponerse por sobre la 
dignidad humana, aunque parezca una evidencia esto siempre debe ser remarcado, porque 
esa dignidad implica conocer las conductas de los seres humanos y no negarlas o idealizar¬ 
las, es una comprensión que implica un salto con respecto a prejuicios y presupuestos -so¬ 
bre un supuesto egoísmo existencial, o la ingenuidad respecto al egoísmo posible- también 
las especificidades de la subjetividad del abogado. 

Según Vaz Ferreira (p. 62) una característica “del estado mental que tan fácilmente se 
produce en los abogados, consiste en un respeto excesivo a las fórmulas hechas a las pres¬ 
cripciones de los códigos, como si no fueran dictadas por hombres (...) disposiciones que 
provienen, unas de la época romana, la más dura de cuantas existieran, y otras, de la época 
bizantina 16 . Volver a Hannah Arendt nunca está demás. Según Arendt (1972, p. 206): “La 
legitimidad totalitaria, en su desafío a la legalidad y en su pretensión de instaurar el reino 
directo de la justicia en la tierra (...) aplica la ley directamente al género humano sin preo¬ 
cuparse de la conducta de los hombres”, (mi traducción) 17 . 


85 


16 Vaz Ferreira C., Moral para intelectuales, Centro cultural de España: Montevideo. 1963. 

17 Arendt, H . Le Systémetotalitaire. Paris: Seuil. 1972. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 



Foto: Agustín Fernández 


24 a Marcha del Silencio: 

86 Qué nos digan dónde están! Contra la impunidad de ayer y hoy” 

A las seis y media de la tarde, bajo una copiosa lluvia, las fotos de cada detenido/a 
desaparecido/a se desplegaron en la esquina de Jackson y Rivera esperando que madres, 
padres, hijas e hijos, hermanas/os, sus amigas y amigos o quien lo desee, las tome y las lleve 
en alto hasta la Plaza Libertad. 

Poco antes de las siete se devino multitud. Formados para salir, un mar de paraguas 
intentaba ordenarse para cubrir la mayor cantidad de gente. Ese profundo y ensordecedor 
silencio de cada 20 de mayo, hoy se acompañaba del sonido del agua y los flashes de cámaras 
y celulares que intentaban plasmar ese momento. 

Desde 2016, las consignas traen -explícitamente- el reclamo de terminar “con la impu¬ 
nidad de ayer y de hoy”. Es que son cuatro años de incorporar “nuevas” impunidades a las 
ya más que sabidas y aún dolorosas. 

Este año traen a los Tribunales de Honor (horror?), y lo asesino de Gavazzo, y el ocul- 
tamiento de Manini, y parte de un Parlamento cómplice que elige no votar las venias del 
pase retiro de los cuatro generales... 



Saber la verdad es y será el reclamo primigenio. A más de 30 años de vida democrática, 
de 24 años de marchas, de madres y familiares que siguen partiendo sin saber nada de sus 
seres queridos, que les digan dónde están ya casi que deja de ser un reclamo. Es un impera¬ 
tivo moral por parte de quienes lo saben. 

Reiteraremos mil veces más, al Estado y al gobierno, su responsabilidad en el esclareci¬ 
miento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismos 
de Estado. Conocer la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos durante la 
dictadura cívico-militar y exigir justicia para los perpetradores, es su responsabilidad. 

La de ayer, la de hoy. La de siempre. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 



Montevideo, 30 de agosto de 2019 


Hoy es un encuentro especial. 

Conmovidos y expectantes, a tres días de un hallazgo, tener que hablar de la Desapa¬ 
rición Forzada, además de la emoción inocultable, de la fuerza que da recuperar un nuevo 
cuerpo-, porque es posible, porque ahí están, nos pone sobre la mesa las mismas preguntas: 
Cómo es que llegamos acá? ¿Porqué recién hoy? ¿Por qué apenas cinco? ¿Por qué tantos 
años de impunidad? 

Todo nos habla de lo que continúa oculto, nos cuestiona sobre quiénes lo ocultan y 
porqué. Pero también nos dice que es posible sacarlo a la luz. Con todo lo que esa luz enri¬ 
quece nuestro presente. 

Nos refuerza el compromiso que asumimos de encontrarlos a todos y recuerda las di¬ 
ficultades de este camino. Los cientos de obstáculos que a lo largo de estos años venimos 
explicando, denunciando y exigiendo su remoción. 

Esta fecha nos interpela aún más. Porque la Desaparición Forzada que continúa pre¬ 
sente en Uruguay enquistada en el ocultamiento de los cuerpos de nuestros desaparecidos, 
cobijada por políticas permisivas hacia sus perpetradores, protegida por barreras de impu¬ 
nidad, se extiende por el mundo, tanto que hoy coexiste con distintos regímenes no sólo 
dictatoriales y abarca a todo tipo de victimas. 

Su permanencia y la cultura de impunidad generada, matrizan en muchos aspectos 
esenciales la construcción de nuestra democracia. 

La desaparición forzada, vale recordarlo, es un delito de derecho internacional, de 
lesa humanidad, imprescriptible y tiene un carácter permanente; articula estrategias de 
ocultamiento y destrucción de pruebas desde el inicio (detención secuestro u homicidio) 
como forma de invisibilizarse y que perdure en el tiempo como amenaza desestabilizadora y 
paralizante para los demás. Su mayor efecto es social (el desconcierto, el silencio, el miedo, 
la dificultad de demostrar que sucedió, la amenaza implícita para todo tipo de lucha) y no 
cesa hasta que se encuentren los restos y se desenmascare todo lo que se conjuga en él. 

Para todo eso, es necesaria la complicidad del Estado; la inicial al momento de la de¬ 
tención o el secuestro y las sucesivas que lo mantienen oculto e impune. Incluyendo a los 



gobiernos posteriores a las dictaduras, si no tienen el claro propósito de cortar de raíz sus 
efectos. 

Hacerlo, implica acciones comprometidas, firmes y profundas que tienen que ver con 
la justicia, con investigar, conocer, sancionar y divulgar todo lo que pasó y con la desarticu¬ 
lación y transformación a fondo de la institucionalidad del estado dictatorial que cometió 
el crimen, En particular las FFAA que fue el brazo ejecutor de ese terrorismo de Estado. 

En nuestro país, las desapariciones se dieron en el contexto represivo del avance hacia 
la dictadura y la posterior instalación del terrorismo de Estado como resultado de la perse¬ 
cución masiva que se hizo a todo tipo de oposición política y social. 

En dicho marco, se ejecutó o torturó hasta la muerte a más de 400 compatriotas y con 
un criterio selectivo que aún tenemos que desentrañar, algunos de esos cuerpos no fueron 
entregados: nuestros desaparecidos. 

Las desapariciones se inician antes del golpe de Estado, en 1971, con el secuestro y 
desaparición de dos militantes del MLN: Abel Ayala y Héctor Castagnetto, a manos de 
escuadrones de la muerte (grupos para-policiales durante el gobierno de Pacheco Areco). 
Y se continúan a lo largo de toda la dictadura. 

El decreto del 1971 da a las FFAA la conducción de la “lucha anti subversiva” y en ese 
mismo año se forma la OCOA que junto al SID, serán como organismos especializados, el 
brazo ejecutor de la represión durante el terrorismo de Estado. 

El quiebre institucional venía madurando. 

En el 72, con la declaración del Estado de guerra interno y la ley de seguridad del esta¬ 
do, se legaliza la arbitrariedad y todo detenido pasa a ser “desaparecido” sin protección legal 
por días -semanas, en un proceso que no se detendrá hasta la disolución del Parlamento en 
junio del 73. 

Ese camino abonado por decretos y leyes parlamentarias llega al golpe encabezado por 
un presidente electo. Rechazado inmediatamente por la histórica huelga general y aplaudi¬ 
do por las grandes cámaras empresariales y los grandes medios. 

Hoy sabemos mucho de los 12 años que siguieron. De las torturas, las muertes, los 
planes supranacionales, del Cóndor. 

De todo resaltamos una vez más el innegable carácter institucional q tuvo la represión, 
la tortura, la muerte, las ejecuciones y desapariciones llevadas adelante por las FFAA uru¬ 
guayas. 

A las denuncias de cientos de testigos, hoy sumamos los aportes de sus propios archi¬ 
vos. Negaron su existencia, pero aún los pocos conseguidos, recortados y tachados, clara¬ 
mente los incriminan. 


89 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Nada de lo realizado se hizo sin contar con la aprobación de los más altos mandos y las 
órdenes precisas de toda la cadena jerárquica de las tres armas. El OCOA, el SID no eran 
una patota ni un grupo suelto de dementes. Ninguna operación fue realizada sin una plani¬ 
ficación previa, órdenes específicas y detallados informes posteriores (muchos de los cuales 
hoy se aportan a la justicia). Nadie, en este país, en un sistema cuyo sustento es la disciplina 
y la subordinación, mató, desapareció, ni enterró clandestinamente a nadie sin cumplir una 
orden y sin informar exhaustivamente a sus superiores. 

De los compañeros y compañeras asesinados a lo largo de estos mas de 12 años, ellos 
resolvieron que cuerpos entregar y a quiénes desaparecer y ocultar sus restos (como decía¬ 
mos antes, con un criterio selectivo que todavía tenemos que desentrañar) -como ejemplo 
público ahí está Gavazzo, acusando a Esteban Cristi de ser quien toma la decisión de desa¬ 
parecer a Roberto Gomensoro una vez asesinado. 

Fueron los más altos mandos los que decidieron el destino de nuestros familiares. 

La desaparición tiene una sistematización, que de a poco se va aclarando y con ella 
las responsabilidades. No parece una casualidad que 4 de nuestros desaparecidos fueron 
hallados en los predios de los ex Batallones 13 y 14, batallones que no dependían de una 
región militar, sino directamente del Comandante en jefe de turno: Chiape Posse, Vadora, 
Gregorio Alvarez, Queirolo, Boscan Hontou. 

Ellos tuvieron la información y tomaron o accedieron a la decisión. 

Fueron luego los Comandantes en Jefe desde esos años hasta hoy, quienes siguen de- 
90 cidiendo el ocultamiento. 

También son los gobiernos, presidentes, ministros, legisladores y Supremos Tribunales 
de Justicia del año 85 a la fecha quienes no exigieron que entregaran la verdad. 

Durante los años de terrorismo de Estado, desde toda la institucionalidad del Estado 
se vigiló, amenazó, persiguió; se impuso un disciplinamiento a toda la sociedad, que era su 
verdadero objetivo. Se intervino la educación y la cultura. Los medios de expresión y hasta 
el lenguaje. 

Se utilizó toda la estructura del Estado, hasta la diplomática para perseguir y controlar 
a los exiliados. Se acordaron y consolidaron planes macabros internos y externos, de inter¬ 
cambio de prisioneros, de secuestros, ejecuciones, apropiaciones de nuestros hijos y nietos. 

Así de grave y profundo fue el terrorismo de Estado. 

Por lo tanto, la tarea de construcción democrática posterior era mucha, y el único 
camino: verdad y justicia. 

Los primeros gobiernos lo bloquearon. Negando y tergiversando los hechos, legali¬ 
zando la infamia e impunidad con la ley de caducidad. No era raro, los mismos políticos 
que alentaron el golpe, estaban nuevamente en el ruedo. 



Quedaba claro que había cambios que sólo se podían dar con un gobierno diferente, 
que reconociera lo sucedido, libre de complicidades y comprometido con su pasado clara¬ 
mente anti dictatorial. 

La deuda no era exclusivamente con los muertos y desaparecidos sino con toda la so¬ 
ciedad que debía reconocerse, cuestionarse y liberarse de lo que se quería naturalizar, la 
impunidad del terrorismo de Estado. 

En el 2005, el Frente Amplio no estuvo a la altura de la demanda histórica para condu¬ 
cir las acciones profundas que precisábamos. 

-Para liberar e impulsar una justicia independiente que cortara el paso a la impunidad. 

-Para reformular las instituciones que seguían intocadas, donde sin lugar a dudas, en¬ 
tre todas, las FFAA era la principal, aunque no la única. Su oficialidad de aquellos años, 
aún activa y muy especialmente sus comandantes, sus mandos, sus servicios de inteligencia, 
debieron ser cesados. 

El desafío era uno y ese momento una nueva oportunidad: democratizar nuestra socie¬ 
dad. Romper las barreras de inclusión y pobreza junto a una comprometida batalla contra 
la impunidad. 

Los logros sociales debían ser sostenidos por la conciencia de lo que costaron, de las 
luchas por la libertad, contra la dictadura y de las luchas anteriores, por trabajo salario, 
educación. Todo lo que el autoritarismo arrasó, todo por lo que el autoritarismo persiguió, 
mató, desapareció y permanecía avalado por la impunidad. 

La participación de esas Fuerzas Armadas en la dictadura debía ser cuestionada pú¬ 
blicamente y juzgada (aunque hubieran pasado años, aún lo es) no sólo individualmente, 
porque no actuaron así, sino preguntarnos como sociedad algo que sigue pendiente: qué 
FFAA necesita, este país. Claramente no son las que se vuelcan contra su pueblo al que 
deberían defender. ¿Entonces: para qué? 

Y mientras tanto: ¿con qué número de oficiales? ¿con cuál formación? ¿para cumplir 
cuáles tareas ? Se debió derogar su ley orgánica del 74, en ese momento, cambiar drástica¬ 
mente su vínculo con el Ministerio de Defensa, al que nunca se subordinó del todo y no 
arrastrar lo que se venía dando. 

Este tiempo perdido fue mucho. 

Claro que hubo avances y no los negamos, pero si cuestionamos que esos avances en 
tandas, de a poquito, no llegaron al corazón del problema. 

Y en este tiempo, se consolidaron dos cosas muy importantes y negativas. 

— Una cultura de impunidad que se extiende más allá de los crímenes que ampara. 
Que no es sólo judicial, aunque haya fragilizado al sistema de justicia y el valor de la 
misma y por tanto al propio Estado de Derecho. Una impunidad “descontextuali- 


91 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


92 


zada”, totalmente inexplicable e inadmisible para una sociedad que valora el respeto 
y la libertad. 

— Y unas FFAA cohesionadas en el orgullo de lo que hicieron en dictadura, de su pa¬ 
sado criminal, convencidas de su mesianismo salvador, formadas hasta ahora en los 
valores de aquéllos años y sintiéndose la reserva moral de la nación. 

La ideología que los sostuvo hasta hoy, no ha sido derrotada, ni siquiera se ha acallado. 

A pesar de todo lo que se conoce, la impunidad funcionó como un aval a lo actuado. 
El Estado les ha ido otorgando nuevas oportunidades: misiones de paz, defensa de la fron¬ 
tera. Ha permitido sus manifestaciones sobre temas ajenos a su incumbencia, sus mentiras 
deliberadas sobre el paradero de restos de desaparecidos y todo lo que conocemos con su 
profusa presencia de opiniones y críticas en los medios. 

Desde que se hicieron públicas las actas de los Tribunales de Honor este panorama, 
ampliamente denunciado en estos años, explotó y se hizo inocultable. 

El hasta ese momento Comandante del Ejército, Manini Ríos lo utilizó para atacar 
al Poder Judicial y como ya lo venía anunciando, usó su investidura y la estructura estatal 
como plataforma para lanzarse al ruedo político. 

También provocó una inmediata y positiva reacción del presidente (dar de baja a 7 
generales) que apoyamos firmemente, aunque cuestionamos su falta de transparencia. Esa 
firmeza era la que estos acontecimientos ameritaban. 

Fue lamentable la decisión del senado, que con un confuso mensaje de valores a la 
sociedad permitió, una vez más, que estos graves hechos quedaran sin sanción y dejó a esos 
generales al mando del ejército. 

Hoy, la existencia de un partido militar, creado desde la institución, testifica triste¬ 
mente esta situación. 

En esta peligrosa confusión y con total irresponsabilidad de parte de sus impulsores, se 
plebiscitará una reforma constitucional que pretende poner a estos militares nuevamente 
en las calles. Nos oponemos totalmente a esta campaña. Entre los muchos motivos porque 
además significa una marcha atrás en la conciencia sobre su papel institucional en la dicta¬ 
dura que aún no está aclarado y mucho menos saldado, sino todo lo contrario. 

Este es el corazón de nuestra lucha, porque es la impunidad quien acarrea estos peli¬ 
gros, la que condiciona nuestra convivencia, nuestro presente y las luchas del futuro. 

Apoyamos desde el primer momento la campaña “NO a LA REFORMA” y convo¬ 
camos junto a ellos a los distintos sectores de la sociedad, como ya lo están haciendo, a 
sumarse a esta iniciativa. 

Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, pero acá estamos. 



Cuando parecía todo liquidado por el resultado negativo del voto verde, se volvió a 
empezar. Desde el sótano de Serpaj, con su indeclinable voluntad, algunas madres resis¬ 
tieron el aislamiento, nos dieron la esperanza y la fuerza para continuar esta lucha. Y lo 
hicimos. 

Ante el bloqueo de la justicia local, hace casi 20 años, unos pocos familiares iniciaron 
la causa frente al tribunal de Roma. Hoy festejamos su resultado con una sentencia trascen¬ 
dente. 

La perseverancia, la permanencia, ha sido transmitida por nuestras madres en esta lu¬ 
cha tanto como la justeza de sus objetivos. 

Hoy los jóvenes compañeros del GIAF nos dan una clara muestra de ello. Su fuerte 
compromiso y gran convicción son lo que posibilitaron este logro. Como dijimos antes, 
es a ellos y a otros persistentes compañeras y compañeros que rodean la tarea que se los 
debemos. 

Cada hallazgo nos devuelve mucho más que a la querida o querido compañero que 
tanto buscamos. Trae la esperanza que esta lucha los rescatará a todos y con ellos abrirá un 
camino de mayor libertad. 

Por lo tanto, no hablamos del pasado. Esta lucha la estamos gestando hoy cada día, 
cuando queremos justicia, cuando no queremos aceptar lo inaceptable, cuando queremos 
cuidar nuestras fuentes de trabajo, el medio ambiente, la diversidad de derechos. La lucha 
por todos los derechos confluye y se potencia. Y sale a las calles de todo el país los 20 de 
mayo. Hace mucho que no estamos solos. 

Hay que buscarlos y encontrarlos. Con más fuerza, más investigación y exigencia a 
quienes deben aportar datos y no obstruirlos. 

Recibimos con gran expectativa el proyecto de ley para la búsqueda de nuestros desa¬ 
parecidos que presidencia presentó hace unas semanas a la Comisión de Legislación y Có¬ 
digos. 

Es auspicioso que quede en manos de un organismo independiente como la Institu¬ 
ción Nacional de Derechos Humanos. El proyecto es claro y explícita las potestades y pre¬ 
supuesto imprescindible para llevarlas adelante. 

Todos los presidenciables se han expresado a favor de esta búsqueda. Tienen la opor¬ 
tunidad de que no sean sólo palabras de campaña electoral sino votos concretos y unánimes 
para este proyecto con estas potestades. Sin ellas, no tiene sentido ni credibilidad, ni asegu¬ 
ra resultados concretos. 

Y la justicia. ¡¡La queremos toda!! Aunque ya tan tardía, sea poco o nada reparadora, 
no podemos dejar a otra generación esta batalla. No renunciaremos a que el Poder Judi¬ 
cial incorpore los delitos de lesa humanidad. Y se conforme una nueva Suprema Corte de 


93 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Justicia que lo sostenga, en sintonía con el trabajo serio y activo que está desarrollando la 
Fiscalía Especializada. 

Decimos siempre: no existe Estado que vaya a asumir estos compromisos sin un im¬ 
pulso popular decidido. Lo demuestra la tardanza de todos estos años. Por eso es impres¬ 
cindible una sociedad informada, consciente, atenta, involucrada; que no tolere las debili¬ 
dades, los ocultamientos y las demoras en este tema. No más. 

Que no tengan cabida en esta sociedad ni los crímenes ni sus perpetradores. Ni los 
ideólogos de estas barbaries, que se maquillan y reciclan una y otra vez. Todos somos Fa¬ 
miliares. 

“Hoy hay un cuerpo más entre nosotros. Un cuerpo como marca, como grito, como 
recuerdo. Un pedazo de nuestra identidad que se vuelve visible y que nos vuelve dignos, nos 
pide justicia. Un cuerpo que aparece. Uno de nosotros. Un nudo se desata. La memoria está 
encontrando las palabras”. 

Nunca más Terrorismo de Estado 
¡¡Que nos digan dónde están!! 

Verdad y Justicia. 

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos 


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Foto: Santiago Mazzarovich 


Es Eduardo 


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Patricia López Meló 1 


Es el padre de Irene, Gerardo, Rosana y Carlos. 

Es quien nació el 12 de noviembre de 1927, hace 92 años. 

Es el que cuentan sus hijos era un gran orador, un hombre comprometido, con ideas 
claras y firmes. 

Es el hombre que conocemos a través de ellos, hombres y mujeres con un don de gente 
que refleja lo que fue su padre. 

Es el hombre que conocemos a través de los testimonios de quienes sobrevivieron al 
“300 Carlos”, al “Infierno Grande”; quienes cuentan sobre su firmeza, sobre su solidaridad, 
a pesar de la situación en que se encontraba en ese infame centro clandestino de detención. 


Integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. 


MEMORIA E IMPUNIDAD 






DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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Su familia, como la de todos los detenidos desaparecidos, lo ha buscado desde el mo¬ 
mento de su detención, el 29 de octubre de 1975. Desde ese día, nunca más supieron de él. 

Este 27 de agosto, a la tardecita, llegó la noticia: “encontraron algo en el 13”. Algo, 
para nosotros significa restos de un familiar, algo significa todo. Se nos para el corazón y el 
tiempo. 

No sabíamos de quién era el cuerpo encontrado allí, en ese lugar-cementerio; lugar que 
cuando caminamos sobre el terreno, es imposible no pensar que caminamos sobre tumbas. 

Las tumbas de tantos que continuamos buscando, tratando de encontrarlos y así en¬ 
contrar por lo menos una parte de la verdad, tan sanadora, sobre todo para cada familia y 
sin dudas, para todos como sociedad. 

El 7 de octubre finalmente supimos, el corazón y el tiempo volvieron a andar, acelera¬ 
dos. Es Eduardo. 

Eduardo Bleier Elorovitz, vuelve con su familia. Después de 43 años de secuestro fue 
rescatado, es rescatada su memoria y su vida. 

Las Fuerzas Armadas, responsables de su desaparición, del dolor causado a esa familia 
y tantas otras, nunca han dado respuestas ni han asumido su responsabilidad sobre todo 
lo ocurrido durante el período del terrorismo de Estado, ni nos dicen qué pasó y ni dónde 
están los detenidos desaparecidos. Aún los mantienen secuestrados. 

Es una frase común decir “la tierra habló”. Tarde o temprano la verdad sale a la luz, en 
este caso, salió de la tierra. 

Entonces nos hallamos preguntándonos una y otra vez y obtenemos la misma res¬ 
puesta: la búsqueda debe continuar, hay que seguir trabajando, redoblar esfuerzos, con la 
convicción de encontrarlos a todos. 

Como escribió Mario Benedetti: “Están en algún sitio / concertados / desconcertados 
/ sordos, buscándose / buscándonos...” 

Finalmente, Eduardo nos encontró. 




Montevideo, 22 de octubre de 2019 

Como es de público conocimiento Madres y Familiares nos reunimos con los candi¬ 
datos de los partidos con representación parlamentaria para hablar de cómo continuar la 
búsqueda de nuestros desaparecidos. 

Decidimos dar este paso en medio de una contienda electoral en la que todos los can¬ 
didatos expresaron públicamente su compromiso de continuar dicha búsqueda, haciéndo¬ 
se eco de esa mayoría insoslayable de casi un 75 % de uruguayos que opinan que la misma 
debe continuar. 

Para nosotros esta búsqueda es de todos. Y es responsabilidad del Estado conducirla 
y concretarla. 

Agradecemos a las fórmulas de cada partido, su disposición para concurrir a estas reu¬ 
niones en la etapa final de una ajetreada campaña, la franqueza con que se abordó los temas 
planteados, y el respeto con que escucharon otros temas y reclamos inherentes a nuestra 
lucha. 

Como resultado de estas reuniones podemos concluir que hubo coincidencia en 2 
temas fundamentales. 

1. En continuar la búsqueda de todos nuestros desaparecidos. 

2. En respaldar la nueva ley votada, que asigna el cometido de investigación y bús¬ 
queda a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Implica el compromiso 
de otorgar el presupuesto necesario para hacer viable la formación y actuación del 
equipo de investigación y búsqueda concreta, de respaldar las potestades que la ley 
le otorga y de impartir las directivas pertinentes para que todas las instituciones del 
Estado cumplan a cabalidad con la entrega de información. 

La investigación y la búsqueda deberían tener el impulso suficiente para dar un vuelco 
real en los hallazgos. Sabemos que los desaparecidos están ahí, secuestrados en predios mi¬ 
litares o en predios que estuvieron bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Como 
estaban Ubagesner Chaves Sosa, Fernando Miranda, el maestro Julio Castro, Ricardo Blan¬ 
co, Eduardo Bleier. 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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Ese es el compromiso que los candidatos asumieron. Y ese debe ser un compromiso 
del Estado que gobiernen. 

Nos parece muy importante haber tenido estas respuestas. Son producto de la inmen¬ 
sa y perseverante lucha de tantos años llevada adelante no sólo por los familiares sino por 
vastísimos colectivos de derechos humanos, sindicales, sociales y partidarios de todo el país, 
y por ese inmenso pedazo de nuestro pueblo que se vuelca a las calles cada 20 de mayo. 

Los crímenes del terrorismo de Estado afectaron a miles de uruguayos y dañaron a la 
sociedad en su conjunto. La inadmisible impunidad de esos crímenes, el secreto con que se 
los encubre, debilita la democracia en que vivimos. 

Los candidatos de los cinco partidos escucharon también nuestras motivaciones y los 
obstáculos principales de nuestra búsqueda. 

Señalamos la nula colaboración de las Fuerzas Armadas, su pacto de silencio, sus men¬ 
tiras y sus maniobras distorsivas. 

Señalamos la débil y a veces tardía intervención del Poder Ejecutivo para subordinar 
en todos sus términos a las Fuerzas Armadas heredadas de la dictadura. 

Señalamos la falta de justicia que se impuso con la Ley de Caducidad y las inmensas 
dificultades para avanzar luego del decreto de 2011 y la ley que cesó sus efectos. 

Señalamos por último los peligros que vemos en la Campaña “Vivir sin Miedo”, y la 
creación del Partido militar que viene a imponer las mismas concepciones y a levantar las 
mismas banderas con que se dio el golpe de Estado en 1973. 

El Partido militar Cabildo Abierto proviene de filas en las que rige el pacto de omertá. 
Su candidato ha avalado lo actuado por las Fuerzas Armadas en dictadura y ha utilizado 
el desborde constitucional que no tuvo freno para hacer campaña política mientras fue 
Comandante. 

Tuvo todo en sus manos para entregar información real sobre los delitos investigados 
pero eligió mentir. 

No se trata entonces de diferentes puntos de vista políticos, se trata del riesgo de hacer 
concesiones o establecer alianzas con un sector proclive a medidas castradoras y autorita¬ 
rias en especial contra la juventud. 

Queremos “vivir sin miedo” pero con libertad y sin amenazas. 

Reprimir el delito es un concepto que nada tiene que ver con militarizar las calles y 
mucho menos con resignar derechos ciudadanos. Hay leyes suficientes en nuestro ordena¬ 
miento jurídico para enfrentar a la delincuencia. Y son necesarios enfoques más complejos 
que la represión, para avanzar en rehabilitación, inclusión, sin convertir al país en un gigan¬ 
tesco cuartel. 



Convocamos a todos los uruguayos, no importa cuál sea su preferencia electoral, a NO 
poner la papeleta de la reforma constitucional. 

Nuestra lucha ha sido y es por la vida. Defender el derecho de todos a no ser desapare¬ 
cidos necesita rescatar a nuestros familiares desaparecidos de la oscuridad a la que los per¬ 
petradores los condenaron. Necesita juzgar a los culpables para darnos mínimas garantías 
de no repetición de estos crímenes. 

Esta es la primera vez en estos 34 años, desde 1985 que todos los partidos con repre¬ 
sentación parlamentaria se comprometen a buscar a los desaparecidos. 

Gracias a la conciencia y movilización de nuestro pueblo llegamos hasta aquí, y es 
juntos y movilizados como siempre, sin bajar los brazos que seguiremos avanzando; hasta 
encontrarlos! 

Por Verdad memoria y Justicia. 

¡No a la Reforma Constitucional! 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 


99 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 



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Memoria y sitios de memoria: el pasado en disputa 


Malena Laucero I Efraín Olivera 1 


“No hay sitios de memoria sin constructores de memoria 

Gerardo Caetano 


La Ley N° 19.641, de Declaración y Creación de Sitios de Memoria del Pasado deciente 
de Uruguay promulgada el 13/7/2018 cumplió su primer año de vigencia. Desde sus oríge¬ 
nes en 2015, cuando un grupo de ex presos políticos, familiares, amigos y vecinos del Sitio 
300 Carlos, apoyados por el Museo de la Memoria, comenzaron a impulsar la constitución 
de una Red que promoviera el trabajo en torno a estos lugares, constituyéndose luego la 
Red pro Sitios de Memoria, Serpaj ha ido informando cada año sobre esta iniciativa, que 
puede verse primeramente en el Informe Serpaj 2016; pasando luego por el proceso de ela¬ 
boración colectiva de la propuesta de ley que ingresó al Senado en el 2017, hasta el debate 

1 Activistas en derechos humanos, miembros e integrantes de Serpaj. Efraín es uno de los fundadores de 
Serpaj. 





parlamentario y su aprobación el 6/12/2018, en el Informe 2018. En el presente Informe 
daremos un resumen detallado de las actividades y principales debates del primer año de la 
Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM) que implementa la ley. 

Comparado con los países de la región, la respuesta uruguaya al tema es bastante tar¬ 
día, no obstante es muy probable y deseable que esta ley se constituya en el devenir social, 
en un hito importante para la comprensión de la historia sobre el pasado reciente del país; 
porque de ejecutarse el texto de la ley en toda su amplitud e intencionalidad, es previsible 
que los testimonios resistentes que se recogerán vayan a aportar al esclarecimiento de los 
hechos y con ello a la verdad y a la justicia. 

El concepto de Sitios de Memoria adoptado por la ley tiene, en correspondencia con los 
debates actuales, una acepción amplia, y probablemente sea la más avanzada en cuanto a su 
proyección de la región. La ley distingue y reconoce tres modos de expresar lo memorable: 
1. los lugares que el terrorismo de Estado usó como sitios de detención y tortura; 2. los 
lugares reconocidos por la ciudadanía como sitios donde se ejercieron múltiples formas 
de resistencia y 3. los espacios de memoria, creados con la intención de (re)construir las 
memorias de lo sucedido en esos sitios y contribuir a la restitución de la verdad en la subje¬ 
tividad cívica y política y del Estado de Derecho. 

Otra peculiaridad de la ley y quizás una de sus fortalezas es que no solo surgió de la 
demanda social, sino que fue impulsada, elaborada y ampliamente debatida por organi¬ 
zaciones sociales y de derechos humanos que posteriormente contaron con el apoyo del 
senador Marcos Carámbula y la entonces directora de la Institución Nacional de Derechos 
Humanos (INDDHH) Mirtha Guianze. 


Implementación 

Aprobada la ley, ésta en su art. 8, establecía que para su implementación se debía 
formar dentro de los treinta días posteriores: a) una Comisión Nacional Honoraria de 
Sitios de Memoria (CNHSM) y b) una Red Nacional de Sitios de Memoria formada el 
27/10/2018. 

a) La Comisión (CNHSM) lo hizo el 31/10/2018; tiene funciones organizativas- 
ejecutivas y está conformada por tres representantes de la Red 2 ; dos de Organizaciones de 
Derechos Humanos 3 (Crysol y Madres y Familiares de detenidos Desaparecidos) y cuatro 
representantes estatales: Ministerio de Educación y Cultura (MEC); Administración Na- 


2 La integración de la CNHSM de noviembre 2018 a noviembre 2019 fue: INDDHH que preside la Co¬ 
misión: Mariana Mota; UDELAR Gerardo Caetano (titular), Aldo Marchesi (suplente); MEC Nicolás Pons 
(titular), Valeria Da Trindade (suplente); ANEP (CODICEN y Consejos desconcentrados) Verónica Massa 
(titular), Lorena Placencia (suplente); RED DE SITIOS, 3 delegados titulares: Elbio Ferrario, Verónica Mato, 
María Julia Izaguirre; Suplentes: Silvia González, Rosario Caticha, Efraín Olivera. 

3 2 delegados de organizaciones sociales: Crysol (Ivonne Klingler y Baldemar Taroco) y Madres y Familiares 
de Detenidos Desaparecidos (Angeles Michelena y Adriana Cabrera), ambas organizaciones comparten un 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


cional de Educación Pública (ANEP), Universidad de la República (UdelaR) y la Institu¬ 
ción Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHHYDP) que la 
preside. 

Sus cometidos son descriptos en el art. 10: tareas relacionadas con la recepción de so¬ 
licitudes de Sitios de Memoria, su comprobación, aprobación y posteriormente implementar 
acciones que conduzcan a su preservación, funcionamiento, gestión y sustentabilidad. Tiene 
también que promover la conformación de Comisiones de Sitio; coordinar con las autoridades 
competentes los mecanismos de protección, conservación, instalación, difusión y de mecanismos 
que faciliten su accesibilidad. La ley prevé que, para que la Comisión “lleve adelante susfines 
contará con el presupuesto que se le asigne especialmente a sus efectos, en el marco del presupues¬ 
to asignado a la Institución Nacional”. 

b) La Red Nacional de Sitios de Memoria es el espacio de acción de la sociedad ci¬ 
vil organizada en torno a los sitios. En el art.7 la ley señala el papel relevante otorgado a 
éstos lugares en la promoción de la investigación para conocer lo sucedido: “Los Sitios de 
Memoria Histórica propiciarán la investigación... para contribuir a la educación y difusión, 
permitiendo resignificar, recuperar, reunir, organizar y poner a disposición de los ciudadanos, 
información significativa para el estudio.... del período previo a la última dictadura cívico- 
militar, el período dictatorial, la resistencia, el exilio, el encarcelamiento, la tortura, la desa¬ 
parición y muerte de personas con motivo del terrorismo y uso ilegítimo del poder del Estado 
dentro y fuera de fronteras ”. 

En el art. 13 la ley fija su cometido y establece que tendrá como fin “coordinar con la 
102 Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria el desarrollo de actividades de memoria, 
investigación, educación y promoción de los derechos humanos en los lugares declarados Sitios 
de Memoria”. Mientras que en el art. 15 define las competencias asignadas: “a) Garantizar el 
funcionamiento de la Red y los Sitios de Memoria que la componen; b) Generar mecanis¬ 
mos de difusión pública de los sitios que conforman la Red; c) Coordinar con los sectores 
y organizaciones sociales las políticas referidas a los Sitios de Memoria que establezcan el 
gobierno nacional, los gobiernos departamentales o municipales y proponer actividades 
para el desarrollo de dichas temáticas; d) Sugerir la declaración de Sitios de Memoria a la 
Comisión Nacional Honoraria, así como la recopilación, sistematización y conservación 
de material documental relacionado con los sitios asegurando el acceso a la información 
reunida, e) Promover la conformación de una ruta territorial nacional de memoria, con 
circuitos relacionados, que permita una construcción integral para el conocimiento de los 
hechos a los que se hace referencia en los artículos 4° y 5° de la presente ley, f) promover 
actividades educativas, de investigación, capacitación y comunicación relacionadas con los 
hechos ocurridos en los Sitios de Memoria. El art. 10: A tales efectos podrá contar con la 


voto y se decidió que el segundo voto sea para organizaciones del interior, las que se alternan (Dahiana Bárrales, 
Enzo Teliz, Pocho Franchetz y Corina Ferreira). 



asistencia técnica de expertos nacionales, regionales e internacionales para el mejor logro 
de sus fines. 

La ley también establece (art. 12) la conformación de un Consejo Asesor Consultivo 
formado por delegados de cuatro ámbitos del Estado: de Presidencia de la República, del 
Poder Judicial, del Congreso de Intendentes y del Plenario de Municipios. El Consejo in¬ 
tervendrá en casos de necesitarse la experticia de los asesores. A poco de su constitución la 
Comisión-CNHSM convocó la formación del Consejo Asesor pero a casi un año no pudo 
ser constituido porque del Congreso de Intendentes y del Plenario de Municipios siguen 
aun sin designar sus delegados. 

La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria: primer año de 
funcionamiento 

Si bien la ley estipula un encuentro mensual de trabajo, durante la primera mitad del 
año la Comisión- CNHSM se reunió semanalmente y luego cada 15 días, lo que muestra el 
esfuerzo de sus miembros por acelerar la puesta en marcha del trabajo. 

Las reuniones se realizaron siempre en Montevideo, excepto una en Toledo-Canelo- 
nes. Según se extrae de las actas, los delegados de la sociedad civil tuvieron una asistencia 
óptima y una participación muy activa; no así la de algunos delegados del Estado: la ANEP 
por ejemplo, demoró meses en concretar su incorporación y cuando lo hizo, su asistencia 
fue muy irregular; también marcaron un fuerte absentismo los representantes del MEC. 
De qué otro modo explicar las inasistencias de los delegados, sean titulares o suplentes, sino 
como falta de interés, no de las personas sino institucional. Esto es preocupante y contraría 
las expectativas, ya que la ley le otorga conceptualmente a la educación un lugar central; es 
desde la educación formal y no formal desde donde se debe realizar la tarea de concientiza- 
ción sobre el período oscuro del terrorismo de Estado y contribuir a la reparación del daño 
social. Este propósito educativo es de fundamental importancia y está presente en todo el 
texto de la ley. 

Se sumaron otros dos hechos también preocupantes, en tanto muestran de diferentes 
maneras, la dificultad que aún persiste en la administración pública el abordaje de temas 
relacionados con el llamado pasado reciente; remitiendo la mirada al anclaje estructural. 
Uno se ocasionó a raíz de un pedido de señalización que realizaran familiares al Liceo N°1 
de Durazno a la memoria de dos ex estudiantes-desaparecidos. 

Al tratarse la solicitud en la Comisión, la delegada de ANEP pidió se verifique en el di¬ 
rectorio central de la institución, si realmente habían sido estudiantes del lugar. Esta medi¬ 
da, argumentada desde la rigurosidad del procedimiento, introduce de manera subrepticia 
la duda; cuestiona a los familiares de las víctimas y es un agravio para todos. Luego, desde la 
Inspección de Institutos y Liceos, otra área de la institución, se le presentó objeciones al di- 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


104 


rector del liceo sobre el lugar de colocación de la placa. Finalmente se realizó el homenaje; 
pero dejó la impresión de lo mucho que aún hay que trabajar. 

Este hecho tuvo otro precedente de trasfondo similar ocurrido en diciembre de 2018. 
Con motivo de celebrarse el 10 de diciembre el Día Internacional de los DDHH, la ciudad 
de Toledo realizaba un acto en la plaza central en homenaje al maestro Julio Castro y Ri¬ 
cardo Blanco Valiente al que invitaba a los alumnos de las escuelas de Toledo. Días antes de 
la realización, la ANEP no autorizó la participación de los escolares al acto, aduciendo la 
defensa de la laicidad. Ante esto, el alcalde de Toledo y la Comisión solicitaron entrevistas 
para conocer las razones del Consejo de Primaria para no autorizar la participación. A casi 
un año de los hechos, la entrevista aún no fue concedida y se sigue sin saber las razones. 
Sigue además abierto la interrogante, si la ANEP incorporará en el currículo educativo el 
trabajo con los sitios de memoria como parte de una pedagogía de la memoria, como se 
esperaba. 

Las primeras tareas emprendidas por la Comisión-CNHSM consistieron en crear 
los instrumentos para la organización del trabajo: el Reglamento de Funcionamiento; el 
formulario de Solicitud de Declaración de Sitio de Memoria y Señalización; la Guía de 
Procedimiento y el Protocolo de actuación por Atentados contra Señalizaciones y Sitios. 
El MEC envió a la Comisión todas las solicitudes de señalización dirigidas a la Comisión 
de Reparación (Ley N° 18.596); las que se sumaron a las recibidas por la propia Comisión. 
Durante el primer año la Comisión trabajó sin un Plan de trabajo, lo que dificulta la eva¬ 
luación del trabajo realizado. 

La RED de Sitios de Memoria 4 representada en la Comisión-CNHSM por tres dele¬ 
gados, está conformada por grupos que trabajan por la recuperación de la Memoria de esos 
lugares y en su mayoría, para que sean declarados sitios de memoria, transformándolos en 
espacios de educación y concientización territorial. El nivel de participación y desarrollo 
organizacional de los grupos varía de uno a otro. Los hay con un grado amplio de participa¬ 
ción, de vínculos, de cooperación institucional y otros, en estado de conformación. Entre 
ambos polos, una gran diversidad. La red cuenta con una coordinación rotativa cuya tarea 
consiste en promover las actividades, la información y el intercambio entre los grupos. 


4 La RED de Sitios de Memoria se formó en noviembre de 2019. La componen 19 sitios: En Montevideo: 
1) Sitio de Enterramientos Clandestinos en el Batallón-14 de Toledo; 2) Ex Centro Clandestino de Detención, 
Tortura y Exterminio La Tablada; 3) Ex Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva-CGIOR; 4) 
Ex Servicio Información de Defensa-SID; 5) Ex Cárcel de Mujeres Cabildo; 6) Sitio de Memoria 300 Carlos; 
7) Ex Penal de Punta Carretas; 8) Museo de la Memoria -MUME-; 9) Centro Zelmar Michelini -CZM-; 
10) Muchachas de abril; 11) Plaza-Museo Punta de Rieles. En el interior: 12) Los Vagones, Canelones; 13) 
Memorial de Mercedes, Fray Bentos; 14) Memorial de Bella Unión, Artigas; 15) Memorial Fusilados de Soca, 
Canelones; 16) Cuartel 5 o de Caballería de Tacuarembó; 17) Chalet Susy-Memoria de la Costa, Shangrilá, 
Canelones; 18) Heladería Chiquito de Carmelo, Colonia y 19) Cuartel de Fray Bentos. De éstos, siete fueron 
declarados por la CNHSM Sitios de Memoria: 1. ex SID; 2. ex Cárcel de Mujeres Cabildo; 3. La Tablada; 4. ex 
CGIOR y 5. Sitio de Toledo; 6. 300 Carlos; 7. Los Vagones. Los restantes se encuentran en proceso. 



En la práctica la instancia de coordinación ha tenido durante el primer año dificulta¬ 
des para lograr el funcionamiento fluido de la articulación; si bien logró mantener infor¬ 
mada a los grupos de la red del trabajo desplegado por la CNHSM y promover y organizar 
encuentros, no logró sin embargo una comunicación genuina entre los grupos, objetivo de 
la Red. Una explicación que se dio fue, que los grupos estuvieron ocupados en desarrollar 
su propia organización; sin embargo la realidad mostró que los grupos se nuclean en fun¬ 
ción a sus necesidades, así los grupos de Montevideo establecen un intercambio entre sí en 
sus espacios naturales de encuentro; mientras que los grupos del interior crearon una arti¬ 
culación propia llamada Interiores en Red. La dificultad de articularse hace presumir otro 
tipo de dificultades además de las técnicas, pero de esta manera no fue nunca abordado. 
Queda entonces el desafío de articular ambos espacios. 

Algunas dificultades que se plantearon en el funcionamiento de la Red, podrían ha¬ 
berse subsanado con un apoyo profesional, que ayudara a visualizar los problemas para en¬ 
contrarles su solución. Dado el rol que le otorga la ley a la Red de Sitios, su fortalecimiento 
tendría que ser prioritario, si se quiere lograr lo expresado en la ley, que son los anhelos de 
la sociedad. 


Resoluciones de la CNHSM 

• Se aprobaron 10 señalizaciones con Placas: 

1) Seccional Tercera de Policía de Carmelo, Colonia; 2) Jefatura de Policía de Salto; 
3) Padre Mauricio Silva, Parroquia San Juan Bautista, Montevideo; 4) Espacio Memorial 
Carlos Jacina, San Javier, Río Negro; 5) Primera sede de FUCVAM, Montevideo; 6) Sede 
actual de UNICEF, desde donde se tomó la emblemática foto “Un río de libertad” del acto 
del Obelisco en 1983; 7) Liceo de Durazno en Memoria de dos ex alumnos desaparecidos; 
8) Comisaría del Chuy, Rocha; 9) Cuartel de Rocha; 10) Ex Guardería Andresito Guacu- 
rarí, Montevideo. 

Al día de hoy, noviembre de 2019, la nómina de los lugares que fueron señalizados o 
declarados Sitios de Memoria es más amplia 5 . 


5 1/2018 Placa en Seccional 3 a de Policía de Carmelo. Se solicitó información a la Secretaria de Derechos 

Humanos para el Pasado Reciente, quien detalló la actuación de los organismos represivos y la intervención, 
en tales actividades, de las unidades policiales, las que estaban militarizadas desde 1971. Describió la dinámica 
represiva donde intervenía tanto la policial como los militares. Detenían a los ciudadanos para luego decidir su 
traslado, según lo decidido por la agencia que disponía la captura. Respecto a la seccional policial de Carmelo 
solo se cuenta con el relevamiento dispuesto por el Poder Ejecutivo a partir de una solicitud judicial en 2012, 
donde todas las Jefaturas Departamentales tuvieron que dar cuenta del registro de detenciones realizadas. Pero, 
la Jefatura del Departamento de Colonia informó que no contaba con registro de ninguna de sus 18 secciona¬ 
les; 

2./2018 Placa en ex Jefatura departamental de Salto. En dictadura fue usado como cárcel y como lugar pri¬ 
mario de detención, de allí eran derivados a diferentes cuarteles. También funcionó como cárcel de mujeres. Las 
jefaturas estaban militarizadas desde el año 1971. Las unidades policiales o militares de todo el país colaboraron 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Los lugares señalizados o declarados Sitios de Memoria de pueden ver en: https:// 
www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comision-nacional-hono- 
raria-sitios-memoria 


activamente en la localización y posterior detención, así como al traslado a la unidad captora. Allí se realizaban 
los primeros interrogatorios y averiguaciones a la vez que comunicaban a la agencia que había ordenado la cap¬ 
tura. Desde ese momento, el destino de la persona detenida dependía de la decisión de la agencia en cuestión 
pudiéndose verificar el traslado a otra unidad militar o centro clandestino de detención. La Jefatura de Salto 
cuenta con escasa información y carece de documentación que revele el funcionamiento como centro de deten¬ 
ción y confirme los testimonios de las víctimas; 

3. /2018 Placa en parroquia San Juan Bautista, en homenaje a Kleber Silva Iribarnegaray lugar donde el “Padre 
Mauricio” ejerció su sacerdocio. Su detención y desaparición se produjo en Argentina. Su compromiso con las 
personas más vulneradas lo llevó a trabajar y convivir con ellos; ocupándose como barrendero. Su vocación por 
los pobres lo transformó en víctima del terrorismo de Estado siendo detenido y posteriormente desaparecido. 
El día de su detención fue tomado en Argentina a su memoria como el día del barrendero; 

4. Placa y Memorial en San Javier Rio Negro homenaje a Carlos Jacina Leiva, en la fracción 10 de la Colonia 
San Javier. Jacina Leiva era vecino de San Javier, hijo y nieto de colonos a quien se le había cedido la parcela para 
trabajarla según las pautas del Instituto Nacional de Colonización (INC). En 1980 fue detenido por fuerzas 
militares, permaneciendo en el Penal de Libertad hasta 1985. Con su detención, el INC rescindió el contrato 
con el colono y desalojó sus padres. La parcela fue entregada a un colono vinculado a las Fuerzas Armadas. 
Cuando Carlos Jacina fue liberado intentó recuperar el predio, pero no logró que le reintegraran ni la fracción 
ni el dinero invertido en mejoras. Carlos Jacina falleció sin descendencia directa y sin justicia. Con este espacio 
público de memoria la comunidad de San Javier quiere que la comunidad conozca los extremos que alcanzaron 
las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado; 

5. Toledo el sitio de memoria es parte del predio del Batallón de Paracaidistas 14 donde fueran hallados los 
restos de los detenidos desaparecidos Julio Castro y Ricardo Blanco. Ambos resistieron la dictadura militar, por 

106 lo cual fueron perseguidos, detenidos ilegítimamente y asesinados por las fuerzas represivas del Estado; 

6. La Tablada en el predio de aprox. 89 ha hay un edificio que fue el hotel para los hacendados, ubicado en 
Camino Melilla 6267. Hasta los años 1950 funcionó como hotel de La Tablada Nacional. Entre enero de 1977 
hasta 1983, el edificio pasó a manos del Ministerio de Defensa Nacional y fue usado como centro clandestino 
de detención del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). En este tiempo se lo 
conoció como “Base Roberto”; fue lugar de detención de personas por razones políticas, gremiales o sindicales 
y donde se practicó en forma sistemática la tortura, abusos sexuales, asesinatos y la desaparición de personas. 
Se estima que pasaron por lugar unas doscientas personas; es señalado como posible lugar de enterramientos 
clandestinos de unos doce detenidos-desaparecidos, y es posible también que haya sido el destino final de unos 
cuarenta uruguayos detenidos ilegalmente en la Argentina y trasladados clandestinamente al Uruguay en el 
marco del Plan Cóndor; 

7. CGIOR En el tiempo anterior al terrorismo de Estado fue un cuartel que ofició como centro de detención 
y posteriormente fue sede del Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (CGIOR) Ese destino se 
modificó al instalarse en el inmueble, en el año 1973, la Compañía de Contra Información e Inteligencia, des¬ 
tino que mantuvo durante todo el tiempo que se prolongó la dictadura. La Compañía era una unidad especial 
del Ejército que reunía información, realizando detallados informes sobre distintas organizaciones sindicales, 
políticas o gremiales de la época y que se entendían eran una amenaza a la seguridad nacional. Funcionaba bajo 
la dirección del SID (Servicio de Información de Defensa) organismo que fijaba la estrategia de inteligencia a 
nivel nacional y dirigía las operaciones que consideraba particularmente importantes. En función a los infor¬ 
mes recibidos, el SID decidía la situación de cada organización y luego informaba a las agencias de inteligencia, 
como la Compañía, para su conocimiento o como insumo de actuación en estrategias de represión. En esa 
función, las acciones represivas llevadas adelante tuvieron como escenario la sede de la Compañía, sirviendo 
como centro clandestino de represión y tortura. Integrantes de este organismo participaron en operaciones de 


• Señalización de espacios no solicitados 

Se analizó la situación de espacios que fueron sitios importantes, pero que hasta ahora 
nadie lo ha solicitado; razón por la cual se está considerando la señalización de los siguien¬ 
tes lugares en Montevideo 6 . 


seguimiento y detención de trabajadores, así como en el secuestro, tortura y traslado de perseguidos políticos 
desde Brasil hasta Uruguay; 

8. Placa FUCVAM Primera Sede Río Negro 1544; entre 1977 y 1992 sede y lugar de reunión, debate, recla¬ 
mos y resistencia a la dictadura; allí se empezó a organizar la intersindical; se acordaron medidas de lucha con 
Serpaj, PIT, ASCEEP como fueron los cacerolazos y los apagones; 

9. Placa Edificio Panorama por Acto del Obelisco del 27/11/1983 ubicado en Bulevar Artigas 1659, actual 
sede de UNICEF en Uruguay. Desde la terraza del citado inmueble, frente al Obelisco, el 27 de noviembre de 
1983, se tomaron fotos de una de las concentraciones ciudadanas más significativas de la movilización popular 
por la reconquista de la democracia en Uruguay. Allí se celebró el “Acto del Obelisco”, convocado por todos los 
partidos políticos y las principales organizaciones sociales y culturales del país bajo la consigna “Por un Uru¬ 
guay Democrático sin Exclusiones”; participaron unas cuatrocientas mil personas; 

10. Ex SID El inmueble sito en Bulevar Artigas 1532 fue desde 1970 propiedad del Ministerio de Defensa y 
fue sede del Servicio de Información de Defensa, organismo militar, central en tiempos de dictadura; tuvo a su 
cargo las políticas represivas, como vigilancia, persecución y detención de personas consideradas enemigas se¬ 
gún la imperante Doctrina de Seguridad Nacional. El SID coordinaba con organismos similares de países de la 
región que participaban del Plan Cóndor. El subsuelo de la casa fue el lugar de encierro y tortura de las personas 
secuestradas y trasladadas clandestinamente desde Buenos Aires; 

11. Cárcel de mujeres Cabildo lo fue desde 1899. Antes de la dictadura cívico- militar y hasta 1977 fue lugar de 
reclusión de presas políticas, de ahí fueron trasladadas a otras cárceles. El edificio pertenece a la Congregación 
religiosa francesa del Buen Pastor. A finales de la década del sesenta a las presas comunes de la Cárcel Cabildo 
se les sumaron las primeras presas políticas con quienes convivieron hasta que en 1970 realizan la primera fuga 
masiva y al año siguiente la segunda fuga. Las condiciones de reclusión durante el período dictatorial fueron 
especialmente rigurosas restringiendo los derechos más elementales de las mujeres presas comunes y políticas; 

12. Los Vagones: el sitio de Los vagones fue hasta el año 2017 la Escuela de Policía. En la dictadura cívico-mili¬ 
tar era el lugar donde se alojaba la fuerza de choque. Ahí estuvieron instalados tres vagones del ferrocarril que se 
utilizaron para alojar detenidos sindicales. Alrededor de cuatrocientas personas de una huelga de dimensiones 
importantes de la industria frigorífica en 1974 pasaron por allí. Se cree que esos vagones estuvieron habilitados 
desde antes de la dictadura, según los testimonios que narran que desde el año 1969 hubo detenidos en ese 
lugar. Hubo tres vagones, allí se torturaba y se alojaba a los detenidos; se utilizaban también para los materiales 
requisados en los allanamientos y uno se usó para alojar a una mujer, esposa de uno de los detenidos; 

13. “300 Carlos- Infierno grande” fue un Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDT) que funcionó 
en el galpón N° 4 del Servicio Material y Armamento (SMA) desde el 2/11/1975 hasta una fecha imprecisa 
de 1977. Allí fueron detenidas en condiciones inhumanas cerca de 600 personas. La “Operación Morgan” en 
el marco del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor comenzó a operar en 1975 y fue el operativo represivo 
más grande contra el Partido Comunista de Uruguay; posteriormente se extendió al Partido por la Victoria del 
Pueblo. La “Operación Morgan” fue comandada por el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversi¬ 
vas- OCOA, dependiente de la División del Ejército I y del SID, Servicio de Información de Defensa, quienes a 
su vez obedecían a la Junta de Comandantes en Jefe (JCJ). La OCOA instaló su centro de operaciones primero 
en la “Casona de Punta Gorda”, conocida como “300 R” o “Infierno Chico” usando la “Cárcel del pueblo” como 
depósito de prisioneros. Posteriormente se trasladó con más de 100 prisioneros/as al galpón N° 4 del SMA; 

6 1) Cuartel de la Paloma en el Cerro; 2) Cilindro Municipal; 3) Chacra de Pando, donde aparecieron los 

restos de Ubagesner Chávez Sosa; 4) Cuartel 5 o de Artillería; 5) Cuartel 4 o de Caballería; 6) Cuartel 9 o de 
Caballería; 7) Cuartel 6 o de Caballería (actual cárcel Domingo Arena); 8) Cuartel I o de Ingenieros; 9) Casona 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


La Comisión-CNHSM atendió también consultas de personas y grupos, ya sea para 
presentar proyectos de creación de sitios o para explicar y fundamentar postulaciones. 
También realizó reuniones con autoridades vinculadas con la propiedad o tenencia de los 
espacios donde se ubican los sitios para aclarar aspectos referidos a la transferencia. 

Atentados contra los Sitios 

En el año 2019 continuaron los atentados en diferentes lugares del país contra seña¬ 
lizaciones de Sitios de Memoria. La CNHSM emitió en cada oportunidad comunicados 
repudiando los atentados y reafirmando la necesidad de (...) recuperar, construir y difundir 
las memorias colectivas a través de los Sitios y Espacios de Memoria. Señalando la obligación 
del Estado de investigar cada uno de los hechos, identificar sus autores y tomar las medidas 
necesarias para prevenir su repetición. 

Reclamaba también mayor compromiso de parte de los organismos del Estado en la 
preservación de estas marcas de memoria. Se registraron cinco atentados a sitios de memo¬ 
ria: 1) el 24/2/19 contra la placa a la memoria a Rubén Walter Canziani Fachin en Camino 
Maldonado Montevideo; 2) el 26/2/2019 por segunda vez contra el memorial del Cerro; 
3) el 19/6/2019 contra el Espacio de la Memoria a los detenidos desaparecidos en Mer¬ 
cedes, Departamento de Soriano; 4) el 21/8/2019 por segunda vez, de las dos Placas de 
Memoria colocadas en el Servicio de Material y Armamento (“300 Carlos”) y en el Batallón 
de Infantería N°13 una fue robada y la otra dañada; 5) a solo días de su inauguración, el 
30/8/2019 el Sitio de Toledo fue vandalizado; inicialmente se pensó en un robo de madera, 
108 pero a los pocos días, volvieron al lugar y atentaron contra las señalizaciones que indican el 
Camino a la Memoria, esta vez fue más explícito, pintaron una esvástica sobre el cartel que 
señaliza el camino al Memorial. 

Las agresiones son realizadas siempre por las noches: la oscuridad opera como cóm¬ 
plice involuntaria de los provocadores. Algunos de los sitios agredidos se encuentran en 
parques o lugares apartados; pero otros, como las placas del 300 Carlos, la del CGIOR o 
la del Hospital Militar están en la misma puerta de entrada de esas instalaciones militares. 
¿Es posible pensar que un civil se atreviese a grafitear o arrancar las placas instaladas delante 
de un espacio militar, con el respeto temeroso y distancia que los uniformados producen 
en los civiles ? El instinto de autoprotección nos alerta que es bastante improbable. Cuando 
se colocó la placa delante del cuartel en diciembre de 2017 los vecinos del 300 Carlos pre¬ 
guntaban socarronamente, si la placa recordatoria la colocaban para los militares, porque lo 
que es ellos, los vecinos, por esa vereda no transitaban, sino que lo hacían por la de enfrente. 
Cuando en 2018 un ex oficial del ejército vandalizó en una misma noche las placas ubicadas 
delante del ex CGIOR y del Hospital Militar, las cámaras ubicadas en las inmediaciones de 


de Millán ex Centro Clandestino de Detención y Tortura; 10) Base Valparaíso; 11) Cuartel de Santa Clara 
de Olimar, de Treinta y Tres; 12) Destacamento de Bella Unión dependiente del Batallón-10 de Artigas; 13) 
Comisaría Las Palmas, de Paysandú. 



los lugares facilitaron ubicar rápidamente al perpetrador. Si el Estado está investigando los 
atentados producidos este año y con qué resultados no lo sabemos; lo que nos consta es que 
los reclamos hechos por la CNHSM continúan sin responder y sin solucionar. 

Temas de debates y disensos en la CNHSM 

La Comisión- CNHSM es el lugar en el que se deciden las acciones conducentes a 
concretar lo mandatado y es también un espacio donde se analizan y debaten diferentes te¬ 
mas desde la perspectiva de las organizaciones sociales, de los delegados de la Red de Sitios 
y de las cuatro instituciones del Estado; donde cada uno de ellos porta la difícil tarea de 
conjugar adecuada y responsablemente el mandato delegado, con lo expresado en la ley y la 
expectativa social. Por eso, en la Comisión- CNHSM cada tema se discute en profundidad. 
Quizás por contar con representantes de organizaciones sociales de mucha experiencia en 
la denuncia e investigación de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, es que 
cada tema se discute en sus más mínimos detalles, conscientes de que aún en los aspectos de 
apariencia minúscula se deciden a veces cuestiones de trascendencia. Rescatar los Sitios de 
Memoria de la negación y el olvido programado, le costó mucho a la sociedad uruguaya y 
sobre eso hay consciencia y consenso en la Comisión-CNHSM. 

Dicho esto, cabe señalar que hubo algunos temas de discusión que trascendieron el 
propio ámbito y se expandieron a la sociedad y la involucraron. Quizás el de mayor eco y 
participación fue el ocasionado por el debate del concepto mismo de Sitios de Memoria. 
Se originó a raíz de dos presentaciones, la del Museo de la Memoria de la Intendencia de 
Montevideo y la del Centro Zelmar Michelini, quienes amparándose en lo definido por la 
ley, solicitaban la declaración de ambos lugares como sitios de Memoria. Ambas organiza¬ 
ciones de Montevideo fueron creadas en democracia como espacios sociales de reflexión 
del pasado traumático reciente y de re-construcción de la memoria de ese período. Dentro 
de la Comisión- CNHSM, tres de las cuatro instituciones de gobierno y una de las organi¬ 
zaciones sociales, objetaron la pertinencia: una, fue respecto a la delimitación temporal; ya 
que dichos espacios habrían sido creados en democracia (por lo tanto fuera del plazo esta¬ 
blecido por ley); la segunda objeción apelaba a una cuestión de legitimidad, aduciendo que 
los verdaderos o legítimos Sitios de Memoria eran aquellos que funcionaron como centros 
de detención y tortura (CDyT). La objeción temporal fue pronto aclarada y dejada fuera 
de debate, centrándose en la segunda. 

La discusión se amplió y externalizó con la incorporación de una declaración pública 
de la organización de ex presos políticos Crysol del 4/6/2019, donde reforzaba por escrito 
lo que sus delegados plantearan en la reunión. Recordemos la definición que hace la Ley N° 
19.641 de Sitios de Memoria en su art. 4: 

Se consideran sitios de memoria aquellos espacios físicos donde se verificaron alguno 
o algunos de estos acontecimientos: 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


lio 


A) La ocurrencia de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, compren¬ 
diendo delitos de lesa humanidad tales como la tortura, desaparición forzada, homicidio polí¬ 
tico, prisión indebida, violaciones y otros delitos sexuales contra hombres y mujeres, persecución 
política, destituciones o exilio. 

B) La realización de actos de resistencia y lucha por la construcción o recuperación demo¬ 
crática. 

C) Otros sitios a los cuales las víctimas, familiares o las comunidades los asocian con esos 
acontecimientos y que han sido creados para construir y transmitir memorias, tales como me¬ 
moriales, museos y otros espacios, que son utilizados como espacios abiertos al público para la 
construcción, recuperación y trasmisión de memorias, así comoforma de homenaje y de repara¬ 
ción a las víctimas y a las comunidades. 

La “Declaración” cita esta definición, recoge los puntos a y b, omite el punto c y reem¬ 
plazándolo por el siguiente párrafo: 

“La ley, con sabia flexibilidad, también deja abierta la posibilidad de que otros lugares 
que son muy distintos y diferentes sean valorados y contemplados por su contribución. Hay me¬ 
moriales a largo y ancho de todo elpaís que deben ser muy tenidos en cuenta, desde el Memorial 
de Bella Unión, al de Mercedes, pasando por el existente en el Parque Vaz Ferreira en el Cerro”. 

Si bien la Declaración pondera la existencia de memoriales, diciendo que deben ser 
“valorados, contemplados y tenidos en cuenta”, no dejan en claro si los considera o no sitios de 
memoria. Algunos vieron en este planteo esencialmente una cuestión de redacción; cree¬ 
mos en cambio que subsumirlo a una cuestión gramatical es minimizar la relevancia del 
debate. Lo que cuestionan pero no dicen con claridad, es lo central del debate: los espacios 
de Memoria que según la ley “han sido creados para construir y transmitir memorias, tales 
como memoriales, museos y otros espacios...” como lo son el Centro Zelmar Michelini o el 
Museo de la Memoria. 

Es necesario recordar que el cuerpo conceptual que sustenta la ley surge del amplio y 
doloroso proceso de aprendizaje social realizado en nuestra región en las últimas décadas, 
proceso que recogiera el Documento 7 , en el cual se basó la Ley N° 19.641, del Instituto de 
Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Este documento elaborado en base 
a una amplia consulta a personas y organizaciones de derechos humanos de las sociedad 
civil y de los Estados miembros del Mercosur, fue aprobada en el año 2012 y es expresión 
política de un momento de los llamados gobiernos progresistas, donde la sociedad civil orga¬ 
nizada y empoderada jugó un papel fundamental en la definición de sus contenidos. 

El Documento del Instituto de DDHH del Mercosur sostiene que la experiencia re¬ 
gional habla de una multiplicidad de miradas y experiencias y que por lo tanto esta diversi- 


7 “Principios Fundamentales para las Políticas Públicas sobre Sitios de Memoria” http://www.ippdh.merco- 
sur.int/principios-fundamentales-para-las-politicas-publicas-en-materia-de-sitios-de-memoria/ 



dad necesariamente tendría que verse reflejada en la construcción de memorias de ese pasa¬ 
do. La postura en cambio expresada por la asociación de ex presos va en sentido contrario; 
restringe el espacio y niega los espacios creados para la re-construcción y transmisión de las 
memorias de ese pasado. 

La primer pregunta que surge es acerca de las razones y motivaciones políticas que 
los llevaron a adoptar una postura que va contramano del sentido tomado por las organi¬ 
zaciones de memoria de la región. Quizás valga recordar que cuando los grupos en torno 
a sitios comenzaron a reunirse en 2015 con la idea de impulsar la creación de una ley que 
los proteja del deterioro natural y de las intenciones de eliminarlos, la organización de ex 
presos participaba; luego dejó de hacerlo y cuando se reincorporó, el texto-bosquejo de la 
ley estaba en su fase de ajustes; en ese momento hicieron una contrapropuesta, presentaron 
un bosquejo de ley de Memoria, que incluía la protección de los Sitios. La propuesta era 
interesante, solo que fue temporalmente tardía; considerarla hubiera significado dar la dis¬ 
cusión en el colectivo, para la cual no daban los tiempos. El compromiso asumido para que 
la ley fuera tratada en ese período legislativo, era que se entregase en fecha (marzo de 2017). 
Este antecedente explica una parte, pero no el núcleo del conflicto. 

Quizás aporte distinguir dos aspectos del tema en discusión: la definición del concep¬ 
to en sí y de quien tiene la legitimidad de definir (y quizás... ¿de liderar el proceso?). 

Los debates relacionados con la construcción de memorias vinculadas a los crímenes 
del pasado son siempre conflictivos y presuponen y se dirimen con serias y profundas dis¬ 
cusiones conceptuales y políticas, las que en nuestro país aún no han sido abordadas sufi¬ 
cientemente. Dicho esto, vale destacar la importancia que reviste el debate iniciado en la 
Comisión sobre el concepto de Sitios de Memoria. 

En este debate fructifico y necesario por demás, se manifiestan dos posiciones encon¬ 
tradas, llamadas concepción ampliada y/o restringida de los sitios. Tal vez no esté demás 
decir que la Ley N° 19.641 de Sitios adopta la “concepción ampliada”. El Documento del 
Mercosur al describir la heterogeneidad de interpretaciones, alerta sobre la inconveniencia 
de caer en prescripciones unicistas y restrictivas, dice: “dada la multiplicidad de experiencias 
que existen tanto a nivel regional como internacional, así como la heterogeneidad de posiciones 
respecto al contenido específico de esos sitios, resulta difícil e inadecuado sostener postulados 
prescriptivos respecto a qué deben recordar las sociedades y a cómo y dónde deben hacerlo” (Ob. 
cit.pag. 6). 

Quizás quepa recordar que nuestra cultura contemporánea conoció e incorporó el 
concepto de Sitios de Memoria como fenómeno trágico asociado a los campos de concen¬ 
tración nazi, como centros de reclusión y exterminio de opositores y “enemigos”. Esas pri¬ 
meras imágenes de los campos de concentración fueron imborrables para las generaciones 
de pos guerra y se transformaron en símbolo de la denigración humana y de la brutalidad 
que puede encarnar el poder. Esta generación de sobrevivientes de los campos de concen¬ 
tración son desde el punto de vista generacional los padres de la generación de los años ‘60 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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y ’70. Las imágenes subjetivadas del horror estuvieron asociadas con los campos de con¬ 
centración para los unos, mientras que para los otros lo sean las imágenes del 300 Carlos, 
La Tablada, la ex ESMA, Paine o Villa Grimaldi; pero, la experiencia nos indica que éstas 
no son las únicas representaciones que simbolizan el dolor y trauma social. Los intensos 
debates que se produjeron a partir de los años ochenta y recogidos en el citado Documento 
del Mercosur, forzaron ampliar el horizonte y a reactualizar el concepto de espacios de 
memoria. 

Cuando en el debate se esgrimieron argumentos acerca de que los Centros de deten¬ 
ción y Tortura serían el “real testimonio material” y “auténticos espacios físicos”, que los va¬ 
lidarían como “los” sitios de memoria; nos retrotrae a una conceptualización que fue in¬ 
discutiblemente válida hasta los años setenta, pero que hoy ya no da cuenta de esa prolífica 
producción conceptual que se dio en las últimas cuatro décadas tanto en la práctica política 
como académica. 

La historia nos muestra que estas definiciones nunca son ni tan absolutas ni tan defi¬ 
nitivas, sino que cambian con el tiempo y las circunstancias sociales. Los campos de con¬ 
centración, como símbolos de memoria, no tuvieron desde el comienzo un significado 
unívoco. Finalizada la segunda guerra mundial Alemania fue dividida en dos países. Así 
para la República Democrática (comunista) autodefinida Estado Antifascista, los campos 
de concentración simbolizaron la resistencia comunista; en cambio la República Federal 
(capitalista) recién fueron resignificados en los años 60; los dos primeros en recuperarse 
fueron Dachau-Munich en 1965 y Bergen-Belsen en 1966; en las primeras dos décadas de 
posguerra primó el homenaje a la memoria a las víctimas de los bombardeos. Esta experien¬ 
cia nos habla de que la contundencia irrefutable del sitio está dada fundamentalmente por 
el relato que lo explica y sustenta. 

Quizás el segundo aspecto aporte algo más al tema en discusión. Nos referimos a la 
cuestión de la legitimidad de quien define. Punto difícil de tratar ya que no fue tematizado 
abiertamente, por lo que hay que desentrañar lo implícito. Los vecinos argentinos cuentan 
con una amplia producción bibliográfica que da cuenta de la amplitud del debate sobre 
este tema. Elizabeth Jelin analiza en su último libro un tema muy conflictivo como es el 
rol destacado que tuvo el movimiento Madres, Abuelas y Familiares en el movimiento de 
derechos humanos argentino y de cómo influyó en el comportamiento de los diferentes 
colectivos sociales. El tiempo que les llevó hasta permitirse disentir públicamente con las 
madres o con las víctimas de la represión. Fue necesario un debate amplio, doloroso en 
parte, pero liberador. Doloroso porque fue necesario reconocer que los móviles no siempre 
eran motivados por razones altruistas, sino que a veces por intereses particulares de prota¬ 
gonismo y poder. 

A riesgo de equivocarnos, preguntarnos si acaso el debate planteado, y que se iniciara 
en la Comisión con la objeción a que dos espacios fueran declarado Sitios de Memoria, si 
acaso en el centro de la discusión no está la cuestión de la legitimidad de quien o quienes 



son los que tienen (o debieran tener) la última palabra en la definición de sitios. Varios 
comportamientos inducen a pensar que la organización de ex presos por su condición de 
tal se ve, o al menos como tal se presenta, con más legitimidad para hacerlo. Es probable que 
sea este el tema sobre el cual debiera versar la discusión en curso. Por último señalar que el 
Dr. Marcos Carámbula cuando era senador, en los conversatorios finales por la ley de Sitios 
debió haber visualizado ciertas intenciones restrictivas porque alertó que “sería dramático 
que después del enorme esfuerzo colectivo realizado, se llegara a un texto menos completo y 
ambicioso que el documento Mercosur” (ver cita en Informe Serpaj 2017; pág.69). 

El segundo tema de debate: el Presupuesto. Gestionar el primer año de la ley de sitios 
sin presupuesto fue una tarea difícil; obligó a desarrollar estrategias de cooperación que la 
coordinadora de la Comisión-CNHSM llevó a cabo con ingenio y buenos resultados: de 
esa manera consiguió aportes que facilitaron el buen desarrollo del trabajo. 

La discusión sobre el presupuesto y sobre qué cubre o debiera cubrir, desató una discu¬ 
sión que aún no concluyó. Hay dos posturas al respecto: una, entiende que la ley dice que el 
presupuesto cubriría solo las actividades desplegadas por la Comisión Nacional Honoraria 
de Sitios de Memoria y la segunda, entiende que el presupuesto también incluiría a la Red 
de Sitios de Memoria. La ley dice: “ para que la Comisión “lleve adelante susfines contará con 
el presupuesto que se le asigne especialmente a sus efectos, en el marco del presupuesto asignado 
a la Institución Nacional”. 

Los dos argumentos de fuerza que claman por presupuesto son: primero que la Red de 
Sitios es parte integrante de la Comisión-CNHSM y segundo por el rol fundamental que 
le otorga la ley en los trabajos a realizar en los sitios, de promoción de la investigación, de la 
educación y promoción de los derechos humanos; así como ser garante del funcionamiento 
de la Red y los Sitios de Memoria que la componen; generando mecanismos de difusión 
pública de los sitios que conforman la Red. 

Pensar que todas estas tareas puedan realizarse sin presupuesto es una ingenuidad. Sin 
embargo dentro de la Comisión no hubo consenso al respecto. Que la Comisión y la Red 
de sitios hayan funcionado prácticamente sin presupuesto habla de un milagro o del enor¬ 
me esfuerzo de sus integrantes. Lo que queda claro es que si se quiere lograr los objetivos 
que prevé la ley se necesitará de un plan de trabajo y un presupuesto acorde. El Plan no es 
solo un instrumento técnico de trabajo sino también político; exige que se fijen objetivos 
políticos claros y de acciones pertinentes para alcanzarlos. Una planificación es siempre un 
espacio de disputa y genera inevitablemente conflicto de intereses; la Comisión no escapa a 
ello. La experiencia internacional en la gestión de sitios de memoria indica que así como es 
fundamental que la sociedad civil sea la principal protagonista en la gestión, también es de 
vital importancia contar con un presupuesto. La discusión está en sus inicios. 

El tercer tema de debate fue el del concepto “Resistencia”. Este surgió en oposición al 
uso del término “víctima” de las violaciones a los derechos humanos, como fuera utilizado 
en las Declaraciones de Sitios de Memoria que emitiera la Comisión. 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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El malestar con la conceptualización de “víctimas” generó discutir como alternativa 
el uso del concepto “resistentes”. Tema que fuera materia de discusión en los países vecinos 
desde la salida misma de las dictaduras y que fuera abordada tanto en ámbitos académicos 
como sociales, en Argentina especialmente. En nuestro país en cambio hubo una escasa 
reflexión sobre el tema, aunque cada vez más se oyen aportes de parte de actores sociales. 
Las víctimas o afectados por la represión se resistieron siempre, a los términos o formulacio¬ 
nes que los victimizan, desempoderan y despolitizan. Lo plantearon reiteradamente y más 
allá de lo poco o muy elaborados de sus argumentos, no lograron ponerlos en la agenda de 
debates. La socióloga argentina Ana Longoni en su libro “Traiciones” trata los temas vic- 
timización y heroicidad, los trata dado que esos términos participan de diferente manera e 
intensidad en el proceso de restitución identitaria. Analiza los modos en que operan ambas 
construcciones y de cómo ambas coinciden en eclipsar la condición política de la militan- 
cia. Sostiene también que el sobreviviente de la brutal represión ejercida por el terrorismo 
de Estado, es un testigo incómodo para la sociedad y por lo tanto difícil de escuchar. Y se 
pregunta, si acaso no sea esa la razón por la cual le resulte tan difícil a la sociedad oír sus 
reclamos. El Psic. Miguel Scapusio sostiene que para deconstruir el daño producido por la 
violencia de Estado, es preciso cambiar el foco, no centrarse tanto en el sujeto y sino en el 
proceso de subjetivación. 

Antonia Yáñez, activa militante en temas de memoria, reflexiona con su peculiar sen¬ 
tido del humor, y dice que algo extraño sucede con la resistencia en nuestro paisito. Cuenta 
que cuando comenzaron en 2007 a trabajar la señalización de los sitios donde habían ocu¬ 
rrido actos de resistencia a la dictadura, denominaron el proyecto “Lugares de Memoria de 
la Resistencia”, porque entendieron que era el concepto que mejor sintetizaba la intención 
política de esos actos. Sin embrago con el tiempo y muy a pesar del grupo (sin poder ex¬ 
plicarse tampoco cómo sucedió), el término resistencia desapareció. “De a poco -dice-se nos 
instaló el nombre Marcas de la Memoria o... “Bolas de la Memoria” como las llama el pueblo 
cariñosamente. Es extraño... pero el concepto resistencia ya no denomina los lugares de home¬ 
naje; de pronto no está más..!’ 

Los temas de debate están planteados y es de desear que sea amplíen y profundicen; ya 
estuvieron demasiado tiempo postergados y la sociedad lo necesita! 




Montevideo, 20 de agosto de 2019 

Atentado contra Placas de la Memoria Batallón N° 13 

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos con¬ 
dena el atentado perpetrado contra las Pacas de la Memoria ubicadas en el Batallón N° 13. 

Una vez más, queda de manifiesto que la impunidad sigue reinando entre nosotros y 
atentando contra la democracia. 

Estas placas son un símbolo de reparación a todos los uruguayos que sufrieron la de¬ 
tención, tortura y desaparición forzada, en cada sitio donde han sido colocadas. También 
homenajeamos de esta forma eventos de resistencia y/o memoria. 

Para nosotros es un lugar donde nuestros familiares y quienes fueron recluidos en ese 
Centro de Detención, son reconocidos y traídos a nuestros días en cuanto ciudadanos com¬ 
prometidos con la realidad de nuestro país. El delito del que son y han sido víctimas es de 
los más aberrantes que conoce la historia de la humanidad. 

Por lo expresado, es que esperamos que sean hallados los responsables de este lamenta¬ 
ble hecho y llevados a la Justicia. 

Porque el futuro es con Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más Terrorismo de Estado. 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 


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Montevideo, 27 de agosto de 2018 

Atentado contra el Memorial a los Detenidos 
Desaparecidos 

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos conde¬ 
na el atentado perpetrado contra el Memorial a los Detenidos Desaparecidos, en el Parque 
Vaz Ferreira, en el Cerro de Montevideo. 

Una vez más, queda de manifiesto que la impunidad sigue reinando entre nosotros y 
atentando contra la democracia. 

El memorial es un símbolo de reparación a todos los uruguayos que sufren la desa¬ 
parición forzada. Obra que fue declarada de interés nacional obteniendo premios por su 
concreción arquitectónica a nivel americano. 

Para nosotros es un lugar donde nuestros familiares son reconocidos, y traídos a nues¬ 
tros días en cuanto ciudadanos comprometidos con la realidad de nuestro país. El delito del 
que son víctimas es de los más aberrantes que conoce la historia de la humanidad. 

Por lo expresado, es que esperamos que sean hallados los responsables de este lamenta¬ 
ble hecho y llevados a la Justicia. 

Porque el futuro es con Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más Terrorismo de Estado. 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 




Luisa 

Leyendo Unidos para 
Interpretar loS Archivos 


LUISA: 


Leyendo Unidos para Interpretar los Archivos 


Un equipo formado por docentes investigadores de las Facultad de Ingeniería y de 
la Facultad de Información y Comunicación, presentaron el día 8 de abril de 2019 en el 
Paraninfo de la UdelaR, un programa informático para recuperar solidariamente los tex¬ 
tos ilegibles en los archivos del pasado reciente. Este programa, denominado LUISA, es 
una herramienta que permite que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, pueda 
participar en esta tarea. El nombre elegido es en homenaje a una gran referente en la lucha 
por los derechos humanos, integrante de Madres y Familiares de Detenidos desaparecidos 
y doctora Honoris Causa por la Universidad de la República, Luisa Cuesta (Soriano, 26 de 
mayo de 1920-Montevideo, 21 de noviembre de 2018). 

El programa reproduce en cada entrada un pequeño conjunto de palabras que el parti¬ 
cipante interpreta y reproduce. El resultado del ingreso masivo a LUISA permite, mediante 
fórmulas y algoritmos, detectar las respuestas correctas y recuperar los textos. LUISA fue 
diseñado por este grupo de docentes en el marco del proyecto de extensión universitaria 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


“Cruzar, sistematización de archivos militares” que integra a docentes, investigadores y es¬ 
tudiantes de ambas facultades. Según la web del LUISA (que significa también Leyendo 
Unidos para Interpretar loS Archivos), es un esfuerzo colectivo para transcribir texto que 
por diversas razones es difícil transcribir de manera automática. Puede ser material de ar¬ 
chivo en mal estado o escrito a mano o con una máquina de escribir que generaba letras 
muy entintadas, etc. 

Al participar, cada persona está contribuyendo a la lucha contra la impunidad en el 
Uruguay. Se han recuperado varios archivos donde se almacena información que la dicta¬ 
dura uruguaya recabó y que incluye procedimientos represivos, fichas policiales, informes, 
etc. El Proyecto de Sistematización, Cruzamiento y Análisis de los Archivos Militares de la 
Universidad de la República, en acuerdo con el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y 
con la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, ha desarrollado este 
sistema para que entre todos ayudemos a convertir esos archivos en material que pueda ser 
procesado digitalmente. 

La página del programa es https://www.fing.edu.uy/mh/luisa/. 


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Archivos de Derechos Humanos 

El 13 de setiembre de 2019 el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación 
Médica del Interior (FEMI) retiraron de un cofre fort -que se encontraba en custodia en 
el Banco República- 81 expedientes de los dictámenes de la Comisión Nacional de Ética 
Médica, que en el año 1985 laudó sobre el comportamiento de los profesionales durante la 
pasada dictadura. Los expedientes fueron entregados a la Suprema Corte de Justicia. 

Los expedientes referidos contienen información respecto a la actuación del Tribunal 
de Ética de la época, conformado especialmente por decisión de la 7° Convención Médica 
Nacional (1984) que analizó los casos de colegas denunciados por violaciones a los Dere¬ 
chos Humanos y participación en actos de tortura; también recoge el testimonio de colegas 
víctimas de torturas que realizaron en ese ámbito las denuncias; y de los médicos que pidie¬ 
ron voluntariamente ser juzgados por el Tribunal de Ética para deslindar responsabilidad. 

Esta documentación nunca estuvo oculta, sólo en resguardo en un cofre en el BROU 
bajo la responsabilidad de las instituciones mencionadas, y cada vez que la Justicia ha soli¬ 
citado la vista de algún expediente para actuaciones por causas en curso, se ha procedido 
entregando la misma. 

Transcurrido este tiempo, y existiendo en el Poder Judicial un ámbito específico para 
el archivo y digitalización de la documentación como es AJProJuMi 1 , donde hay archiva¬ 
dos 3.000 expedientes referidos a 10.000 víctimas, el SMU y FEMI entendieron que era 
tiempo de delegar la custodia de tan valiosa información 2 . 


1 Proyecto Archivo Judicial Proveniente de la Justicia Militar. Ver: http://atom.ippdh.mercosur.int/index. 
php/poder-judicial-proyecto-archivo-judicial-de-expedientes-provenientes-de-la-justicia-militar 

2 Elaborado con información extraída de: https://www.smu.org.uy/smu-y-femi-entregaron-a-la-suprema- 
corte-de-justicia-expedientes-con-informacion-sobre-la-actuacion-de-medicos-en-la-dictadura/ y http:// 
www.lr21.com.uy/politica/l4l0782-expedientes-medicos-torturas-dictadura-smu-femi-goldaracena 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 



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Louis Joinet: “un épris de Justice” 1 


Yvonne Klingler 2 


Salíamos con Made del anfiteatro de la Conferencia Episcopal, después de una larga 
jornada en París. Fuimos invitadas por la Asociación ¿Dónde Están? para hablar “Los 40 
años del golpe de Estado en Uruguay” 3 . 

El señor estaba reclinado en un árbol, esperando. Se acercó con una gran sonrisa y el 
abrazo nos llegó al corazón... 

Sonia, la compañera de ¿Dónde Están?, nos dijo amablemente: “es Joinet”. 

Lo miré incrédula: “¿Louis Joinet?” 


1 “Enamorado de la Justicia”. 

2 Activista en derechos humanos. 

3 Conferencia “Violencia sexual y tortura durante la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay y movi¬ 
mientos solidarios”, organizada por la Asociación ¿Dónde Están?, el Departamento de Justicia y Paz de Francia 
y la Conferencia de Obispos de Francia, 5 de junio de 2013. 


“Oui” me contestó con sonrisa cómplice. 

En mi cabeza se amontonan los recuerdos de las historias que nos llegaron al salir de la 
cárcel. Su compromiso tenaz por la defensa de los Derechos Humanos desde el comienzo 
del terrorismo de Estado en nuestro país, su participación en la Misión de investigación so¬ 
bre las condiciones de detención en las cárceles uruguayas, su intervención en las denuncias 
llevadas al Tribunal Russell en 1974 4 junto a Zelmar Michelini. 

De esa comparecencia permanecía la tristeza en su mirada cuando recordaba a Norma 
Scópice, testigo en el Tribunal Russell, quien no quiso proteger su identidad (a pesar de su 
insistencia) al hacer las denuncias de la muerte en prisión de su marido mientras eran am¬ 
bos torturados. Poco tiempo después fue acorralada y secuestrada por las fuerzas golpistas. 

En el año 2014 5 , Joinet participó de la Marcha del Silencio de Montevideo y pidió lle¬ 
var la foto de Norma, en su visita al Memorial de los Detenidos Desaparecidos en el Cerro, 
su voz se quebró al encontrar su nombre. 

Su permanente trabajo humanitario y jurídico lo llevó a ser fundador del Sindicato de 
la Magistratura Francesa, Consejero de Ministros en el gobierno de Erancois Miterrand, 
Experto Independiente en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU durante 33 
años. Allí presentó lo que para nosotros es, su trabajo más valioso: en el marco de la Con¬ 
vención sobre Desapariciones Forzadas, fundamentó que son crímenes de Lesa Humanidad 
y por lo tanto no pueden quedar impunes 6 . Autor de los principios del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, principios que pasarán a llamarse “ 
Los Principios Joinet “ en la ONU. 

A pesar de sus años, éste «enamorado de la Justicia» (quien fue “educador callejero” 
en su juventud) cómo él mismo se definía, mantuvo la continuidad de su compromiso, lo 
que lo llevó a ser “condenado” por el Comando Barneix hace dos años, en Montevideo. 

Este 22 de setiembre, antes de despedirse rodeado de su familia, pudo escuchar su can¬ 
ción favorita “El torbellino de la vida”, le gustaba tocarla en el acordeón acompañado con la 
guitarra de su hijo, ahora tocada por su hija Babette. 

Los derechos humanos están de duelo, pero su lucha y sus principios estarán siempre 
presentes en nuestros corazones. 


4 https:// fzelmarmichelini.org/web/ index.php/pinceladas/121 -tribunal-russell 

5 Durante se estadía Montevideo, es declarado “Ciudadano Ilustre” y participa de la 19 a Marcha del Silencio. 
Eso le significó integrar la lista de personas amenazadas de muerte por el llamado Comando Barneix. 

6 Se deben enjuiciar, son imprescriptibles, no existe inmunidad ni obediencia debida frente a ellos. 


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El valor de la coherencia, el costo de la lealtad 1 

Desde hace muchísimos años, las organizaciones y las personas que trabajamos para 
llegar al esclarecimiento de las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas 
durante el terrorismo de Estado, contábamos con información acerca de la desaparición 
de Roberto Gomensoro Hoffman 2 , de la aparición de su cuerpo en el Rincón del Bonete, 
atado con alambres y con un fondo de piedras, de cómo fue brutalmente torturado y muti¬ 
lado. Todo esto está en el expediente del juzgado de Paso de los Toros. Como está también 
la declaración de José Gavazzo, manifestando categóricamente a la magistrada actuante, 
que desconocía este episodio. 

Nos conmovió sobremanera cuando públicamente trascendió que, en el marco de un 
Tribunal de Honor Militar , el propio Gavazzo admitió haber arrojado el cuerpo de Gomen¬ 
soro al Río Negro. Pero nos invadió el estupor y la indignación cuando nos enteramos que 
quienes integraron este tribunal (uno de ellos fue Manini Ríos) entendieron por unanimi¬ 
dad, que la inhumana actuación de Gavazzo, Silveira y Maurente, no afectaba la moral del 
Ejército. 

Sabemos lo que vino después, incluso en muchas páginas de este informe se encuen¬ 
tran miradas, análisis, preguntas y reclamos tan valiosos como incuestionables. Pero el pro¬ 
pósito de estas líneas, es un “debe” acerca de un actor en particular, dentro de toda esta 
situación. 

Generalmente, cuando salen a la luz este tipo de horrores confesos, el impacto impera. 
Conforme pasan los días van decantando otros aspectos que a priori no se pueden percibir. 
Hubo un sentir que se fue manifestando de forma espontánea y generalizada: la injusta 
actitud del gobierno, en especial la del presidente, con quien fuera su ministro de Defensa, 
Jorge Menéndez. La actuación del jerarca frente a estos episodios merecía otro tratamiento 
y sin dudas, otro final. 

Menéndez era una persona sumamente querida: sea por sus coterráneos, sus amigos, 
sus correligionarios, pero en especial, contaba con el afecto del espectro político todo. 

Era un ser educado, respetado y profundamente respetuoso, desde todo punto de vista. 
Lo definía su integridad, su condición de servidor público, hombre leal y de confianza (tan¬ 
to por su fidelidad ideológica como por su accionar en los cargos que le fueron asignados), 
razón por la que, cercanos y adversarios lo definieron como un demócrata cabal. Era sabido 
también el respeto que le profesaba a Tabaré Vázquez, como persona y como político. 


1 Ana M. Aguerre, miembro de Serpaj. 

2 La causa de Roberto “Tito” Gomensoro es muy cercana a Serpaj. Fue iniciada con el patrocinio del Dr. 
Guillermo Paysée, quien al día de hoy, continúa siendo el abogado de la familia. 




Su desempeño como diputado lo llevó a especializarse en temas de Defensa. Probable¬ 
mente esa experticia fue la que lo llevó a ser subsecretario de ese ministerio en dos ocasio¬ 
nes: la primera junto a Bayardi y con Fernández Huidobro después. Ante el fallecimiento 
de este último, asume la titularidad de la cartera. Seis años son tiempo más que suficiente 
para conocer la lógica y las dinámicas de un ministerio. 

La información que se le debió transmitir al ministro no siguió el curso debido. El 
ex comandante en jefe Guido Manini Ríos, no le transmitió directamente a su superior el 
contenido del Tribunal de Honor. Simplemente dejó los expedientes en el ministerio, sin 
especificar el contenido. No es hasta el 14 de febrero de este año, después de leer cientos y 
cientos de folios, que se llega a esa información. 

El 18 de febrero en la mañana (ya habiendo iniciado su tratamiento de quimioterapia), 
viaja hasta Pueblo Centenario, donde se desarrollaba el Consejo de Ministros para decirle 
al presidente en persona, que le urgía hablar con él por un tema grave. 

El día 19 concurre solo a la presidencia, y el 20 vuelve acompañado de dos abogados 
(la Dra. Nogueira y el Dr. Maeso), ambos funcionarios del Departamento Jurídico de la 
cartera. Allí se reúnen con secretario de la presidencia, Miguel Ángel Toma a quien le en¬ 
trega en mano toda la información y le manifiesta que, por el tenor de los hechos, se debía 
hacer una denuncia penal. Él expediente queda en manos del secretario porque restaba 
analizar la conveniencia o no de homologar el fallo. 

De ahí en adelante, se puede deducir que es el secretario Toma quien rompe el eslabón 
de la cadena, durmiendo una información que adquiere estado público el 30 de marzo (El 
Observador). El I o de abril, el presidente Vázquez le pide la renuncia al ministro, al subse¬ 
cretario Daniel Montiel y destituye a seis generales. 

Horas después también se hace pública su carta de renuncia donde agradece el haberle 
conferido esa tarea, detalla su proceder y le recuerda que el 6 de marzo tomó licencia mé¬ 
dica para seguir con el tratamiento de esta enfermedad impía. “A buen entendedor, pocas 
palabras bastan”: ante las confusas explicaciones dadas por la presidencia, era necesario 
dejar en claro su correcto proceder, éticamente intachable. 

El día de su sepelio sus allegados manifestaron su honda tristeza y ese sabor amargo que 
deja un acto injusto, el propio ministro llegó a manifestar que no se explicaba porque tuvo que 
renunciar. Hasta el último momento de su partida, cargó ese profundo dolor. 

Esa mañana, la Mesa Política de Durazno expresó en un comunicado, que reconocen 
en Menéndez “a un compañero que se entregó a la causa frenteamplista, a la lucha por Ver¬ 
dad y Justicia, y a la defensa de la Libertad y la Democracia como principios fundamentales 
que compartimos desde lo profundo del legado Artiguista. Nos queda su entrega y su con¬ 
vicción como ejemplo a seguir”. 

La familia de Menéndez, además de rechazar las honras fúnebres decretadas por el 
presidente, pidió expresamente que ningún integrante del gobierno hablara en su sepelio. 


123 


MEMORIA E IMPUNIDAD 





Seguridad, Democracia 
y Derechos Humanos 


Foto: Santiago Mazarovich 






Foto: Héctor Tierno 


El miedo no es ni será la forma 


127 


Articulación Nacional No a la Reforma 


Un proyecto regresivo en materia de derechos nos convocó a las urnas nuevamente 
junto con las elecciones nacionales: la ciudadanía tuvo que pronunciarse, plebiscito me¬ 
diante, sobre si la constitución debía ser reformada en materia de seguridad pública. 

Bajo la consigna “Vivir sin miedo”, el senador Jorge Larrañaga y su sector, Alianza Na¬ 
cional, lanzaron en mayo de 2018 una campaña con un proyecto de reforma constitucional, 
amparados en el Art. 311 Lit. A de la Constitución de la República, con cuatro puntos: la 
creación de una Guardia Nacional con al menos 2000 efectivos militares, la habilitación 
de los allanamientos nocturnos, el cumplimiento efectivo de penas —que eliminaría ins¬ 
titutos liberatorios obtenidos a través del estudio, trabajo o buena conducta— y la cadena 
perpetua revisable a los 30 años. En diciembre de 2018 anunciaron que se habían alcanzado 
la cantidad de firmas necesarias para convocar a un plebiscito. 

Frente a este contexto y en respuesta a esta campaña, personas, colectivos, organiza¬ 
ciones de la sociedad civil, el movimiento sindical y el movimiento estudiantil nos organi- 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


128 


zamos en la Articulación Nacional No a la Reforma. Durante casi un año nos movilizamos 
a lo largo de todo el país con el objetivo de instalar otra perspectiva de este debate en la 
sociedad y lograr revertir la tendencia creciente de apoyo a esta reforma. 

En primer lugar, si bien este proyecto de reforma constitucional se presentó como una 
propuesta novedosa a la problemática de seguridad, estaba lejos de serlo, ya que intentó 
profundizar el esquema punitivo represivo que ha caracterizado a las políticas de seguridad 
durante las últimas décadas, bajo todos los gobiernos y con el consenso de casi todo el sis¬ 
tema político 

En este sentido, desde la Articulación nos planteamos como uno de los ejes centrales 
de nuestra campaña que esta reforma es más de lo mismo-, hace más de 25 años que en Uru¬ 
guay se aumentan y endurecen las penas, reducen posibilidades de libertades anticipadas, 
se especializa a la policía militarizada, se aumenta el presupuesto público y privado en se¬ 
guridad y, sin embargo, los problemas de convivencia, la criminalidad y la violencia han 
aumentado. 

Lejos de ser una solución, la estrategia seguida por el Estado, ha profundizado la vía 
represiva que estigmatiza y criminaliza a la pobreza y también a la protesta, que son el resul¬ 
tado de la sistemática violencia institucional y policial. Este año fuimos testigos de varios 
ejemplos de sus consecuencias nefastas, por ejemplo con el accionar de la Guardia Republi¬ 
cana contra una adolescente que fumaba marihuana en un liceo de Piedras Blancas o con 
la represión policial contra la manifestación legítima en contra de UPM, entre otros casos. 

Otro de nuestros ejes principales fue hacer hincapié en que todas las iniciativas que 
esta reforma proponía eran un camino peligroso: 

En primer lugar, las Fuerzas Armadas (FFAA) no están preparadas para intervenir 
en seguridad interna, su rol debe ser el de defensa de la soberanía. Su formación se basa en 
la construcción y neutralización de un enemigo. La mayoría de los especialistas en crimi¬ 
nología, las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales hacen 
énfasis en la importancia de separar la función policial de las FFAA. Además, no se puede 
dejar a cargo de la seguridad pública a una institución que aún está en deuda con el pueblo 
uruguayo y que desconoce el paradero de casi 200 compañeras y compañeros detenidos/as 
desaparecidos/as durante la última dictadura cívico-militar. 

Siempre que se ha optado por militarizar la seguridad interna, la violencia ha aumen¬ 
tado: Brasil, Colombia, México o Venezuela son claros ejemplos, a los cuales recientemente 
se le pueden sumar Ecuador y Chile, este último presentado como modelo en materia de 
seguridad por los impulsores de “Vivir sin miedo”. Durante octubre el presidente de aquel 
país, Sebastián Piñera, declaró el estado de emergencia nacional, sacando a las FFAA a la 
calle para reprimir las protestas populares, lo cual tuvo como consecuencia directa la muer¬ 
te de veinte personas, la instalación de centros de tortura y violaciones sistemáticas a los 
derechos humanos. 



Por otra parte, la habilitación de los allanamientos nocturnos mediante orden del juez 
que tenía por objetivo —según los impulsores de esta reforma— el combate al narcotráfico, 
no garantiza la integridad física de las personas dentro y alrededor de los lugares a allanar, 
ni la de los efectivos encargados de los allanamientos. Además se enfoca únicamente en 
el microtráfico, ya que solo serviría para cerrar las llamadas “bocas de venta”, que además 
pueden moverse de lugar fácilmente. Esta reforma pretendía atacar al eslabón más débil de 
la cadena y no se propuso ni una medida con el objetivo neutralizar las grandes rutas del 
narcotráfico, que deberían ser el objetivo principal de este tipo de proyectos. Habilitar los 
allanamientos nocturnos sería una medida más para continuar con el aumento de personas 
privadas de libertad: se sigue encerrando a las personas que más sufren la violencia y la 
exclusión, mientras quienes manejan las redes del narcotráfico mantienen sus privilegios y 
continúan haciendo sus negocios. 

Por otra parte, a través del cumplimiento efectivo de penas se quiso impedir que a 
través de la buena conducta, trabajo o estudio pudiesen obtenerse beneficios como liber¬ 
tad anticipada, vigilada o reducción de penas. Esto empeoraría aún más la situación de las 
cárceles uruguayas que están en condiciones inhumanas y ponen en riesgo la vida de las 
personas privadas de libertad: en el Comear, por ejemplo, hay más de 6000 personas su¬ 
friendo hacinamiento, malnutrición, desnutrición y situaciones violencia insostenibles, lo 
que pone en riesgo sus vidas. Nadie puede esperar que una persona se rehabilite y salga de 
los circuitos de criminalidad y violencia en estas condiciones. 

Es innegable la necesidad de recorrer otros caminos en materia de seguridad. Políticas 
serias en esta temática deben incluir como puntos centrales la prevención del delito y no 
sólo medidas que actúen una vez sean cometidos. En este sentido, propuestas como la re¬ 
forma “Vivir sin miedo” pretendieron generar la falsa idea que el aumento de la capacidad 
represiva del Estado y el endurecimiento de penas son medidas adecuadas para evitar que 
las personas infrinjan la ley. Desde nuestro punto de vista esto sólo aumenta la violencia 
y es fundamental pensar en medidas serias de prevención, generando alternativas reales. 
Además, es necesario pensar en una justicia integral que de atención, apoyo y seguimiento 
a las víctimas. 

El debate sobre la seguridad en nuestro país no está saldado y desde la Articulación 
estamos convencidas y convencidos de que su mejora no pasa por la militarización ni por 
seguir endureciendo las penas. Este tipo de medidas continúan un camino ya conocido en 
materia de seguridad, cuyo correlato es la continua criminalización de la pobreza que, lejos 
de brindar seguridad, estigmatizan al sector más vulnerado de la población, que se ve rele¬ 
gado en un espiral de violencia del que resulta muy difícil salir —por no decir imposible. 

Trabajar sobre esto implica problematizar y complejizar la noción misma de seguri¬ 
dad, abordando el problema desde una visión integral. Entendemos que la seguridad se 
construye con más y mejor educación, salud, trabajo, vivienda y oportunidades para todos 
y todas. Para ello, es importante trabajar en la construcción de políticas públicas respon- 


129 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


sables, que apuesten a la mejora de la convivencia, haciendo énfasis en las causas reales del 
problema y defendiendo los Derechos Humanos. 

Finalmente, desde la Articulación vemos con preocupación la posibilidad de que estas 
medidas —que no contaron con el apoyo necesario para ser incluidas en la Constitución— 
sean instaladas por vía legislativa, desconociendo el resultado del plebiscito. Creemos que 
el sistema político en su conjunto debe tomar nota de lo sucedido durante este año: el 53% 
de la ciudadanía no acompañó una propuesta que vino a reafirmar un camino ya conocido. 

Alentamos a que este tema siga instaurado en la sociedad como motivo de discusión 
para poder trabajarlo de forma colectiva. Desde la sociedad civil organizada ampliamos la 
mirada y corrimos el eje del debate. Asimismo, contamos con el apoyo de la Universidad de 
la República y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. 
Es imprescindible que todas estas voces sean parte del debate al momento de generar nue¬ 
vas políticas integrales en materia de seguridad. En ese sentido, evaluamos como exitosa la 
experiencia en la Articulación, ya que nos encontró a diversos espacios con múltiples mira¬ 
das y sensibilidades para abordar un tema tan complejo como éste. Seguimos y seguiremos 
sosteniendo que frente a problemas complejos, debemos apostar a propuestas profundas, 
serias e integrales; porque transitar otro camino es posible. 


130 




Foto: Saniago Mazzarovich 


15 años del Código de la Niñez y la Adolescencia 

No hay festejo hasta derogar tres leyes 1 


131 


Rosana Abella 2 


Introducción 

En el año 2019, se cumplen quince años de la aprobación del Código de la Niñez y la 
Adolescencia en Uruguay (CNA), que ha sido considerado por parlamentarios, académi¬ 
cos, operadores judiciales, organizaciones sociales nacionales e internacionales, como un 
elemento garantista de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 

El mismo, es una consecuencia directa de la ratificación de la Convención Internacio¬ 
nal de los Derechos del Niño (CDN), efectuada en Uruguay en 1990. La CDN obligaba a 


1 Este artículo sintetiza aspectos de la Monografía Final: En busca del enemigo. La tríada legislativa un au¬ 
mento del punitivismo penal. Diploma en Penalidad Juvenil. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la 
República. 

2 Coordinadora de Proyectos de la Casa Bertolt Brecht. Licenciada en Trabajo Social -FCS-UdelaR. Diplo¬ 
mada en Penalidad Juvenil -FCS-UdelaR. 


SEG 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


los países firmantes a respetar la normativa internacional 3 sobre los adolescentes infractores 
a la ley penal, así como a la aprobación de una normativa nacional en consonancia con lo 
establecido en la Convención. 

Sin embargo, al cumplirse los primeros siete años de su aprobación, se sancionan las 
primeras modificaciones al CNA, determinando un aumento del punitivismo penal hacia 
los adolescentes infractores. En el año 2011, el Parlamento nacional aprobó las leyes N° 
18.777 y N° 18.778, y en enero de 2013, la ley N°19.055. Estas leyes implicaron, al decir 
de los organismos internacionales, nacionales, academia y organizaciones de defensa de los 
derechos humanos de la sociedad civil, un innegable retroceso respecto a la situación de 
los adolescentes en conflicto con la ley penal contraviniendo la normativa internacional 
vigente. 

El contexto en que se aprueban estas leyes debe ser considerado, ya que ocurre durante 
las campañas a favor y en contra de la baja de la edad de imputabilidad penal 4 . En este senti¬ 
do, no deja de ser un hecho a analizar que más de un partido defendió y argumentó sobre la 
importancia de no bajar la edad de imputabilidad penal, al mismo tiempo que, integrantes 
de esos mismos partidos, votaron en el Parlamento leyes que lesionan fuertemente los dere¬ 
chos humanos de los adolescentes 5 . 

Esta incongruencia debe tener diversas explicaciones que es necesario indagar si se 
intenta profundizar en las políticas de Uruguay respecto al Sistema Penal Juvenil (SPJ). 
Es posible, que la mayoría de la dirigencia política comparta algunos de los cometidos de 
la prisión, como ser el control de la criminalidad (reformar a los delincuentes y reducir la 
132 tasa de criminalidad), o ser un efectivo medio de incapacitación (ya que se los excluye por 
largos períodos de tiempo) o imponer condiciones de privación y sufrimiento a quienes son 
recluidos en ella. 6 

Otra variable explicativa, puede ser, la consolidación de la “hegemonía conservado¬ 
ra” que, para Paternain, “se asienta en la representación de centralidad de los adolescentes 


3 Se refiere a: Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989), Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing, 1985),Reglas Mínimas de las Nacio¬ 
nes Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (1990), Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas sobre Medidas no Privativas de Libertad (Reglas de Tokio, 1990) y Directrices de las Naciones Unidas 
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, 1990). 

4 Campañas Para Vivir en Paz y No a la Baja que se desarrollaron en Uruguay entre 2011 y 2014. La disputa 
se centró en una propuesta de reforma constitucional que tuvo como idea fuerza bajar la edad de imputabilidad 
penal de 18 a 16 años. En el acto eleccionario del 26 de octubre de 2014, el plebiscito no alcanzó la mayoría 
parlamentaria dado que votaron afirmativamente un 46.8%. Disponible en: http://www.corteelectoral.gub. 
uy/nacionales2014/proclamacion/acta9414plebiscito.pdf. 

5 El texto se escribe en masculino a fin de facilitar su lectura. Este hecho no debe ser interpretado como 
desconocimiento o negación por parte de quien escribe de la diferenciación de género que existe en nuestra 
sociedad. 

6 Garland, D. (2005). La cultura del control. Crimen y orden social en la sociediid contemporánea. Barcelona: 
Editorial GEDISA. 



como protagonistas de violencia y criminalidad en el país. Aunque esta representación no 
tenga sustento en los pocos y precarios datos secundarios que se disponen, la referencia 
discursiva ha adquirido autonomía propia y configura de por sí una poderosa realidad”. 7 


Marco normativo uruguayo 

Uruguay ha aprobado dos Códigos, el Código del Niño (CN), y CNA. El CN tiene 
como marco de aplicación todo lo relativo a la vida y bienestar de los “menores” desde su 
gestación hasta la mayoría de edad y el CNA, plantea que todos los niños y adolescentes 
son titulares de derechos, deberes y garantías. 

En ambos Códigos, queda expresamente establecido que los adolescentes, mayores de 
14 años para el CN y mayores de 13 años para el CNA, son personas penalmente respon¬ 
sables frente a una infracción a la ley penal, determinándose la posibilidad de imputarse 
penas privativas o no privativas de libertad. 

En el CN no figura la prisión preventiva, mientras que en el CNA se establece un 
máximo de 60 días y sólo para aquellas infracciones que puedan determinar una medida 
privativa de libertad. 

Los Códigos se sustentan en paradigmas diferentes, el CN es, en palabras de Leopold, 
“un emblemático documento del paradigma de la situación irregular” 8 , que presenta dos 
dimensiones: una tutelar enmarcada en las situaciones de abandono en la que los mecanis¬ 
mos de control social actúan sobre el “menor” para protegerlo, y una dimensión de defensa 
social, vinculada a la infracción, en donde dichos mecanismos actúan para reprimir al “me¬ 
nor”, protegiendo así a la sociedad. 

La aprobación del CNA, en el año 2004, produce un cambio en las orientaciones doc¬ 
trinarias referidas a la infancia que procura abandonar la idea de “menor” por “titulares de 
derechos, deberes y garantías inherentes a su calidad de persona humana” 9 . 

Sin embargo, en la actualidad, es posible reconocer la presencia de ambos paradigmas. 


Adolescentes vinculados al Poder Judicial por motivos penales 

En este apartado se presentan algunos datos que relacionan a los adolescentes y adul¬ 
tos en relación a la infracción penal. 

7 Paternain, R. (2013). Los laberintos de la responsabilidad. En Los Sentidos del Castigo. El debate uruguayo 
sobre la responsabilidad en la infracción iidolescente. Montevideo: CSIC- Udelar, Trilce, pp.121-140. 

8 Leopold, S. (2016). “El Modelo de 1934. Bases conceptuales de la atención pública a la infancia en Uru¬ 
guay” en Krmpotic, Claudia Sandra, La protección social sin Estado. De la hospitalidad a la asistencia social. 
Buenos Aires, Espacio. 

9 Leopold, S. (2013). “Más confirmaciones que rupturas. Discurso político-legislativo, reformas normativas 
y representaciones de infancia en el Uruguay actual”. En Modelos e indicadores de desarrollo y bienestar infantil. 
Uruguay. Espacio Interdisciplinario, Udelar, p.p. 227-235. 


133 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Según un análisis realizado por Vernazza, en el período 2004-2016, los asuntos penales 
iniciados a adolescentes en el total delpaís no superaron el 8%, disminuyendo, en 2016, al 5%. 


134 


Cuadro 1: Número de asuntos penales Iniciados a adolescentes y adultos. 2004 - 2016. 

Total del país. 


Asuntos 

iniciados 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Penal Adul¬ 
tos 

36870 

43059 

46189 

44342 

49480 

46725 

45425 

47506 

34602 

34970 

37619 

40588 

48204 

Penal Ado¬ 
lescentes 

2720 

3200 

2198 

2122 

2742 

2853 

2677 

3250 

2731 

3077 

2511 

2516 

2798 

Total asun¬ 
tos penales 
iniciados 

39590 

46259 

48387 

46464 

52222 

49578 

48102 

50756 

37333 

38047 

40130 

43104 

51002 

% de asun¬ 
tos penales 
de ado¬ 
lescentes 
en el total 
de asuntos 
penales 

7 

7 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

8 

6 

6 

5 


Fuente: Vernazza, 2017. Datos: Poder Judicial. 10 


La gráfica 1 presenta la diferencia existente entre los asuntos penales iniciados a adul¬ 
tos y a adolescentes, por año, durante el período. El análisis de la misma pone en cuestio- 
namiento la focalización del incremento punitivo en los adolescentes, y la necesidad de la 
existencia de las tres leyes regresivas al CNA. 


Gráfica 1: Asuntos penales iniciados a adolescentes y adultos 
Total del país. 2004-2016 



■ Adultos «Adolescentes 


10 Vernazza, L. (2017).La Cuestión Penal Juvenil en Uruguay: entre lo cualitativo y lo cuantitativo. En El 
retorno del “estado peligroso” Los vaivenes del sistema penal juvenil. Montevideo: Casa Bertolt Brecht - Grupo de 
Estudios sobre Infracción Adolescente, CSIC- Udelar, pp.35-51. 

































Modificaciones al CNA 

Entre los años 2011 y 2013 se realizaron las primeras modificaciones al CNA, que se 
caracterizaron por una reducción de garantías para los adolescentes infractores, que evi¬ 
dencian un aumento del punitivismo penal, entendido en sentido amplio, como “la legi¬ 
timidad de un discurso explícitamente retributivo que, a su vez, le ha hecho más fácil a las 
políticas y las legislaturas expresar abiertamente sentimientos punitivos y aprobar leyes más 
draconianas”. 11 

Entre los cambios relevantes se pueden mencionar: a) ampliación del elenco de deli¬ 
tos, entre los que se encuentra la tipificación de la tentativa y complicidad de hurto (Ley 
N° 18.777). b) Informe técnico no preceptivo, es decir, posibilidad de dictar sentencia sin 
la consideración del mismo (Ley N° 18.777). c) Incremento de las medidas cautelares a 90 
días, para infracciones gravísimas (Ley N° 18.777). d) Registro Nacional de Antecedentes 
Judiciales, se incluye como pena adicional para los delitos de violación, rapiña, copamiento, 
secuestro u homicidio intencional, la conservación de los antecedentes penales luego de 
cumplida la mayoría de edad (Ley N° 18.778). Además, para los mayores de 15 y menores 
de 18 años que sean juzgados por infracciones gravísimas a la ley penal y a partir de la Ley 
N° 19.055, se incorpora: e) privación de libertad no excarcelable por un año. f) Privación 
cautelar preceptiva, g) Elevación preceptiva de actuaciones al Juzgado Penal, para evaluar 
responsabilidad de sus representantes legales, h) Posibilidad de un proceso abreviado en 
acuerdo entre las partes y con prescindencia del informe técnico. 

Estos cambios normativos contravienen principios rectores en materia de justicia pe¬ 
nal juvenil: el principio de legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad de la pena 
y excepcionalidad de la privación de libertad. A sabiendas de ello, se decide legislar en este 
sentido. 

La enunciación de los cambios da cuenta, por sí misma, de la intencionalidad punitiva 
que sustenta las modificaciones al CNA. Las mismas, se enmarcan en una preocupación 
pública por la seguridad, evidenciada, entre otras formas, por las encuestadoras que relevan 
que es una de las tres preocupaciones centrales de los uruguayos y fueron el inicio de una 
serie de reformas que la sociedad uruguaya continúa viviendo. A partir de ese momento, se 
consagra “de hecho y de derecho un endurecimiento notorio e irracional en la intervención 
punitiva sobre los adolescentes, a través de diversas vías: penales, procesales y ejecutivas”. 12 

En acuerdo con Beloff, se puede plantear que estas leyes forman parte de una respuesta 
tradicional asociada a enfoques represivos que ocurre cuando “se atribuye a una persona 


11 Garland, D. (2005). La cultura del control. Crimen y orden social en la sociediid contemporánea. Barcelona: 
Editorial GEDISA: 43. 

12 Uñarte, C., Zubillaga, D. (2017). Neopunitivismo penal juvenil en el Uruguay.il» Justicia Juvenil. Paradig¬ 
mas y experiencias comparadas. San Paulo: Marcial Pons: 274. 


135 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


menor de edad un delito muy grave con amplia cobertura mediática 13 y/o en contextos 
electorales” 14 . En general, se presenta una propuesta doble: “en primer lugar, el aumento del 
territorio de lo prohibido penalmente (definir más conductas como delito) y, en segundo 
lugar, el aumento de la duración de las penas. Cuando se trata de delitos cometidos por 
jóvenes, esta posición agrega un tercer elemento a su programa: la reducción de la edad 
penal”. 15 

En relación a la ley N° 19.055, y agravando aún más la situación expuesta, se puede 
afirmar que “en el sistema penal juvenil uruguayo se encuentra vigente una norma jurídica 
inconstitucional, la cual violenta derechos básicos consagrados tanto a nivel nacional como 
internacional”. 16 Esta afirmación es compartida por la Institución Nacional de Derechos 
Humanos (INDDHH) que, en informe remitido en la tramitación de la ley N°19.055, 
menciona que las disposiciones incorporadas en el art 3ro pueden ser incompatibles con 
disposiciones de jerarquía constitucional y legal en nuestro país. 17 

La siguiente línea del tiempo presenta la legislación referida a materia penal adoles¬ 
cente. Entre el CN y el CNA transcurren 70 años y en los siguientes 15 años se producen 
modificaciones sustantivas. 


136 


CN 


1934 


CNA N*R05S 

2004 2013 


2019 





1990 

ftaiihcoción 

CON 


2011 2017 

H* 0 777jLN*T8.778 H* 9 " 


13 En mayo de 2012, muere asesinado un trabajador de La Pasiva, en un hecho que tiene como protagonistas 
a tres adolescentes. El asesinato fue grabador por una cámara de seguridad del local y sus imágenes fueron pro¬ 
fusamente difundidas. 

14 Beloff, M. (2016). ¿Qué hacer con la Justicia Juvenil? Buenos Aires: Ad-Hoc: 20. 

15 Beloff, M. (2016). ¿Qué hacer con la Justicia Juvenil? Buenos Aires: Ad-Hoc: 21. 

16 Díaz, D., Fernández, M. (2017). Constitucionalidad y derecho de defensa. Los adolescentes frente a la Ley 
19.055. En El retorno del “estado peligroso” Los vaivenes del sistema penal juvenil. Montevideo: Casa Bertolt 
Brecht - Grupo de Estudios sobre Infracción Adolescente, CSIC- Udelar, pp. 127-138. 

17 Informe presentado por la INDDHH. Distribuido: 1654/2012,22 de agosto de 2012. Carpetas 918/2012, 
919/2012. 



Trámite parlamentario 

Las leyes N° 18.777 y N° 18.778 se tramitaron de forma conjunta. La ley N° 18.778, 
Creación del Registro Nacional de Antecedentes Judiciales de Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal, fue de esta dupla, la que presentó mayor discusión. Este hecho se refleja 
en el resultado de la votación que no alcanzó la unanimidad como si ocurrió con las otras 
leyes analizadas. 

La Ley N° 19.055 insumió un tiempo de debate mayor. Sin embargo, estas modifica¬ 
ciones legislativas se resolvieron en tiempos breves, si se analiza a la luz de los tiempos de 
debate y de vigencia del CN y el CNA. 

La siguiente imagen presenta los datos básicos del trámite parlamentario. 



SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 






DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


138 


Discusión parlamentaria 

• Ampliación de delitos y aumento del tiempo de medidas cautelares 

Estas medidas presentan una argumentación común a todos los partidos políticos que 
puede sintetizarse en un resultado tangible de los Acuerdos Interpartidarios del año 2010. 
Es así que se pueden leer intervenciones como las siguientes: 

“En el marco de los acuerdos interpartidarios, que creo que marcan un antes y un des¬ 
pués -me parece importante que en temas que hacen a la preocupación de la ciudadanía 
haya acuerdos-, se trabajó en una Comisión de la Asamblea General y uno de los consensos 
a los que se llegó tiene que ver con el proyecto de ley que estamos analizando. Esta iniciativa 
fue votada por unanimidad en la Cámara de Representantes y ahora falta este trámite en la 
Cámara de Senadores” 18 

En relación al aumento del plazo de las medidas cautelares, la fundamentación se sus¬ 
tenta en el planteo de los Jueces: “el plazo procesal de que dispone el Juez de Adolescentes 
para dictar sentencia, que se llevaría de 60 días -es lo que existe hoy- a 90 días. Ese fue 
un reclamo que hicieron todos los Jueces para los casos de infracciones particularmente 
complejas” 19 . 

• Registro de Antecedentes 

El debate parlamentario sobre el Registro de Antecedentes Judiciales de Adolescentes 
presentó mayores diferencias que las expresadas durante la tramitación de la ley N° 18.777. 

Durante el mismo, se utilizaron argumentos, no siempre veraces, pero que indudable¬ 
mente contribuyeron a la construcción social del adolescente infractor. Ejemplo de esto 
es la mención a la inimputabilidad penal de los menores de 18 años. En la exposición de 
motivos de un proyecto presentado por 21 representantes del PN, en setiembre de 2010, 
se puede leer: 

“El menor al ser inimputable, no es castigado por el delito cometido, pero si delinque después 

de trasponer la frontera de los 18 años, aquel delito o delitos cometidos, contarán como an¬ 
tecedente. Creemos que, para una sociedad asediada como la nuestra, es una solución justa”. 20 

En un intento por aumentar la punición propuesta en el proyecto de ley, ya esbozada 
en otras instancias de los trámites parlamentarios de las leyes votadas en 2011, Cardoso del 
PC, manifiesta: 


18 Senador C. Gamou (FA). Extraído de versión taquigráfica de discusión general en Cámara de Senadores. 
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/107853/tramite 

19 Senador C. Moreira (PN). Extraído de versión taquigráfica de discusión general en Cámara de Senadores. 
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/107853/tramite 

20 Representante G. Borsari et al (PN). Exposición de Motivos. Proyecto de Ley, Modificación en lo referente 
a las infracciones a la ley penal y creación del Instituto Nacional de Rehabilitación del Adolescente Infractor. 
Repartido N° 378. Setiembre de 2010. Carpeta N° 394 de 2010. 



“Si los antecedentes no se mantienen, o se lo hace por un corto período -por dos años, como 
propone el oficialismo-, continuará ocurriendo lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Es decir 
que la sociedad toda seguirá en riesgo, porque la totalidad de quienes la integran son potencia¬ 
les víctimas de la reincidencia”. 21 

Esta sintética frase, reúne dos aspectos importantes, por un lado, la simplificación del 
problema de la seguridad pública, que parece resolverse con un período mayor de conser¬ 
vación de antecedentes penales, a la vez que señala a los adolescentes como los responsables 
de la misma. 

• Pena privativa de libertad por un año y medida cautelar preceptiva 

En lo que respecta a la discusión sobre la ley N° 19.055, los planteos de los Senadores 
de las diversas fuerzas políticas presentan más consensos que disensos lo que puede obser¬ 
varse en las siguientes citas del miembro informante: 

“Quizás en el pasado se actuó con una actitud benévola que en nada los ayudó, pero en el futu¬ 
ro, de aprobarse esta ley, se los contendrá, se les pondrá límites y, sin olvidar la materia con la 
que estamos trabajando, se les brindará mayores oportunidades, pues son jóvenes que a nuestro 
entender merecen toda nuestra atención y las mayores oportunidades”. “Mucho se habla de que 
las cárceles deben ser un instrumento de enseñanza para que el individuo pueda retornar a la 
sociedad habiendo pagado sus culpas y para que esta lo acepte desde una perspectiva laboral, 
incorporándolo. Si eso es válido para los adultos, lo es más para los menores, pero intentar 
recuperarlos cuando había una especie de espiral de fuga, era imposible. No hay un conjunto 
de psicólogos, de educadores sociales o de sociólogos que trabajen con ellos y sus familias para 
alcanzar su recuperación en tan poco tiempo. Con esto no quiero decir que el hecho de que el 
proyecto de ley hable de un año signifique que en ese período la recuperación se pueda hacer 
en plenitud, sino que vamos a tener un tiempo para trabajar con estos menores y vamos a ser 
exigentes para ver si en ese plazo se puede lograr la recuperación!...] Entendemos que la Jus¬ 
ticia, los Jueces, están considerando todos esos pormenores, pero no están viendo que no hay 
un elemento de contención, una especie de ‘parate’ o de sacudón, que haga que ese joven -que 
toma como una gracia el hecho de que como es menor va a quedar rápidamente en libertad- no 
vuelva a delinquir [...] Creemos firmemente que este proyecto de ley tiene un buen equilibrio 
y goza de las garantías correspondientes”. 22 

Desde el PN, Saravia, plantea que se acompañará el proyecto de ley a pesar de ser 
muy débil. “En mi opinión, podríamos avanzar mucho más en estos temas. Por ejemplo, la 
tendencia mundial es que las penas gravísimas vayan de dos a ocho años, según la edad de 
desarrollo mental del joven -de 13 a 14 o de 14 a 17- y el informe psicológico que elabore 
el equipo técnico que esté a cargo de asesorar al Juez. También se puede establecer una 
pena que va de uno a cinco años en el caso de delitos graves, y cuando son sentencias sobre 


21 Senador G. Cardoso (PC). Extraído de versión taquigráfica de discusión general en Cámara de Senadores, 
https:// parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ ficha-asunto/107854/tramite 

22 Miembro informante R. Michelini (FA). Extraído de versión taquigráfica de discusión general en Cámara 
de Senadores, https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/! 12889/tramite 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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delitos gravísimos lo que marca el cumplimiento efectivo es un mínimo de tres cuartos de 
la pena”. 23 

Sobre el acuerdo existente Pasquet, del PC, señala “aquí se trata de endurecer las san¬ 
ciones para los menores de 18 años y mayores de 15 que cometen ciertos delitos. Esta es la 
sustancia del proyecto de ley. Creo que es un acierto del Gobierno y del Poder Ejecutivo 
haber propuesto al Parlamento un proyecto de ley inspirado en ese criterio general de en¬ 
durecimiento de las sanciones”. 24 

Pero en el parlamento no sólo se escucharon voces a favor, también se expresaron y 
fundamentaron discrepancias con el proyecto. 

El Defensor Público, Sayagués, presenta matices al proyecto y manifiesta la necesidad 
de diferenciar las consecuencias según las características de la infracción penal. Según su 
criterio debería existir un tratamiento diferente en función de si el delito se realiza median¬ 
te amenazas verbales o con armas de fuego sin, o con, poder letal. 25 

IELSUR, aporta las observaciones de la Organización Mundial contra la Tortura 
(OMCT) a las modificaciones al CNA propuestas en los proyectos de ley. En dicho docu¬ 
mento se establece claramente que, 

“Cuando un menor comete un delito grave, se deben aplicar medidas acordes a las circuns¬ 
tancias del niño y gravedad del delito (...) “En el caso de los niños en conflicto con la ley, el 
juez debe analizar cada caso concreto para decidir cuál es la medida que mejor se adapta a los 
principios de justicia juvenil. Por el contrario, un método a priori punitivo, como el previsto 
por el literal b) del artículo 116 BIS, no está en armonía con los principios básicos de la justicia 
de menores enunciados en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención”. 26 

La Fiscal de Adolescentes, Malet, expresa su discrepancia con el año de privación de 
libertad establecido en el proyecto de ley y fundamenta la misma en que el encierro, según 
el art. 40 del CDN es la última ratio. “Al dejar librada al magistrado la decisión, se permite 
que en la serie de matices que se dan en la consumación de un mismo tipo penal se pueda 
tomar la medida de privación de libertad o cualquier otra de las medidas previstas en un 
amplio elenco establecido en el Código”. 27 

Por su parte, el Ministro Pérez Manrique establece una alerta sobre a la privación de 
libertad estipulada en el proyecto de ley: “sería conveniente considerar la conveniencia de 

23 Senador J. Saravia (PN). Extraído de versión taquigráfica de discusión general en Cámara de Senadores, 
https:// parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ ficha-asunto/112889/tramite 

24 Senador O. Pasquet (PC). Extraído de versión taquigráfica de discusión general en Cámara de Senadores. 
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/l 12889/tramite 

25 Dr. D. Sayagués Laso. Defensor Público. Distribuido 1523/2012, 16 de julio de 2012. Carpeta 919/2012. 

26 Organización Mundial Contra la Tortura, Ginebra, 24 de julio de 2012. Material aportado por IELSUR. 
Distribuido 1566/212, 8 de agosto de 2012. Carpeta 918/2012, 919/2012. 

27 Informe presentado por Dra. M. Malet, Fiscal de Adolescentes. Distribuido:1653/2012, 22 de agosto de 
2012. Carpetas 919/2012. 



aplicación de la pena mínima de 12 meses, sobre todo cuando por ejemplo puede ser una 
figura imputada a título de tentativa o en casos que existan atenuantes o el perfil del adoles¬ 
cente haga que no sea aconsejable la aplicación de tal mínimo”. 28 

Otro elemento a considerar, planteado casi exclusivamente por Malet, refiere a la sub¬ 
jetividad de la vivencia del tiempo y lo que implica un año de privación en los adolescentes, 
ya que la percepción del transcurso del tiempo es mayor que un adulto. A su ve/, esta situa¬ 
ción se torna más compleja por las condiciones en las que se vive en los establecimientos de 
internación 29 . En la misma línea, y en relación a las condiciones del sistema de ejecución de 
medidas, la INDDHH plantea que “el art. 3° del proyecto de ley no parece compatibilizar- 
se con la actual (y ampliamente conocida) situación de los establecimientos de privación de 
libertad para adolescentes infractores que funcionan en la órbita del Sistema de Responsa¬ 
bilidad Penal Adolescente (SIRPA)”. 30 

Entre los parlamentarios, Pasquet del PC, cuestiona la reacción tendiente al aumento 
de penas a partir de la ocurrencia de un hecho de sangre: 

“No creemos que ante cualquier hecho de sangre, de esos que cada cierto tiempo conmueven 
a la opinión pública, sea correcta la reacción de los que inmediatamente dicen que hay que 
agravar las penas, como si de esa manera pudiésemos evitar los homicidios que nos conmueven 
a todos, o las rapiñas que generan esa sensación de inseguridad tan grave en la población. No se 
trata de responder sistemáticamente con un agravamiento de las penas, porque muchas veces 
no es allí donde radica el problema”. 31 

En la misma línea, de cuestionar el aumento de penas en tanto solución a los temas de 
seguridad, Rubio del FA, asume que esto ha ocurrido en oportunidades anteriores sin que 
se produzcan los resultados esperados: 

“Estoy cansado de escuchar, desde mediados de la década de los noventa, el discurso de 
que con el aumento de las penas se lograrían soluciones. Hubo tres empujes -si no recuerdo 
mal- en materia de incremento de las penas, y lo que obtuvimos fue que el número de presos 
pasara del orden de los 3.000 a los 9.000 o 10.000 y que, al mismo tiempo, se incrementara 
el delito en sus diversas expresiones. Eso quiere decir, entonces, que teníamos un enfoque 
unilateral sobre una cuestión mucho más compleja”. 32 


28 Dr. R. Pérez Manrique. Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Distribuido: 1534/2012, 24 de julio de 
2012. Carpetas 918/2012, 9/2012. 

29 Versión taquigráfica de la sesión del día 20 de agosto de 2012. Distribuido: 1645/2012, 20 de agosto de 
2012. Carpetas 918/2012, 919/2012. 

30 Informe presentado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Distri¬ 
buido: 1654/2012, 22 de agosto de 2012. Carpetas: 918/2012, 919/2012. 

31 Senador O. Pasquet (PC). Extraído de versión taquigráfica de discusión general en Cámara de Senadores. 
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/l 12889/tramite 

32 Senador E. Rubio (FA). Extraído de versión taquigráfica de discusión general en Cámara de Senadores, 
https:// parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ ficha-asunto/1128 89/tramite. 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


142 


En estas intervenciones de los parlamentarios se encuentra soslayada una crítica al po¬ 
pulismo punitivo. En palabras de Garland, el proceso de generación de las políticas se ha 
vuelto profundamente politizado y populista. Las medidas de política pública se construyen 
de una manera que parece valorar, sobre todo, el beneficio político y la reacción de la opi¬ 
nión pública por encima del punto de vista de los expertos y las evidencias de las investiga¬ 
ciones. 33 

La INDDHH advierte que, en América Latina, los problemas de violencia y delito se 
enfrentaron mediante acciones punitivas y no preventivas. “En este marco, la tendencia fue 
la permanente creación de nuevos tipos delictivos; el incremento de las penas; y la apela¬ 
ción a medidas de “ley y orden” o “mano dura”. Sin embargo, como destacan importantes 
estudios regionales, estas medidas, no han logrado reducir la criminalidad”. 3 ' 1 

El Instituto de Derecho Penal manifiesta que “las exigencias normativas internacio¬ 
nales hacen que sea mucho más matizada la individualización de la medida y no pueda 
considerarse sólo la gravedad del hecho, juzgando ahí situaciones en que conductas graves 
pueden constituir una situación ocasional en la vida del adolescente que no debería obligar 
a encerrarlo”. 35 

Por su parte, en un informe presentado en el parlamento, se explícita la posición de la 
OMCT sobre la privación de libertad preceptiva hasta el dictado de la sentencia. 

“Al establecer la privación de libertad cautelar obligatoria, sin que se hayan respetado las ga¬ 
rantías judiciales previstas por la ley y los estándares internacionales, el artículo 166 BIS a) 
anticipa una pena sin que se haya dictado sentencia, contradiciendo los principios generales del 
derecho universalmente reconocidos. El Comité de los derechos humanos ha señalado expre¬ 
samente que la duración de la detención preventiva nunca deberá ser considerada indicativa de 
culpabilidad ni del grado de ésta y que la utilización de la detención preventiva como medida 
de castigo atenta contra la presunción de inocencia”. 36 

La OMCT, tomando como base al derecho internacional, solicita al Gobierno del 
Uruguay que no adopte las modificaciones al CNA, sino que “aplique de forma efectiva 
el sistema de Justicia Juvenil actualmente en vigor, de modo que permita a la autoridad 
competente decidir en cada caso la actuación procedente en función del interés superior 
del niño y de su reinserción social”. 37 


33 Garland, D. (2005). La cultura del control. Crimen y orden social en la sociediid contemporánea. Barcelona: 
Editorial GEDISA: 49. 

34 Informe presentado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Distribui¬ 
do: 1654/2012, 22 de agosto de 2012. Carpetas: 918/2012, 919/2012. 

35 Informe remitido por el Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
República. Distribuido: 1742/2012, 18 de octubre de 2012. Carpeta: 919/2012. 

36 Organización Mundial Contra la Tortura, Ginebra, 24 de julio de 2012. Material aportado por IELSUR. 
Distribuido 1566/212, 8 de agosto de 2012. Carpeta 918/2012, 919/2012. 

37 Organización Mundial Contra la Tortura, Ginebra, 24 de julio de 2012. Material aportado por IELSUR. 
Distribuido 1566/212, 8 de agosto de 2012. Carpeta 918/2012, 919/2012. 



Continuar trabajando 

Lo planteado en el artículo expresa algunos elementos que dan cuenta de la existencia 
de una hegemonía conservadora. Hegemonía, que lejos de sumar voces detractoras, ha lo¬ 
grado captar cada vez más adeptos entre los que tienen la posibilidad de tomar las decisio¬ 
nes legislativas en los temas claves del país. 

A pesar de que se realizaron planteos cuestionadores a las leyes en debate, provenientes 
del mundo experto, los mismos fueron escasamente retomados en las intervenciones de 
los legisladores al momento de justificar su votación. Las argumentaciones contrarias, no 
lograron evitar que se sancionaran tres leyes que implican una clara regresión al CNA, con 
un elevado nivel de acuerdo entre todos los partidos políticos. 

En relación al tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal esta hege¬ 
monía ha logrado consolidarse, echar raíces. Raíces sociales que señalan a un “otro peligro¬ 
so” que da tranquilidad a los “ciudadanos honrados, trabajadores y honestos”. 

Estas raíces han sido construidas, social y políticamente, ya que, los datos empíricos 
demuestran que no es posible atribuir a los adolescentes infractores la inseguridad que sien¬ 
ten los uruguayos. Estas raíces se construyen, crean y recrean a partir del discurso, liderado 
por algunos, pero aceptado por todos. 

Los adolescentes “son los causantes de la inseguridad” gracias a la elaboración y conso¬ 
lidación de ese discurso colectivo. Discurso que encuentra su explicación en la conocida y 
ampliamente utilizada práctica de populismo punitivo. 

Los datos no parecen ser necesarios para la construcción del enemigo, alcanza con 
nombrarlo, adjetivarlo y castigarlo. No es necesario presentar sus características, sus his¬ 
torias de vida, su vulneración de derechos previos, sus contextos sociales, sus condiciona¬ 
mientos estructurales. 

Cuanto menos se los conoce, más fácilmente se los culpa. Dejan de ser nuestros hijos 
adolescentes para ser monstruos adolescentes capaces de cometer las peores atrocidades. 
De esta forma, se crean estereotipos de sujetos incorregibles, irrecuperables, necesarios de 
ser aislados por el bien común. 

Existe una responsabilidad política en la construcción social de este enemigo, el ado¬ 
lescente infractor, que se configura como verdad indiscutible y que responde a una con¬ 
cepción de criminalidad. Y ese enemigo, no son todos los adolescentes, son aquellos que 
cumplen las condiciones para ser captados por el SPJ. 

En función de lo expuesto, los invito a hacer uso de nuestra responsabilidad política, 
de nuestro deber de control social, que tomando como base el esfuerzo personal y colecti¬ 
vo, proveniente de diversos ámbitos, promueva la deconstrucción del discurso imperante 
y posibilite la generación de un discurso contra hegemónico que discuta con las certezas 
dominantes. 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


En esta línea desde la Casa Bertolt Brecht, se ha desarrollado la campaña social #mire- 
mosdistinto, con el propósito de cuestionar algunas ideas de sentido común sobre las adoles¬ 
cencias y su relación con la infracción penal, profundizar la discusión sobre el uso excesivo 
de la privación de libertad, los efectos de la misma, los discursos mediáticos y los cambios 
normativos de los últimos años. 

Es evidente que urge hablar de estas problemáticas, hacerlas visibles en la vida cotidia¬ 
na; empezar a #mirardistinto para poder construir, junto con otros, un nuevo discurso que 
cuestione la hegemonía conservadora. 


144 



CDNU'<r 

Comité de los Derechos del Niño/a - Uruguay 

Montevideo, 25 de abril 2019 

A 30 años de la Convención sobre los Derechos 
del Niño: Uruguay no ha logrado garantizar la 
protección de niñas, niños y adolescentes que sufren 
distintas formas de violencia 

Con motivo de la conmemoración del 25 de abril, Día Internacional de Lucha Con¬ 
tra la Violencia hacia niñas, niños y adolescentes , el Comité de los Derechos del Niño/a 
del Uruguay (CDNU), la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales 
(ANONG) y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) reafir¬ 
man su compromiso con la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 
manifiestan el reconocimiento de avances hacia el cumplimiento de los derechos consagra¬ 
dos en la Convención de Derechos del Niño (1989-1990) y subrayan algunas preocupa¬ 
ciones. 

Uruguay ratificó la Convención de los Derechos del Niño el 28 de septiembre de 
1990, a través de la Ley 16.137. Desde ese entonces a la fecha, el país no ha logrado garan¬ 
tizar la protección de niñas, niños y adolescentes que sufren distintas formas de violencia. 

En 2017, el Ministerio del Interior registró 9.574 víctimas de violencia doméstica, 
906 denuncias de atentado violento al pudor, 130 violaciones, 114 de explotación sexual 
comercial; con alta prevalencia de víctimas mujeres en los delitos sexuales. A su vez, el bajo 
número de situaciones atendidas (3.155 SIPIAV, 380 Conapees) en comparación con la 
cantidad de situaciones denunciadas, además de la cantidad de situaciones que se comien¬ 
zan a atender en su estado crónico, demuestran que persisten grandes dificultades para la 
detección y atención a tiempo. Esto profundiza los daños y tiene consecuencias graves so¬ 
bre el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, quienes sufren respuestas de encierro en 
clínicas psiquiátricas o no son atendidos por las entidades responsables, vulnerando nue¬ 
vamente sus derechos. 

En Uruguay, se identifican situaciones de violencia en las familias, en las comunidades 
y en las instituciones. Agrava la situación la falta de registros ni ni y espacios independien- 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


tes a las instituciones donde niñas, niños y adolescentes puedan denunciar los casos de vio¬ 
lencia que sufren por parte de quienes deberían protegerles o mecanismos para denunciar 
las omisiones de las instituciones. Las respuestas siguen siendo escasas, los servicios están 
desbordados, no se priorizan respuestas especializadas y las que hay no le llegan a todas las 
niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. Las alternativas, muchas veces se 
traducen en encierro, destierro, culpabilización, lo que se traduce en una nueva forma de 
violencia. 

El Estado es responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, en 
todos los espacios donde se desarrolla la vida de niñas, niños y adolescentes. La violencia se 
ejerce tanto por acción como por omisión, por lo cual entendemos urgente que el Estado dé 
muestras claras de su compromiso para la protección de niños, niñas y adolescentes. 

Entendemos urgente: 

• Presupuesto genuino para abordar la violencia contra niñas, niños y adolescentes, en 
cuanto a prevención, atención y sanción de responsables. 

• Estrategias de formación y de atención en todas las instituciones donde se atien¬ 
den niños, niñas y adolescentes, así como profundizar la formación integral sobre 
la temática, (considerando los distintos tipos de violencias). Capacitar a técnicos y 
funcionarios que trabajan directamente con la población o están en contacto con 
el problema, para la comprensión de que niños, niñas y adolescentes son víctimas 
directas de la violencia basada en género que padecen sus madres. 

146 

• Revisión en clave de derechos humanos de las clínicas psiquiátricas de agudos y cró¬ 
nicos que psiquiatrizan el daño y privan de la libertad a quienes deben de ser prote¬ 
gidos de toda forma de violencia, en especial la institucional. 

• Compromiso genuino del sector salud para la protección, atención y reparación del 
daño de niñas, niños y adolescentes. 

• Servicios de atención especializados para la atención y protección de toda forma de 
violencia en todo el país. 

• Formación a operadores del sistema de justicia en violencia hacia la infancia y ado¬ 
lescencia, así como un presupuesto adecuado para la aplicación de la política pública 
y administración de recursos. 

• Análisis, investigación y sanción de los responsables de los delitos contra niñas, ni¬ 
ños y adolescentes, ya sea homicidios, violencia institucional, violencia sexual (ex¬ 
plotación y abuso sexual) y de otras formas de violencia que configuren hechos de¬ 
lictivos. Mientras prevalezca la impunidad, la violencia se permite y perpetúa. 

• Apoyar a las familias para que puedan cuidar y en caso de que estas vulneren los de¬ 
rechos de niños, niñas y adolescentes, garantizar los cuidados en el entorno familiar 



y comunitario, así como proveer de personal capacitado a los hogares de acogimien¬ 
to, para atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes de forma transitoria. 

• Crear mecanismos de denuncia accesibles e independientes que incluyan la posibili¬ 
dad de denunciar situaciones de violencia institucional. 

• Prohibir cualquier forma de revinculación forzada con agresores en toda dependen¬ 
cia pública y privada. 

La protección de niñas, niños y adolescentes es responsabilidad del Estado a través 
de todas sus instituciones, respondiendo y coordinando respuestas, así como también es 
responsabilidad de las familias y de la comunidad en su conjunto. 

Si la violencia existe actualmente, es porque el “mundo adulto” sigue en deuda con la 
niñez y la adolescencia, dejando las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes lejos 
de los asuntos “prioritarios”, cuando justamente ellas y ellos son y deben ser la prioridad. 

Erradicar la violencia contra la niñez y la adolescencia, significa erradicarla de la so¬ 
ciedad. 

#NoMásViolencia #LaInfanciaComoPrioridad 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


La atención en salud mental en niños, niñas y 

adolescentes: 

una mirada desde el CDNU a prácticas vulneradoras de derechos 


148 


Grupo de Trabajo de Salud Mental | Comité de los Derechos del Niño Uruguay 


1. Contextualización del tema en el CDNU 

La salud mental en las infancias y las adolescencias surge como una temática poco 
abordada en términos de producción de datos e investigaciones a nivel nacional 1 . Es escasa 
y fragmentada la información que se tiene al respecto, aunque se debe remarcar la existen¬ 
cia de documentos de monitoreo y denuncia sobre dispositivos y prácticas que producen 
sufrimiento y no se ajustan a los marcos de garantía de derechos nacional e internacional 2 , 
a los que Uruguay adscribe. Además, son numerosas las denuncias y relatos recibidos por 
las distintas organizaciones que integran el CDNU, donde en los distintos niveles de aten¬ 
ción son vulnerados sus derechos. Ejemplo de estas vulneraciones son la medicalización y 
patologización de problemas inherentes a situaciones o realidades sociales y/o personales; 
medicamentalización; y el exceso de tiempos de internación en clínicas de agudos, con 
dispositivos que violentan a niños, niñas y adolescentes. 

En este marco, se crea en el CDNU abril de 2019 un grupo de trabajo específico sobre 
Salud Mental, que ha trabajado en el relevamiento de datos e información, y elaboración de 
documentos de posicionamiento, destacándose el realizado sobre el Plan Nacional de Salud 
Mental para infancia y adolescencia, presentado ante el Consejo Honorario Consultivo de 
Niños, Niñas y Adolescentes 3 . 

A partir de la experiencia desarrollada, y la sistematización de datos e informes sobre 
el tema, este artículo intenta contextualizar la situación, desde también las prácticas y expe¬ 
riencias transitadas por el CDNU en el área de la salud mental. Especial atención revisten 
en esta descripción, algunos espacios de institucionalización de infancias y adolescencias, 
donde prácticas vulneratorias de derechos, además de las consecuentes al encierro, se de¬ 
sarrollan en marcos de mayor vulneración de derechos vigentes en normativa nacional e 
internacional. La información aquí vertida surge de pedidos de acceso a la información 
pública realizada por el GT de Salud Mental en conjunto con el Observatorio del CDNU, 


1 Se destacan investigaciones provenientes de la Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Psicología de la 
Universidad de la República. 

2 En particular, los informes realizados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional 
de Derechos Humanos, que monitorea periódicamente el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. 

3 Sesión del día 7 de octubre de 2019. 



revisión de informes elaborados por el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), y la 
realización y sistematización de entrevistas y dinámicas con adolescentes sobre las expe¬ 
riencias transitadas en diversos niveles de atención. 

2. Medicamentalización 

En las últimas décadas numerosas reseñas a nivel regional e internacional han adverti¬ 
do de la extensión de prácticas medicalizantes en las sociedades, en particular en infancias y 
adolescencias, entendidas como la definición de problemas sociales o personales no médi¬ 
cos como problemas médicos, siendo diagnosticados en muchas ocasiones como enferme¬ 
dades. Al respecto, un informe de 2019 del Relator Especial sobre el derecho de toda per¬ 
sona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental sostenía que “Laspolíticas 
actuales de salud mental se han visto afectadas en gran medida por la asimetría de poder y los 
prejuicios ocasionados por elpredominio del modelo hiomédicoy las intervenciones hiomédicas. 
Ese modelo ha dado lugar (...) a la medicalización de las reacciones normales a las múltiples 
presiones de la vida, incluidas las formas moderadas de ansiedad social, tristeza, timidez, ab¬ 
sentismo escolar y comportamiento antisocial” (Relator de Naciones Unidas n°49, 2019) 4 . 

La falta de consideración del contexto familiar, social, cultural y económico del niño, 
niña y adolescente, reduce el análisis de su situación a un problema centrado en conductas 
no normalizadas. En este marco, el tratamiento predominante desde el ámbito de la salud 
se limita a la administración de fármacos, sin ofrecer respuestas terapéuticas alternativas a 
las necesidades de estas infancias y adolescencias. Sostiene en este sentido el Relator Espe¬ 
cial que “La excesiva medicalización es especialmente perjudicial para los niños ” (Relator de 
Naciones Unidas n° 62, 2019). 

El Comité de Derechos del Niño realizaba una observación específica a Uruguay ya en 
2015, al advertir sobre la situación de medicamentalización de la infancia y adolescencia, 
y en particular la falta de información sobre la situación de administración de metilfeni- 
dato a niños y niñas con déficit atencional. Por ello, recomendaba “...alEstado parte que 
realice un estudio para evaluar la situación de los niños a los que se ha diagnosticado déficit 
de atención e hipercinesia o déficit de atención, y la prescripción de psicoestimulantes como el 
metilfenidato” (CDN, punto 48,2015) 5 . 

La ausencia de producción de datos a nivel nacional impide conocer con profundidad 
la realidad existente en la actualidad. Es preocupante que el Estado desconozca de qué tipo 


4 Relator de Naciones Unidas Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental. Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental Asamblea General de Naciones Unidas. A/HR/C/41/34 Consejo de Derechos Humanos 
41er Período de sesiones. 12 de julio de 2019. 

5 Naciones Unidas (2015) Observaciones del Comité de los Derechos del Niño sobre los informes periódi¬ 
cos presentados por Uruguay 2007 y 2015. Disponible en http://pmb.aticounicef.org.uy/opac_css/doc_num. 
php ?explnum_id= 174 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


150 


y cantidad de psicofármacos son distribuidos y recetados a niños, niñas y adolescentes, así 
como la disponibilidad y accesibilidad de los equipos de atención en salud mental en todo 
el territorio 6 para ésta población. 

Como antecedente cuantitativo aproximativo, un estudio sobre adolescencias, la edu¬ 
cación media y la medicamentalización, de la publicación “Derecho a la educación y man¬ 
dato de obligatoriedad en la Enseñanza Media” 7 detalla en su estudio que “...el consumo de 
fármacos tranquilizantes y estimulantes se encuentra entre las drogas con mayor prevalencia en 
los/as adolescentes escolarizados/as desde el 2002” (Miguez, 2017, p.127). A 2014, el 14,6% 
de los adolescentes de entre 13 y 17 años que acudían en dicho período a un centro educa¬ 
tivo 8 había consumido algún tipo de tranquilizante. Estas proporciones aumentan con la 
edad de los y las adolescentes, alcanzando al 22,04% de quienes tienen 18 años, y la mayoría 
de ellas (64%) son mujeres (Miguez et al, 2017). 

Los relatos vertidos por adolescentes pertenecientes al grupo de Participación del 
CDNU en una actividad de intercambio al respecto 9 ponen en relieve la persistencia de los 
procesos de medicalización y medicamentalización mencionados. Al respecto, una adoles¬ 
cente reflexiona sobre la respuesta que da el sistema de salud cuando se recurre al mismo 
“por problemasfamiliares, sociales, nos medican, cuando muchas veces sabemos que precisamos 
apoyo, y no medicación”. En este sentido, otra adolescente plantea desde su experiencia que 
ante una situación de depresión vivenciada, el tratamiento indicado por el psiquiatra es el 
de medicamentación: “Te dan medicamentos de una, cuando no debe ser., (te dicen).. ‘tenés 
que tomarlo’y punto, sin preguntarte”. Es consensuada la percepción de que la función del 
psiquiatra es la de medicar, manifestando quienes transitaron por dicha atención no haber 
sido escuchados o escuchadas. 


6 Dicha información surge de las respuestas dadas a los Accesos a la Información Pública en 2019 por parte 
de ASSE y MSP, donde ante la consulta de “Listado y stock anual de psicofármacos habilitados para la prescrip¬ 
ción médica en centros diurnos, de atención de medio camino, internación aguda, y crónicos de niños, niñas 
y adolescentes”, la respuesta brindada fue “aquellos que defina el profesional actuante y se encuentran incluidos en 
el Formulario Terapéutico de Medicamentos ”. En relación a los equipos de referencia desplegados en territorio, 
MSP brinda información de recursos humanos de los equipos de salud mental de ASSE, especificando cantidad 
de especialistas -psicólogo general, trabajador social, auxiliares de enfermería,licenciados en enfermería, técni¬ 
cos en administración-,, desagregada entre Montevideo e Interior. Allí se especifican la cantidad de psiquiatras 
pediátricos; a 2017 atendían para ASSE 25 de ellos en Montevideo, y 30 en el Interior del país. 

7 Miguez, María Noel Angulo, Sofía. (2017) Cuerpos en movimiento: adolescencias, educación media y medi¬ 
calización de las conductas. En Cristóforo, Adriana, Miguez, María Noel, Derecho a la educación y mandato de 
obligatoriedad en la Enseñanza Media. 

8 Residentes en ciudades mayores a 10.000 habitantes. 

9 El grupo de Participación es un espacio de intercambio de adolescentes pertenecientes a distintos progra¬ 
mas y proyectos de las organizaciones que integran el CDNU, quienes forman parte de jornadas y espacios 
institucionales sobre infancia y adolescencia, desarrollando documentos y dinámicas de opinión en la defensa 
de sus derechos. En la jornada mencionada, llevada a cabo el día 28 de setiembre, se realizó una dinámica sobre 
salud mental, focalizada en conocer sus experiencias en el paso por los distintos niveles de atención en salud y 
en particular salud mental. Participaron 7 adolescentes. 



3. Encierros: clínicas psiquiátricas y prácticas violatorias de derechos 

Estas prácticas, que incumplen con derechos consagrados en la Convención de Dere¬ 
chos del Niño 10 , revisten particular gravedad cuando son desarrolladas en marcos de mayor 
vulnerabilidad, como son los espacios de encierro destinados a infancias y adolescencias. 
El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay gestiona servicios de atención de salud 
mental 24 horas, a través de la licitación de servicios de Medio Camino, y de Atención a 
episodios agudos. En términos generales, un diagnóstico realizado por el MNP en su Infor¬ 
me Anual de 2016, definía carencias y problemas en salud mental referentes a diagnósticos 
específicos, acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud mental, y en relación a di¬ 
chos espacios “c) abordajes de la salud mental integral en el desarrollo cotidiano de los centros 
y en los proyectos individuales de niñas, niños y adolescentes; d) capacidades para la atención 
de situaciones de crisis emocionales en los centros; e) criterios de derivación, seguimiento y rein¬ 
serción familiar de niñas, niños y adolescentes afectados por padecimientos Mentales (MNP 
2019 sobre Informe MNP 2016, p. 38) 11 . 

La ausencia de diagnósticos y plazos claros de internación para adolescentes que pa¬ 
decen episodios agudos genera estadías extendidas y desajustadas a los procedimientos 
establecidos, con prácticas que vulneran derechos consagrados en la CDN. Desde 2016 
y en los años sucesivos, el MNP denuncia la persistencia de situaciones de internación pro¬ 
longada en centros de atención a situaciones de agudos, donde la permanencia debe de 
ser por el menor tiempo posible. A 2018, sostiene el MNP que “...en las visitas a centros de 
salud mental para la atención de episodios agudos, se verificó la continuidad de situaciones de 
internación prolongada de niños y adolescentes que tenían el alta médica” (MNP 2019,3 8). 

Son múltiples las situaciones de violencia institucional denunciadas por adolescentes 
y familias de quienes son derivados a estos centros 24 horas. Retomando el diagnóstico 
realizado por el MNP para 2018, “la internación prolongada en clínicas diseñadas para la 
atención de episodios agudos vulnera múltiples derechos, sobre todo en etapas vitales de creci¬ 
miento y conformación de la personalidad, como la niñez y la adolescencia fMNP pag 38). Así 
lo expresan y confirman relatos recogidos por el CDNU de varios y varias adolescentes que 
han transitado dichos espacios de encierro. Del período de estadía en dichos recintos, las 
y los adolescentes relatan haber padecido total encierro, sin posibilidad de circulación por 
patios externos o el entorno del centro. Las rutinas, signadas por el aislamiento y la prohibi¬ 
ción a expresar sentimientos (como por ejemplo, llorar), carecen de actividades recreativas 
o de esparcimiento. Además, al llegar a la institución los y las adolescentes son desprovistos 
de sus pertenencias personales, sin poder llevar consigo o utilizar prendas propias. 


10 Como son la protección integral, autonomía progresiva, interés superior, a estar debidamente informado, 
entre otros. 

11 Mecanismo Nacional de Prevención (2018) V Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de 
la Tortura - Uruguay 2018. Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. 


151 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


El informe recientemente presentado por el Grupo de Trabajo de Medicalización y 
Patologización de infancias y adolescencias también señala éstas prácticas, y advierte en 
relación a las capacidades institucionales que “...Al encontrarse debilidades en la formación 
del personal que trabaja en los centros, se somete a restricción de libertades, violación del dere¬ 
cho a la intimidad, se limita la vinculación con el medio, el derecho al ocio, la educación y la 
re vinculación con referentes afectivos.” (INDDHH 2019, p. 25) 12 . Además, la ausencia de 
garantías de protección profundiza aún más estas vulneraciones, ante la falta de espacios y 
mecanismos de queja y denuncia para los adolescentes y sus familias (INDDHH 2019). 

Mención aparte merecen los ámbitos de institucionalización total, como son los de 
privación de libertad, donde las prácticas de medicamentación son situaciones denuncia¬ 
das realizadas hace ya varios años 13 . En la actualidad, si bien reconoce el MNP que la me¬ 
dicación se administra bajo prescripción médica 14 , también se advierte la utilización exten¬ 
dida de fármacos en los y las adolescentes privados de libertad. En particular, se advierte la 
situación de CIAF, donde “ todas ellas tomaban psicofármacos, los cuales, según sus testimo¬ 
nios, eran suministrados para el tratamiento de la angustia, de los síntomas de la abstinencia 
de drogas o para lograr conciliar el sueño”; con desconocimiento por parte de las jóvenes de 
la medicación que consumían (MNP 2019). 

4. ¿Nuevas oportunidades? Los riesgos de la aplicación de la nueva Ley de Salud 
Mental para infancia y adolescencia 

La nueva ley de salud mental aprobada recientemente y en tratamiento para su regla- 
152 mentación marca un hito en el proceso de cambio de paradigma en el abordaje de la salud 
mental, desde un modelo tutelar a uno integral de Derechos para la población en general. 
Esta normativa, elimina la anterior, vetusta, que regía desde 1936, e implica un cambio 
fundamental también en la definición de tratamientos y dispositivos a desarrollar (así como 
prohibición o cierre de otros 15 ). Sin embargo, la mencionada ley no incorpora un articu¬ 
lado específico para infancias y adolescencias, quedando olvidados de la nueva normativa. 
El presente año el MSP elaboró un Plan Nacional de Salud Mental, donde se reglamenta la 
ley aprobada, y dedica exclusivamente un capítulo a la aplicación de la ley para niños, niñas 
y adolescentes. 


12 Institución Nacional de Derechos Humanos (2019): Grupo de trabajo: Medicalización y patologización 
de las infancias y las adolescencias Informe final. 

13 Ver para ello los informes del MNP sobre privación de libertad en adolescentes para 2016. Además https:// 
www.republica.com.uy/menores-recluidos-en-el-sirpa/,https://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/ 
hacinamiento-medicacion-no-controlada-sanciones-colectivas-y-mas/ 

14 Ver declaraciones dadas por el MNP en https://brecha.com.uy/ el-juego-de-la-canica/ 

15 En particular, “Se impulsará la desinstitucionalización de las personas con trastorno mental, mediante un 
proceso progresivo de cierre de estructuras asilares y monovalentes, las que serán sustituidas por un sistema de 
estructuras alternativas.” (Artículo 37 Ley 19.529). 



En el Plan se observan debilidades importantes, que condicionan las garantías de res¬ 
peto a los derechos en la atención en salud mental para niños, niñas y adolescentes. En este 
marco, se elaboró por parte del CDNU un documento que sintetiza algunos puntos consi¬ 
derados problemáticos del Plan y el marco actual de atención para infancia y adolescencias, 
del que se resaltan a continuación algunos puntos. 

En primer lugar, se destaca la ausencia en los objetivos estratégicos de “un punto refe¬ 
rente al trato hacia los NNA como sujetos de derecho, con real participación en los procesos y 
tratamientos a ser realizados, siendo debidamente informados.” Especial atención merece la 
ausencia asimismo de “la eliminación de los centros asistenciales con modelo asilar y mono¬ 
valente para NNA a diferencia de los adultos, tal como determina la ley 19.529. Si bien pos¬ 
teriormente se señalan acciones específicas para su implementación y cumplimiento, no queda 
claro en el Plan los plazos y acciones concretas, así como actores responsables para concretar este 
fin..!’. Para el caso de los niños, niñas y adolescentes, el CDNU observa que los dispositivos 
de internación con modelos monovalentes son reforzados, en dispositivos de Medio cami¬ 
no, y Unidades de corta estadía. En relación a las internaciones en hospitales pediátricos (o 
en su defecto salas específicas para niños, niñas y adolescentes) por episodios agudos, carece 
el Estado de información específica del estado y alcance de dichos dispositivos a nivel na¬ 
cional, siendo menester conocer cuál es la situación en todo el territorio. Debe disponerse 
de infraestructura suficiente para brindar diversos y específicos servicios de atención en 
salud mental en todas sus modalidades. “En este sentido, el CDNU registra la ausencia, por 
ejemplo, de hospitales pediátricos en muchos departamentos del país y/o salas pediátricas, tanto 
como de profesionales de atención en salud mental (psicólogos, psiquiatras infantiles, trabaja¬ 
dores sociales, psicoterapeutas, etc.)” 16 . 

Además de la disponibilidad de infraestructura, es necesario profundizar en relación 
a “los recursos humanos adecuados y las disciplinas idóneas, para un abordaje integral y comu¬ 
nitario de la salud mental en NNA. Para ello, deben detallarse capacidades y conocimientos 
técnicos necesarios, así como evaluar la disponibilidad de dichos servicios en todo el territorio!’ 

En el documento, así como en la normativa aprobada, preocupa la falta de mecanis¬ 
mos de denuncia específicos para niños, niñas y adolescentes atendidos en salud mental 
cuyos derechos son vulnerados. Deben garantizarse la disponibilidad y accesibilidad de di¬ 
chos mecanismos, buscando en todo momento preservar a la víctima. 

Por último, como aspecto fundamental y a futuro problemático para su implemen¬ 
tación, el Plan no menciona ni especifica presupuesto alguno para su aplicación, lo que 
impide proyectar su ejecución efectiva en el corto, mediano y largo plazo. 


16 En particular atendiendo a la Observación N° 15 del CDN sobre la disponibilidad, accesibilidad, acepta¬ 
bilidad y calidad en los servicios de atención en salud para niños, niñas y adolescentes. 


153 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


5. Comentarios finales 

Las niñas, niños y adolescentes no han sido priorizados en el diagnóstico y diseño de 
servicios y dispositivos de atención en salud mental que respeten los derechos consagrados 
en la CDN, 30 años atrás. Sus voces no son escuchadas, así como tampoco sus relatos de 
denuncia, en un sistema que no logra comprender y abordar sus necesidades en atención 
en salud desde la integralidad de sus causas, ni desde una perspectiva de respeto a los dere¬ 
chos humanos. Prevalece aún la visión biomédica, que desarrolla prácticas de diagnósticos 
patologizantes, y tratamientos basados en la medicación. Además, la atención se desarrolla 
desde una visión adultocéntrica, que desconoce a los niños, niñas y adolescentes como su¬ 
jetos de derecho. En este marco, se ausenta en los tratamientos de la voz y participación de 
los propios protagonistas. 

Reviste particular gravedad la carencia de datos precisos sobre la realidad que transitan 
los niños, niñas y adolescentes en la salud mental (en los ámbitos público como el privado), 
dada principalmente por la ausencia de información producida del Estado. 

En particular, preocupa la situación existente en los dispositivos de atención en salud 
mental de medio camino y atención de episodios agudos, bajo responsabilidad y supervi¬ 
sión de organismos del Estado. Estos centros, que desarrollan de forma sistemática prácti¬ 
cas vulneratorias de derechos humanos, continúan existiendo a pesar de contravenir la Ley 
de Salud Mental vigente, sin tener previsto su cierre. Al respecto, el documento presentado 
ante el CHCDNNA advierte “la continuidad e instalación de dispositivos de encierro (como 
lo son las casas de corta estadía y dispositivos de medio camino), lo que contraviene la Ley de 
154 Salud Mental aprobada ”, y exige al respecto “el cumplimiento con el cometido de la ley del 
cierre de todos los centros de internación con modelo asilar y monovalente, ya que son prácticas 
vulneradoras de los derechos de NNA”. 

En el mismo sentido va la recomendación del Relator de Naciones Unidas, quien sostie¬ 
ne que “...los Estados deberían adoptar medidas de inmediato para sustituir progresivamente el 
acogimiento de niños en instituciones, con miras a su total eliminación. (Además) Esas medidas 
deberían incluir, en primer lugar, inversiones progresivas en una variedad de servicios basados en 
la comunidad y centrados en lafamilia” (Relator de Naciones Unidas 2019, p. 14). 

El sistema de protección a la infancia encuentra aún fuertes tensiones entre la vieja doc¬ 
trina de la situación irregular que justifica el control social de la infancia pobre y potencial¬ 
mente peligrosa y el paradigma de protección integral que posiciona a niños, niñas y adoles¬ 
centes como sujetos de derecho. Sobre esto, dice Alejandro Morlachetti 17 que ésta considera¬ 
ción como sujetos plenos de derecho, y la implementación de los mecanismos idóneos para 
exigirlos, son los cambios fundamentales que caracterizan esta transformación. 


17 Morlachetti, Alejandro (2013) La convención sobre los derechos del Niño y la protección de la infancia en 
la normativa internacional de Derechos Humanos. Unicef. En https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/ 
dhgv_pdf7DHGV_Manual.21-42.pdf 



CDNU'lr 

Comité de los Derechos del Niño/a - Uruguay 

Montevideo, 31 de julio de 2019 

La violencia contra niñas, niños y adolescentes en el 
Uruguay es una situación grave e invisibilizada 

El Comité de Derechos del Niño del Uruguay (CDNU), La Red Uruguaya contra la 
Violencia Doméstica y Sexual (RUC VDS), la Intersocial Feminista y la Asociación Nacio¬ 
nal de Organizaciones No Gubernamentales orientadas al Desarrollo (ANONG) expresan 
su más profundo dolor por el asesinato de la niña Ana Clara y manifiesta sus condolencias 
para familiares, vecinos y personas del entorno institucional allegados afectivamente a la 
niña. 

La violencia contra niñas, niños y adolescentes en nuestro país es una situación gra¬ 
ve, actual y fuertemente invisibilizada. En el año 2018 el SIPIAV informó la detección de 
4.131 situaciones, 23% de ellas de abuso sexual, 950 aproximadamente. La mayoría de los 
casos son detectados en fase crónica. Estos datos muestran que el problema tiene una mag¬ 
nitud altísima y pone en riesgo la vida y la salud de muchas y muchos. 

Proteger a la infancia y la adolescencia contra la violencia debe ser una prioridad. Para 
ello se necesitan políticas públicas y recursos genuinos para la prevención, atención, repa¬ 
ración del daño, además de la sanción de los responsables. 

Hemos avanzado en un discurso de derechos que no se traduce en acciones concretas 
acordes para la protección. Los recursos económicos destinados no son suficientes y los 
recursos humanos tienen debilidades en la formación o están saturados en su capacidad 
de respuesta. No se logra garantizar la atención en condiciones seguras y la respuesta no 
siempre llega en el momento necesario. 

Es urgente 

• Creer en la palabra de las niñas y niños cuando expresan estar viviendo situaciones 
de violencia. 

• Proteger a toda niña, niño y adolescentes que esté expuesto a la violencia que viven 
sus madres, en especial en situaciones de altísimo riesgo con Tobilleras. 


155 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


• Generar estrategias masivas de prevención que cuestionen las prácticas de crianza 
violentas contra niñas, niños y adolescentes. 

• Formar para la detección de situaciones de violencia a operadoras y operadores de la 
educación formal y no formal, salud, policial, judicial, Inau, organizaciones sociales 
y operadores comunitarios. 

• Fortalecer los recursos humanos de las instituciones para que realmente puedan de¬ 
tectar y acompañar las acciones de protección. 

• Instalar servicios especializados en todos los departamentos, con acompañamiento 
diurno y de acogimiento en la emergencia para trabajar la protección y el acceso a 
la justicia. 

• Equipos especializados en el sector salud para el tratamiento y reparación del daño 
producido por la violencia, en todos los departamentos. 

Niñas, niños y adolescentes en situación de violencia necesitan del compromiso real 
de los responsables en todos los niveles de gobierno y del sistema político en su conjunto 
para garantizar su efectiva protección. 

#NoMásViolencia #LaInfanciaComoPrioridad 


156 



CDNU'<r 

Comité de los Derechos del Niño/a - Uruguay 

Montevideo, 26 de setiembre de 2019 

Ante la muerte de Ezequiel, adolescente que 
se encontraba internado en clínica de atención 
psiquiátrica API 

Desde el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay (CDNU), ante los hechos 
de pública notoriedad ocurridos en la Clínica de Atención Psiquiátrica API Los Robles, 
donde murió Ezequiel, un adolescente de 16 años de edad que llevaba 3 meses internado 
expresamos: 

En primer lugar, lamentamos profundamente la situación y extendemos nuestras más 
sentidas condolencias a los familiares, amigos y allegados del adolescente. 

Este hecho puntual, alerta una vez más sobre una realidad que ha sido observada entre 
otros organismos de Derechos Humanos Internacionales, por el Comité de los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas y en lo nacional, el Comité de los Derechos del Niño del 
Uruguay y el Mecanismo de Prevención Contra la Tortura, en la órbita de la Institución 
Nacional de Derechos Humanos. 

La medicalización y el encierro de adolescentes se han denunciado como métodos de 
control y dan cuenta de una situación que interpela al Estado en su conjunto, en cuanto a 
la gestión y control de las clínicas de atención de patologías agudas y de los mecanismos de 
prevención, atención y tratamiento de salud mental. 

Las situaciones de vulneraciones de derechos constatadas en los adolescentes que in¬ 
gresan en este tipo de dispositivos dan cuenta de las diferentes carencias en prevención, 
atención y tratamiento en salud mental en los niñas, niños, adolescentes y jóvenes dando 
cuenta de formas de expresión de prácticas de violencia institucional aun no resueltas. 

Lamentamos el trágico final de la vida de Ezequiel, y esperamos que la investigación 
administrativa y judicial permita determinar las responsabilidades en este hecho. 

Expresamos además que en este marco, se torna imperioso revisar el borrador del pro¬ 
yecto sobre la reglamentación de la Ley de Salud Mental, para que efectivamente garantice 
prácticas apegadas a los principios de Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes y 
se avance hacia la efectivización del cierre de las clínicas psiquiátricas como ordena la ley. 


157 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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CDNU'Sr 

Comité de los Derechos del Niño/a - Uruguay 

Montevideo, 4 de octubre de 2019 

Respaldo a acción del Consulado uruguayo en 
Barcelona por caso de niña de 7 años. 

El Comité de Derechos del Niño del Uruguay agradece la acción del Consulado Uru¬ 
guayo en Barcelona-España, que asume la responsabilidad como garante de los derechos 
humanos, de priorizar el interés superior de la niña de 7 años y asegurar la protección de la 
misma. 

La violencia hacia niñas, niños y adolescentes es una violación a los Derechos Huma¬ 
nos que sufren los mismos y genera profundos daños. 

En concordancia con el art. 2° de la Convención de Derechos del Niño: 

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño 
se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, 
las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 
familiares” (Art.2). 

“Proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, 
los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 
multilateral que sean necesarias” (Art.34). 

Acompañamos está acción absolutamente necesaria para proteger a una niña de prác¬ 
ticas de violencia familiar, de procedimientos y teóricas institucionales contrarias a las bue¬ 
nas prácticas de intervención en violencia intrafamiliar y alejadas del interés superior de la 
niña. 

Exhortamos a los Estados a pronunciarse en contra de procedimientos judiciales que 
siguen poniendo en el centro los interese de los adultos y que no dan garantías de protec¬ 
ción a las niñas y niños. 



Apuntes sobre algunos dispositivos y prácticas del 
sistema de justicia penal dirigidos hacia el encierro 
como opción preferente 


Rodrigo Rey 1 | Daniel R. Zubillaga Puchot 2 


1. Introducción 

En los últimos quince años Uruguay ha experimentado cambios sustanciales en la 
estructura y funcionamiento de su sistema penal y penitenciario. En este escenario, han 
surgido como principales indicadores de su fracasado desempeño el crecimiento exponen¬ 
cial de personas privadas de libertad, así como el aumento de ciertas conductas delictivas, 
como los delitos contra la propiedad o los homicidios. Una mirada fugaz de dicho contexto 
permitiría asumir que el incremento de la población penitenciaria sería una consecuencia 
directa de los mayores índices de “criminalidad”. Pero esto también podría ser observado 
más bien como una consecuencia de la intensificación de los poderes de las agencias penales 
del Estado que le permiten aplicar la privación de libertad como respuesta preferente 3 . 

En este sentido, nuestra contribución pretende presentar algunos de los dispositivos 
disponibles en el proceso penal, que garantizan la aplicación del castigo privativo de liber¬ 
tad como primera opción, relegando cada vez más las formas de ejecución de la pena en 
el afuera, lo que podría ayudar a identificar en estos dispositivos algunas de las razones de 
peso del aumento de la tasa de prisionización en Uruguay. 


1 Abogado. Aspirante a Profesor Adscripto de Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad 
de la República. 

2 Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. 

3 Existe discusión sobre por qué aumenta la tasa de prisionización. En este sentido, indica Amagada: “Existe 
un amplio debate acerca de las razones por las cuales el sistema penal norteamericano aumentó vertiginosamente 
sus tasas de encarcelamiento. David Garland sostiene que la superficie social y económica de la ‘modernidad tar¬ 
día’ habría desatado distintas circunstancias favorecedoras de la actividad delictiva, entre ellas, el aumento de las 
oportunidades para cometer delitos, la disminución de los controles situacionales, el incremento de la población en 
riesgo y la reducción de la eficacia del control social. En la vereda opuesta, LoicWacquant ha sostenido no existir un 
correlato entre el aumento de las tasas de encarcelación y el aumento de la comisión de delitos, sino que aquel sería 
producto de un modelo de control social discriminatorio y excluyente. Bajo esta visión, la explicación del aumento 
de las tasas de encarcelamiento tendría su origen, entonces, no en el aumento de la criminalidiid, sino en el de la 
criminalización, debido sobre todo por la intensificación del castigo respecto de delito no violentos, el tráfico de dro¬ 
gas, infracciones a condiciones impuestas en el medio libre y conductas reincidentes” (En: Arriagada, I. “De cárceles 
y concesiones. Privatización carcelaria y penalidad neoliberal. Revista de Derecho (Váldiviii) Vol. XXV N° 2, p. 
11 - 12 ). 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


160 


Así, reseñaremos algunos mecanismos presentes en la nueva configuración del siste¬ 
ma procesal penal que funcionan como alicientes del encierro. Entre ellos, destacamos los 
siguientes: el aseguramiento del cumplimiento efectivo de las penas negociadas bajo la es¬ 
tructura del proceso abreviado; la preceptivización de la prisión preventiva; la infrautiliza- 
ción y desvalorización de las vías alternativas de resolución del conflicto; la limitación de la 
libertad anticipada; y la restricción de la libertad vigilada como dispositivo alternativo a la 
pena privativa de libertad. 

Finalmente, haremos referencia al recurso de babeas Corpus correctivo como la única 
herramienta disponible en el sistema de justicia penal para hacer frente a la privación de 
libertad en condiciones de reclusión indignas y crueles. 

2. El proceso abreviado y la eficacia para condenar. El encierro acordado. 

El proceso abreviado (art. 272-273 del CPP) es una de las mayores novedades del nue¬ 
vo Código del Proceso Penal y, en la actualidad, es la estructura procesal más utilizada por 
los operadores 4 . Se trata de un mecanismo de “justicia negociada” 5 por el que el Ministerio 
Público y el imputado asistido por su defensa, pueden arribar a acuerdos en torno a la califi¬ 
cación jurídica de los hechos, la pena y su forma de ejecución, pudiendo rebajar su quantum 
hasta en un tercio del castigo que podría llegar a imponerse en un escenario de juicio oral 
y público. Si el imputado acepta los antecedentes de la investigación y reconoce su autoría 
en los hechos, el juez queda habilitado a dictar sentencia de inmediato de acuerdo con el 
requerimiento que la fiscalía formule en la audiencia. 

Este mecanismo de acuerdo ha sido alabado por su eficacia a la hora de obtener una 
sentencia de condena, pues se le atribuye la virtud de la rapidez 6 y de la reducción de costos 
en la obtención de condenas. En este sentido, las virtudes predicadas sobre la “efectividad” 
que la FGN le atribuye al nuevo proceso penal se deben, mayoritariamente, a la concreción 
de este tipo de acuerdos 7 . 

Pero algunos casos relacionados con delitos sexuales durante el año 2018 8 pusieron en 
discusión la posibilidad de negociación de condenas, lo que derivó en la prohibición de al¬ 
gunos beneficios liberatorios y limitación de la libertad vigilada cuando se tratare de penas 
acordadas por este mecanismo. Así, el art. 9 o de la ley 19.653 agregó el art. 273.5 al CPP, 

4 Según datos del informe de desempeño del sistema penal uruguayo realizado por la FGN, el proceso abre¬ 
viado se utilizó en un 69,9% de las causas formalizadas durante el período Enero-Junio de 2019. 

5 Para observar otros ejemplos de “justicia negociada” en el mundo, ver: Rodríguez García, N. La justicia 
penal negociada. Experiencias de derecho comparado, Edición Universidad de Salamanca, Salamanca, 1997. 

6 Según el informe de Fiscalía General de la Nación sobre el desempeño del nuevo CPP, “elpromedio para 
obtener una condena por Juicio Abreviadofue de 21,3 días” (p. 23). 

7 Esto se desprende del mismo Informe que concluye que el proceso penal es efectivo; y que las condenas se 
obtienen mayoritariamente por la vía del proceso abreviado. 

8 “Díaz propondrá que los discales no puedan negociar penas sin prisión con violadores y corruptos” (El 
Observador, 16 de agosto de 2018). 



disponiendo que “En estos procesos, el imputado deberá cumplir de manera efectiva y en todos 
sus términos con el acuerdo alcanzado con Fiscalía”, lo que, según la Instrucción General N° 
10 de FGN, veda la posibilidad de solicitar la libertad anticipada o la redención de pena 
por trabajo y estudio. 

Muchas cosas pueden ser dichas al respecto, pero queremos centrarnos en lo siguiente: 
la improcedencia de los beneficios liberatorios en las “penas acordadas” es flagrantemen¬ 
te inconstitucionalidad, puesto que choca con el espíritu “rehabilitador” del art. 26 de la 
Constitución de la República. 9 Pero quizás esto sea coherente con la estructura misma de 
los mecanismos de justicia negociada. Al respecto, vale recordar lo dicho por Schúnemann: 
“Desde el punto de vista de la prevención especial, la atenuación convenida de la pena no resul¬ 
taría adecuada, pues el condenado no tomaría en serio la sentencia producto del acuerdo, pues 
se sentiría únicamente como la parte más débil de un negocio transaccionaF w . Esto refuerza 
la tesis sobre la dudosa constitucionalidad del sistema de acuerdos en el proceso penal, 
que podemos resumir en la siguiente manera: los acuerdos, que a partir de la ley 19.653 
implican el cumplimiento efectivo de la pena sin posibilidad de acceder a mecanismos li¬ 
beratorios basados en la ideología de la rehabilitación, tampoco presentan en su esencia el 
espíritu preventivo-especial que inspira a la Constitución, dado que en el desenvolvimiento 
práctico de una negociación penal -en la que el imputado es la parte más débil- no puede 
siquiera establecerse razonadamente el grado de reproche, y menos aún la orientación reha- 
bilitadora de la pena a la que obliga el texto constitucional. 

Por último, no queremos dejar de mencionar lo siguiente: la voluntariedad del acuer¬ 
do queda viciada tras la amenaza de privación de libertad, tanto preventiva como definitiva. 
Es decir, por un lado existen estudios empíricos que ponen de manifiesto la gran presión 
que puede significar la prisión preventiva en la suscripción de un acuerdo, actuando como 
una forma estructural de coerción en la negociación. 11 Por otro lado, la privación de liber¬ 
tad puede actuar como una amenaza para acordar una condena no privativa de libertad o 
reducir la pena hipotéticamente aplicable en un escenario de juicio, y este escenario puede 
presentarse frecuentemente en imputados caracterizados por su especial vulnerabilidad 12 . 


9 Con esto no estamos reconociendo que la pena tenga efectivamente una función rehabilitadora o de pre¬ 
vención especial positiva, pero sí que es el discurso de justificación adoptado por nuestra Constitución desde 
larga data. En este sentido, ver: Uñarte, C. “Una ventana a nuestra historia penitenciaria: el art. 26 de la Cons¬ 
titución Nacional”, Revista de Ciencias Penales, N° 2 (Julio 1996), pp. 381-409. 

10 Schúnemann, B. “¿Crisis del procedimiento penal? (¿marcha triunfal del procedimiento penal americano 
en el mundo?)”, En: B. Scünemann, Temas actuales y permanentes del Derecho penal después del milenio, Tecnos, 
Madrid, 2002, p. 300. 

11 Petersen, N. “Do Detainees Plead Guilty Faster? A survival Analysis of Pretrial Detention and the Timing 
of Guilty Pleas”. CriminalJustice Policy Review, 2019. 

12 Por ejemplo, las mujeres madres solteras podrían preferir acordar una pena no privativa de libertad o acep¬ 
tar una pena inferior, incluso por un delito que no cometieron, con la finalidad de volver a su hogar a cuidar 
a sus hijos. Enestesentido, ver: Jones. S. “Underpressure: Women who plead guilty to crimes they have not 
committed”, Criminology & CriminalJustice, II (I), 2011, pp. 77-90, 


161 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


3. La siempre presente prisión preventiva preceptiva 

Las cárceles uruguayas ofrecían desde hace varios años el gran problema de los presos 
sin condena, como producto de la aplicación automatizada del encarcelamiento cautelar. 
Estas prácticas se desplegaron como factores determinantes del concepto de “inexcarce- 
labilidad” por la cantidad mínima de penitenciaría prevista para el delito imputado, y la 
preceptividad de la prisión preventiva por la mera posesión de antecedentes penales, todo 
lo cual desnaturalizó esta medida de naturaleza cautelar tornándola una verdadera “pena 
anticipada”. 

Una de las promesas iniciales del nuevo sistema de justicia penal “acusatorio” fue, 
precisamente, la disminución de la prisión preventiva. Pero todo hace pensar que dicha 
disminución fue orquestada a partir del instrumento del proceso abreviado, y no desde un 
verdadero ajuste de los criterios y parámetros de aplicación de la prisión preventiva como 
medida cautelar. De hecho, el texto inicial del Código no terminó de concretarla como un 
instituto auténticamente cautelar 13 , manteniendo los famosos criterios “materiales” de la 
reincidencia y habitualidad como indicadores del “riesgo para sociedad” (art. 227), entre 
otros. Sin perjuicio de ello, el CPP dispuso específicamente que, “En ningún caso la prisión 
preventiva será de aplicación preceptiva ” (art. 223 in fine). 

Pero si el texto inicial del CPP ya contenía -y también, preparaba las condiciones 
de futuras reformas regresivas- los defectos del pasado, la ley 19.653 -que bien podemos 
denominar de “contrarreforma”- vino a demoler la consagración expresa de la excepcio- 
nalidad de la medida cautelar tornándola “preceptiva” para el caso de ciertos delitos. Así, a 
162 partir de la inclusión del art. 224.2 se permite presumir el riesgo de fuga, el ocultamiento y 
el entorpecimiento de la investigación, así como el riesgo para la seguridad de la víctima y 
de la sociedad), en caso de reiteración o reincidencia cuando el Ministerio Público impu¬ 
tare determinados tipos penales. Esto es flagrantemente violatorio del espíritu “adversarial” 
que inspira al CPP, puesto que las partes, en audiencia, ni siquiera podrán debatir acerca de 
la aplicación de una medida cautelar en los casos específicos del art. 224.2, que no hace otra 
cosa que automatizar -nuevamente- la aplicación de la prisión preventiva. 

Si los discursos de las agencias de persecución penal se afanan de una disminución es¬ 
tadística de la prisión preventiva-como expresión de una ampliación de garantías y calidad 
en la gestión de los conflictos-esto no se traduce exactamente en una mayor racionalidad 
en la administración del encierro. En efecto, existen serias sospechas de que dicho efecto 
haya sido generado por el recurso desproporcionado al sistema de acuerdos bajo la estruc¬ 
tura del proceso abreviado. 


13 En este sentido, ver: Camaño, D. “Luces y sombras del nuevo Código del Proceso Penal...” En: G. Bar- 
dazzano, A. Corti, N. DufFau y N. Trajtenberg, Discutir la cárcel , pensar la sociedad: contra el sentido común 
punitivo , Montevideo, Trilce,- CSIC, 2015, pp. 176-179. 



4. Infrautilización y desprecio por las vías alternativas 

Las vías alternativas al proceso penal constituyen una de las grandes novedades y me¬ 
jor intencionadas herramientas del CPP. Se trata de mecanismos orientados a la “justicia 
restaurativa” 14 , es decir, hacia la composición del conflicto entre las partes realmente invo¬ 
lucradas en el mismo. 15 El Código prevé tres vías alternativas al conflicto penal: la media¬ 
ción extraprocesal, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. 16 Lo im¬ 
portante de estas vías es que no acarrean como consecuencia la privación de libertad ni una 
condena; y el cumplimiento de los acuerdos o condiciones impuestas acarrea la extinción 
del delito (acuerdo reparatorio) o de la acción penal (suspensión condicional del proceso), 
procediéndose en ambos casos a la “ cancelación de la anotación en el Registro Nacional de 
Antecedentes Judiciales ” (art. 397 in Jine, CPP). 

Pero su bienintencionada finalidad, este recurso ha sido saboteado tanto por el ejer¬ 
cicio de los operadores y el propio discurso político. En efecto, en la justicia de adoles¬ 
centes -donde deberían ser más utilizadas en función de la obligación impuesta por los 
instrumentos internacionales de evitar lo más posible la judicialización de niños, niñas y 
adolescentes-ios fiscales son renuentes a aplicarlas bajo la excusa de que los adolescentes no 
cumplen con las condiciones impuestas 17 . 

La cada vez menor utilización de estos mecanismos se desprende del informe sobre 
desempeño del sistema penal uruguayo realizado por FGN en 2019, en el que se indica que 
“el uso de vías alternativas como la Suspensión Condicional del Proceso y el Acuerdo Repara- 
torio disminuyó desde 2018 a 2019. En el primer semestre de este año el 15,3% de las investi- 


14 En este punto, puede verse: Galain Palermo, V. Justicia Restaurativa y Sistema Penal. ¿ Cambio de paradigma 
o nuevas herramientas de la Justicia Penal?, Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, 2016. 

15 De todas maneras, debemos aclarar que los mecanismos de justicia restaurativa también son objeto de 
críticas, pues -por ejemplo- su aplicación podría poner en riesgo de abandono del derecho al debido proceso. 
En este sentido, ver: Cuadrado Salinas, C. “La mediación: ¿una alternativa real al proceso penal?, En: Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica, 17-01, 2015. Por poner un ejemplo, la evaluación del progra¬ 
ma “ Centros de compromiso para jóvenes”, en Irlanda del Norte, destinado a ayudar a adolescentes acusados de 
delitos leves a decidir deforma más rápida y razonada si aceptan o no las medidas de justicia reparadora que se les 
propusieron, detectó que el programa contribuyó a lograr resoluciones más rápidas pero que existieron “problemas 
relacionados con la obligación del joven de confesar su culpabilidad antes de acceder a la desjudicialización y la im¬ 
portancia de contar con representación legal’ (Kilkelly, U, Forde, L., y Malone, D., Alternativas al internamiento 
para menores infractores. Guía de buenas prácticas en Europa, Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, 
Bruselas, 2016, p. 54) 

16 Puede decirse que la suspensión condicional del proceso es un híbrido entre los mecanismos de justicia 
negociada y de justicia restaurativa porque, por un lado, se llega a un acuerdo con el fiscal encargado de la in¬ 
vestigación, pero por el otro, es posible establecer condiciones que impliquen la reparación del daño causado, 
siempre teniendo en consideración interés de la víctima (como indica la Instrucción General n° 10). 

17 Al respecto, ver el Informe Anual 2018 sobre “El funcionamiento del Código del Proceso Penal en el pri¬ 
mer año de implementación” del Observatorio de Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho de la Univer¬ 
sidad de la República, p. 25. 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


gaciones se resolvió por alguno de estos mecanismos, cuando en igual período del año anterior 
ese porcentaje era de 23,6%”. 

Asimismo, en nuestro entorno se constata un particular desprecio por estas vías. Tan 
solo vale observar los comentarios de un jerarca del Ministerio del Interior al respecto de 
la aplicación de vías alternativas en algunos casos que tuvieron repercusión mediática. 18 No 
debe perderse de vista que las vías alternativas no lo son sólo al proceso, sino también al 
encierro. Por lo dicho, una aplicación inteligente y dotada de recursos para su efectiva eje¬ 
cución puede ser un gran aliciente para la descompresión de las cárceles. 

5. La limitación de la libertad anticipada 

Otro de los pilares de la ley 19.653 fue la limitación del beneficio de la libertad antici¬ 
pada a los condenados por ciertos delitos. Así, el nuevo artículo 301 bis dispone la inapli¬ 
cación de la libertad anticipada para ciertos delitos, mientras que el art. 301 ter hace lo 
mismo, pero en relación con otros delitos y en casos de reiteración o reincidencia. 

Recordemos que la libertad anticipada es el “beneficio que podrá otorgarse a los privados 
de libertad al queda ejecutoriada la sentencia de condena, cuando teniendo en cuenta su con¬ 
ducta, personalidad, forma y condiciones de vida, se pueda formular un pronóstico favorable 
de reinserción social’ (art. 298.1 CPP). Por lo tanto, la libertad anticipada (junto con otros 
beneficios liberatorios) no es otra cosa que un instrumento a la orden del mandato de re¬ 
habilitación presente en el art. 26 de la Constitución, lo que deja al descubierto la flagrante 

inconstitucionalidad de los arts. 301 bis y ter del CPP. 

164 7 

En definitiva, la limitación de la libertad anticipada genera que las penas se cumplan 

efectivamente pues el condenado no podrá salir en libertad antes del cumplimiento entero 
del castigo. 19 


18 En conocidos casos de aplicación de la suspensión condicional del proceso, el director de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, -aunque comentando en principio un caso di¬ 
ferente- expresábalo siguiente en el programa “Lamañana en casa” de Canal 10 (publicado por Subrayado el 21 
de marzo de 2019 bajo el título “Gustavo Leal criticó condenas como la de la tortafrita o el violador que quedó 
libre”): “Y bueno, y uno dirá, bueno, ¿a dónde irán a ir esa gente? Y bueno, al menos, las personas que estaban ahí, 
yo espero que vayan a la cárcel porque se le logró demostrar que vendían estupefacientes y eso está prohibido. Es otro 
capítulo la pena que le dan. Yo espero que no los manden a cocinar tortafritas ”, a lo que la periodista le pregunta si 
eso es un mensaje para los operadores judiciales, aclarando Leal que “No, no es un mensaje. Es una convicción y 
una crítica de que hay que aplicar las normas con sentido común también. Y que cuando la justicia falla también 
está haciendo pedagogía y educación ciudadana .” 

19 Algo similar -aunque más amplio, porque abarca a todos los beneficios liberatorios- lo podemos ver en el 
art. 2 o de la reforma constitucional “Vivir sin miedo”, que reza: “Agrégase al artículo 27 de la Constitución los 
siguientes incisos: ‘La ley podrá establecer que quienesfueren condenados por sentencia firme por determinados de¬ 
litos, no gozarán de ningún instituto que permita su liberación antes del cumplimiento de la pena en su totalidiid ”. 



6. Jaque a la libertad vigilada 

La limitación de la libertad vigilada parece ser un acuerdo unánime en el sistema po¬ 
lítico nacional. En efecto, desde tiendas del oficialismo se ha criticado esta medida sustitu- 
tiva de la pena 20 ; mientras que algunos partidos de la oposición han planteado propuestas 
concretas para su limitación 21 . 

Finalmente, la ley 19.831 vino a hacer más restrictivo el acceso al beneficio, previendo 
que únicamente corresponda en casos de pena de prisión o de penitenciaría menor a tres 
años; y no cabiendo para casos de reincidencia, reiteración o habitualidad en caso de con¬ 
denas por determinados delitos (arts. 3, 4 y 5). El Fiscal de Corte se ha mostrado particu¬ 
larmente crítico respecto a la limitación de la libertad vigilada, llegando a sostener que ello 
podría generar un aumento de la población penitenciaria 22 . 

7. Una esperanza en el horizonte: el habeas corpus correctivo y la judicialización de la 
ejecución de la pena 

El recurso de habeas corpus correctivo tal vez sea uno de los únicos mecanismos a 
disposición en el sistema de justicia para luchar contra las arbitrariedades en la ejecución 
de la pena. Esta clásica garantía constitucional (art. 17 de la Constitución) dirigida hacia 
la evitación de la detención ilegítima, y que hasta el momento carecía de regulación legisla¬ 
tiva, ha sido no solo expresamente legislada por el CPP (arts. 351-357) sino que ampliada 
a los supuestos de “torturasy otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión violatorias 
de la dignidad de la persona humana ” (art. 351 in fine), lo que se ha denominado “habeas 
corpus correctivo” 23 . 


20 Gustavo Leal fue particularmente crítico con el régimen de libertades vigiladas, llegando a expresar que: 
“Yo creo que hay que derogar la ley de libertad vigilada y libertad intensiva. Hay que derogarla, porque esa ley se 
creó teniendo en cuenta que estaba vigente el Código anterior, y cuando se crea este nuevo Código, ahí se arma una 
mezcla, se genera una situación que no es buena ’ (en Desayunos informales, Teledoce, 12 de marzo de 2019). 

21 El proyecto de ley presentado el 5 de junio de 2019 por el diputado Ope Pasque (Partido Colorado) -aun¬ 
que redactado por los docentes de la Facultad de Derecho Alejandro Abal, Gabriel Valentín, Santiago Garderes 
y Pedro Montano- sobre creación del proceso simplificado y modificación del proceso abreviado, incluye una 
última disposición de reforma de los artículos 5 o y 6 o de la ley 19.446, limitando la libertad vigilada a los casos 
en que la pena impuesta no supere los 24 meses de prisión, y la libertad vigilada intensiva a las penas que no sean 
inferiores a dos años ni menores a 4 años de penitenciaría. 

22 El Fiscal de Corte expresaba en el programa “Así nos va” de Radio Carve 850 (19 de setiembre de 2019) que 
“Nosotros creemos que a mediano plazo va a tener un impacto en la cantidad de personas privadas de libertad 
porque el proyecto restringe la utilización de este instituto (...) Esto en el mediano plazo va a tener un impacto 
que será el aumento de las personas privadas de libertad que hoy ya son 11.200. Cuantitativamente no tenemos 
medido el impacto, pero sí conocemos que hoy hay cerca de 2.000 libertades vigiladas en trámite. Si se restringe 
la libertad vigilada al 50%, estamos hablando de 1.000 personas más que irán a prisión. Es un dato que el Poder 
Ejecutivo deberá tener en cuenta para establecer su política carcelaria”. 

23 Para un mayor desarrollo del recurso de habeas corpus en el CPP, ver: Soria Sena, R. “Apuntes para una 
interpretación de las disposiciones que regulan el proceso de habeas corpus en el nuevo Código del Proceso 
Penal”, Revista de Derecho PenalN° 26, FCU, Montevideo, 2018, pp. 305.327. 


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Podemos decir que el habeas corpus correctivo es un mecanismo dirigido hacia la ga- 
rantización de los derechos fundamentales que responde al proceso de “judicialización de 
la ejecución de la pena” 24 . 

Este recurso ya ha sido utilizado en nuestro país tanto por la Institución Nacional de 
Derechos Humanos como por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario 
en casos de notoria vulneración de derechos fundamentales, originados en condiciones in¬ 
humanas de encierro en el sistema penitenciario de adultos y en el sistema de ejecución de 
medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes en infracción con la ley penal. 

8. Algunas conclusiones sobre la saturación carcelaria 

La crisis del sistema penitenciario uruguayo es notoria desde hace años, y en este esce¬ 
nario, entendemos, no ha sido suficientemente discutida la relación entre el proceso penal 
y el encierro. De hecho, el sistema de justicia ha intentado desmarcarse-en un gesto insti¬ 
tucional por lo menos polémico-de la crisis carcelaria bajo la excusa de que el juez es un 
aplicador racional, lógico y sistemático de la ley. 25 Por lo general, la cárcel siempre ha sido 
vista en sí misma, y la “criminalidad” que la alimenta se suele identificar más con la agencia 
policial en tanto operador principal de la criminalización secundaria. Pero es el sistema de 
justicia el que termina legitimando la respuesta penal del Estado. 

En este sentido, ciertos dispositivos presentes en el Código del Proceso Penal no per¬ 
miten siquiera pensar en otra opción que no sea la privación de libertad, tanto cautelar 
como definitiva. La estructura procesal más utilizada es el proceso abreviado, y éste prevé 
el efectivo cumplimiento de las penas como condición de procedencia, lo que veda la po¬ 
sibilidad de tramitar la libertad anticipada, la redención de pena por trabajo y/o estudio y 
otros institutos liberatorios. 

La prisión preventiva, principal yugo del sistema carcelario y cuya limitación fue la 
gran promesa normativa del Código, termino transformándose en regla al poco tiempo de 
entrada en vigor del Código, dejando así desdibujado el importante estándar de la excepcio- 
nalidad de su aplicación. A su vez, la limitación de la libertad anticipada vino a violar fla¬ 
grantemente el mandato preventivo positivo-especial del art. 26 de la Constitución, puesto 
que veda la posibilidad de considerar la rehabilitación del condenado a la hora de decidir 
su liberación. 


24 Alderete Lobo, R. Acusatorio y ejecución penal, Editores del Sur, Buenos Aires, 2017, p. 95 y ss. 

25 Al respecto, vale recordar la sentencia 157/92 del TAP 2 o , redactada por el Ministro Milton Cairoli: “...la 
idea de resocialización es realmente utópica, pues es imposible con el estado actual de nuestros establecimientos 
penitenciarios. El mandato constitucional obliga al Estado a proporcionar todo lo necesario para la rehabilitación 
del recluso. Pero la justicia y los jueces no son responsables por esta situación. Eljuez debe aplicar la pena en forma 
lógica, sistemática y lo más cerca posible de las exigencias actuales de la sociedad, sin pasar por encima de la ley (...) 
Nadie ignora que la reclusión no logra nada (Ley del Talión)pero los Magistrados no son responsables de ello, ni de 
que no existan alternativas a la pena”. 



Incluso instrumentos interesantes -aunque no exentos de críticas- como las vías alter¬ 
nativas de resolución del conflicto penal, están siendo cada vez menos aplicadas y, además, 
denigradas por partes de algunos actores políticos, lo que demuestra su rechazo tanto a 
nivel operativo, como discursivo. El último gran reforzamiento de la privación de libertad 
como respuesta al conflicto penal ha sido la reforma de la libertad vigilada como mecanis¬ 
mo alternativo a la pena. 

Al fin y al cabo, solo el recurso de habeas corpus correctivo merece un comentario po¬ 
sitivo, por ser la única herramienta a mano en el sistema de justicia penal para hacer frente 
a las arbitrariedades de la ejecución de la pena privativa de libertad. 

Por todo lo dicho, el Código del Proceso Penal se aferra a la privación de libertad 
como la medida de respuesta preferente en varias de sus disposiciones. Esto permite, por lo 
menos, afirmar que el sistema de justicia uruguayo se caracteriza por su gran predilección 
por la cárcel, lo que podría alimentar la hipótesis de que el aumento de la prisionización no 
sería tanto una consecuencia del aumento de la “criminalidad”, sino más bien un efecto de 
la intensificación del poder penal del estado. 


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El género en la justicia uruguaya 

Algunas herramientas para su análisis 


Lucía Giudice 1 


“Los silencios, lo excluido, lo no dicho, <iquello de lo que no se habla es siempre 
mucho más revelador del sentido de un discurso que lo que está expresamente 

puesto, escrito, destacado.” - Alicia Ruiz 


Introducción 

En agosto de 2019 tuvo lugar en Uruguay un caso paradigmático que puso al des¬ 
cubierto los estereotipos del sistema de justicia de nuestro país. A pesar de los esfuerzos y 
logros de la sociedad civil organizada, así como de los espacios académicos en materia de 
género, cuando el sistema tuvo la oportunidad de vulnerar los derechos y garantías de una 
mujer, lo hizo de forma expeditiva y sin medir consecuencias. 

En la noche del 24 de agosto de este año, una mujer salió de su casa para ir a trabajar, 
dejando a cargo de su hija de 12 años a sus otros tres hijos menores, uno de ellos un bebé de 
seis meses. En la madrugada, la niña notó que el bebé no respiraba y salió a pedir auxilio de 
los vecinos quienes llamaron a las autoridades y a la madre de los menores. El bebé, que al 
momento tenía todos los controles médicos al día, falleció. Los médicos constataron que el 
deceso fue consecuencia de “muerte súbita”. Previo a esta situación, según las propias decla¬ 
raciones de la fiscal, no había denuncias contra la mujer y los niños estaban bien cuidados. 
La mujer se desempeñaba como trabajadora sexual y contaba con un débil (más bien nulo) 
sistema de cuidados. Habiendo tomado conocimiento de la situación, la Fiscalía le atribuyó 
la comisión de un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad por haber 
dejado solos a sus hijos durante la noche. Como resultado, la situación recibió un lamen¬ 
table tratamiento por parte de la prensa, sometiendo a la mujer al escarnio público. Pero, 
además, en el plano judicial, le fue impuesta una medida de ocho meses de libertad vigilada 
por la responsabilidad en el delito que la Fiscalía le atribuyó. 

El caso brevemente reseñado encarna la exclusión histórica de las mujeres en cuanto a 
la justicia y los derechos. Exclusión que tiene lugar desde el propio comienzo de la organi¬ 
zación jurídica occidental. La masculinidad del derecho, la formalidad de los tribunales, así 
como su aparente neutralidad, es un reflejo de las leyes e instituciones jurídicas que fueron 


1 Abogada. Ayudante (Gl) del Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho, Facultad de Derecho 
-UdelaR; Integrante del Observatorio del Sistema de Justicia y Legislación, Facultad de Derecho - UdelaR. 
Haim, D. Mujeres y Acceso a la Justicia, CABA, Ediciones Didot, 2016, pág. 18. 



tradicionalmente diseñadas y aplicadas por hombres, y que, en tanto, responden a su cos- 
movisión del mundo, a sus intereses y valores 2 . 

En particular, en la justicia uruguaya abundan ejemplos de la discriminación y exclu¬ 
sión por motivos de género. La misma es fácilmente observable si se adopta para su análisis 
una perspectiva de género o, por lo menos -y para quienes aún son reticentes a aquella-, 
una perspectiva crítica del derecho. Afortunadamente, también se encuentran decisiones 
que pueden interpretarse como intentos de superar la visión androcéntrica que opera en la 
sociedad, el derecho y nuestro sistema de justicia. 

En las páginas que sigue, me propongo presentar brevemente la teoría crítica jurídica, 
fuertemente vinculada con los feminismos jurídicos, como un marco teórico eficaz para el 
análisis de las decisiones judiciales. A partir del mismo, analizaré algunas decisiones de los 
tribunales uruguayos en lo que va del 2019. 

Herramientas para analizar el Género en el Derecho: la teoría crítica jurídica y los 
feminismos jurídicos 

Como explica Nancy Fraser, el género no es solo una división semejante a las clases 
sociales, sino también una diferenciación de estatus. En cuanto tal, y como fue dicho, el 
género codifica patrones culturales omnipresentes de interpretación y evaluación que son 
fundamentales para el orden de estatus en su conjunto. Una característica importante de 
la injusticia de género es el androcentrismo: un patrón institucionalizado de valor cultu¬ 
ral que privilegia los rasgos asociados con la masculinidad, al tiempo que devalúa todo lo 
codificado como “femenino”, paradigmáticamente, pero no solo, las mujeres. Los patrones 
androcéntricos de valor, institucionalizados de forma generalizada, estructuran grandes 
franjas de interacción social. Expresamente codificados en muchas áreas del derecho (in¬ 
cluyendo el derecho de familia y el derecho penal), informan las interpretaciones jurídicas 
de la privacidad, la autonomía, la autodefensa y la igualdad. También están muy arraigados 
en muchas áreas de la política de los gobiernos y en las prácticas profesionales estándar. 
Los patrones androcéntricos de valor también invaden la cultura popular y la interacción 
cotidiana 3 . 

La perspectiva de género se constituye como una herramienta para identificar los pro¬ 
blemas que involucran a varones y mujeres, identificando los factores sociales y culturales 
que establecen diferencias entre las personas de distinto género, y que generan desigualdad 
entre ellas. Esta perspectiva ha permitido poner de manifiesto que, social y culturalmente, a 
varones y mujeres se les han adscrito, de manera diferenciada, ciertos roles y características 
que han contribuido a crear imágenes estereotipadas de los sexos y a que las mujeres reciban 

2 Haim, D. Mujeres y Acceso a la Justicia , CABA, Ediciones Didot, 2016, pág. 18. 

3 FRASER, N. “La justicia social en la era de la política de la identidad. Redistribución, reconocimiento y 
participación” en Fraser, N y Honneth, A ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico , Madrid, 
Morata, 2006, págs. 28-30. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


tratos desiguales, desventajosos e injustificados en relación los varones. Este tipo de tratos 
se vio reflejado en el derecho, lo que explica que en buena parte del siglo XX los códigos 
establecieran, por ejemplo, que era el varón quien administraba los bienes de la sociedad 
conyugal o que la violación sexual dentro del matrimonio no era un acto punible. 4 

La resistencia a la adopción de la perspectiva de género en los sistemas jurídicos se 
origina en -además del imperio del sistema patriarcal- la idea de que el derecho es y debe ser 
neutral. Sin embargo, la neutralidad, en realidad siempre conlleva al privilegio de un interés 
sobre otro. La insistencia en que “lo jurídico” es una cuestión ajena o diferente a “lo polí¬ 
tico”, ha triunfado logrando el ocultamiento de las preferencias ideológicas que existen en 
las diversas instancias de creación y aplicación del derecho. Ese discurso hegemónico rige, 
primero en la educación jurídica universitaria, y luego, de forma consecuente, en la práctica 
de los operadores del sistema jurídico. 

Sin embargo, asumiendo una perspectiva crítica del derecho 5 , es posible desmantelar 
estas ideas que muestran al derecho como un instrumento apolítico, y a los jueces como 
funcionarios que toman decisiones con absoluta independencia de sus preferencias ideoló¬ 
gicas, políticas, religiosas y condiciones socio económicas, incluidas su sexo y género. 

En palabras de Alicia Ruíz, el discurso jurídico se construye como un entretejido de 
discursos sociales diversos, algunos aludidos y otros deliberadamente eludidos: “El derecho 
no deviene ni de la pura razón, ni de dios; es parte de la cultura, es contingente y cambian¬ 
te. Es opaco, las ficciones lo atraviesan y su trama es la de un relato peculiar que constituye 
realidades y sujetos, que legitima o deslegitima pedazos del mundo, que naturaliza y declara 
170 verdaderos sólo lo que incluye en su texto bajo determinadas formas. El derecho configura 
la subjetividad y las identidades, y “por esa vía” consagra o denuncia formas de discrimina¬ 
ción, interviene en los espacios de conflicto que se generan a partir de esas configuracio¬ 
nes y en las inevitables secuelas individuales y sociales que provocan. Reconocer a alguien 
como sujeto de derecho, resignifica el discurso acerca de ese alguien. La operatividad de 
ese reconocimiento implica una intervención en el mundo simbólico, con consecuencias 
tremendamente reales 6 . 


4 Villanueva Flores, R; “La perspectiva de género en el razonamiento del juez del Estado constitucional” en 
Autonomía y Feminismo Siglo XXI, C ABA, Biblos, 2012 pág. 249. 

5 Es posible ubicar la aparición de la crítica jurídica como un movimiento relativamente nuevo en el campo 
del derecho, entre finales de los 60 y mediados de los 70 del siglo XX. En sus inicios -al igual que ahora- sus ma¬ 
nifestaciones eran heterogéneas, pero, compartían algunos núcleos conceptuales fundamentales. En términos 
generales, puede caracterizarse a esta perspectiva como aquella que busca poner de manifiesto que el derecho 
es un discurso social, y como tal, dota de sentido a las conductas de las personas y los y las convierte en sujetos. 
Para las teorías críticas del derecho, el mismo es también concebido como un discurso legitimante del poder en 
el Estado moderno, que habla, convence, seduce y se impone a través de las palabras de la ley. 

6 Ruiz, A. Cuestiones acerca de mujeres y derecho. SANTAMARÍA, Ramiro A.; SALGADO, Judith , 2009, 
pág. 16 Disponible en: https://www.asociacionag.org.ar/pdfaportes/25/08.pdf 



Como expresa el argentino Carlos María Cárcova, la circunstancia de que la tarea 
judicial sea especializada, estilizada, basada en un complejo conjunto de conocimientos, 
técnicas y procedimientos que son parte de una muy larga tradición cultural, no le resta el 
carácter político 7 . 

Para una mejor comprensión de la actividad judicial es necesario tener presente que, el 
proceso de toma de decisiones consiste en dos etapas diferenciadles, a saber: una etapa deci¬ 
soria propiamente dicha, en la que, en función de los hechos del caso y diversos elementos, 
el o la jueza decide cómo resolver el caso que se le presenta; y una etapa de justificación de 
esa decisión en la que el decisor da razones para fundar su decisión, razones que no necesa¬ 
riamente coinciden con los motivos que influyeron en ella. 

Asimismo, también debe tenerse presente que las disposiciones jurídicas o normas se 
constituyen a partir de lenguaje y en este sentido, son pasibles de interpretación. No son 
unívocas, y cada disposición tiene un marco de sentidos posibles, por ello los jueces no son 
aplicadores mecánicos de las mismas, dado que eligen entre esos posibles sentidos. Desde la 
perspectiva crítica del derecho, las normas adquieren significado de acuerdo con el modo 
en que son articuladas y relacionadas con los hechos relevantes del caso y, por su parte, los 
jueces son los intérpretes paradigmáticos de las normas, a través de actos de constitución de 
sentido que no son actos puramente individuales, sino inexorablemente sociales 8 . 

La discrecionalidad que tienen los jueces y el modelaje de las normas a través de la in¬ 
terpretación constituyen lo que Duncan Kennedy, exponente del movimiento crítico “Cri- 
tical Legal Studies” (“CLS”), llama la “actitud estratégica hacia los materiales normativos”. 
De acuerdo con ésta, siempre es posible para el juez adoptar una actitud estratégica hacia las 
normas jurídicas, tratar de hacer que signifiquen algo distinto de lo que al principio parecía 
que significaban, o darles un significado que excluya otros inicialmente posibles. Por otro 
lado, nunca es necesario que lo haga y nunca es seguro que vaya a tener éxito si lo intenta. 
Siempre es posible comportarse estratégicamente, en el sentido de intentar que una parti¬ 
cular interpretación de las normas parezca la más adecuada 9 . 

Así, frente a la indeterminación de las disposiciones normativas, y las interpretacio¬ 
nes y opiniones que brindan los estudiosos del derecho, los jueces tienen la posibilidad de 
llegar, a través de la argumentación, a la solución que ideológicamente pretende alcanzar 
con su decisión. Aquellos jueces que efectivamente se comportan de modo estratégico, a 
menudo, producen un significado convincente para los materiales normativos jurídicos, 
que es distinto al que pueden producir otros jueces, también convincente, pero opuesto 10 . 


7 Cárcova, C. M. y Mari, E. E, Derecho y política y magistratura. CABA, Biblos, pág. 106. 

8 Cárcova, C, El derecho y sus enlaces con la literatura y el cine en La Letra y la ley. Estudios sobre derecho y 
literatura, Buenos Aires, Infojus, 2014, pág. 16. 

9 Kennedy, D; Izquierda y derecho: ensayos de teoría jurídica crítica, CABA, Siglo Veintiuno Editores, 2010, 
pág. 32. 

10 ídem, pág. 32-34. 


171 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


172 


De acuerdo a esta visión, los jueces esconden las motivaciones reales de sus fallos bajo el 
discurso de la aplicación mecánica del derecho, debido a que dicho discurso es parte de la 
concepción dominante de la función judicial. Ese ocultamiento, en algunos casos es deli¬ 
berado, y en otros se debe a la negación -en el sentido psicoanalítico- que opera en ellos al 
momento de fundar sus decisiones. Apartarse de este modelo de función judicial, ya sea 
aceptando o confesando que la decisión de un caso concreto se basó en una preferencia 
ideológica, implica ciertos riesgos como recibir no solo las críticas de la opinión pública, 
los operadores jurídicos e incluso sanciones de sus superiores 11 . 

Esta “retórica de la neutralidad” que emplean muchos jueces, se mantiene no sólo en 
beneficio propio sino que además responde a la necesidad de la comunidad de la supervi¬ 
vencia de las ficciones fundamentales del derecho: la coherencia, la certeza y la seguridad 
jurídica. 12 .En este sentido, y por paradójico que parezca, somos los propios integrantes de la 
sociedad quienes sostenemos la dimensión retórica de la función judicial, dado que necesi¬ 
tamos creer que ella existe, incluso aquellas personas que pretendemos develar la estructura 
patriarcal detrás de las decisiones de los operadores jurídicos. 

El sistema jurídico uruguayo, al igual que muchos otros, exige que las decisiones de 
los tribunales estén fundadas en razones jurídicas 13 . Esta obligación impuesta a los jueces 
supone, por un lado, una garantía para las personas interesadas en el proceso y para el resto 
de la ciudadanía. Pero, a la vez, se configura como una herramienta de ocultamiento de 
los verdaderos motivos que influyen en la decisión, dado que lo que el juez está obligado a 
expresar son las razones jurídicas (normas) en las que funda la decisión. Esto no significa 
negar que los jueces se sientan motivados por esas normas, pero las mismas son solo uno de 
los factores que inciden en el proceso decisorio, en el que influye, como señalé, elementos 
subjetivos y de sus propias circunstancias. 

En este sentido, las reglas de interpretación con perspectiva de género que se incluyen, 
por ejemplo, en la Ley N° 19.580 (Ley integral de violencia hacia las mujeres basada en 
género), no aseguran una decisión con dicha perspectiva, pero sí exige a los decisores un 
esfuerzo extra en la justificación de sus resoluciones de modo tal que sean consistentes con 
la mirada que la ley instala. La paradoja se manifiesta rápidamente: a la vez que el derecho 
es producto de un sistema de valores, creencias y roles históricamente asignados, también 
es, potencialmente, una herramienta de cambio. 

La novedad y la relevancia que la producción de las teorías críticas del derecho aporta a 
la reflexión jurídica es incuestionable, pero, además, ellas -especialmente en el movimiento 
“CLS”- tienen una fuerte influencia en los feminismos jurídicos, a pesar de las evidentes 


11 Kennedy, D., Rodríguez, C., y López, D. E.. Libertad y restricción en la decisión judicial: el debate con la 
teoría crítica del derecho (CLS). Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, págs. 70-87. 

12 ídem, pág. 88. 

13 Artículo 197 del Código General del Proceso. 



diferencias entre sí 14 . Tanto los CLS como las feministas del derecho que surgen en los 
años 70’, utilizan la crítica marxiana al ideal igualitario del Estado burgués en relación con 
su carácter abstracto. Ambos, también, señalan la contradicción que surge entre el impe¬ 
rio de la igualdad en el plano jurídico-político (“Todos somos iguales ante la ley”) y las 
desigualdades propias de la sociedad de mercado 15 . Existen además diversas vertientes del 
feminismo jurídico que ponen el énfasis en diversos aspectos y conciben la subordinación 
de género como el resultado de distintos factores. Pero en general, puede admitirse que, 
para los feminismos jurídicos, el sistema jurídico opera como un legitimador del statu quo. 
Las decisiones jurídicas, desde esta visión generalmente apoyan a los sectores sociales privi¬ 
legiados, los cuáles, además, gozan de mejores condiciones materiales para el ejercicio de sus 
derechos. El discurso jurídico entonces, opera más allá de la normatividad. Lístala creencias 
y ficciones en las personas que están sujetas al mismo. 

Catherine McKinnon, por ejemplo, es una de las primeras juristas feministas que de¬ 
nuncia la masculinidad del derecho, aludiendo no sólo a la acción directamente sexista y 
discriminatoria que el derecho puede tener en determinados momentos, sino que dirige 
su crítica al derecho como institución y globalidad que reproduce dicha discriminación. 
El derecho es una maquinaria diseñada en función del sujeto varón y sus necesidades, y 
es justamente en este sentido que opera. Desde esta mirada, y con fuerte incidencia en los 
tribunales de justicia, Mackinnon pone en evidencia la presunta neutralidad y objetividad 
del derecho 16 . 

Puede decirse que los feminismos jurídicos coinciden en que no basta con modifi¬ 
car las leyes existentes o crear nuevas -aunque hacerlo sea de vital importancia- porque 
el discurso jurídico opera más allá de la pura normatividad. El derecho instala creencias, 
ficciones y mitos que consolidan un imaginario colectivo resistente a las transformaciones. 
También es necesario modificar la forma en que las instituciones aplican las normas y los 
procesos a los que participan las mujeres como parte interesada, víctima o victimaría. 

Como explica Haydeé Birgin -entre sus innumerables e invaluables aportes al feminis¬ 
mo jurídico latinoamericano-, el derecho se consolida como creador de género y reclama 
ser comprendido junto a la idea de que el derecho tiene género. Desde este enfoque, es 
posible analizar el poder del derecho como algo más que una sanción negativa que oprime 
a la mujer. El derecho también crea diferencias de género y de identidad, aunque no sea 
monolítico ni unitario. 17 


14 Los puntos de partida de unos y otras son distintos. Mientras los CLS es un movimiento integrado prima¬ 
riamente por hombres blancos y sostienen su análisis desde una posición de poder, las feministas jurídicas, en 
su mayoría son mujeres universitarias que ven al mundo desde su posición de sujetos de dominación, opresión 
y devaluación. Ver Costa, M., Feminismos jurídicos, CABA, ediciones Didot, 2016, pág. 209. 

15 Costa, M Feminismos jurídicos, CABA, ediciones Didot, 2016, pág. 212. 

16 Ver por ejemplo Mackinnon, C., Feminismo inmodificiido: Discursos sobre la vida y el derecho, CABA, Siglo 
XXI, 2014 y, de la misma autora: Fiada una teoría feminista del derecho. Valencia, ediciones Cátedra, 1995. 

17 Birgin, H., El Derecho en el Género y el Género en el Derecho, CABA, Biblos, 2000, pág. 12. 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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Injusticia en razón del género 

Entre otras circunstancias, la subordinación de género se advierte cuando el sistema 
capta a una mujer sin reconocer las especificidades de su situación. En este sentido, la jus¬ 
ticia se vuelve injusticia cuando no reconoce la complejidad del conflicto en el que está 
inmersa una mujer y cómo la categoría género atraviesa los diferentes aspectos de su vida y 
vínculos. Esto es precisamente lo que sucedió en el caso referido al inicio de este artículo. La 
justicia no tuvo en cuenta la situación que atravesaba una mujer, pobre, trabajadora sexual 
que construyó un sistema de cuidados sumamente precario que también descansa en los 
roles que la sociedad asigna. La referencia al trabajo sexual no es menor porque allí ingresa 
un nuevo componente de discriminación. La mujer, madre, que ejerce esta actividad labo¬ 
ral (admitida y regulada en nuestro país por la Ley N°17.515 del 4 de julio de 2002), se 
encuentra a merced del juicio de una sociedad que, reproduciendo estereotipos ancestrales, 
previo al reproche legal, ejerce el reproche moral, muchas veces más implacable que aquél. 
Captada por el segmento policial del derecho penal al momento en que su hijo fallece, se 
le asigna una defensora de oficio pues la mujer del caso no contaba con medios suficientes 
para una defensa privada. La Liscalía, que no pudo atribuirle responsabilidad en la muerte 
del niño, le atribuyó la comisión de un delito de omisión de los deberes inherentes a la 
patria potestad por haber dejado a sus hijos menores de edad solos durante la noche. En el 
marco de lo dispuesto por el Código del Proceso Penal, la Pisca! propuso a la mujer, asistida 
por su defensora, un acuerdo para evitar el juicio oral que consistió en que la mujer reco¬ 
nociera la responsabilidad en los hechos y a cambio se le impondría una condena de ocho 
meses de medidas de libertad vigilada. La mujer acepta el acuerdo que implica reconocerse 
como responsable de toda la situación que ella y sus hijos estaban atravesando, a pesar de 
que, en caso de no haberlo aceptado, podría haber llegado a ser declarada inocente. En este 
sentido cabe recordar que, como señala Ruiz, el derecho configura a los sujetos. La jueza, 
que ante los acuerdos de este tipo cumple una función de control, nada observó y, de forma 
expeditiva, homologó el acuerdo en audiencia, consintiendo la mujer la sentencia que la 
condena en los términos delimitados por la fiscalía. 

En los términos del discurso jurídico hegemónico, las tres operadoras cumplieron sus 
roles en el marco de lo dispuesto por el derecho, más allá de las discusiones teóricas sobre 
los elementos constitutivos del delito. Sin embargo, si nos acercamos al caso con perspec¬ 
tiva de género, veremos que la mujer, en ningún momento, tuvo acceso a la justicia. Ni la 
fiscal, ni la jueza, ni mucho menos la defensora de oficio (que estaba llamada justamente a 
defender a la mujer), tuvieron en cuenta las condiciones específicas de una persona signada 
por su género, pero además por la vulnerabilidad socio económica que padecía. 

En palabras de Kohen “las mujeres comparten con el resto de los ciudadanos, muchos 
de los obstáculos para acceder a la justicia, como por ejemplo, el no poder pagar el costo 
del patrocinio jurídico, la lejanía geográfica, el lenguaje de la justicia, pero también existen 
algunos impedimentos que tienen que ver con las especificidades de sus vidas en cuanto 



mujeres derivados de la situación de subordinación de la que son objeto. Estos se activan en 
la relación de mujeres con el sistema de justicia” 18 . 

El sistema de justicia está integrado no solo por los jueces sino también por el resto 
de los operadores. En casos como el reseñado, la defensoría de oficio cumple una función 
central en garantizar el acceso a la justicia para aquellas personas que no cuentan con los 
medios suficientes para pagar una defensa privada. Si no se garantiza una defensa con pers¬ 
pectiva de género, difícilmente pueda afirmarse que las mujeres acceden a la justicia. 

López Puleio señala “la defensa pública, como reaseguro de juicio justo, si no es técni¬ 
camente eficiente y adecuada, representa un modelo hipócrita de provisión” 19 . 

Con claridad, Daniela Heim asegura que “el acceso a la información sobre sus dere¬ 
chos y las formas de hacerlos efectivos es fundamental para lograr un real empoderamiento 
por parte de las mujeres. Dicho empoderamiento trasciende el plano del conocimiento 
de lo racional. Supone un proceso subjetivo que pasa por comprender sus realidades de 
género, esto es la subordinación y discriminación de la que las mujeres somos objeto, los 
mandatos culturales a los que estamos sometidas y los modos de reproducción de nuestros 
valores, actitudes, y cómo esto impacta sobre nuestros conflictos y problemas jurídicos. 
Esta comprensión del lugar social y los problemas específicos en la vida de las mujeres, 
debería también extenderse a los operadores del sistema jurídico: jueces, empleados del juz¬ 
gado, fiscales, abogados defensores, equipos interdisciplinarios. Su formación profesional 
debería incluir formación en género y sobre todo introducir la perspectiva de género en su 
actividad profesional” 20 . 

Retomando el caso, mientras la mujer era juzgada, los padres de sus hijos (cuatro hom¬ 
bres diferentes que no cumplían con sus deberes de manutención y cuidado de los niños), 
salieron absolutamente indemnes de la situación, no imputándosele a ninguno el delito de 
omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, como si ellos no tuviesen los mismos 
deberes que la madre de los niños. 

La perplejidad que provoca este caso crece cuando recordamos que las tres operadoras 
jurídicas del mismo fueron mujeres. Y en este punto las palabras de Ruiz son contundentes: 
las dificultades de acceso a la justicia remiten, en parte, a las responsabilidades que tienen 
las mujeres operadoras jurídicas en la profundización de las exclusiones que nos rodean, 
que impiden que tantas otras mujeres puedan exigir aquello que creen que les corresponde 


18 Kohen, B, La justicia y la ley. Avances y retrocesos, en Mujer y acceso a la justicia, CABA, edicionesDidot, 
2016, pág. 28 

19 López Puleio, M. F„ Discriminación estructural en razón de género y acceso a la justicia; en Autonomína y 
Feminismo Siglo XXI, CABA, Biblos, 2012, pág. 275. 

20 Heim, D ., Mujeres y acceso a la justicia, CABA, EdicionesDidot, 2016, pág. 30. 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


en derecho, y de lo que carecen en razón de su inserción social, su falta de recursos, su reli¬ 
gión, su raza, las opciones sexuales que han escogido” 21 . 

Admitido que en la toma de decisiones de los tribunales inciden sus preferencias, pri¬ 
vilegios y demás circunstancias en las que se encuentran, adoptar la perspectiva de género, 
claramente, es una opción política. El sistema patriarcal representa el statu quo de nuestras 
sociedades, con lo cual, los operadores deben trabajar estratégicamente para no reproducir¬ 
lo en sus fallos. Aquellos que lo hacen y adoptan esta perspectiva, toman en cuenta elemen¬ 
tos, circunstancias y datos sobre la situación de las mujeres que, de otra forma, no serían 
considerados. Se trata de que el contexto de desigualdad de las mujeres, en el que se produce 
la vulneración específica de sus derechos, forme parte del proceso decisional pero también 
de la argumentación que emplean para justificarlo. 

Buenos ejemplos de la adopción de esta perspectiva aparecen en la jurisprudencia na¬ 
cional. En lo que refiere al 2019, podemos ubicar, la Sentencia N°34/2019 del Juzgado 
Letrado de Maldonado de 2 o Turno que, al momento de juzgar el homicidio de un hombre 
por su esposa, el Juez fundó su decisión en la modificación del artículo 36 del Código Penal 
que establece la Ley de Violencia Basada en Género. 

Esta modificación eliminó, entre las causas de impunidad, los mal llamados crímenes 
pasionales: “La pasión requerida por el antiguo art. 36 suponía una “explosión” en la mane¬ 
ra de actuar, como si fuese prácticamente un reflejo condicionado, producto de un impulso 
como consecuencia de la sorpresa simultánea al descubrimiento del adulterio. El nuevo 
texto da lugar a pensar más bien en un móvil de venganza o para impedir nuevos actos de 
176 violencia. Más que una explosión del carácter derivado de una sorpresa parecería que el 
sujeto no aguantó más y por eso “reventó”, lesionando o matando, aún con premeditación. 
No se requiere la simultaneidad de las violencias. Debe ser consecuencia de un sufrimiento 
crónico, no de una sorpresa. La expresión “crónico” supone el paso del tiempo y deja libra¬ 
do a la apreciación judicial, cuanto debe ser ese tiempo, y también que medida de intensi¬ 
dad se requiere a la conmoción bajo la cual actúa (...)”. En particular, en el caso a decidir, 
el Juez expresa “El estado de intensa conmoción por el sufrimiento crónico de la violencia 
intrafamiliar surge probado del informe médico legal psiquiátrico (...). Pero para que se 
aplique la causa de impunidad o perdón judicial que exima de pena, no solamente debe 
estar probado que actuó bajo una intensa conmoción provocada por el sufrimiento crónico 
de violencia intrafamiliar, en el caso violencia de género que padecía, sino que la norma 
exige el cumplimiento de tres requisitos. Sin perjuicio del informe psicológico, del informe 
médico legista psiquiátrico, de las declaraciones de la encausada y de algunos testigos de 
autos, debe tenerse presente como principio a la hora de valorar la prueba que estos hechos 
se producen en la intimidad de la casa y sin la presencia de terceros. Principio recogido por 
el artículo 46 de la Ley 19.580 y aplicado a todos los procesos en los que haya una mujer 


21 Ruiz, A., Cuestiones acerca de mujeres y derecho, En: R. Ávila, J. Salgado, y L. Valladares, comp. El género 
en el derecho. Ensayos críticos , Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009, pág. 118. 



sometida a violencia de género. Por lo que en autos surge probada la intensa y prolongada 
violencia de la víctima hacia la Sra. Barca durante su matrimonio. La cual presenta a criterio 
de este decisor la característica de crónica, prolongada durante su matrimonio, no fueron 
hechos puntuales sino una situación extensa en el tiempo que incluso la llevó a consulta 
psicológica dado el sufrimiento que padecía” 22 . En base a este y otros argumentos a cuya 
lectura se recomienda, el Juez del caso, si bien declaró culpable a la mujer por el homicidio 
de la víctima, la exoneró completamente de la pena que el código penal uruguayo establece 
para ese delito. Esta decisión también es un insumo para analizar la forma en que la Ley 
N°19.580 modifica los criterios de valoración de la prueba en estos casos 23 . 

Sin embargo, corresponde aclarar que la incorporación de la perspectiva de género 
en la argumentación judicial no garantiza ni pretende siempre una decisión a favor de las 
mujeres, pero obliga a los jueces, en el momento de justificar su decisión, a considerar las 
manifestaciones de la desigualdad entre varones y mujeres 24 . En sentido contrario, que una 
decisión sea favorable a una mujer, no necesariamente importa que el decisor haya adop¬ 
tado la perspectiva de género. Esto se ejemplifica claramente con el decreto judicial de un 
Juez Letrado del Departamento de Rivera con competencia en medidas de protección que, 
en un caso de violencia de género dispuso el retiro de hombre de la casa en la que vivía con 
una mujer que lo denunció por violencia doméstica. Sin embargo, en la fundamentación 
de la adopción de la medida, refiriendo a la Ley de Violencia Basada en Género, expresó: 
"de acuerdo al artículo 3° de la Ley N°19.580, en tanto una persona posea un pene se debe 
interpretar cualquier duda en favor de la mujer 425 cuando -aunque parece innecesario acla¬ 
rarlo- la disposición citada no dice eso 26 y la argumentación se muestra más bien como una 
crítica a una ley que se ve obligado aplicar pero con la que no parece estar de acuerdo. 

A pesar de que las resistencias como la señalada abundan, es dable destacar que duran¬ 
te el 2019 la Suprema Corte de Justicia uruguaya ha dado una importante señal en materia 


22 Uruguay, Juzgado Letrado de Maldonado de 2° Turno, Sentencia N°34/2019 del 28 de mayo de 2019. 

23 Ver por ejemplo Noble, C y Rivadavia, V; La declaración de la víctima en los procesos civiles regulados por 
la Ley de Violencia Basada en Género, en XIXJornadas Nacionales de Derecho Procesal. En Homenaje al Prof. 
Gonzalo Uriarte Audi, Montevideo, FCU, 2019. 

24 Villanueva Flores, Rocío; La perspectiva de género en el razonamiento del juez del Estado constitucional 
en Autonomía y Feminismo Siglo XXI, CABA, editorial Biblos, pág. 250. 

25 Decreto N°926/2019 del 5 de abril de 2019, Juzgado Letrado de Rivera de 4to Turno con competencia en 
violencia basada en género. 

26 Artículo 3° Ley N°19.580. “Para la interpretación e integración de esta ley se tendrán en cuenta los valores, 
Jines, los principios generales de derecho y las disposiciones de la Constitución de la República y de los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos, en particular la Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención De Belem Do Para), la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra La Mujer (CEDAW), la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño (CON), la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. En caso de 
conjlicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación 
más favorable a las mujeres en situación de violencia”basada en género!’ 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


de perspectiva de género en la justicia. Así, frente al cuestionamiento de la constitucio- 
nalidad de disposiciones de la Ley de Violencia Basada en Género, mediante Sentencia 
N°920/2019, afirmó que dicha ley f se inscribe en una política pública “afirmativa” que lo 
que procura es tutelar con acciones materiales, positivas y concretas a un grupo social vul¬ 
nerable: “mujeres de todas las edades” y “mujeres trans”. Ante un contexto social de violen¬ 
cia instalada contra las mujeres, el legislador identificó a éstas como grupo social vulnerable 
y que no se encuentra en pie de igualdad con los hombres a la hora de erradicar la violencia. 
Para ello es que se han arbitrado una serie de mecanismos institucionales afirmativos para 
proteger el derecho de las mujeres al goce efectivo de una vida libre de violencia basada 
en género, esto es, por su mera condición de mujer como tal. No hay, pues, violación del 
principio de igualdad cuando la paridad de tratamiento se reclama entre sujetos que no 
se encuentran en análogas condiciones para requerir la misma actividad prestacional del 
Estado- 

Sin embargo, no podemos perder de vista que esta posición está sujeta a las futuras y 
posibles variantes en la integración del máximo órgano jurisdiccional, del mismo modo en 
que la agenda de derechos en materia de género lo está a los vaivenes políticos de nuestro 
país. 


178 


27 


Uruguay, Suprema Corte de Justicia, Sent. N°920/2019 del 1 de abril de 2019. 



Ratificación del Convenio 190 de OIT sobre 
violencia y acoso 

El Poder Ejecutivo solicitó a la Asamblea General la ratificación del Convenio Inter¬ 
nacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso (N° 190) y la Recomendación Internacio¬ 
nal del Trabajo sobre la violencia y el acoso (N° 206), adoptados por la 108 a reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra en junio de 2019. El convenio 
190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce el derecho de todas las 
personas a participar en ámbitos de trabajo libres de violencia y acoso, en particular, de 
aquella violencia basada en el género. Fue adoptada por la Conferencia General de la Orga¬ 
nización Internacional del Trabajo el 21 de junio de 2019. 

El Artículo I o define «violencia y acoso» en el mundo del trabajo, designa un con¬ 
junto de comportamientos y prácticas inaceptables (...) que causen (...) un daño físico, psi¬ 
cológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, y b) 
«violencia y acoso por razón de género» (...) cuando van dirigidos contra las personas por 
razón de su sexo o género (...). 

El Artículo 2 o define el ámbito de acción: 1. (...) protege a los trabajadores y a otras 
personas en el mundo del trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados (...) así 
como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas 
en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los vo¬ 
luntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos 
que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. 2. Este 
Convenio se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal 
como informal, en zonas urbanas o rurales. 

Los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social adhirieron al Convenio 190 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT); para lo cual firmaron un compromiso 
setiembre de 2019. Con anterioridad los Ministros Ernesto Murro y Marina Arismendi 
habían analizado el convenio con organizaciones sindicales y empresariales, obteniendo 
el apoyo de la central de trabajadores y no del empresariado. El ministro destacó la impor¬ 
tancia del convenio diciendo que atiende uno de los graves problemas que tienen hoy la hu¬ 
manidad y el Uruguay; dijo también que en 2018 recibió en la Inspección de su Ministerios 
331 denuncias de acoso y violencia. 

Afirmaron que Uruguay busca ser el primer país en ratificar la iniciativa promovida 
por la OIT. 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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Ni azul policial, ni verde militar 
Feminismo popular para recuperar nuestra 
capacidad colectiva de cuidarnos 1 


Sofía Pérez y María Noel Sosa 2 


Desde el feminismo popular que venimos cultivando partimos siempre de un doble 
movimiento, decir lo que no queremos e imaginar lo que queremos. Decimos que nos mue¬ 
ve el deseo de cambiarlo todo y ese todo es también los modos de pensar la justicia. 


1 Parte de lo aquí expresado fue anteriormente compartido en la mesa “Feminismos desde el sur: enfoques 
antipunitivos” organizado por Serpaj el 26 de junio de 2019. Desde Minervas agradecemos nuevamente a las 
compañeras por invitarnos a participar de esa instancia de intercambio y por extender tal invitación para escri¬ 
bir este texto. 

2 Integrantes de Minervas. 


Nos tomamos en serio eso de que paramos para crear mundos nuevos. Y ese mundo 
nuevo no es azul policía ni verde militar; no tiene más rejas, sino más redes; no tiene más 
tutela, sino más posibilidades de libertad. 

Frente al avance de una lógica punitivista y llena de miedo, nosotras queremos volver a 
insistir en que no permitiremos que se haga campaña con nuestras muertas, ni que nos lle¬ 
nen la vida de policías. No queremos que aumente el tutelaje sobre nosotras. Nos queremos 
vivas, libres y sin patrulla. Nos preguntamos cómo es una justicia diferente, no patriarcal, 
no abonada en el miedo, no llena de rejas. Nos preguntamos cómo seguimos reparando, 
entrelazando. Sabemos que el miedo y el punitivismo no son el modo, pero sabemos tam¬ 
bién que aún tenemos que preguntarnos sobre el problema de la militarización de nuestras 
expectativas sobre la capacidad colectiva de cuidarnos. Sabemos que aún hay que imaginar 
y ensayar otros modos de justicia. Sabemos que densificar las redes no es fácil, pero que es 
por ahí que hay que seguir explorando para vivir más libres y no más custodiadas. 

Los feminismos desde abajo que estamos construyendo 

Minervas es un colectivo de mujeres con afinidad política, que se va configurando 
mientras va caminando, pero que en esencia se piensa como una herramienta de transfor¬ 
mación propia y colectiva, de emancipación, de autocuidado y contención, de reivindica¬ 
ción del cuerpo y de alteración de todas las estructuras patriarcales, capitalistas y coloniales 
de la sociedad. Caminamos juntas desde 2012. Somos diversas en edades, vivencias y tra¬ 
yectorias. Entre todas autogestionamos una casa en la que hacemos nuestras actividades 
desde hace ya 3 años. 

Somos mujeres autónomas, creemos en la autogestión como una práctica de ejerci¬ 
cio de libertad, que nos da independencia política y afectiva, y que nos nutre de saberes 
y autoafirmación colectiva. Al mismo tiempo sabemos que no hay autonomía singular ni 
abstracta, sino posibilidades de libertad en medio de redes de interdependencia sostenidas. 

Insistimos en construir un feminismo popular y desde abajo, que parta de las necesida¬ 
des concretas de nosotras mismas y que esté arraigado a las luchas populares, siendo parte 
y a la vez nutriéndose de ellas. Contribuir al despliegue emancipatorio de las mujeres y los 
cuerpos feminizados, traerá consigo un rumbo de libertad para nosotras y otras, para las 
nietas de aquellas brujas y, en definitiva, para todes. 

Nosotras pensamos mientras luchamos y la lucha nos abre preguntas constantemente. 
Tenemos algunas certezas que las prácticas feministas nos van dando. Y tenemos muchas 
preguntas, que nos parece tenemos que pensar juntas y juntes. Nosotras nacimos del con¬ 
versar y creemos que eso es lo que necesitamos seguir haciendo cada vez más entre todes. 
Conversar, es decir, dar vueltas juntas y juntes sobre las preguntas es lo que nos ha permiti¬ 
do no paralizarnos frente a la violencia y es lo que nos mueve para ir creando una vida cada 
vez más digna para todes. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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Nuestra lucha se traduce en el deseo colectivo por la dignificación de la vida. Parti¬ 
mos siempre de un doble movimiento: rechazar y afirmar, impugnar y crear. Es parte de 
lo que se expresa en las consignas de las huelgas feministas: “Paramos mientras creamos 
mundos nuevos”; y para crear mundo nuevo tenemos que deshacer lo que sustenta la actual 
amalgama de capitalismo, patriarcado y colonialidad. No queremos equilibrio dentro del 
orden patriarcal, queremos otro orden. Y ese mundo nuevo es uno en el que la reproduc¬ 
ción social de la vida material y simbólica está en el centro 3 4 . Pensamos una política en clave 
feminista, en la que lo femenino no sólo no esté desvalorizado, sino que sea el abono desde 
donde construir lo nuevo. 

En estos 7 años de caminar juntas hemos ido afirmando que las relaciones político- 
afectivas son el corazón de lo que hacemos, son la base de la forma en que vamos haciendo 
mundos nuevos. Este año, en el libro que presentamos en la inauguración de la Escuela de 
Formación Feminista decíamos: "En medio de la precariedad cotidiana y de la violencia, 
recreamos las relaciones entre nosotras, producimos común a contrapelo de las relaciones 
mercantiles, patriarcales y racistas. En medio del mandato heteropatriarcal que dice que de¬ 
beríamos priorizar las relaciones con los varones, elegimos cultivar una trama de relaciones 
entre nosotras y con otrxs más allá de la familia heteronormada. En ese camino estamos, las 
relaciones político-afectivas que hemos creado y sostenido son el corazón de lo que hace- 
mos.”(...) Esta capacidad de crear espacios-momentos que alojan las diferencias, reconocen 
lo común y producen alianzas insólitas es una de las claves que ha permitido la expansión 
de la revuelta a todos los rincones. Luchar contra todas las violencias en una apuesta por 
disolver las relaciones de dominación múltiples, capitalistas, patriarcales y coloniales, no 
pueden ser palabras vacías sino prácticas concretas. Nombrarnos como mujeres, lesbianas, 
trans y travas es una práctica concreta. Acompañar, involucrarnos en la lucha común y en la 
lucha de cada quien es feminismo práctico. Comprender y luchar contra el racismo, el co¬ 
lonialismo, el extractivismo y la precariedad de la vida en América Latina es imprescindible 
para los feminismos desde abajo que estamos construyendo”" 1 . 

Nombrar el problema es distinto a reducirlo a soluciones punitivas 

Susy Shock(2017), poeta travay sudaca dice“;cómo se mata a una sola de nosotras sin 
matarnos a todas ?” 5 . Su rabia y su coraje son la rabia y la esperanza de todas. Desde esa rabia 
salimos a la calle, desde ahí estamos desandando el laberinto 6 . La rebelión feminista de es- 


3 Federici, Silvia, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Buenos Aires, Tinta Limón, 
2010. Gutiérrez Aguilar, Raquel, Horizonte comunitario-popular. Antagonismo y producción de lo común en 
América Latina, México, ICSYH-BUAP, 2015 

4 Minervas, Momento de paro. Tiempo de rebelión. Miradas feministas para reinventar la lucha, Montevi¬ 
deo, Minervas Ediciones, una editorial propia, 2018. 

5 Shock, Susy, Hojarascas, Buenos Aires, Muchas Nueces, 2019. 

6 En referencia al texto Raquel Gutiérrez sobre la dimensión simbólica de la dominación masculina. Gutié¬ 
rrez Aguilar, Raquel, Desandar el laberinto. Pez en el árbol, 2014. 



tos años se ha ido tejiendo desde ese dolor transformado en lucha. Nosotras también hemos 
nacido de luchar contra todas las violencias y no queremos abonar violencias nuevas. 

Las alertas feministas convocadas desde la Coordinadora de Feminismos se inscriben 
en una vertiente de lucha que surgen de un vasto colectivo y han ubicado la denuncia de 
los feminicidios y de las múltiples violencias que vivimos las mujeres como elemento cen¬ 
tral, siendo este un eje particularmente relevante para comprender el feminismo en el sur 
del continente. Se trata de un tiempo de feminismos renovados justamente desde las lu¬ 
chas contra los feminicidios. En el Primer Encuentro de Feminismos en 2014 (hubo otros, 
pero este reabre este tiempo de lucha) surgieron tres elementos relevantes para entender 
el contexto actual del feminismo en Uruguay: 1) la consigna de “poner al movimiento en 
movimiento”, que da cuenta tanto de la intención de volver a hacer del feminismo un movi¬ 
miento social activo como de una lectura crítica sobre el momento anterior; 2) la propuesta 
de las alertas feministas como acción callejera ante cada feminicidio; y 3) la creación de la 
Coordinadora de Feminismos como el espacio de articulación política del movimiento 7 . 

Movilizarnos nos ha permitido salimos del lugar de víctimas donde el patriarcado y el 
punitivismo nos quiere. Nos corremos de la clave salvacionista y nuevamente ensayamos el 
doble juego: visibilizar a lo que estamos expuestas y enunciar el dolor pero rechazando esos 
mandatos, colocándonos en un lugar de lucha por la dignificación de la vida. El dolor que 
antes nos paralizaba se convierte en potencia y la indignación se hace colectiva. 

Con el inicio de las alertas feministas, comenzamos a llevar un conteo propio de los 
feminicidios—con criterios propios—, lo que decanta en que los números "oficiales” y 
nuestro conteo difieran. Según nuestro conteo, fueron 40 feminicidios cada año prome- 
dialmente. Logramos quitar el problema de la órbita privada para llevarlo a la calle. Hemos 
recuperado la noción de feminicidio como categoría política para dar nombre a los asesina¬ 
tos de mujeres que, durante mucho tiempo y aún todavía, se los categoriza como crímenes 
pasionales o quedaban bajo la categorización de otros delitos. La nominación del femini¬ 
cidio, no obstante, incluye la discusión que incorpora la tipificación legal del feminicidio, 
llevándonos también a pensar sobre las respuestas punitivas y el alcance de la ley. 

Hemos nacido de luchar contra todas las violencias y no queremos abonar violencias 
nuevas. Somos parte del flujo actual de las luchas que piensa que feminismo y punitivismo 
no van juntos. Es decir, sobre los debates abiertos sobre feminismo antipunitivo, pensamos 
también desde ahí, desde este doble juego. No queremos aumentar la lógica punitiva, lo que 
queremos es frenar la violencia que recibimos. Por eso la denunciamos socialmente, por eso 
nos rebelamos en cada lugar que habitamos; y, a la vez, sabemos que necesitamos inventar y 
sostener justicia en clave feminista. 


7 Furtado, Victoria y Grabino, Valeria, Alertas feministas: lenguajes y estéticas de unfeminismo desde el sur, 
Observatorio Latinoamericano y Caribeño, número 2, 2018. 


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Sabemos que la justicia nos silencia e invisibiliza, que sigue siendo patriarcal y por 
eso la rechazamos. No nos interesa profundizar el punitivismo, no queremos más cárceles, 
no queremos más penas ni más endurecimiento ni más violencias. No queremos anudar 
nuevas impunidades con las viejas. Pero sólo con decir eso en abstracto no alcanza. Solo 
con convencernos de eso no alcanza. Necesitamos una justicia en clave feminista, porque 
pensar la justicia es pensar una de las caras de la construcción de una vida digna y sin vio¬ 
lencias. Y esa justicia tiene que pensarse desde nuestras experiencias, ensayarse, tiene que 
alojar diferencias, tiene que estar de la mano con una forma distinta de organizar nuestra 
vida cotidiana. 

Nos preguntamos continuamente qué podemos aprender, qué nos enseña la lucha. Va¬ 
mos ordenando la experiencia sabiendo que todavía hay mucho por nombrar, mucho que 
entender. Sabiendo también que ese proceso es colectivo. Por eso es que insistimos en que 
las reflexiones sobre punitivismo parten de lo que se ha abierto desde las alertas feministas, 
que son parte de la creación del movimiento, que se sostiene desde hace ya 5 años, que son 
parte de la fuerza de estos feminismos renovados. Acordamos decir basta y sostenemos en¬ 
tre todas, todes. Con otras y otres sostenemos y hemos sostenido con nuestros cuerpos esa 
salida a la calle que a veces ha sido más de una vez por semana. Nos conecta con el dolor y 
con la fuerza, nos hace partir de nosotras mismas, pensar una y cada vez cuál es la trama de 
violencias que tenemos que seguir desandando. Nos saca una y otra vez de la clave salvacio- 
nista, nos tocan a todas, a todas nos afecta. No vamos a ir a salvar a nadie de nada, vamos a 
luchar todas juntas por ser mujeres dignas, no víctimas. 

El feminismo al decir esto, al leerlo en círculos a lo largo de 18 de julio, al hacer que se 
hable de esto en cada casa, hace el doble movimiento del que partíamos. Y lo hace de mane¬ 
ra masiva y radical. La trama que se ha tejido en todos estos años y que viene a la vez de las 
tramas de antes, han permitido que en la actualidad el feminismo consolide su capilaridad y 
conjugue radicalidad con masividad 8 . Es masiva porque se expresa en movilizaciones multi¬ 
tudinarias y porque ha involucrado de manera diferencial, pero cada vez en mayor cantidad, 
a mujeres diversas de distintos puntos geográficos, de diferentes experiencias organizativas, 
de diversas edades 9 . Es radical porque está impugnando al mismo tiempo diversas institu¬ 
ciones sociales, como el trabajo, la familia, la maternidad, la iglesia 10 . Y también a la justicia. 
Estamos haciendo esfuerzos inmensos por construir otras formas, otras relaciones sociales. 


8 La idea de que el movimiento feminista conjuga radicalidad y masividad, es retomada por Raquel Gutiérrez 
en base a lo señalado por las compañeras de Ni Una Menos, Argentina. Puede verse nota “Desborde feminista: 
bucle virtuoso de masividad y radicalidad”. Zur, 21 de abril de 2019. 

9 Furtado, Victoria y Sosa, Maria Noel, Huelga feminista: memoria de lucha, tiempo de rebelión. Notas 
sobre el feminismo en Uruguay hoy, Oaxaca, Pez en el árbol (en prensa), 2019. 

10 Ibídem. 



Ya no tendrán la complicidad de nuestro silencio 

Un desafío importante que se ha abierto es el cómo pensar la justicia por fuera de uno 
de sus supuestos: el silencio de nosotras. Un aprendizaje básico que se nutre de lo general, 
hemos aprendido a correr los velos de los sentidos patriarcales instalados. Uno de ellos es 
el volver siempre a la culpa femenina. Sabemos que en los casos de feminicidios se conoce 
todo sobre la vida de la mujer, no del femicida. Son ejemplo de esto las investigaciones 
del caso de Lucía Pérez, Melina Romero, como tantas otras mujeres. La celeridad de caso 
Nahir, imposibilidad de justicia para las mujeres. Nuestra verdad siempre en duda. De ahí 
la relevancia del “Hermana yo si te creo” ¿Quién le cree a las mujeres? Qué pasa cuando se 
lanza la certeza de que lo que decimos es escuchado. Cuántas situaciones aplastadas por el 
silencio se destapan. Cuánto nos muestra de la trama rota y de lo que necesitamos retejer. 

Tenemos muchas preguntas, algunas de las que guían estas reflexiones son: ¿Cómo 
pensar la justicia en medio de este tiempo rebelde y trastocado?¿Cómo tejer y relanzar los 
hilos de la impunidad que ha sido una lucha histórica con los feminismos ?¿ Cómo pensar 
una justicia más allá del miedo y los marcos punitivos ? 

Entonces, ¿cómo construir claves de acción colectiva desde un feminismo no puni¬ 
tivo? Sabemos que el sistema político tiende constantemente a capitalizar nuestra fuerza 
colectiva. Un ejemplo de esto es traducir nuestro reclamo a la aprobación del agravante de 
penas por feminicidio. Nosotras consideramos que no es un asunto de aumento de penas, 
porque ninguna respuesta punitiva, ni la privación de libertad, ni las distintas formas de 
represión policial en sí mismas pueden erosionar el patriarcado. Este orden está enraizado 
profundamente en nuestra constitución como sociedad, el Estado y el aparato represivo 
son su forma fundante. 

Es en esta clave que analizamos las consignas que resuenan en las calles como brotes de 
conocimiento sobre los feminismos antipunitivos que intentamos construir. La importan¬ 
cia del "Hermana, yo si te creo’ nos permite cobrar fuerza. La experiencia nos ha enseñado 
que, por más de que la ley tipifique el feminicidio, el foco de la culpa siempre nos alumbra 
a nosotras y el peso del silenciamiento vuelve a caer sobre nosotras. Las resoluciones siguen 
ignorando, invisibilizando y silenciando el relato de las mujeres, una y otra vez se cree más 
en la voz del hombre. 

Reiteradas veces nos hemos encontrado con varias y distintas situaciones que ponen 
en evidencia procesos judiciales que por acción u omisión legitiman la estructura patriar¬ 
cal. Por un lado, nos encontramos con una cantidad considerable de casos en los que no se 
investiga y nunca se aclara quién fue el femicida. Por otro, cuando está en juego la tenencia 
de les hijes aparecen fundamentos patriarcales que asignan custodia vinculada al padre vio- 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


lento. Y así, hay muchos otros ejemplos que nos dan la certeza de que no alcanzan las leyes 
cuando la justicia es patriarcal y, si es patriarcal, no es justicia 11 . 

No queremos alimentar la pedagogía de la crueldad, en palabras de Segato 12 (2014). 
Esa pedagogía de la violencia contra nosotras para que nos quedemos quietas y calladas no 
puede ser la base de pensar las respuestas. No queremos sumar propuestas ni justificaciones 
para el ejercicio de la violencia y del castigo que supone el sistema carcelario y punitivo. No 
queremos seguir individualizando problemas que son estructurales. Pero esto no significa 
no decir, no denunciar. Seguiremos denunciando la violencia machista, y conectando las 
viejas violencias con las nuevas. Eso tampoco significa que renunciamos a la posibilidad de 
justicia. 


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No nos cuida la policía, nos cuidan las amigas 

Insistimos, queremos reconstruir trama, porque sabemos que cuanto menos trama hay 
más violencia, porque la falacia de la autosuficiencia es pura fragilidad que explota. Por¬ 
que sin trama no hay condiciones de decir, ni de entender. Porque sin trama la justicia es 
algo ajeno e impuesto, que no enseña y que solo reproduce. Insistimos, tenemos que seguir 
pensando cómo organizamos la vida de otra manera, más allá de la clave productivista y 
desarrollista, una vida no dispuesta desde la amalgama de dominación. 

Compartimos la clave de la lucha popular de estos últimos meses: el miedo no es la 
forma. Por eso nos sumamos a los esfuerzos de la campañas contra la avanzada militarizado- 
ra 13 . Pero queremos aprovechar el debate abierto para hacernos cargo del problema mayor. 
¿Cómo es que llegamos a pensar que más policía nos puede ayudar a vivir mejor? ¿Cómo 
es que esto nos fue perneando? ¿Cómo vamos a desandar este anudamiento que deja por 
fuera nuestra propia capacidad de cuidarnos ? 14 

Las mujeres y disidencias sabemos que la securitización del problema de la violencia 
renueva la tutela sobre nosotras y hace poco para remover la impunidad del agresor. Ade¬ 
más, retoma el paradigma patologizante e individualista y desconoce las tramas rotas y las 
que se necesitan construir. Por eso, reafirmamos que nombrar el problema del feminicidio 
no es lo mismo que pedir soluciones punitivas. Desde nuestra lucha sabemos que hay otras 


11 Coordinadora de Feminismos, Abrazarnos para decir basta, estar juntas para ser libres. En Servicio de Paz 
y Justicia: Derechos Humanos en el Uruguay. Informe 2018, Montevideo, SERPAJ. 216-222, 2018. 

12 Segato, Laura Rita, Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Puebla, Pez en el árbol / Tinta 
Limón, 2014. 

13 Puede verse el comunicado “No a la Reforma: ¡no queremos más tutela!” que emitimos frente a la propues¬ 
ta de reforma constitucional “Vivir sin miedo”. Disponible en: https://www.facebook.com/notes/minervas/ 
no-a-la-reforma-no-queremos-más-tutela/2252575844852039/ 

14 Parte de este debate se encuentra en la nota de María Noel Sosa “Lo que no es necesario es el comisario. Zur, 

15 de octubre de 2019. Disponible en: http://zur.org.uy/content/lo-que-no-es-necesario-es-el-comisario 



formas de cuidar y cuidarnos más allá de la policía. Lo hemos hecho en cada caso de violen¬ 
cia que hemos acompañado. 

Hablemos de que nos hace sentir insegures, compartamos los miedos para desde ahí 
ver cómo es que queremos cuidar y cuidarnos. Asumamos que venimos de tramas rotas, que 
trabajamos mucho, que el tiempo es escaso, que la tensión social, que nos estamos acostum¬ 
brando a que otres resuelvan por nosotres. Sin olvidar que cuidarnos lleva tiempo, supone 
cuerpo y eso cuesta, asumamos juntas y juntes el desafío de densificar las redes. Aunque no 
sea fácil, sigamos nuestras propias huellas, sigamos nuestras intuiciones. Pensemos y ensa¬ 
yemos modos para vivir más libres y no más custodiadas. 

¡No queremos más policía, no queremos más militares, no queremos más tutela! 

¡Nos queremos vivas, libres y sin patrulla! 


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serpaj 


Montevideo, 6 de setiembre de 2019 

Represión en la concentración y movilización en 
contra de la injerencia de UPM 

El pasado jueves 5 de setiembre se realizó desde las 18 horas una concentración y mo¬ 
vilización en contra de la injerencia de UPM en la educación pública. Allí los y las manifes¬ 
tantes caminaban por Libertador, cuando en la esquina de Mercedes y Libertador —frente 
a un altercado con un efectivo policial— se despliega un operativo fuertemente represivo. 
En el operativo se amenazó, se utilizaron balas de goma y palos contra todas y todos los 
manifestantes que ahí se encontraban, generando pánico en la gente que participaba y tam¬ 
bién en la que circulaba por la vía pública. Como consecuencia de esto resultaron heridas 
varias personas. 

En este marco, se retiene violentamente durante varios minutos en el piso a personas 
que marchaban pacíficamente, para luego llevar detenidos a cinco personas. Dos de ellos 
tienen lesiones leves, constatadas por revisión médica de la división de investigaciones del 
Ministerio del Interior, lugar donde quedan detenidos posteriormente. Permanecieron va¬ 
rias horas incomunicados, pudiendo ser vistos posteriormente por un abogado. Luego de 
dar aviso a Fiscalía, se libera a uno de ellos, mientras los otros cuatro permanecen detenidos. 

Además, se registran más de 10 personas alcanzadas por palos y/o balas de goma, que 
presentan lesiones en las piernas, brazos y espalda. Por ello serán realizadas las denuncias 
correspondientes ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, esperando que se 
pueda expedir de manera pronta sobre esta situación. 

Consideramos excesivo, arbitrario y totalmente innecesario el violento accionar de las 
fuerzas policiales y de la Guardia Republicana, que aplicó métodos de represión y amenazas 
que atenían contra todas las personas que allí se encontraban. Rechazamos estas prácticas 
intimidatorias que criminalizan la protesta social. 

Por ello, exigimos que Asuntos Internos del Ministerio del Interior realice una pronta 
investigación sobre los hechos acaecidos y la irresponsable violencia utilizada. 



Serpaj repudia y denuncia una práctica cada vez más extendida en el uso exacerbado 
de la fuerza policial durante manifestaciones públicas, de proporciones sumamente injusti¬ 
ficadas y abusivas, con un claro objetivo de criminalización de la protesta social. Asimismo, 
señalamos como grave la intervención de la Guardia Republicana en los espacios públicos, 
fuerza policial de choque, con fines represivos, que no cuentan con herramientas para ges¬ 
tionar o resolver conflictos de forma pacífica, que brinden garantías a la ciudadanía. 


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Foto: Santiago Mazzarovich 


¿Qué les queda a los jóvenes? 

Reivindicaciones del gremio estudiantil del IAVA 

Gremio estudiantil del IAVA 

“¿Qué les queda por probar a los jóvenes 
en este mundo de paciencia y asco? 
¿sólo grafitti ? ¿rock ? ¿escepticismo ? 
también les queda no decir amén 
no dejar que les maten el amor 
recuperar el habla y la utopía 
ser jóvenes sin prisa y con memoria 
situarse en una historia que es la suya 
no convertirse en viejos prematuros” 
Mario Benedetti 


Introducción 

En el gremio estudiantil del IAVA comenzamos el año académico colgando una pan¬ 
carta en las escaleras internas de la institución con el fin de una cálida bienvenida a la nueva 
generación. Sumada a esto se organizó una asamblea informativa sobre los espacios de par- 


ticipación estudiantil en los cuales se presentó el espacio delegados, el Cine Estudiantil in¬ 
dependiente, el colectivo LiberArte y, claro, el Gremio del IAVA (GEI). Esta presentación 
contó con vídeos, diapositivas y experiencias contadas desde la primera persona, hubo un 
intercambio activo con los estudiantes, despejando dudas y aportando sugerencias a estos 
espacios de manera más genérica. 

Al poco tiempo de comenzar el año, en una de las primeras asambleas del GEI se plan¬ 
teó la discusión con respecto a la reforma constitucional “Vivir sin Miedo” impulsada por 
el senador Jorge Larrañaga. Además, hay sobre la mesa casos de abuso policial hacia estu¬ 
diantes y profesores del liceo N°63, ante esto nos posicionamos inmediatamente en contra 
de medidas de este tipo. Se elaboró un comunicado a la opinión pública, y se dieron espa¬ 
cios de reflexión, repartiendo en las siguientes asambleas folletos informativos de nuestros 
derechos y obligaciones en el caso de ser parados por la policía. 

Así fue como, luego de reflexiones propias y colectivas, con el tema más próximo y la 
necesidad de posicionamos en un tema como este, el 10 de mayo hicimos pública nuestra 
posición contraria a dicha reforma afirmando que para nada creemos que “...la presencia 
militar sea la solución a absolutamente nada.” 

Pocos días antes de dicha proclama, el estudiantado sufrió agresiones por parte de 
un individuo ajeno a la institución que se coló en ésta, rompiendo material que el gremio 
había colocado en distintas partes y gritando comentarios fascistas. Ante esto se realizó una 
asamblea donde participó gran parte del estudiantado por el problema de “seguridad” den¬ 
tro del liceo. Luego de un largo tiempo de debate entre varios compañeros y con la entrada 
a clases cerca, se decidió seguir la asamblea y el gremio se posicionó a favor de manifestarse 
en contra de estos episodios teniendo en cuenta las sensaciones de inseguridad vividas por 
parte del estudiantado y funcionales del liceo, de la mano de un comunicado a la opinión 
pública y con acompañamiento de una pancarta y la participación de una medida tomada 
por los funcionarios del liceo. 

Comunicado a la opinión pública 

Desde el Gremio Estudiantil del IAVA nos posicionamos completamente en contra de la 
campaña "Vivir sin miedo”, nuestro gremio es de carácter apartidario y repudia las acciones de 
violencia como la ocurrida semanas atrás, en la que un individuo ingresó al liceo arrancando 
carteles del gremio y gritando que todos somos frenteamplistas, sumado a esto pronunció que 
las mujeres necesitan mano dura y se retiró pidiendo que vuelvan los militares. Recalcamos 
también que el reclamo de funcionarios y profesores sobre la presencia de portería y más fun¬ 
cionarios, están totalmente arraigados a nuestro reclamo del 6+l°/o para la educación, este 
mismo es pronunciado por todo Movimiento Estudiantil y no se sustenta en lo absoluto con la 
criminalización de la pobreza. Nos gustaría resaltar que estas situaciones se vienen dando en 
varios centros educativos y aclaramos que para nada consideramos que la presencia policial y 
mucho menos militar sea la solución a absolutamente nada. 


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Gremio estudiantil del IAVA 

En marco al mes de mayo, mes de la memoria, organizamos asambleas: una con Ana- 
hit como oradora, ex-presa política quien nos compartió su experiencia como militante 
y “mujer en tiempos de autoritarismo”; y otra con Marcelo Estefanell, también ex- preso 
político. 

Estas fueron con éxito a nivel estudiantil, no solo se llenó el salón de actos si no que 
cada estudiante dio su opinión de porqué nosotros no deberíamos olvidar. Asimismo con¬ 
vocamos a participar de la Marcha del Silencio en bloque con el gremio. Concentramos en 
la puerta del IAVA, y, a pesar de la lluvia, fuimos varios estudiantes los que encaminamos 
hacia 18 mientras nos encontrábamos con más y más gente que se hacía partícipe de la 
misma. 

Pasado mayo, pusimos el tema nuevamente en la mesa realizando una encuesta dirigi¬ 
da al alumnado del IAVA, de forma anónima, que consistía en las siguientes tres preguntas: 
“¿Sabes en qué consiste la reforma constitucional “Vivir sin Miedo”?, ¿La apoyarías ? y Co¬ 
mentario (opcional)”. 

El resultado fue que casi la mitad de los estudiantes no sabían en qué consistía la Re¬ 
forma. Esto llevó a la organización de otra asamblea para presentar las razones de por qué 
No a la reforma; ya estaba creada con más solidez la articulación nacional y teníamos el 
apoyo de ésta. Nuevamente el salón de actos se vio lleno de estudiantes atentos a cada punto 
propuesto por la reforma y escuchando críticamente por qué creíamos que no. Luego se 
abrió un espacio de debate donde seguimos profundizando en casos particulares como es¬ 
tudiantes gozando libremente de derechos que quizá mañana con medidas como militares 
en las calles o allanamientos nocturnos se verían vulnerados. 

Al poco tiempo sucedió lo del liceo 28: el diputado Pablo Abdala publicó una queja 
por haber puesto una pancarta en contra de la reforma, acusando al gremio de violar la 
laicidad. Ante semejante acontecimiento, primero se sumó Magisterio en apoyo, lo que 
provocó un juicio legal. Como reacción, todo el Movimiento estudiantil se proclamó con¬ 
tra la Reforma y cada centro levantó una pancarta con la misma leyenda que la del liceo 28, 
“Si querés seguridad, no pidas militares, pedí por más educación”. 

Tras la resolución del juicio (que dictaminó que debían bajarse las pancartas) la pan¬ 
carta se guardó. Ante estos hechos entendemos que la libertad de posicionarnos en temas 
políticos que nos atraviesan, como es esta reforma, será defendida ayer, hoy y mañana. Ade¬ 
más de buscar otras maneras de expresarnos como pintadas de No A La Reforma en la ve¬ 
reda, nosotros realizamos con mucho esfuerzo un video de “al botón de la botonera” donde 
expresamos repudio a la reforma constitucional y nos expresamos desde distintas áreas de 
la cultura, cantamos, filmamos, editamos entre otras cosas. Este salió la semana antes al 27 
de octubre con el fin de generar un impacto. 



Para agosto, dentro del gremio, hicimos una comisión para el toque del 14 de agosto, 
Día de los Mártires Estudiantiles. Este toque es realizado año a año por secundaria y ahora 
principalmente por el gremio estudiantil del IAVA, contando con la concurrencia de mu¬ 
chísimos estudiantes tanto en las tareas organizativas, presentaciones artísticas o participa¬ 
ción más pasiva. 

Teniendo en cuenta que era un toque para jóvenes y hecho por jóvenes, en la interna 
vivimos muchas charlas agitadas y mucho estrés para la organización. Pero logramos pre¬ 
sentar, el martes 13, una charla explicativa al estudiantado, de qué es el Día de los Mártires 
Estudiantiles, dada por Gabriel Mazzarovich. La charla se realizó en ambos turnos, tenien¬ 
do una repercusión grandísima: llantos, emoción, risas y agradecimientos. Para nosotros 
y nosotras fue muy importante ya que es un ex estudiante de participación gremial del 
IAVA, nos abrazó con sus historias y reivindicamos nuestro rol como estudiantes ante los 
movimientos sociales. 

Luego el toque en el callejón que duró desde las 12 del mediodía hasta el comienzo de 
la marcha. Tuvimos bandas como Tobogang, Buen provecho 23, Paranoia, La bruja del 72, 
Chole, Ale Itté y Tabaré Rivero con Alejandra Wolff. El toque fue realizado en el callejón 
de la UdelaRlo que también representa un montón en el Día de los Mártires Estudiantiles. 
El toque terminó con la intervención, como todos los años, de LiberArte, un colectivo 
estudiantil que se prepara durante todo el año para hacer una presentación de carácter artís¬ 
tica o más íntima sobre lo que pasó el 14 de agosto. Luego de esta intervención marchamos 
en conjunto al bloque de GSU, entre cantos, ¡presentes! y puños en alto pasamos la marcha 
hasta llegar a la primera de mayo, allí encontrándonos con todo el movimiento estudiantil 
unido. Este año además de recordarlos y pedir verdad y justicia, nos encontramos con un 
objetivo claro: NO A LA REFORMA 

Ya siendo setiembre, el calendario sólo se ocupó del pollerazo, instancia que nació en 
contra de los códigos de vestimentas. La jornada, este año, fue más que nada en apoyo a 
aquellos liceos en los que sus respectivas direcciones les dicen cómo deben vestirse y para 
recordar que el Consejo de Educación Secundaria, en 2018 firmó la abolición de los códi¬ 
gos de vestimenta. Y llegó octubre y se acercan las elecciones. 

Finalizando el año y a menos de una semana para la votación de la reforma constitu¬ 
cional, como GSU resolvimos levantar nuevamente nuestras pancartas contra la Reforma, 
y hacer distintas actividades. Para ser objetivos e informar al estudiantado, se organizó otra 
asamblea-debate entre un orador por el No a la reforma y uno por el Sí. 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Biblias y Balas: crecimiento de bancadas con 
legisladores anti-género en Uruguay 


Nicolás Iglesias Schneider 1 


Dos fenómenos complementarios muestran que el sólido sistema partidario y demo¬ 
crático uruguayo ha sido interpelado por la aparición de dos grupos de interés y presión en 
la contienda electoral. Por un lado el rápido surgimiento de Cabildo Abierto con una vasta 
representación de la familia militar que logro la incorporación de 3 senadores y 11 dipu¬ 
tados al parlamento. Por otro lado la consolidación de una bancada religiosa conservadora 
en el Partido Nacional, que alcanzaron al menos 1 senadora suplente, 5 diputados titulares 
y 2 suplentes; entre católicos, neopentecostales y pentecostales afines a una agenda de una 
moral conservadora. 

Cabe preguntarnos de que manera esta presencia de una bancada que representaría 
a los intereses y la ideología militar, además de la que representará perspectivas del sector 
religioso conservador, se articularan o no para intentar derogar leyes o al menos minar la 
implementación de aquellas que tienen una perspectiva de género, generación y diversidad. 

Así mismo es necesario plantear de qué manera está garantizado el Estado Laico en un 
contexto regional 2 de asensos de gobiernos de derecha recortando avances legislativos en 
194 materia de derechos humanos, buscando legitimidad y concediendo espacios a estos grupos 
religiosos conservadores. Teniendo como faro y ejemplo de “gobernantes cristianos” a refe¬ 
rentes internacionales como Trump 3 y Bolsonaro 4 . 

En toda América Latina y en Uruguay, con fuerza incipiente vemos marchas, hashtags 
y encuentros religiosos, políticos y “académicos” que proclaman ideas como: “femenina 
si, feminista no”, “a mis hijos los educo yo”, “mis hijos, mi reglas”, “por la familia y por la 
vida” que tienen de fondo el combate al nuevo enemigo común, la llamada: “ideología de 
género”. El punto común que tienen éstas agendas conservadoras, fundamentadas desde lo 


1 Licenciado en Trabajo Social de la UDELAR, posee estudios en teología y ciencias de la religión en Ar¬ 
gentina y Costa Rica. Actualmente es coordinador de Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión 
e Incidencia Pública (GEMRIP), Uruguay y del Espacio VAR(Voluntariado, Arte y Reflexión) de la Iglesia 
Metodista. Es investigador y columnista invitado para varios medios de comunicación en temas vinculados a 
religión, política y sociedad. Director del documental y proyecto Fe en la Resistencia y del portal “Los dioses 
están locos”. 

2 https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/11/claves-religiosas-de-la-nueva-politica-latinoamericana/ 

3 https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/diputado-viajo-eeuu-rezar-trump.html 

4 https://www.busqueda.com.uy/nota/hay-un-despertar-del-mundo-evangelico-en-la-politica-uruguaya 



laico, militar y religioso, es el control de los cuerpos y la institución de un disciplinamiento 
social y moral 5 . 

Los movimientos religiosos y laicos que se oponen a los derechos humanos están 
creando nuevas narrativas globales y ganando legitimidad. Según De Souza Santos 6 en su 
libro Si Dios fuese un activista por los derechos humanos, plantea que el fundamentalismo 
religioso aliado con el conservadurismo laico, están generando una gramática que utili¬ 
za conceptos como derechos, dignidad y libertad, que rivaliza con la comprensión ética y 
conceptual que subyace a la de los derechos humanos y a menudo la contradice. Por esto es 
necesario comprender cuáles son los orígenes, los dispositivos y los discursos que se articu¬ 
lan contra la perspectiva de derechos humanos yen especial contra la perspectiva de género. 

Organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, como La Asocia¬ 
ción para el Derecho de las Mujeres y el Desarrollo, plantean en el informe Derechos en riesgo 
(2017) que las estrategias contra la perspectiva de género y la diversidad en las políticas pú¬ 
blicas organizan su discurso y accionar en cuatro ejes: protección de la familia tradicional, 
combate a la ideología de género, recuperación de los valores y la soberanía nacional. En 
el resumen del informe “Derechos en riesgo”, de 2017 7 , la investigadora Alejandra Sardá, 
define algunos conceptos desde su propio lenguaje: 

Protección de la familia natural o tradicional. La familia natural o tradicional (padre, 
madre, hijos) debe ser protegida frente a cualquier intervención del Estado que debilite la 
autoridad paterna y el derecho de los padres a decidir sobre sus hijos. Fortalecer y proteger 
la familia natural o tradicional es la solución para todos los problemas sociales (ejemplo: 
violencia, adicciones, etcétera). Los niños tienen derecho a crecer en una familia natural o 
tradicional, que es el mejor ambiente para su desarrollo y protección. 

Ideología de género. Existe una poderosa ideología radical que pugna por abolir las 
diferencias naturales entre los sexos y reemplazarlas por la noción errónea según la cual las 
personas pueden elegir lo que llaman su “género”. Esta ideología es innecesaria porque los 
dos sexos que existen en la naturaleza son complementarios, tienen roles y características 
específicas -respetar esos roles no es discriminación-. La ideología de género genera desor¬ 
den social e insatisfacción, ya que las personas se realizan y manifiestan plenamente su dig¬ 
nidad humana cuando cumplen con el rol que la naturaleza les ha asignado según su sexo. 

Valores. Nuestra sociedad vive una crisis de valores, sumida en la confusión y la ansie¬ 
dad que generan el individualismo y el materialismo. Se necesita una “revolución de los va¬ 
lores”, ayudando al que sufre y cumpliendo con el rol que a cada quien le ha sido asignado en 
la sociedad y en la familia. Obnubilados por el progreso científico, los seres humanos creen 

5 https://www.hemisferioizquierdo.uy/ single-post/2019/10/ 14/Los-cuerpos-y-los-votos-los- 
or%C3%ADgenes-de-la-derecha-religiosa-en-Uruguay 

6 Boaventura de Sousa, Si Dios fuese un activista por los derechos humanos, Trota, Madrid, 2014. 

7 https://www.awid.org/es/publicaciones/derechos-en-riesgo-el-informe-2017-de-tendencias-del-obser- 
vatorio-sobre-la 


195 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


que dominan a la naturaleza, que pueden torcerla y explotarla. Pero hay leyes superiores a 
nosotros que siempre van a prevalecer. 

Soberanía nacional. Hay intereses creados detrás de la ideología de género: las poten¬ 
cias imperialistas y los poderes económicos que han encontrado otra forma de someter a 
los países menos desarrollados, no sólo económica, sino también culturalmente. Nuestros 
países tienen que resistirse y defender nuestra cultura y nuestros valores. Estos intereses 
creados nos envidian porque, aunque seamos pobres, tenemos valores (la familia, la cari¬ 
dad) que en sus países ya se han perdido. Por eso quieren debilitamos sumiéndonos en el 
caos social mediante la imposición de leyes y valores que nos resultan ajenos. Detrás de 
toda manifestación supuestamente “progresista” hay un interés económico de las “poten¬ 
cias coloniales”. 

Podríamos encontrar diferentes hilos conductores entre estos cuatro ejes del discur¬ 
so anti género y los actores que lo llevan adelante. Vemos que dependiendo si el actor es 
religioso, laico o militar tiene diferentes énfasis en alguno de estos ejes. En este punto, los 
aportes de Michel Foucault 8 en torno al concepto de gubernamentalidad nos dan insumos 
para entender el funcionamiento del poder y las formas de control. Su planteo radica en 
que para entender la modalidad del gobierno actual hay que remontarse a los orígenes pre 
cristianos y cristianos del poder pastoral. 

El poder pastoral se ejerce sobre una multiplicidad en movimiento, es un poder funda¬ 
mentalmente benéfico cuyo objetivo es la salvación de la grey y es un poder que individua¬ 
liza. La metáfora del pastor y las ovejas como símbolo de poder primero estuvo en manos 
196 de la Iglesia oficial del Imperio romano, luego en el aparato militar y, por último, en el 
gobierno civil. Es decir, el aparato estatal tomó las funciones del poder religioso armándose 
(ambos) de tecnologías y dispositivos de control sobre la población. Con esto quiero plan¬ 
tear que el control ha sido parte inherente de lafunción de las iglesias aliadas alpoder de turno, 
al aparto militar y al Estado, por lo que el cuerpo, la sexualidad y la sabiduría de las mujeres 
representaban el mayor temor de estos aparatos y dispositivos de control. 

Para comprender las bases fundacionales del actual conservadurismo religioso nor¬ 
teamericano, un personaje clave es Jerry Falwell, quien fue pastor fundador de la iglesia 
Thomas Road (una de las iglesias más influyentes de los bautistas del Sur), brazo político 
del movimiento Mayoría Moral y fundador de LibertyUniversity en Virginia (la institu¬ 
ción educativa más grande del mundo en el espectro evangélico-fundamentalista para la 
formación de misioneros e intelectuales). Para el investigador Harvey Cox 9 , quien aborda 
esta temática en su libro La religión en la ciudad secular, movimientos como el de Falwell 
inicialmente surgen como una reacción a la movilización religiosa, social y política contra 


8 Foucault, Michel, “Seguridiid, territorio y población” Clases del 8 y 15 de febrero de 1978 sobre la guberna¬ 
mentalidad y el poder pastoral, Fondo de Cultura Económica Argentina, 2004. pp.69-79 

9 Cox, Harvey, La religión en la ciudad secular. Hacia una teología posmoderna. Ed. Sal Terrae. 1984, pp. 
9-67. 



la segregación racial, por justicia económica y paz, encabezadas por Martin Luther King y 
los grupos ecuménicos pacifistas contrarios a la guerra en Vietnam (1963). 

Falwell intuyó que si los activistas negros y pacifistas blancos podían usar las iglesias 
y justificar su accionar en la Biblia, los conservadores y fundamentalistas podrían hacer lo 
mismo. 

En 1979, cuando la Mayoría Moral toma forma definitiva, es definida como una or¬ 
ganización no religiosa sino “a favor de la vida, la familia tradicional y la moralidad; somos 
pro americanos, lo cual significa una fuerte defensa nacional y un Estado de Israel fuer¬ 
te”. Este movimiento formalmente ya no está activo, pero sus actores más relevantes están 
presentes en el movimiento Tea Party y en otros sectores de la derecha religiosa. Llevan 
adelante organizaciones como Capítol Ministries, apoyan grupos conocidos en Latinoa¬ 
mérica como Parlamento y Fe 10 (dirigido en Uruguay por Gerardo Amarilla) y organizan 
desayunos de oración con los presidentes de Estados Unidos, en uno de los cuales participó 
recientemente Alvaro Dastugue. 

Este modelo norteamericano es el que ha guiado y acompañado las expresiones de 
este “despertar” religioso en la política latinoamericana. Por parte de estos actores existe 
un sentimiento de un nuevo gran avivamiento religioso y político; muchos de los eventos 
que organizan estos grupos se titulan “Nacidos para gobernar”. Este entusiasmo se basa en 
los triunfos que se capitalizan en la región: en 2016 el “no” sobre el plebiscito por la paz en 
Colombia y la presidencia de Jimmy Morales en Guatemala; en 2017 el triunfo de Donald 
Trump y la destitución en Perú del presidente Pedro Pablo Kuczynski; en 2018 el avance 
parlamentario evangélico conservador en Costa Rica y la elección de Jair Bolsonaro en Bra¬ 
sil. Estas son algunas de las banderas de victoria contra el enemigo que se levantaron en el 
II Congreso por la Familia y por la Vida organizado en Punta del Este por este sector y que 
hace pocas semanas realizó su tercera edición en Panamá. En esta nueva instancia dos dipu¬ 
tados evangélicos del Partido Nacional han asumido cargos de liderazgo en la región: por 
un lado, Alvaro Dastugue asumió como secretario de este congreso y, por el otro, Gerardo 
Amarilla asumió la presidencia de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos 
(que tiene por objetivo defender los cuatro ejes del discurso anti género). Amarilla declaró 
al portal Evangélico Digital su intención de “conformar una instancia política internacional 
que articule esfuerzos, sistematice pensamiento y experiencias, y que formule estrategias 
comunes, para proteger los fundamentos cristianos que han sostenido a las sociedades de 
la región”. 

Este discurso en defensa de la familia tradicional, la soberanía, los valores y contra la 
perspectiva de género tiene una estrategia clara y sus avances están plasmándose en la re¬ 
gión. Articula el discurso militarista en temas de seguridad, una agenda moralista fundada 
en lo religioso tradicional para las políticas sociales y una familia tradicional y fuerte que 


10 https://ladiaria.com.uy/articulo/2015/6/encuentro-con-el-senor/ 


197 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


garantice la presencia de un Estado mínimo (que no intervenga en el desarrollo y creci¬ 
miento del neoliberalismo económico). 

Consultada la Dra. Mariana Mota, directora de la Institución Nacional de Derechos 
Humanos, al respecto de la consolidación de una bancada parlamentaria religiosa y militar, 
afirmo que: “Existe un paquete conservador que guía a estos grupos, no es solo elfoco de homo¬ 
sexualidad o género, sino es la respuesta a una sociedad que “se ha descarrilado”, que ha avan¬ 
zado demasiado en determinadas cosas. Estas expresiones captan al uruguayo conservador que 
existe, hay un cierto sector de la sociedad que no está de acuerdo con el avance en la protección 
de derechos.” Este planteo nos recuerda que el riesgo no está dado solo por una pertenen¬ 
cia religiosa conservadora del parlamento, sino que este fenómeno político representa una 
reacción social más amplia y arraigada en nuestra sociedad desde tiempos de la dictadura. 

La Dra. Mota ubica que este discurso conservador militar tiene una veta tradicionalista 
religiosa que se buscó instituir en la dictadura: “Una familia con roles establecidos de forma 
tradicional que se une con la ideología militar, un concepto defamilia occidental y cristiana que 
sustentó la dictadura”. Esta simbología militar y católica, también reapareció en las misas del 
ejército celebradas durante los últimos cuatro años (2016-2019) en la catedral. Estas misas 
fueron denunciadas por diversos colectivos como violatorias de la laicidad del Estado 11 . 

Los principales referentes de Cabildo Abierto han afirmado su lucha contra la “ideo¬ 
logía de género” y han dado una explicación religiosa a su accionar político. Durante la 
campaña existieron varias referencias a Dios desde una perspectiva católica tradicionalista 
y ejemplo son las palabras del senador por Cabildo Abierto, Guillermo Domenech que 
198 afirmo: “Dios nos ha mandado a Manini Ríos para encabezar a los artiguistas” 11 . 

Sacar al gobierno satánico 

El voto confesional, es un fenómeno que no se ha podido comprobar como tal en las 
elecciones de los países de la región, pero sí ha quedado claro en estos últimos años, que la 
variable religiosa y la agenda moral que despliegan estos grupos de interés se ha vuelto un 
tema ineludible para comprender el ascenso de las nuevas formas de la derecha de la región. 
Con voto confesional, nos referimos a que la religión del votante o la dirección política 
que un líder religioso quiera dar a su feligresía marque de forma determinante su voto en la 
urna. Lo que si podemos afirmar como bien indica Kourlinadsky “Las mayorías pentecos- 
tales votan por las derechas y no por las izquierdas” 13 . 


11 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Denuncian-violacion-a-la-laicidad-del-comandante-Feola-y- 
otros-militares-uc719306 

12 https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/10/candidato-a-vice-de-cabildo-abierto-dios-nos-ha-mandado-a- 
manini-rios-para-encabezar-a-los-artiguistas/ 

13 Kourliandsky, J.J. (2019). Democracia, evangelismo y reacción conservadora. Iglesia y Sociedad, P. 141. 



En el caso uruguayo, donde el sistema partidario ha sido históricamente central en la 
definiciones políticas, se desprende de la encuesta de febrero del 2019 realizada por Opción 
consultores y dirigida por Rafael Porsecansky, una mayor intención de voto hacia el Partido 
Nacional entre católicos y creyentes de otras religiones, mientras que sucede lo contrario 
en el Frente Amplio. 

El pastor Jorge Márquez, auto-proclamado apóstol, principal líder y fundador de la 
Iglesia neopentecostal Misión Vida y los Eíogares Beraca, se ha destacado por su encendido 
discurso político contra la agenda de género, diversidad y legalización del canabis en varios 
campamentos de Beraca, entrevistas en medios y en las predicas que se pueden ver en su 
perfil de redes sociales o en los espacios televisivos. En entrevista con un ex-integrante de 
Beraca nos cuenta que: “cuando terminan los oficios (celebración religiosa)ponen como ejem¬ 
plo la estrategia que usó Bolsonaro en Brasil para poner gente en el parlamento, para que vote 
de acuerdo a las enseñanzas de Cristo y deroguen las leyes diabólicas que aprobó este gobierno, 
diciendo que este gobierno y el parlamento están gobernados por el diablo”. En esencia, el dis¬ 
curso era este: “no podemos dejar el gobierno en manos de gente que seguía por idea satánicas, 
por eso debemos llegar al poder cueste lo cueste”. 

En la misma línea va lo que expresó el pastor argentino Hugo Márquez -hermano de 
Jorge Márquez-, en el congreso por la familia y por la vida organizado en Punta del Este por 
los líderes de la bancada evangélica regional. “Nosotros estamos con nosotros. Ellos (habla de 
los partidos políticos) nos usaron a nosotros y nosotros los estamos usando. Les vamos a meter 
gente en el parlamento con cualquier partido” 14 . 

En las lista 880 de Montevideo, Canelones, San José y Maldonado para las elecciones 
de octubre, al igual que en otras listas departamentales del “sartorismo”, las mismas están 
conformadas por un buen porcentaje de pastores, referentes de las “células” de la iglesia y 
los líderes de los hogares. Las células eran reuniones en casa de familia donde un grupo de 
5 a 20 personas se encontraban a contar su testimonio de fe, realizar trabajo social y prose- 
litismo religioso, en los lugares más humildes. Según nos cuenta Juan y es visible en el sitio 
web de la iglesia, en camino a la campaña política las células dieron lugar a los grupos de 
amigos: “ahora se usó ese espacio para bajar línea política, para decir las cosas que se dicen en 
un club político. Mucha gente abrió las puertas de su casa honestamente, para ayudar gente que 
quería sacar a las personas de la droga, pero entonces estos lugares se convirtieron en espacios 
donde oponerse al gobierno y juntarfirmas primero contra la ley transy ahora para las listas”. 

En el año 2018 el diputado Oscar Grobba presidió la comisión de financiamiento de 
partidos políticos, que concluyó en su informe que con el juicio llevado adelante por el 
imprentero por el pago de la impresión de listas con un cheque de la cuenta de la iglesia y 
por diversos testimonios de internos, se comprobó que el diputado Dastugue y la entonces 
senadora Alonso utilizaron a internos de los hogares y recursos de la iglesia para la campaña 


199 


14 


Cariboni, Diana. El género el nuevo demonio, diciembre 2018, Revista Caras Uruguay. 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


electoral 15 . Aunque tanto los dirigentes del sector como los líderes de la iglesia lo siguen 
negando, siguen apareciendo insumos que dan cuenta de que esta fue una práctica en junio 
y octubre del 2014 y del 2019. 


200 


Salvar al mundo del caos 

Muchos de los actores políticos que provienen del mundo religioso conservador o mi¬ 
litar no creen en la democracia como la mejor forma de organización social, sino que es solo 
un medio transitorio para alcanzar sus objetivos. El pastor Márquez, uno de los principales 
líderes religiosos contra la perspectiva de género y derechos en Uruguay, anunciaba en los 
dos domingos previos a las elecciones de octubre, una reunión en su iglesia principal, don¬ 
de predicaría para todas sus iglesias del país el diputado Dastugue. El anuncio de esta im¬ 
portante actividad decía lo siguiente: “ Las democracias funcionan bien, cuando gobiernan 
personasjustas. Las monarquías también, si los gobernantes son justos. No se trata de sistemas 
ni de ideologías, se trata de que las personas que gobiernan sean justas”. 

Sobre este tema la Dra. Mota reflexionaba que: “La democracia tiene sus virtudes y 
sus propios enemigos internos, la democracia habilita todas las ideologías, inclusive a los anti¬ 
democráticos, la democracia permita que todos se expresen (...) La democracia habilita algunas 
expresiones que luego bastardean el sistema democrático. ” S in duda la sociedad civil tendrá un 
desafío muy importante en este nuevo periodo parlamentario como contralor de que no se 
use el parlamento para atacar derechos consagrados. 

En el libro “Gobierno Mundial y fin del mundo”, Jorge Márquez, explica como a partir 
del análisis que realizó de diversa bibliografía, llegó a la conclusión de que existe un com¬ 
plot para destruir el mundo. Este plan estaría orquestado por la ONU, el Banco Mundial, 
la masonería, los Iluminad, la Reserva Federal, el Club de Bildelberg, las familias Roths- 
child, Rockefeler y Soros, entre otros que estarían abocados para establecer el Nuevo Or¬ 
den Mundial. 

En camino a este nuevo orden, según interpretaciones bíblicas de los libros de Daniel, 
Juan y el Apocalipsis, primero se debe pasar por un estado de anarquía y caos, que sería el 
momento en el que actualmente nos encontramos, con señales como catástrofes climáticas, 
la persecución de los cristianos y el desorden moral. 

Otra señal geopolíticamente relevante es el re establecimiento del pueblo elegido de 
Dios en el Estado de Israel con su capital en Jerusalén, por esto es tan importante este tema 
para gobiernos como Bolsonaro, Trump y sus socios que aplican un sionismo cristiano. 
Luego de estos hechos vendría un gobierno único central que sería el nuevo orden mundial 
dirigido por Satanás que luego sería destruido en el Armagedón, y culminaría con la segun¬ 
da venida de Cristo y el establecimiento del Reinado de Cristo desde Jerusalén. 


15 https://ladiaria.com.uy/articulo/20 18/6/imprentero-aseguro-que-habia-vinculo-directo-entre-alonso-y- 
la-iglesia-mision-vida/ 



Aunque esta narrativa suene a ciencia ficción o relato mítico, es importante compren¬ 
der estas lógicas porque son influyentes en la política internacional y la geopolítica de varios 
países latinoamericanos y el propio EE.UU. Por esto los gobiernos de izquierda y estos or¬ 
ganismos internacionales son el propio Satanás, que han llevado al “caos moral” que ahora 
es necesario mitigar. 

Según entiende Márquez, la destrucción de la familia tradicional, de la propiedad pri¬ 
vada, de la autoridad y del orden es financiada por parte de estos centros de poder. Con 
agendas que buscan promover: el control poblacional, el aborto, la eutanasia, el desarrollo 
de la mujer, la diversidad sexual y hasta la marihuana. En sus palabras “existe una gran co¬ 
nexión entre los derechos de la cultura gay, los matrimonios entre personas del mismo sexo, los 
derechos sexuales y reproductivos y las maquinaciones de los mundialistas. (...) no se trata de 
derechos, sino de una guerra abierta contra el crecimiento poblacional. Y de la implementación 
de ideologías y prácticas, que obedecen a valores contrarios a los tradicionales (...) Los derechos 
sexuales, significan adulterio, fornicación e infidelidad asistida y legalizada” 16 . 

En esta teología, existe una fuerte dualidad entre los escogidos y los apartados, “noso¬ 
tros los hijos de la luz estamos en contra de los hijos de la tinieblas, los hijos del mundo”. 
Existe una narrativa de adentro y afuera, un fuerte enfoque sectario, donde hay un nosotros 
y un ellos, y esto es un medio para lograr la cohesión interna. El “mensaje a-político” dado 
en este tono dramático permite mantener la carga emocional y es el medio para mantener 
una tensión particular de confrontación. 

Esta narrativa apocalíptica de apartamiento del mundo de los escogidos, ha sido des¬ 
plazada o complementada por otra narrativa, el gobierno está tomado por leyes satánicas y 
por eso debemos actuar. En una columna de opinión pocos días antes de las elecciones, el 
propio Márquez afirmo: “el Frente Amplio alcanzó el poder y lleva quince años. Asumió ante 
la ciudadanía una postura permisiva complaciente en temas como el casamiento de personas 
del mismo sexo, la legalización de drogas y subsidios a personas transexuales. Estas fueron al¬ 
gunas de las cosas que encendieron la alarma ” 11 . En este sentido el énfasis del discurso de 
las bancadas evangélicas es actualmente que la política es el campo misionero que habían 
abandonado y ahora deben dar una guerra espiritual que también se traduce en el campo 
político. 

Acciones políticas anti-género 

Uruguay se ha destacado a nivel mundial por sus avances legislativos en temas de di¬ 
versidad y género, esto también le ha valido ser visto por estos grupos conservadores, como 
el mal ejemplo. En este sentido MYSU (Mujer y Salud Uruguay) presentó en octubre del 

16 Márquez, Jorge. Gobierno mundial y fin del mundo. El entramado oculto detrás del próximo gobierno 
mundial y su conexión con la destrucción del planeta. Pesur, Montevideo, 2011. 

17 https://www.evangelicodigital.com/mision-vida/ 10060/frente-amplio-y-sus-antivalores-podrian-perder- 
en-uruguay 


201 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


2019 un informe titulado “Políticas anti género en América Latina, Uruguay el mal ejem¬ 
plo”. En el mismo se detalla por un lado la genealogía del concepto “ideología de género” y 
por el otro un mapeo y un proceso histórico de los avances de estos grupos en nuestro país 18 . 

En este informe LiliánAbracinskas afirma que existe una continuidad ideológica en 
estos grupos conservadores: “Los históricos grupos anti-aborto ahora también son los anti¬ 
educación sexual y anti-diversidad, los que cuestionan cualquierforma defamilia que no sea la 
tradicional y sus expresiones encierran, aunque pretendan disimularlo, contenidos misóginos 
y homolesbotransfóbicos. No reconocen la violencia e injusticia de género pero sí sustentan un 
discurso de inseguridad y militarización de la sociedad para combatir la delincuencia ” 19 . 

Es importante tomar en cuenta que estos grupos detectados como anti-genero actúan 
en al menos tres niveles: grupos de la sociedad civil (A mis hijos no los tocan, Varones Uni¬ 
dos, Stop Abuso, Madrinas por la vida, Beraca) legisladores y lobby parlamentario (desde 
las bancadas religiosas y ahora militaristas) y por último han desarrollado una fuerte pre¬ 
sencia en los organismos internacionales como la OEA y la ONU. 

En la Asamblea de la OEA del 2019 lograron la participación de más de 90 organi¬ 
zaciones evangélicas pro-vida y pro-familia 20 , en 5 coaliciones, entre ellas varias de nuestro 
país. Se busca además que 10 entidades sean representantes permanentes de la OEA. Según 
Aarón Lara que preside El Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, el próximo 
paso es fortalecer la presencia en la ONU e “incidir en el Fondo Monetario Internacional, 
de donde fluye, no la leche y la miel, pero sí los millones de dólares que abanderan todas estas 
causas y en la Organización Mundial de la Salud y en la Unesco, que es donde se forma y se 
202 regula la cultura” 11 . 

Un último llamado de atención: en Uruguay ha existido un trabajo histórico de orga¬ 
nizaciones de inspiración cristiana en defensa de los derechos humanos, como es el propio 
SERPAJ, el SEDHU, organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica e iglesias protestantes. 
En este sentido muchas ongs desarrollan desde hace muchos años convenios con el Estado, 
siendo el Movimiento Tacurú (Iglesia Católica), la Iglesia Anglicana y Juventud para Cristo 
las primeras organizaciones religiosas en establecer convenios con el Estado en el primer 
gobierno municipal de Tabaré Vázquez. 

En el contexto de desarrollo del MIDES y el Plan CAIF aumentó y se diversificó la 
presencia de organizaciones religiosas para el trabajo en políticas sociales. En este sentido 


18 http://www.mysu.org.uy/multimedia/noticia/poIiticas-antigenero-en-latinoamerica-uruguay-el-mal- 
ejemplo/ 

19 Idem. 

20 https://www.evangelicodigital.com/multimedia/video/8349/el-informativo-participacion-evangelica- 
en-oea-y-festimadrid 

21 Cariboni, Diana. El género el nuevo demonio, diciembre 2018, Revista Caras Uruguay. 



es importante reflexionar acerca de cómo el Estado garantiza el principio de la laicidad y la 
perspectiva de derechos humanos principios centrales para una política pública 22 . 

Sin quedarnos paralizados por el miedo o abrumados por los desafíos, nos queda pen¬ 
sar cómo desde la sociedad civil, academia, grupos religiosos, medios de comunicación y 
actores políticos comprometidos con la agenda de derechos se establecen también alianzas 
y confluencias de reflexiones y acciones. Porque lo que está en riesgo es la vida de las muje¬ 
res, de las personas de la comunidad LGTBI, la autonomía progresiva de los niños y niñas 
y la democracia. 


203 


22 Iglesias Schneider, Nicolás “Laicidad, género y religión: Una perspectiva de derechos humanos sobre un 
vínculo tan humano como complejo” Red Uruguaya contra la violencia doméstica, 2018, Montevideo. 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


204 



Foto: Santiago Mazzarovich 


Vuelan palos: respuestas y discursos punitivos al 
problema de la seguridad interna 


Andrea Sorondo | Camila Brusoni | Forencia Casarotti 
Florencia Lemos I Tamara Samudio 1 


1. Introducción 

No hay retorno. La derechización del discurso dominante sobre la seguridad inter¬ 
na se consolida año tras año. Los reclamos punitivos y de soluciones “de mano dura” per- 
mean todo el entramado social y político. El año 2019 se presentaba como de particular 
importancia en la construcción de relatos alternativos o consolidación de los ya discursos 
hegemónicos, dado el transcurso de una campaña electoral donde no sólo el tema de la 
seguridad surgía como el reclamo central de la oposición y opinión pública, sino además de 
la presentación de una propuesta de reforma constitucional de corte fuertemente represivo. 
Los discursos y resultados obtenidos en relación al tema merecen un profundo análisis so¬ 
bre quiénes son y qué argumentan aquellos que proponen y fomentan respuestas que con- 

1 Integrantes de Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). 






solidan modelos punitivos y autoritarios. Sobre todo, para comprender cómo un fenómeno 
tan complejo, de causas y aspectos multidimensionales, se transformó en una problemática 
cuya solución parece ser unidireccional: estigmatizar, reprimir y castigar. 

Las siguientes secciones intentarán dar cuenta del proceso de derechización del discur¬ 
so de la seguridad interna a partir de debates instalados en los últimos años, la descripción 
de las políticas desplegadas por el gobierno, las consecuencias de dichas acciones en el te¬ 
rritorio y los resultados obtenidos en las elecciones de octubre, que consolidan la presencia 
de un parlamento conservador, con propuestas y acuerdos que profundizan la perspectiva 
punitiva. 

2. Derechización del discurso sobre la seguridad interna 

Hace ya varios años que la seguridad se sitúa como el principal problema para los uru¬ 
guayos/as, según indican las encuestas de opinión pública. El aumento de los delitos contra 
la propiedad —hurtos y rapiñas—, de los delitos contra las personas —lesiones y homici¬ 
dios— y de los delitos de drogas, acompañado de la mediatización y espectacularización del 
debate por parte de los medios masivos de comunicación, resultan un escenario propicio 
para la elaboración de medidas simplistas. Reduciendo así la complejidad del problema, en 
pos de que el elenco político pueda brindar respuestas inmediatas ante la creciente deman¬ 
da pública. 

El “populismo punitivo” como respuesta al tema de la seguridad, busca legislar desde 
un caso concreto —que ha sido foco de mediatización y espectacularización por parte de 
los medios masivos de comunicación— y volverlo regla general. Esta forma de gobernar el 
tema de la seguridad se reproduce “de abajo a arriba” instalándose como una demanda de 
la opinión pública y también se produce “de arriba hacia abajo” mediante la aprobación 
sistemática de nuevas leyes penales 2 . 

En cuanto a las mediciones de las encuestas de opinión pública, es un hecho relati¬ 
vamente reciente que la seguridad se presente como el principal problema. Si se observa 
la evolución de los posicionamientos en los diferentes temas durante las últimas décadas: 
entre 1997-2007 el principal problema para la población uruguaya no era la seguridad, 
sino la desocupación. En 1997 el 54% de la población declaraba como mayor problema al 
desempleo, mientras que la seguridad ocupaba el quinto lugar con un 5%. En 2002 los po¬ 
sicionamientos sobre la desocupación se acentúan y alcanzan el 69% de las mediciones. Es 
en 2007 que por primera vez la seguridad trepa, hasta ocupar el segundo lugar. A partir de 
2012 se convierte en el primer problema registrado en las encuestas, con el 42% del apoyo, 
mientras que sólo un 3% sostiene a la desocupación como principal problema 3 . 


205 


2 Vernazza (2015) “Los dilemas de las políticas de seguridad en los gobiernos de izquierda. Uruguay 2005- 
2014”. 

3 https://portal.factum.uy/analisis/2019/anal90605b.php 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


206 


En el plano legislativo, es a partir de 1995 —con la aprobación de la ley N.° 16707 
de Seguridad Ciudadana— que se inicia un camino ascendente de “populismo punitivo”: 
aprobando año tras año la creación de nuevos delitos y el aumento de penas a conductas ya 
tipificadas. Los motivos explicativos y analíticos del fenómeno reflejan dicha consolidación 
conservadora. Mientras diez años atrás los y las uruguayas encontraban en razones sociales 
y económicas las explicaciones al delito y su tendencia creciente, en la actualidad toman 
fuerza los motivos “en torno al discurso de la degradación ‘moral’: crisis de valores, ausencia 
de límites, falta de respeto, debilidad consumista, rechazo del principio de autoridad, etc.” 4 . 

El populismo punitivo como respuesta al tema de la seguridad ha dado como resultado 
un crecimiento sostenido de la población carcelaria. Mientras que en 1997 la cantidad de 
personas privadas de libertad en Uruguay era de 3.636, esta cifra ha ido evolucionando has¬ 
ta alcanzar en abril de 2017 un récord histórico, con un total de 11.253 personas privadas 
de la libertad 5 . Según los datos del Comisionado Parlamentario, a setiembre de 2019 el 
total de personas encarceladas era de 11.193 6 .Uruguay es el tercer país con la tasa más alta 
de prisionización en América Latina, apenas por debajo de la tasa de Brasil y con mayor 
cantidad de presos por habitante que Colombia, Chile o Argentina 7 8 . 

La selectividad del punitivismo, en cuanto a la aplicación del castigo por parte del 
poder judicial y la acción policial, pone en evidencia un claro relato de estigmatización y 
criminalización de la pobreza. La mayoría de las personas presas son varones, jóvenes y que 
se encuentran en situación de pobreza. De esta forma la selectividad se expresa a través de 
ciertos mecanismos que se ejercen para captar a determinadas personas y conductas. 

El consenso punitivo como respuesta a los problemas de seguridad, iniciado en la dé¬ 
cada de los 90, fue continuado por los gobiernos frenteamplistas —en particular durante el 
segundo y tercer gobierno. 

La seguridad ingresó en la campaña electoral de la mano de la agenda de derecha. Ya 
en la campaña de 2009 el precandidato del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, prometía 
que, de llegar al gobierno, crearía una guardia nacional militar. El frente Amplio, por su 
parte, incorporó como uno de sus ejes para esa campaña el de “más seguridad”. Desde 2010, 
iniciada la cartera de Bonomi al frente del Ministerio del Interior, el presupuesto nacional 
dedicado a la seguridad interna no ha dejado de crecer 5 . Ya en 2011 queda delimitado el 
viraje punitivo de las políticas de seguridad del frente Amplio, clarificadas en declaraciones 
del ministro Bonomi: “Acá hubo un primer paradigma, el de la represión, y fracasó. Luego 


4 Mosteiro, Lagos, Paternain, Samudio, Salamano, Tomasini (2016): Adolescentes, jóvenes y violencia poli¬ 
cial en Montevideo. Una aproximación descriptiva. Cuadernos de Ciencias Sociales y Políticas Sociales, nro. 6, 
UdelaR. 

5 Informe Anual Comisionado Parlamentario, 2017. 

6 https://parlamento.gub.uy/cpp 

7 https://www.prisonstudies.org/ map/south-america 

8 https://www.elpais.com.uy/que-pasa/ seis-anos-efecto-bonomi.html 



se pasó al paradigma de lo social, en el que se afirmaba que con políticas sociales se lograba 
reducir el delito. También fracasó. Hoy nosotros vamos a una síntesis de ambas políticas. 
Cumplimos con nuestra tarea de prevención, represión y castigo del delito, y al mismo 
tiempo colaboramos con los ministerios que impulsan las políticas sociales. Ese es el nuevo 
paradigma que estamos llevando adelante” 9 . 

En 2012 tuvo lugar el “crimen de La Pasiva”, las imágenes del asesinato de un trabaja¬ 
dor generaron conmoción nacional y el entonces presidente José Mujica llamó a la ciudada¬ 
nía a un tiempo de reflexión para generar propuestas en materia de seguridad. A las semanas 
se hicieron públicas las 15 medidas de la “Estrategia por la vida y la convivencia” presen¬ 
tadas por el Gabinete de Seguridad. Esta estrategia contenía propuestas que apuntaban a 
mejorar la integración social (mejoramiento de espacios públicos, reparación a las víctimas, 
regulación del mercado de cannabis), pero también incorporó medidas centradas en mejo¬ 
rar la represión y el castigo (aumento de penas para los delitos relacionados con pasta base, 
reinstalación de la Ley de Faltas, mejora de la eficiencia policial). Se reforzó así el “nuevo 
paradigma”, mediante el viraje punitivo de la política de seguridad del Frente Amplio. 

La sensación de inseguridad y la demanda de mano dura, conformadas bajo el relato 
de estigmatización de la pobreza, colocó en primer lugar a los jóvenes como entelequia pe¬ 
ligrosa, vinculados a las drogas y al delito. Con los comicios electorales de 2014 tuvo lugar 
el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad, impulsado en aquel entonces por el can¬ 
didato colorado Pedro Bordaberry. Esta reforma finalmente no fue aprobada, pero alcanzó 
un 46% del apoyo electoral. La existencia de una fuerte campaña en contra al plebiscito, 
liderada por la comisión No a la Baja, logró acumular las fuerzas del progresismo partidario 
y social, con una fuerte impronta en la juventud. 

Los “menores infractores” salieron del foco del debate mediático asociado al delito, 
dando lugar a nuevas reformulaciones acerca de los problemas de inseguridad. Los delitos 
violentos —en particular los homicidios—, el crimen organizado y el narcotráfico pasaron 
a ocupar el foco como agente peligroso que desestabiliza la autoridad del Estado. Uruguay 
es uno de los países más seguros de América Latina, pero las propias autoridades nacionales 
declararon que en este país estaban ocurriendo procesos similares a los sucedidos en Brasil 
durante las conformaciones de las favelas 10 . 

El “nuevo paradigma” de la política oficial, que asume al punitivismo y la represión 
como la herramienta para gobernar en materia de seguridad, ha sido acompañado por un 
creciente apoyo a la institución policial y militar según los sondeos de confianza en las ins¬ 
tituciones del Latinobarómetro 11 . 


207 


9 http://www.lr21 .com.uy/política/475164-no-son-razzias 

10 https://www.180.com.uy/ articulo/18448_Bonomi-defendio-megaoperativos 

11 Entre 2011 y 2018, la confianza en las FFAA por parte de los uruguayos aumenta en Mucha confianza de 6 
a 26%, y en la policía de 11 a 19%, mientras que en los Partidos políticos para el período considerado disminuye 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


208 


La necesidad instalada del “restablecimiento del orden” y de “escuchar al pueblo” se 
consolidaron en la figura del senador Jorge Larrañaga, quien, con ánimos de recuperar la 
centralidad en el sistema político uruguayo, presentó la propuesta de reforma constitucio¬ 
nal “Vivir sin Miedo”. En el lanzamiento de la campaña, Larrañaga argumentó que el tema 
de la inseguridad trasciende a las ideologías y a los partidos: “El miedo no tiene ideología, 
la inseguridad no se viste de frenteamplista, de colorado, de blanco, de independiente o del 
partido de la gente, nos pega a todos los uruguayos de igual forma y es necesario decir basta. 
Hay que pasar de las palabras a los hechos” 12 . 

3. Hechos no palabras: el punitivismo como respuesta 

Bajo estos discursos y representaciones acerca de los delitos en nuestro país es que se 
consolidan las propuestas, medidas y acciones de corte represivo y punitivo en torno a la 
seguridad. Paternain 13 caracteriza a este período por la consolidación de una hegemonía 
conservadora en lo que tiene que ver con la seguridad, violencia y delito. La noción de 
seguridad se instala como una fuerza socio-política, que construye discursos y sentidos, a 
partir de los cuales observa y plantea el problema. Se instala la idea de que la inseguridad 
tiene que ver con una serie de delitos específicos (delitos hacía la propiedad), cometidos 
por determinados tipos de personas (pobres, jóvenes), y que la solución para ello implica 
reforzar a las fuerzas de seguridad y el incremento de castigos. Esto trae como resultado un 
aparente consenso punitivo entre sistema político, los medios masivos de comunicación y 
la opinión pública. 

Acompañado al clima social se introducen una serie de políticas focalizadas mediante 
la creación de dispositivos policiales y leyes para intervenir sobre y en el delito. En 2011 
se crea la Guardia Republicana que se suma como nueva fuerza de choque a las ya existen¬ 
tes Guardia Metropolitana, Guardia de Coraceros y los Grupos Especiales (GEO, Grupo 
Especial de Operaciones) que se distribuyen en las distintas jefaturas. Este mismo año se 
ponen en funcionamiento los megaoperativos de saturación, que consisten en un desplie¬ 
gue de móviles policiales y de patrullaje, con la colaboración de la fuerza aérea para la reali¬ 
zación de varios allanamientos. En el año 2013, en materia legislativa se sanciona la Ley N° 
19.120: Faltas y Conservación y Cuidado de los Espacios Públicos. 

Tal como se mencionó en el apartado anterior, durante el plebiscito del año 2014 se 
instaló como protagonistas de la inseguridad a los adolescentes en conflicto con la ley pe¬ 
nal. El plebiscito fracasó pero el sistema político —durante los años 2011 y 2013— votó 


de 4 a 2%, y en el Congreso la alta confianza decrece de 10 a 6%. Ver en http://www.latinobarometro.org/lat. 
jsp 

12 https://www.elobservador.com.uy/nota/larranaga-lanzo-la-campana-vivir-sin-miedo-para-combatir-la- 
inseguridad-201852320590 

13 Paternain, R., La hegemonía conservadora en el campo de la seguridad. Una interpretación del caso uru¬ 
guayo, Crítica Contemporánea. Revista de Teoría Política, N°2 Nov., Montevideo, 2012 - ISSN 1688-7840. 



tres reformas normativas al Código de la Niñez y Adolescencia (CNA): la Ley N° 18.777 
Penalización de la Tentativa en el Delito de Hurto, la Ley N° 18.778 Mantenimiento de los 
Antecedentes Judiciales y la Ley N° 19.055 que establece un régimen especial para mayores 
de 15 y menores de 18 años. 

Por otra parte, el año 2015 marca el inicio del Programa de Alta Dedicación Operativa 
(PADO), un sistema de patrullaje focalizado en zonas delimitadas por la concentración 
de denuncias de delitos vinculados a la propiedad —rapiñas, hurto, copamientos. Para su 
implementación, se formaliza en el trabajo territorial a la Guardia Republicana 1 ' 1 . 

Asimismo, se coloca a la seguridad en otras esferas como la tecnologización del con¬ 
trol mediante la videovigilancia, a nivel territorial se destaca la conformación de grupos de 
“Vecinos en Alerta”, la elección de vivir en barrios privados, la contratación de sistemas de 
seguridad privada, la instrucción en autodefensa. De esta forma, se alimenta la cultura del 
miedo. 

En una realidad vigente hace décadas —de aumento sostenido de las denuncias a deter¬ 
minados tipo de delitos— el discurso punitivo fue fácilmente asimilable para una derecha 
deseosa de golpear al gobierno; pero también de difundir un discurso de profundización 
de la lógica del pensamiento conservador, de exclusión, selectivo y represivo, enfocándose 
en la seguridad ciudadana. 

4. Efectos en el territorio: violencia policial y gatillo fácil 

Los programas de acción policial desarrollados en los últimos años vinculan fuerte¬ 
mente el delito con el lugar del hecho, “lo que significa plantear la hipótesis de que los 
microterritorios tienen características físicas y sociales que incrementan las oportunidades 
para cometer delitos”. 15 El formato y dispositivos de despliegue de las fuerzas policiales en el 
territorio genera efectos estructurantes en la vinculación y apropiación del espacio público 
por parte de quienes lo habitan. En este marco es que tiene lugar la violencia policial. 

Violencia policial y estigmatización territorial son procesos que se retroalimentan. La 
estigmatización en determinados barrios y etiquetamientos a determinada población per¬ 
mite la “habilitación” y “legitimación” de prácticas policiales que generan mayor violencia 
y choque. En este sentido, el estudio realizado en 2014 y 2015 por Serpaj, Facultad de 
Ciencias Sociales, Ielsur e Iesta, advierte el policiamiento focalizado y la estigmatización de 
jóvenes de entre 13 y 29 años de edad, a través del relevamiento y análisis de las intervencio¬ 
nes policiales en Montevideo. Se recoge que, del alto volumen de intervenciones en la vía 
pública (16,4% de los adolescentes y jóvenes), la amplia mayoría se desarrolla en las zonas 


14 Se prevé que a 2017 existían cerca de 400 efectivos de la Guardia Republicana realizando tareas en el pro¬ 
grama. Ver en Pérez, Samudio (2017): Mismas acciones en modernos disfraces: Programa de Alta Dedicación 
Operativa, en Informe Anual Derechos Humanos 2017, Serpaj. 

15 Pérez, Samudio (2017) Ibídem. 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


210 


noreste y noroeste de la ciudad (82 de 100 de ellas). Además, la mayoría de quienes fueron 
parados son jóvenes varones (28,9%), que fueron parados por la policía de forma reiterada 
(65% de ellos más de una vez) y la mayoría de ellos habitan las zonas más vulneradas y de 
menor recursos socioeconómicos. En relación al trato recibido en las intervenciones, “la 
violencia y el trato inapropiado también se intensifican a medida que empeoran los indi¬ 
cadores socioeconómicos de las zonas de las intervenciones. Hay más violencia hacia los 
adolescentes y jóvenes que residen en los barrios más vulnerables, y hay más violencia hacia 
los que circulan por lugares diferentes a los que residen” 16 . 

El despliegue territorial de fuerzas de choque y el desarrollo de prácticas de policía- 
miento focalizado presentan datos comparados escalofriantes. La investigación periodísti¬ 
ca realizada por Brecha en julio de 2019 muestra un crecimiento sostenido de muertes en 
manos de la policía desde 2016: de 7 casos en 2017 a 17 en 2018 y a mediados de 2019 la 
cifra alcanzaba a 22 muertes. Sobre quiénes y dónde ocurren estos asesinatos, la respuesta 
no sorprenderá: varones, mayoritariamente entre 15 y 24 años de edad, concentrados terri¬ 
torialmente en la periferia de Montevideo. Además, muchos asesinatos son invisibilizados, 
ya que no se cuentan en las estadísticas de homicidios del Ministerio del Interior por consi¬ 
derarse muertes por “legítima defensa” 17 . Por su parte, El País publicaba a octubre de 2019 
que la cifra de muertos por “legítima defensa” ascendían a 31 personas 18 . 

Los espacios de institucionalidad total como las comisarías o cárceles revisten particu¬ 
lar atención, ya que la discrecionalidad en el actuar policial y la administración de la justicia 
penal es mayor. En el 2018 se registraron 37 muertes en los centros penitenciarios, 27 de 
ellas fueron muertes violentas. Al 30 de setiembre de 2019 se registraron 31 muertes, 20 de 
ellas se corresponden con violentas 19 . La última cifra disponible, al 25 de octubre de 2019, 
es de 34 muertes en cárceles en lo que va del año 20 . 

La consolidación de la política de control y represión como eje primordial en la acción 
territorial se extiende y penetra en los relacionamientos interpersonales y en el vínculo del 
barrio con la policía. A su vez, alimenta el discurso de la existencia de sujetos peligrosos, 
que atenían contra “el orden” establecido, criminalizando no sólo a personas residentes en 
barrios o territorios determinados, sino también a la protesta social, la sindicalización, los 
jóvenes, entre otras y posibles categorizaciones desarrolladas. 


16 Mosteiro, Lagos, Paternain, Samudio, Salamano, Tomasini (2016): Adolescentes, jóvenes y violencia poli¬ 
cial en Montevideo. Una aproximación descriptiva. Cuadernos de Ciencias Sociales y Políticas Sociales, nro. 6, 
UdelaR. 

17 Por quién no doblan las campanas https://brecha.com.uy/por-quien-no-doblan-las-campanas/ 

18 https://www.elpais.com.uy/informacion/policiales/ registraron-casos-fatales-legitima-defensa.html 

19 Fuente Comisionado Parlamentario, Ministerio del Interior. Disponible en: https://parlamento.gub.uy/cpp 

20 https://www.subrayado.com.uy/dos-presos-murieron-incidentes-registrados-carceles-punta-rieles-y-liber- 

tad-n564640 



5. El futuro llegó hace rato 

Los resultados electorales del pasado octubre consolidan no sólo la ausencia de un 
relato alternativo para resolver nuestros conflictos sociales, sino que coloca la discusión y 
definiciones en torno a la gradualidad en la aplicación de políticas punitivas y represivas. 
La campaña tuvo como uno de los principales temas de debate a la seguridad ciudadana y 
la falta de “respuestas efectivas” por parte del gobierno. Las soluciones planteadas en los 
discursos hacían referencia a la necesidad de desplegar más policías en el territorio, darle 
mayor poder a Guardia Republicana, ampliar el concepto de legítima defensa, combate 
frontal al narcotráfico, endurecimiento de penas y respuestas de dicho calibre. 

El parlamento encuentra sorpresivamente el ingreso de un nuevo partido militar, de 
fuerte tinte personalista, que se consolida en torno a la figura del general Guido Manini 
Ríos. Cabildo Abierto basa su campaña en un discurso y programa ultraconservador y na¬ 
cionalista, que se presenta como la voz que traslada los problemas de la gente: desempleo, 
inseguridad, y corrupción 21 . De esta forma, y bajo una magra votación del Frente Amplio 
y la izquierda, quedan las cámaras de diputados y senadores con mayoría de los partidos 
de oposición, quienes construyen una unidad basada en el rechazo y objetivo de sacar al 
gobierno. 

Como muestra de ello, la coalición de los partidos de derecha, liderados por el Partido 
Nacional, firmaron un documento programático de cara al balotaje del 24 de noviembre. El 
eje sobre seguridad, titulado “Una policía respetada, una sociedad pacífica” recoge fielmen¬ 
te la hegemonía conservadora instalada, ofreciendo respuestas simplistas y poco garantistas 
de derechos. Una muestra de ello confieren los acuerdos en torno a: declarar en estado 
de Emergencia Nacional en materia de seguridad pública, establecer el combate frontal al 
narcotráfico mediante la focalización de la represión sobre las bocas de venta, introducir 
la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales y militares, 
la creación de un registro personal de sospechosos, la construcción de cárceles de máxima 
seguridad, limitar las libertades vigiladas y extender el alcance de la Guardia Republicana. 

Observando la distribución de fuerzas al interior de la coalición de derecha, donde 
como se señaló, el partido militar de ultraderecha Cabildo Abierto logró un peso impor¬ 
tante. Y en base a las propuestas programáticas individuales de cada partido de la coalición, 
parece no haber ninguna discrepancia en torno a qué hay que hacer: respuesta al problema 
de la seguridad es más control, más castigo, más represión, más policías y más cárceles. Las 
discrepancias y futuras negociaciones tendrán más que ver con el cómo hacerlo. Ejemplo 
de ello es la creación de las nuevas cárceles. La disputa está en si ganará el empoderamiento 
de la institución militar o del mercado, creando cárceles militares como propone Cabildo 
Abierto o privatizándolas como propone el Partido Nacional. 

21 Ver artículos https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/ manini-cabildo-abierto-apoyar-segunda- 
vuelta-lacalle.html https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/10/desempleo-inseguridad-e-inmigracion-los-por- 
ques-del-mas-de-10-que-voto-a-cabildo-abierto-segun-sus-militantes/ 


211 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


212 


La apuesta oficialista no se queda atrás en materia de propuestas punitivas, dando un 
espaldarazo a su propio programa de gobierno -donde se proponen medidas no punitivas 
como la eliminación de la prisión preventiva para algunos delitos cometidos por menores y 
avanzar en la implementación de medidas no privativas de la libertad-. El candidato Daniel 
Martínez elaboró, junto a un comité de expertos, propuestas de campaña en materia de 
seguridad que refuerzan la calidad represiva de la gestión frenteamplista. Bajo la autocrítica 
de que lo que se ha hecho no es suficiente, se redobla la apuesta a la represión y a la acción 
policial. 

Un apunte interesante de éste análisis es el que surge de los resultados sobre la reforma 
Vivir sin miedo. Si bien esta reforma constitucional no alcanzó los votos que precisaba, 
obtuvo importantes triunfos en 14 departamentos 22 . Sin embargo, muchos de los departa¬ 
mentos donde la intención de voto hacia la reforma fue alta son marcos territoriales cuya 
realidad en materia de homicidios y rapiñas presentan cifras bajas en comparación con el 
resto del país. Son los casos de Flores (que no cuenta con homicidios en 2018, y contabiliza 
la menor cantidad de rapiñas del país 23 ), donde obtiene el 57,3% de apoyo; Artigas (con la 
menor tasa de homicidios del país a 2018, pero un aumento en 30 casos de rapiña para di¬ 
cho año), con el 60,9%; Durazno (con una baja tasa de homicidios, y de rapiñas denuncia¬ 
das), con una aprobación del 57,7%, o Río Negro (segunda menor tasa de homicidios y un 
número relativamente bajo de rapiñas), con un apoyo a la aprobación de la reforma de 52%. 

Los resultados de la reforma en Montevideo muestran un superior rechazo en los 
barrios con mayores registros de homicidios o delitos violentos, así como casos de gatillo 
fácil, con un promedio de entre 25 y 38% de apoyo. En tanto, son tres barrios de la zona 
sur (Punta carretas, Punta gorda y Carrasco), de alto poder adquisitivo, quienes apoyaron 
masivamente la reforma (más de 51%) 24 . 

Los datos que surgen de las pasadas elecciones de octubre deben ser miradas con mu¬ 
cha frialdad y detenimiento. La coyuntura en materia de debate y opinión pública, y los 
números globales de apoyo a este tipo de propuestas marcan la pauta de la existencia de 
un temor real en la gente frente a este fenómeno. Sin embargo, los discursos, argumentos y 
respuestas, siguen sin profundizar en las causas: ¿Qué nos lleva a sentir ese miedo? 

El miedo paraliza nuestra empatia y la llena de odio. Urge comenzar a construir otros 
relatos sobre la forma de vincularnos y de cómo gestionamos los conflictos interpersonales. 
Es necesario elaborar modelos alternativos a los hegemónicos en términos de seguridad que 
pueda comprender, pero sobre todo, trascender el miedo instalado en nuestra sociedad. 


22 https://www.minterior.gub.uy/ images/2019/PDF/hom_201 8.pdf 

23 Datos extraídos de Observatorio de Criminalidad de Ministerio del Interior. Para datos sobre homicidios 
ver: https://www.minterior.gub.uy/images/2019/PDF/bom_2018.pdf. Sobre rapiñas ver en https://www. 
minterior.gub.uy/ images/2019/PDF / rap_hur_20 18.pdf 

24 Ver mapa interactivo y datos en https://www.elobservador.com.uy/nota/mira-como-fue-la-diferencia- 
por-barrios-de-montevideo-en-el-apoyo-a-vivir-sin-miedo—20191030185520 




213 


Justicia para Plef 


(...) iihorn me pongo reguetonero violento, 
contra la opresión es a lo que me enfrento, 
estado policial y el tarado contento, 
invierto mi energía esto es pal movimiento 1 . 


El sábado 16 de febrero de 2019 Felipe Cabral, “Plef”, fue asesinado de un disparo 
frente a una casa abandonada en la Rambla República de México y Belastiquí, en el barrio 
Punta Gorda. Plef se encontraba retocando y fotografiando un grafiti que había hecho en 
la fachada de la casa días atrás. El homicidio nunca fue aclarado. 

La investigación policial determinó que el disparo había salido desde una casa aleda¬ 
ña. El dueño de la casa, un señor de 77 años, tenía denuncias por disparos con armas de 
fuego. En su casa se confiscaron varias armas sin registrar y se lo procesó por tráfico menor. 
El arma con que fue hecho el disparo que mató a Felipe nunca fue encontrada. En el mes 
de mayo, el vecino investigado —que tenía una enfermedad terminal— murió de muerte 


1 Chef Plef - dembow 2019 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Gfclt01xxkg 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 






DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


natural. Se llevó con él la impunidad de haber matado a un pibe, solo por verlo sospechoso, 
por ser joven, por no vestirse como sus hijos o por estar haciendo arte en una zona donde la 
propiedad privada vale más que la vida. 

La complicidad del vecindario, de la policía y de la prensa no se hizo esperar. Nadie vio 
nada, presunta bala perdida o ajuste de cuentas , las cámaras de video-vigilancia no captaron 
el momento de la muerte, el principal investigado de homicidio transcurrió la investigación 
en la comodidad de su living. La pieza que Plef pintó en la fachada de la casa abandonada 
en Punta Gorda —en una ciudad donde 2038 personas duermen en la calle 2 — fue tapada 
con cal. 

Pero el reclamo de Justicia para Plef —impulsada por sus allegados, amigos y cole¬ 
gas— tampoco se hizo esperar e hizo que la investigación policial no quede en la nada. Los 
relatos periodísticos resaltaron el hecho de que Felipe no era un pibe cualquiera, no tenía 
antecedentes y no vivía en un barrio pobre. Y es que “cualquiera” deja de ser “nadie” cuando 
se le pone un rostro. Plef era un artista callejero y músico reconocido en la comunidad del 
underground del rap y el hip hop. Los grafitis y pegatinas de las piezas de sus gatos con la 
palabra “volveré” se multiplicaron en las redes y en las calles. 

En una sociedad que criminaliza sistemáticamente a la juventud, el asesinato de Plef 
puso en evidencia la zona gris de la línea divisoria entre los “jóvenes de bien” y el joven 
delincuente. Mientras la relación joven-delito-criminal se constituya como la norma, mien¬ 
tras joven-grafiti-rap se presente como una anomalía, la estigmatización alcanza a todos los 
jóvenes. Son los y las jóvenes quienes ponen el cuerpo todos los días frente a la represión y 
214 el odio que esta sociedad envejecida traslada y deposita en ellos. 


2 https://www.gub.uy/ ministerio-desarrollo-social/comunicación/noticias/relevamiento-de-personas-en- 

situacion-de-calle-2019 




La actividad de inteligencia 
y las garantías del estado de derecho 


Rodrigo Rey Yureidini 1 


1. Introducción 

El objeto de esta contribución es ofrecer a los interesados algunas claves elementales 
sobre el diseño y funcionamiento de las agencias administrativas dedicadas a las tareas de 
inteligencia, a partir de la sanción de la Ley N° 19.696, denominada “Aprobación y Regula¬ 
ción del Sistema de Inteligencia del Estado”. 

Por tratarse de una aproximación panorámica intentaremos distribuir los énfasis en 
aquellos aspectos más polémicos, fundamentalmente, los referidos a la producción de in¬ 
formación de inteligencia sobre fuentes cerradas y la gravitación de los denominados “pro¬ 
cedimientos especiales” en los esquemas normativos de preservación de garantías y derechos 
fundamentales. 

El texto legal sancionado es un producto modificado del trabajo de la Comisión Espe¬ 
cial con fines de asesoramiento de inteligencia de Estado, que registraba entre sus obj etivos, la 
elaboración de un proyecto de ley integral sobre la materia. El resultado del trabajo de esta 
Comisión consiste en un borrador final, posteriormente intervenido por el Poder Ejecuti¬ 
vo, y sancionado con algunas modificaciones por la Cámara de Representantes. 

Es posible identificar una influencia clara de los resultados de la Comisión investigadora 
sobre posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, 
llevados a cabo por personal policial o militar, desde 1985 a lafecha. Y esto porque uno de los 
argumentos más recurrentemente invocados en el trámite parlamentario puede sintetizarse 
en la premisa de que cualquier diseño legislativo es más apropiado que el escenario de des- 
regularización, y de allí la premura que atraviesa la discusión, votación del instrumento y el 
escaso análisis específico de cada uno de los artículos sometidos al escrutinio de la Cámara 
de Senadores. 

2. Algunos antecedentes relevantes y las principales influencias de derecho comparado 

Estas estructuras, y en el caso de Uruguay, se mantuvieron incambiadas en la regula¬ 
ción de la actividad de inteligencia dispuesta paradójicamente en la Ley N° 15.848, que 


1 Abogado. Aspirante a Profesor Adscripto de Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad 
de la República. 


215 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


216 


en el art. 10 establecía la institucionalización de la Dirección General de Información de 
Defensa con el cometido específico de realizar actividades de inteligencia militar , “al más 
alto nivel nacional” 2 . 

Posteriormente, se identifica como antecedente relevante la Ley N° 17.930 (Presu¬ 
puesto Nacional) de 2006 que crea el cargo de Coordinador de Inteligencia, caracterizán¬ 
dolo como “departicular confianza ”, y con el cometido especial de “coordinación de los servi¬ 
cios estatales con injerencia en la materia ”. En efecto, el mapa institucional de la organicidad 
de inteligencia estaba a la fecha absolutamente indeterminado. 

En cuanto a los antecedentes y tendencias de derecho comparado, el texto contiene un 
registro literal coincidente con la Ley chilena N° 19.974 del año 2004 en algunos artículos, 
así como en las opciones políticas adoptadas a la hora de diseñar procedimientos especia¬ 
les para la producción de información estratégica. Asimismo, el texto definitivo contiene 
artículos que parecerían haber sido escritos con la consideración de la Ley N° 25.520 de la 
República Argentina, a la vista. 

3. El diseño legislativo de la Ley y los peligros de las definiciones imprecisas 

La Ley N° 19.696 cuenta con VI títulos, como dijimos, la estructura reproduce las ten¬ 
dencias de la legislación comparada a la hora de regular principios, limitaciones genéricas, 
la organización institucional, los procedimientos especiales, el tratamiento de la informa¬ 
ción reservada y los controles, parlamentarios e internos, de los sistemas de inteligencia. 

En relación con el Titulo I., que quizá sea el menos problemático, es interesante desta¬ 
car el art. 5 que regula los principios rectores, dado que parte de ellos deberían ser los ejes de 
fundamentación de las resoluciones judicial que autoricen los procedimientos especiales. 
Por otra parte, la definición de objetivos es absolutamente abstracta, y existe una debilidad 
nítida en relación con la sanción de una norma intrusiva, que además colide con el principio 
de publicidad de la actuación del Estado, y que tampoco está debidamente justificada en los 
antecedentes. Es decir, no se conoce con exactitud qué tipo de razones deben ser invocadas 
a la hora de iniciar un proceso de producción de información de inteligencia. 

En este punto se percibe la tendencia en derecho comparado de disociar {en un plano 
puramente discursivo) la producción de información como insumo de adopción de deci¬ 
siones estratégicas, de la investigación criminal guiada por una hipótesis empíricamente 
verificable 3 . En este caso, la definición de inteligencia policial es sumamente problemáti- 


2 Este artículo sería posteriormente reglamentado por el Decreto 405/99, y es indicativo de una fuerte im¬ 
pronta militar en la actividad de producción de información estratégica. 

3 En este punto podemos ubicar una de las distinciones conceptuales más importantes de la Ley, y de la tarea 
de inteligencia policial, regulada en nuestra legislación, fundamentalmente en el art. 14 de la Ley 19.315 y en el 
Decreto N° 299/2010 que organiza el funcionamiento de la Dirección General de Información e Inteligencia 
Policial. 



ca porque condensa la actividad inteligencia y la investigación criminal sin una adecuada 
precisión de límites 4 . Este es justamente uno de los puntos más polémicos, dado que como 
veremos, existe una tendencia en derecho comparado a la utilización de los informes de 
inteligencia como prueba en procesos penales. Algunos de estos problemas de precisión 
conceptual van a tener impacto, por ejemplo, a la hora de determinar el estatuto jurídico 
de la producción de inteligencia policial. Existe una clara dificultad conceptual a la hora 
de definir la actividad de los servicios de inteligencia en sentido estricto, y la relación con 
otras agencias que suministran información de inteligencia militar, inteligencia policial, e 
inteligencia económica. 

En cuanto a la enumeración de los principios, debemos atender específicamente a la 
ponderación y juridicidad para evaluar la admisibilidad de los procedimientos especiales. 
Especialmente, en relación con “ evitar que los procedimientos sean invasivos para la priva¬ 
cidad de las personas ” 5 . También es importante destacar la conceptuación de las fuertes 
abiertas y cerradas para la producción de inteligencia, porque es el punto de apoyo para 
una definición jurídica de la excepcionalidad de la utilización de procedimientos especiales 
para obtención de información a partir de fuentes cerradas, como veremos este punto esta 
imprecisamente definido en el art. 20 de la Ley N° 19.696. 

4. Imprecisiones en la identificación de los órganos que integran el Sistema Nacional 
de Inteligencia de Estado 

El título II está compuesto de cuatro grandes capítulos, que regulan la integración 
del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado (SNIE), la creación de la Secretaria de In¬ 
teligencia Estratégica de Estado 6 y del cargo específico de dirección de esta dependencia, 
entre otras disposiciones genéricas referidas al personal. A diferencia de otras regulaciones 
como la argentina, chilena o española, la legislación uruguaya no determina taxativamente 
la composición orgánica del SNIE. Es decir, otorga poderes extraordinarios -como veremos 
constituyen los “ procedimientos especiales ”- a agencias de un sistema que no se encuentra 
orgánicamente cerrado. Veamos. 

Por un lado, el art. 8 sostiene que la integración de la SNIE está determinada por la 
realización de actividades específicas de inteligencia, y, por otro lado, el art. 9 establece que 
también van a integrar el SNIE aquellos órganos que “por la información que manejaren o 
por sus capacidades técnicas ” puedan contribuir a los propósitos de éste. 


4 En este sentido, el art. 3 literal E), establece: Inteligencia Policial: activicLid que comprende lo relativo a la 
obtención, procesamiento, análisis y distribución de información relativa a la prevención y eventual represión del 
delito común y el crimen organizado en su calidiid de auxiliar de la Justicia, a través de la prevención y represión 
del delito. 

5 Ver, art. 5 literal 3), Ley N° 19.696. 

6 En cuanto al director debe ser designado por el presidente en acuerdo con los ministros del Interior, Defen¬ 
sa Nacional, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas, y requiere venia parlamentaria. 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


En síntesis, no solo no se mencionan específicamente los órganos que integran el 
SNIE, sino que además se establece una cláusula que no tiene recepción normativa en dere¬ 
cho comparado y que amplía el mapa institucional de los servicios de inteligencia 7 . 


5. Los “procedimientos especiales” de producción de información, ¿son 
inconstitucionales ? 

La Ley N° 19.696 regula los procedimientos especiales de obtención de información 
que, se supone, deberían partir de la idea de excepcionalidad frente a la regla de obtención 
de información a partir de fuentes abiertas. El art. 20 regula las interceptaciones de comu¬ 
nicaciones y toma parte de la referencia del articulado del art. Ley N° 19.974 (Chile, 2004). 
No obstante, existe un conjunto importante de deficiencias en la regulación de esta norma 
intrusiva, y que, además, nos obliga a volver sobre un tópico anteriormente referido: la 
diferencia conceptual entre inteligencia e investigación criminal. 

En primer lugar, corresponde subrayar que estos procedimientos especiales no se ins¬ 
criben en las coordenadas procesales de las técnicas especiales de investigación reguladas en 
la Ley N° 19.754 8 , o lo dispuesto por los art. 205 a 210 del Código del Proceso Penal. Esto 
porque dichos esos supuestos están guiados por la idea del umbral mínimo de sospecha, la 
inscripción de la medida en una causa judicial concreta, la existencia de elementos materia¬ 
les exteriores de concreción, de probabilidades, y fundamentalmente, de una investigación 
en curso que permita fundar la necesidad de la medida en relación con otros posibles ins¬ 
trumentos probatorios. En efecto, estos procedimientos especiales están relacionados con 
218 los objetivos de la Ley 19.696, y que apuntan al concepto indeterminado de “protección” 
de la Seguridad Nacional y la producción de información estratégica para la salvaguarda de 
los intereses nacionales. 

En otras palabras, ¿es admisible que el Estado despliegue mecanismos de invasión sobre 
la privacidad de personas que no están sospechadas de haber cometido delitos ? Después de 
todo, el art. 10 de la Constitución Nacional recoge inequívocamente el principio de legali¬ 
dad, que es el eje vertebrador de la intervención de las distintas expresiones de violencia estatal 
en las esferas de privacidad de las personas. En otras palabras, estas medidas solo deberían 
inscribirse en las coordenadas institucionales de un proceso penal, donde existe al menos un 
umbral delictivo mínimo que podría justificar la utilización de esos instrumentos. 


7 Por último y en cuanto al personal, a diferencia de otras legislaciones no se establece ninguna calificación 
específica, solo hay una referencia indeterminada a la formación militar o civil, privada o pública, nacionales 
o extranjeras, a la que pueden acceder los funcionarios. Como señalamos, otros países se registran referencias 
específicas a la imposibilidad de excusarse en función de obediencia debida, disposiciones sobre formación en 
derechos humanos, e incluso, en el caso argentino, delitos específicos para supuestos de revelación de informa¬ 
ción obtenida en procedimientos especiales (Ley 27.126). 

8 Esta Ley denominada “Ley Integral Contra el Lavado de Activos”, contiene la regulación de los mecanismos 
especiales de investigación, entre los cuales se encuentran la interceptación de comunicaciones y la utilización 
de agentes encubiertos. 



Por lo tanto, la primera cuestión consiste en determinar la constitucionalidad de vul¬ 
neración a la intimidad cuando la razón de interés general invocada no está asociada di¬ 
rectamente a los discursos de justificación de la criminalidad organizada, o la existencia de 
un hecho que pueda ser remitido a los perímetros de alguna figura penal específicamente 
tipificada 9 . 

6. No se regula con precisión el alcance, las condiciones y los efectos de la autorización 
judicial en los procedimientos especiales 

En primer lugar, y respecto al art. 20, corresponde señalar que el texto legal no esta¬ 
blece la excepcionalidad de la medida frente a la existencia de fuentes abiertas, es decir, solo 
debería poder recurrirse a estos procedimientos en el caso de insuficiencia en la informa¬ 
ción disponible en dichas fuentes. Este punto tampoco fue detenidamente revisado en la 
votación parlamentaria donde apenas sí se señaló como garantía suficiente el requisito de 
autorización judicial. Como veremos, esta garantía abstracta, sin controles y estipulaciones 
precisas es a todas luces insuficiente para regular la actividad administrativa de inteligencia. 

En segundo lugar, el texto omite regular que solo el órgano jerarca es el autorizado 
para solicitar la medida, esto implicaría fijar, al menos, la existencia de un control adminis¬ 
trativo interno de la solicitud. Esta interpretación se apoya en el principio de jerarquía, y 
en el principio de actuación administrativa que debe respetar la intimidad de las personas 
afectadas por las medidas 10 . 

En cuanto al contenido mínimo de la resolución judicial, la Ley omite establecer los 
supuestos en que se admiten estos procedimientos, y se deja sujeto a la reglamentación 
posterior. Este gesto de producción de normas no garantiza el cumplimiento del principio 
de legalidad, en la medida en que tampoco está claro que agencias administrativas van a 
determinar las formas jurídicas de estos procesos, que por precepto constitucional deberían 
tener una estructura estrictamente legal. 

No existe un estándar legal mínimo de fundamentación y ese punto puede dar lugar a 
serias arbitrariedades. Por ejemplo, en el caso español, se establece mínimamente que tanto 
la solicitud como la resolución deben establecer: hechos en que se apoya la solicitud, los fi¬ 
nes que la motivan, las razones que aconsejan su adopción, la identificación de las personas 
afectadas por la medida. 


9 En el caso de España, GIMBERNAT ORDEIG ha sostenido que las disposiciones contenidas en la LO 
2/2002, son contrarias al modelo constitucional de intervención estatal en la esfera privada de los individuos 
dispuesto en la CN de 1978, en la medida en que no logra establecer una comunicación democrática y garantis- 
ta de los supuestos de invasión de la privacidad, dado que esta podría apoyarse en cualquier riesgo difuso para 
los intereses nacionales. 

10 Ver. art 23, literal c) de la Ley N° 19.696, sobre la adecuación de los procedimientos al respeto de la intimi¬ 
dad. 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Tampoco hay una definición clara y precisa de los fines que dan lugar a la realización 
de actividades de inteligencia (ni se ofrecen enunciaciones abiertas, que podrían fungir 
como guía). Esto lleva a que sean las agencias quienes definan los eventos que dan lugar a la 
labor de inteligencia y no el legislador n . En cuarto lugar, no se registran términos o plazos 
para la resolución y los posibles recursos y tampoco se prevé la posibilidad de prórroga, 
que justamente podría operar como control sobre la ejecución de estos procedimientos. 
La diferencia conceptual entre la autorización y el control judicial efectivo implica que en 
el segundo caso la garantía se extiende a la etapa de ejecución de la medida y fundamental¬ 
mente, a la etapa de producción de información y control del resultado 12 . 

Otra batería de problemas similares se presenta en la regulación de la participación del 
agente encubierto, en la medida en que existe un claro punto de apoyo legal para la desterri- 
torialización de servicios de inteligencia privados, a través de la figura de la contratación de 
informantes. Pero, aun así, el punto más grave, es que todo este despliegue de recursos ad¬ 
ministrativos puede efectuarse sin autorización judicial. Es decir, a diferencia de lo previsto 
en el art. 62 de la Ley N° 19.574 no se prevé que exista autorización judicial previa para la 
utilización del agente encubierto, basta solamente con la autorización escrita del órgano 
jerarca que integra el Sistema Nacional Integrado 13 . 

Como veremos, todos estos esos legajos pueden permanecer con la clasificación de 
mayor reserva otorgada por la legislación uruguaya y por un plazo de hasta veinticinco 
años. 

220 7. Tratamiento de la información y la posibilidad de acceso 

A todo este panorama de producción de información de inteligencia, sin garantías 
suficientes, debe agregarse la deficitaria regulación del control y administración de la in¬ 
formación, en la medida en que la posibilidad de reserva y el régimen de clasificaciones 
viene a reforzar la excepcionalidad de los instrumentos de acceso a la información pública 
y transparencia. Este gesto expande y multiplica los puntos ciegos regulados en la Ley de 
Acceso a la Información Pública 14 . 


11 En el caso de Argentina solo la Secretaria de Inteligencia puede recurrir a estos mecanismos, y es una facul¬ 
tad que debe delegarse especialmente, en caso de que sea otro órgano el que la solicite. 

12 Este control no está previsto en la legislación uruguaya. En la ley española se establece, por ejemplo, que 
el jerarca realizará la destrucción de la información que no guarde relación con la misma; mientras que en la 
Argentina se estipula la destrucción o remisión -por supuesto, polémica- de los antecedentes para la iniciación 
de la instrucción o la destrucción de los antecedentes recabados. 

13 En Argentina y España no se prevé este procedimiento específico como parte del arsenal de instrumentos 
de los órganos de inteligencia, tampoco en Colombia y Perú. 

14 Ver específicamente art. 8 y 9 de la Ley N° 18.381. En efecto, el art. 29 de la Ley 19.696 dispone: “Se con¬ 
siderarán reservados y de circulación restringida, para todos los efectos legales, de acuerdo al artículo 9 o de la Ley 
N° 18.381, de 17 de octubre de 2008, los antecedentes, las informaciones y los registros que obren en poder de los 
órganos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado y de su personal, cualquiera que sea su cargo”. 



Por otra parte, la posibilidad de acceso a esta información está regulada en una dispo¬ 
sición absolutamente confusa 15 , que, además, alimenta las dudas que señalábamos respecto 
a los peligros que ofrecen algunas tendencias en derecho comparado (que llegan incluso a 
considerar prueba pericial) sobre la utilización de informes de inteligencia como insumos 
constitutivos de evidencia en instrucciones penales. Este razonamiento se extiende a la fase 
de juicio, propiamente, aunque sea absolutamente inadmisible la procedencia de estos in¬ 
formes “secretos”, que no pueden ser sometidos al control de contradictorio, y cuyas condi¬ 
ciones de producción son absolutamente precarias en términos de garantías. 

8. Algunas anotaciones finales 

En primer lugar, es imprescindible contar con mecanismos y técnicas normativas 
apropiadas para regular la actividad de las agencias administrativas de inteligencia. Lo que 
no podemos aceptar, al menos sin cuestionamientos, es que los procedimientos especiales 
tengan controles más relajados que los previstos en el Código del Proceso Penal y las leyes 
especiales sobre técnicas de investigación invasivas. El gesto legislativo de otorgar poderes 
suficientes para desterritorializar servicios de informantes sin control judicial es sumamen¬ 
te polémico, y esto pese a las reiteradas consideraciones sobre respeto a los derechos hu¬ 
manos contenidas en el texto legal, así como la prohibición de producir inteligencia sobre 
organizaciones políticas. 

En esta contribución, apenas hemos considerado algunos de las aristas más polémicas, 
aunque persisten un conjunto de asuntos importantes, entre los que deben destacarse la 
importancia de establecer un mapa orgánico del que puedan derivarse responsabilidades 
políticas claras, más allá de la existencia de una Secretaria que pretende “conducir” (sin 
claridad en el cómo, a nivel de regulación) los procesos de producción de información. 


15 Ver el art. 36 de la Ley 19.696, que pese a sostener que los informes no tienen valor inculpatorio -algo que 
si quiera debería aclararse, pues no constituyen prueba-, utiliza el giro “por sí solos”, lo que habilita a pensar en 
una futura expansión de estos procedimientos. 


221 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Cinco años de amenazas, obstáculos y juicios a 

periodistas 


222 


CAinfo 1 


En 60 meses se registraron en Uruguay al menos 126 amenazas a la libertad de ex¬ 
presión de profesionales de la información. En promedio hubo 25 casos de amenazas a la 
libertad de expresión en los últimos cinco años en Uruguay, según los datos del Informe de 
Monitoreo que realiza el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) 
desde 2014. 

Si bien se observó un descenso en el número de casos en cada uno de los informes, y en 
casi todas las categorías, hay algunos indicadores que presentan una reiteración que resulta 
preocupante. 

En este sentido, las Amenazas de distinto tipo (29), la Obstrucción al trabajo perio¬ 
dístico (25) y el Hostigamiento a través de la Justicia (22) son las categorías que registran el 
mayor número de ocurrencias y que entre las tres suman 76 de los 126 episodios confirma¬ 
dos (60%) en el período analizado. 

El Rechazo a pedidos de acceso a la información pública es la única categoría que 
aumentó el número de casos registrados anualmente y llegó a 4 en el quinto informe. Asi¬ 
mismo se observa una concentración de los registros en Montevideo (73 casos), mientras 
que los departamentos que lo siguen son Soriano (10) y Colonia (8). El episodio más grave 
de todo el periodo, la agresión con un arma de fuego sufrida por la periodista Isabel Prieto 
en febrero de 2017, todavía continúa sin esclarecerse. 

Amenazas y juicios 

La categoría que presenta el mayor número de casos es la de “Amenazas”, que implica 
la existencia de “intimidaciones a periodistas, su familia y medios de comunicación a fin de 
evitar la publicación de contenidos periodísticos (o como consecuencia de ella) mediante 
amenazas de muerte, agresiones físicas, pérdida del empleo, demandas judiciales, campañas 
difamatorias o injuriantes así como cualquier otro tipo de represalia”. 

En total hubo 29 episodios, distribuidos anualmente de la siguiente manera: 6 en el 
primer informe (2014-15), 5 en el segundo (2015-16), 7 en el tercero (2016-17), 7 en el 
cuarto (2017-18) y4en el quinto informe (2018-19). 


Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, https://www.cainfo.org.uy/ 



Esta es una de las categorías que presentan más ocurrencias en el interior del país (15 
en total). Cinco de los seis episodios registrados en el primer año sucedieron fuera de Mon¬ 
tevideo, y lo mismo ocurrió con dos de los cinco consignados en el segundo año, con tres 
de los siete en el tercero y uno de los siete en el cuarto. Mientras tanto, los cuatro casos 
ocurridos en el último año sucedieron en el interior (Canelones, San José y Tacuarembó). 

CAinfo resalta la necesidad de avanzar en mecanismos que permitan garantizar el li¬ 
bre ejercicio del periodismo en el país, libre de los riesgos que implican para los periodistas 
la existencia de amenazas que en la mayoría de los casos no derivaron en un castigo a los 
perpetradores. En este sentido reiteramos la conveniencia de imitar lo ocurrido en otros 
países de la región respecto a la elaboración de un protocolo de seguridad para periodistas 
en situaciones de riesgo, de forma de prevenir posibles hechos de violencia contra profesio¬ 
nales de la comunicación. 

También resulta especialmente preocupante que se mantenga la práctica de hostigar 
a periodistas y medios de comunicación mediante la presentación de demandas judiciales 
cuando se realizan publicaciones que no son del agrado de las personas aludidas. Esto su¬ 
cedió en 22 ocasiones en los últimos cinco años y reproduce una tendencia que se constata 
con similar gravedad en varios países de América Latina y el Caribe. 

Es necesario que el hostigamiento a través de la Justicia a periodistas y medios de co¬ 
municación no tiene solamente un efecto directo sobre las personas demandadas sino tam¬ 
bién genera un clima de amedrentamiento sobre el colectivo de los profesionales de la in¬ 
formación. Si bien Uruguay avanzó en los últimos años en la despenalización de los delitos 
de comunicación, e incorporando a su orden jurídico la figura de la “real malicia”, todavía 
persisten en distintos actores del Estado y del sistema político la costumbre de recurrir a los 
estrados judiciales para reclamar responsabilidades penales o exigir la publicación de una 
réplica o un desmentido, cuando esto podría realizarse sin entrar en un proceso judicial. 

Incluso, en varios casos registrados en el último lustro, la presentación de demandas 
persiguió el objetivo de conocer el origen de la información publicada mediante la exigen¬ 
cia de revelar las fuentes, violando así el derecho al secreto profesional de los periodistas. 
El sistema interamericano de Derechos Humanos consagra de manera clara esta garantía 
para el ejercicio profesional y exhorta a los Estados a “Respetar el derecho de los periodistas 
a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. 
La protección de las fuentes confidenciales contribuye al rol fundamental de vigilancia de 
la prensa y ayuda a prevenir que los y las periodistas sean víctimas de actos de violencia. 
Asimismo, la ausencia de esa protección podría disuadir a las fuentes de colaborar con la 
prensa para informar a la población sobre asuntos de interés público”, señaló la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en un pronunciamiento del año 2014. 


223 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


224 


Obstáculos y hostigamiento físico 

Por otro lado, la Obstrucción al trabajo periodístico alcanzó un total de 25 casos y 
el tipo de impedimento que más se repitió fue la negativa de las autoridades, funcionarios 
públicos, sindicalistas y dirigentes políticos a aceptar preguntas durante las convocatorias 
a conferencias de prensa. 

La práctica de obstaculizar la posibilidad de realizar preguntas a los actores públicos 
implica un cercenamiento del derecho de la ciudadanía de acceder a información relevante 
sobre asuntos de su interés, e implica en los hechos una pretensión de convertir a los perio¬ 
distas y medios en meros vehículos de versiones oficiales sin la posibilidad de ser controver¬ 
tidos o cuestionados por otros actores. 

También han existido casos en los que los periodistas han sido impedidos de acceder 
a la cobertura de casos de notorio interés público, como instancias judiciales donde se ven¬ 
tilaron temas relevantes para la población, o la existencia de disposiciones de autoridades 
públicas como un decreto presidencial que impone sanciones graves a funcionarios que 
divulguen información o una acordada de la Suprema Corte de Justicia impidiendo el uso 
de mecanismos de registro en las audiencias. 

Por otra parte, con un total de 14 episodios, los casos de hostigamiento físico directo 
a periodistas mientras ejercen su profesión también se han repetido durante los cinco años 
del monitoreo de amenazas a la libertad de expresión. En esta categoría también ocurre que 
la mayoría de los casos tuvo lugar en departamentos del interior (9). 

Asimismo se presentaron tres casos en los que las víctimas fueron mujeres periodistas 
(uno en Montevideo, otro en Flores y el tercero en Cerro Largo) donde existió un claro 
componente de género en las agresiones verbales sufridas. 

Sin acceso a la información 

Una docena de casos fueron registrados en los cinco informes dando cuenta de la deci¬ 
sión de diferentes organismos públicos de no responder o negar el acceso a la información 
pública solicitado al amparo de la Ley N° 18.381. Esta es la única categoría que presenta un 
aumento en el número de casos en el último informe respecto a los años anteriores. 

Ya en agosto de 2018, con motivo de conmemorarse el décimo aniversario de apro¬ 
bación de la LAIP, CAinfo planteó públicamente la necesidad de rediscutir algunos de los 
puntos que en su momento fueron de avanzada. 

Se han registrado diversos problemas en la aplicación de la ley que, ajuicio de CAinfo, 
afectan el objetivo de la norma que es un Estado transparente ante los requerimientos de 
la población. 

Uno de los principales problemas observados tiene que ver con el régimen de excep¬ 
ciones, consagrado en los artículos 9 y 10 de la ley. El primero se refiere a cuando un orga- 



nismo puede declarar como reservada información que, por ejemplo, pueda comprometer 
la seguridad pública o defensa nacional, dañar la estabilidad financiera o ponga en riesgo la 
vida de una persona. 

El segundo artículo en cuestión refiere a cuándo se puede declarar “confidencial” una 
información. En este caso se refiere a datos vinculados al patrimonio de la persona, hechos 
o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona 
física o jurídica que sea útil para un competidor o esté amparada en una cláusula contrac¬ 
tual de confidencialidad. 

En este sentido, aquel pronunciamiento refirió la existencia de los casos que se inclu¬ 
yen en este informe de monitoreo y que vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de una 
discusión sobre el alcance de las excepciones de la ley. 

Uno de los casos fue informado el miércoles 25 de julio en el programa Así nos va 
de Radio Carve. Uno de los periodistas del programa solicitó información para saber el 
gasto anual entre el período 2010-2017 de cada una de las representaciones diplomáticas 
de Uruguay dependientes de la cartera (salarios, equipamiento, vehículos y otros gastos de 
representación). El Tribunal de Apelaciones de 5° turno confirmó por unanimidad una 
sentencia del juez de lo Contencioso Administrativo de I o turno, Gabriel Ohanian, que 
declaró de carácter reservado, por el plazo máximo de 15 años, “toda información gene¬ 
rada, producida o en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores referida al gasto y/o 
inversión realizados en cada Representación Diplomática u Oficina Consular dependiente 
de esa Secretaría de Estado”. 

El jueves 26, Telemundo de Canal 12, informó que Presidencia de la República calificó 
como reservada la información referente a las encuestas de opinión pública que contrata. El 
sábado 28, el diario El País, informó que la Administración Nacional del Correo se negó a 
entregar información respecto a cuánto de la correspondencia que distribuye el servicio son 
cartas escritas por personas y no correspondencia oficial o comercial. 

En este marco, CAinfo plantea discutir -con el Poder Ejecutivo, Parlamento, academia 
y sociedad civil en su conjunto- algunos cambios a la ley. Uno de esos cambios tiene que ver 
con la información calificada como reservada y confidencial. Es necesario realizar ajustes 
para que los sujetos obligados, antes de establecer como reservada o confidencial una infor¬ 
mación, efectivamente prueben que su divulgación generará un daño a la administración. 
El objetivo de la revisión es evitar el uso abusivo de estos artículos. 

Es necesario, asimismo, rever el alcance del artículo 14 de la ley referido a los límites 
del acceso a la información pública. La norma indica que la solicitud de acceso no implica la 
obligación de los sujetos obligados a crear o producir información que no dispongan o no 
tengan obligación de contar al momento del pedido. Este artículo es utilizado con frecuen¬ 
cia por los organismos del Estado para no brindar información. Por esa razón es que CAin¬ 
fo propone precisar el alcance de este articulo establecido que el organismo consultado 


225 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


226 


deberá agotar los mecanismos para subsanar la omisión. Y en caso de no poder entregar la 
información solicitada, deberá explicar de qué manera solucionará este problema. Respecto 
a este punto debemos señalar que los Estados tienen la obligación de producir o captar la 
información que necesitan para el cumplimiento de sus deberes, tal como establece la Co¬ 
misión Interamericana de Derechos Humanos. 

Se debe, además, mejorar la transparencia activa en línea (información que los organis¬ 
mos públicos deben difundir en sus portales web) y discutir un nuevo diseño institucional 
en el que la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) sea un servicio descentra¬ 
lizado con autonomía presupuestal y funcional, sus resoluciones sean vinculantes y pueda 
aplicar sanciones. 

Como se señaló en agosto del año pasado, CAinfo considera necesario iniciar a la 
brevedad un amplio debate público tendiente a mejorar una normativa que debe garantizar 
el derecho de acceso a la información pública para todas las personas. Por otra parte, cabe 
subrayar que en el mes de enero de 2019 la Presidencia de la República emitió un decreto 
que aprueba los compromisos de un nuevo Plan de Acción de Gobierno Abierto, entre los 
que se incluyen elaborar para fines de 2019 una propuesta de reforma consensuada de la 
Ley de Acceso a la Información Pública a través de un proceso participativo. 

El decreto, publicado el 7 de enero, aprueba el cuarto plan de acción que Uruguay 
desarrolla en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. El plan surge de un trabajo 
en conjunto entre instituciones públicas, privadas, academia y sociedad civil. CAinfo par¬ 
ticipa del proceso a través de la Red de Gobierno Abierto. 

El nuevo plan establece 39 compromisos en 11 ejes temáticos. En el eje Acceso a la 
información Pública se establece el compromiso de elaborar, para diciembre de 2019, 
una propuesta de reforma consensuada y a través de un proceso participativo de la Ley N° 
18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública. La Unidad de Acceso a la Infor¬ 
mación Pública (UAIP) será la responsable de la implementación del compromiso. El Plan 
de Acción señala que tanto la UAIP como la sociedad civil han detectado “dificultades que 
entorpecen el ejercicio del derecho, que tienen relación directa con el alcance de la norma, 
las excepciones y el diseño institucional del órgano de control, y que deben ser analizados 
en forma participativa y consensuada”. 

Pérdida de fuentes de trabajo 

En los cinco informes realizados hasta el momento se consignó la pérdida de fuentes 
de trabajo de periodistas, ya sea por el cierre definitivo de los medios o por la decisión 
de las empresas periodísticas de despedir o enviar a sus trabajadores al seguro de paro. Si 
bien se estima que se trata de un conteo incompleto de las pérdidas de fuentes de trabajo 
en el sector, constituye un síntoma claro de la crisis que enfrentan los medios y de que los 



primeros afectados por esta situación son los periodistas y los trabajadores de las empresas 
periodísticas en general. 

Un total de 13 empresas periodísticas de Montevideo y el interior recurrieron a la 
reducción de sus plantillas o al cierre del medio como forma de solucionar sus problemas 
económicos, en lo que significa una afectación de la libertad de expresión de los periodistas, 
del derecho de las audiencias a acceder a la información y de la pluralidad imprescindible 
para que exista una necesaria pluralidad informativa. 

Censura 

Once fueron los casos que se registraron de distintas formas de Censura, considerando 
como tales las “medidas directas o indirectas adoptadas por autoridades públicas a fin de 
evitar la difusión de contenidos periodísticos y otros materiales considerados objetables”. 

Entre los casos más relevantes registrados en el período analizado se encuentra un artí¬ 
culo de un decreto del Poder Ejecutivo firmado por varios ministerios que afecta el derecho 
a la información y establece un mecanismo de censura previa para la divulgación del trabajo 
científico. 

El 24 de abril de 2018 el Poder Ejecutivo emitió un decreto con la firma de los mi¬ 
nistros de Ganadería, de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente que reglamentó la Ley de Recursos Hidrobiológicos (N° 

19.175). 

En el artículo 44 del reglamento se establecen una serie de requisitos para otorgar 
permisos para la pesca con fines de investigación, científicos o docentes, que deberán ser 
solicitados a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Diñara). 

Entre esos requisitos se establece que quienes realicen la investigación deberán expli¬ 
car los objetivos del proyecto de investigación, los resultados esperados, el curriculum del 
personal técnico participante y el compromiso de presentar todos los datos y resultados 
objetivos. Además, se impide a los investigadores a dar publicidad a cualquier tipo de infor¬ 
mación sobre los datos obtenidos sin autorización expresa de la Diñara. 

CAinfo se reunió el jueves 19 de julio de 2018 con Juan Cristina, por entonces decano 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, para conocer el alcance de las 
dificultades que puede generar el decreto para la investigación. Estas disposiciones afectan 
el trabajo de investigación y divulgación científica. 

Es oportuno recordar la vigencia del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, de la cual Uruguay es signatario, que consagra que los de¬ 
rechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambien¬ 
tales constituyen una parte central de la relación entre el medio ambiente y los derechos 
humanos, y son la base de la democracia ambiental y la buena gobernanza. Esta medida no 


227 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


228 


solo afecta a los investigadores sino también el derecho a la información de la población en 
general. Además, establece un mecanismo de censura previa que va en contra de la Consti¬ 
tución (artículo 29) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13) a 
la cual Uruguay se adhirió. 

En función de estos elementos, CAinfo entendió necesario que el Poder Ejecutivo 
reviera ese artículo porque afecta el derecho a la información, de expresión, y que en los 
hechos puede significar un impedimento al trabajo que realizan investigadores que no de¬ 
penden del Poder Ejecutivo y desarrollan una labor fundamental en el ámbito académico. 

El Poder Ejecutivo inició contactos con la Universidad de la República para subsanar 
los cuestionamientos realizados desde la academia pero al cierre del presente informe no se 
había divulgado públicamente el resultado del trabajo conjunto con dichos fines. Por otro 
lado es oportuno destacar que “entre los mecanismos de censura indirecta se encuentra el 
manejo arbitrario de la publicidad oficial”, asunto sobre el que CAinfo ha hecho una pro¬ 
puesta legislativa que cuenta con la aprobación de la Cámara de Representantes. El martes 
10 de julio de 2018 los diputados aprobaron el proyecto que busca regular la producción, 
planificación, contratación, distribución y asignación de la Publicidad Oficial. 

El proyecto surgió tras una iniciativa de CAinfo presentada públicamente en 2015 
que luego dieron trámite parlamentario los representantes de los partidos Colorado, Frente 
Amplio, Independiente y Nacional. El proyecto, que se encuentra a consideración de la 
Cámara de Senadores, fue aprobado por 73 en 74 diputados presentes en sala 2 . 

La iniciativa busca establecer mecanismos claros y transparentes para la Publicidad 
Oficial, hasta ahora asignada discrecionalmente. A nivel general, todos los diputados va¬ 
loraron la iniciativa presentada por CAinfo, que dio el puntapié inicial del proyecto. El 
artículo 2 del proyecto establece que “la información que transmita la publicidad oficial 
debe ser veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para aquéllos a 
quienes se dirige”. 

El proyecto establece que la publicidad oficial no podrá utilizar mensajes discrimi¬ 
natorios, ser un subsidio indirecto a los medios de comunicación ni utilizarse para fines 
propagandísticos de los partidos políticos. Respecto a este último punto, se establece que 
no se podrá realizar publicidad oficial durante el período electoral. 

El principio general para la contratación de la publicidad oficial será la licitación pú¬ 
blica. La asignación deberá realizarse bajo resolución fundada del jerarca del organismo. 
Además, se establecen mecanismos de transparencia activa tanto para los organismos pú¬ 
blicos como para los medios que reciban publicidad oficial, quienes deberán rendir cuentas 
en sus sitios webs. 


2 La iniciativa finalmente no fue votada por el Senado. Ver comunicado. 



El proyecto prevé la reserva de un 30% del monto de la publicidad oficial para los 
medios del interior. Este punto busca superar una iniquidad que se da entre los medios del 
interior y Montevideo. Según datos manejados por los diputados, actualmente los medios 
del interior reciben solamente un 5% de la pauta oficial. 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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CAinfo i 

CAinfo saluda decisión de fiscalía de archivar juicio 

contra periodista 

24 de mayo de 2019 

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) celebra la decisión 
del fiscal Carlos Negro de archivar la denuncia por difamación que el Comandante en Jefe 
del Ejército, Gral. Claudio Feola, había iniciado contra el periodista Gabriel Pereyra. 

En su resolución del miércoles 22 de mayo, el fiscal Carlos Negro consideró que las 
expresiones vertidas por Pereyra hacen “referencia a un asunto de evidente interés público” 
y por lo tanto están protegidas por el derecho de libertad de expresión. 

El magistrado concluye en su resolución, que la conducta del periodista “resulta acor¬ 
de y obedece estrictamente a los estándares nacionales e internacionales en materia de li¬ 
bertad de expresión, en tanto cumple con su deber profesional de informar y opinar sobre 
asuntos de indudable interés común”. 

CAinfo celebra la decisión del fiscal, fundamentada en la normativa internacional so¬ 
bre Derechos Humanos, y reitera su preocupación por el aumento por este tipo de hosti¬ 
gamiento a periodistas a través de la justicia, lo que configura una clara amenaza contra la 
libertad de expresión. 

CAinfo recuerda que, como ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Ex¬ 
presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “los funcionarios públicos 
y las personas públicas, se han expuesto voluntariamente a un mayor escrutinio por parte de 
la sociedad, y en aras del control social necesario para un eficiente y adecuado ejercicio de 
los poderes del Estado, han de ser más tolerantes a la crítica. La protección al honor en estos 
casos ha de darse en sede civil, en virtud de que la sanción penal podría inhibir el control de 
la función pública necesario en una sociedad democrática”. 

Además, CAinfo coincide con la preocupación expresada por el fiscal Negro, respecto 
a que el Nuevo Código del Proceso Penal no ha contemplado la regulación especial que se 
estableció en la ley 16.099 (Ley de Prensa) en cuanto a cómo se debe desarrollar el proceso 
a nivel judicial. 

En este sentido, CAinfo exhorta a las autoridades legislativas y judiciales a subsanar el 
vacío generado por la entrada en vigencia del Nuevo Código del Proceso Penal a fin de evi¬ 
tar eventuales arbitrariedades en caso de que se reiteren este tipo de casos de hostigamiento 
a periodistas a través de la Justicia. 



CAinfo i 

CAinfo lamenta que Senado no aprobó proyecto 
sobre publicidad oficial 

10 de setiembre de 2019 

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), ve con preocu¬ 
pación la decisión del Senado de no aprobar este martes 10 el proyecto de ley que regula la 
publicidad oficial, y regresarlo a comisión para su análisis. 

Esta decisión, se tomó ante la falta de consenso entre los partidos en el Senado, a pe¬ 
sar de que el proyecto original contó con el apoyo de los diputados del Frente Amplio, el 
Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que en agosto de 2015 
pusieron su firma para que la iniciativa fuera discutida. En julio de 2018, la Cámara de 
Diputados aprobó el texto con el apoyo de todos los partidos. 

Si bien varios senadores expresaron que harán lo posible para aprobar una norma de 
este tipo, el hecho de que el domingo 15 se inicie el receso parlamentario debido a las ins¬ 
tancias electorales, hace poco probable que exista el quorum necesario en ambas cámaras 
para la aprobación definitiva del texto. 

Este traspié no será, sin embargo, un obstáculo para que CAinfo, junto a otras orga¬ 
nizaciones de la sociedad civil insistan con una iniciativa de este tipo. Y, si es necesario, 
volverá a plantear el tema en el próximo período de gobierno. 

CAinfo reitera que es imprescindible que el país tenga un marco que regule la pro¬ 
ducción, planificación, contratación, distribución y asignación de la publicidad oficial. 
Aprobar una norma de esta característica es ineludible para cumplir con los estándares 
internacionales en materia de libertad de expresión, permite tener procedimientos claros 
para la adjudicación de la publicidad, hasta ahora asignada de forma discrecional. Además, 
la iniciativa busca eliminar la discriminación que sufren los medios de comunicación del 
interior del país que reciben un porcentaje ínfimo de avisos oficiales. 

El proyecto que impulsó CAinfo en su redacción original, recogió recomendaciones 
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que considera que los Estados deberían adoptar normas claras y trans¬ 
parentes para regular la publicidad oficial, para evitar que ésta pueda ser utilizada para cas¬ 
tigar o premiar a los medios de comunicación. 


231 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


En el texto se establece un régimen de contratación en coordinación con las normas 
del TOCAR Se describen además los principios y procedimientos de contratación, y se 
prevé la obligatoriedad de destinar al menos un 30% del monto total de la publicidad de 
alcance nacional a medios de comunicación, programas o producciones periodistas que 
se realicen en el interior del país. Además de CAinfo, esta iniciativa contó con el respaldo 
de entidades como la Asociación de la Prensa Uruguaya, la Organización de la Prensa del 
Interior, la Asociación de Radios del Interior y la Cámara Uruguaya de Televisión para 
Abonados. 


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CAinfo i 

CAinfo repudia ofensiva judicial de Cabildo Abierto 

contra la prensa 

26 de setiembre de 2019 

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública repudia el inicio de procesos 
judiciales contra varios medios de comunicación por parte del Partido Cabildo Abierto, 
que encabeza el candidato presidencial Guido Manini Ríos. 

El motivo de las denuncias es la publicación de la acusación realizada por un colectivo 
de expresos políticos durante la dictadura contra Antonio Romanelli, asesor de seguridad 
de Manini. Los ex detenidos le atribuyen a Romanelli, mediante una carta pública, la apli¬ 
cación de tortura sicológica cuando se desempeñaba como guardia en el Penal de Libertad 
entre los años 1978 y 1979. 

Según la citación judicial que llegó al diario La República, Radio Uruguay y Montevi¬ 
deo Portal cita a una audiencia que se realizará este jueves a las 14.30 horas en el juzgado pe¬ 
nal de 42° Turno, en la calle Juan Carlos Gómez 1236, a cargo de la jueza Dolores Sánchez. 

Para CAinfo este tipo de actitudes atenta contra la libertad de expresión, y buscan 
limitar el legítimo derecho de informar de los medios de comunicación y de los ciudadanos 
de acceder a noticias de interés público en un contexto de campaña electoral. 

Recuerda, asimismo, que como señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expre¬ 
sión, el inicio de procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación puede 
generar un efecto de amedrentamiento contra todo el sistema informativo, generando limi¬ 
taciones a la libre circulación de informaciones y opiniones, lo cual es imprescindible para 
un régimen democrático. 


233 


SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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CAinfo i 

CAinfo expresa preocupación por el fallo judicial 
que atenta contra la libertad de expresión 1 

1° de octubre de 2019 

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) expresa su preo¬ 
cupación por la decisión de la jueza Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 42 Turno, 
Dolores Sánchez, de amparar el derecho de respuesta reclamado por Antonio Romanelli 
y obligar a tres medios de comunicación a publicar una carta del ex-militar e integrante de 
Cabildo Abierto. 

El militar retirado accionó contra el diario La República, Montevideo Portal y Radio 
Uruguay porque publicaron una carta de ex presos en la que acusaron a Romanelli, asesor 
de seguridad del candidato a presidente Guido Manini Ríos, de ser responsable por la apli¬ 
cación de tortura sicológica cuando se desempeñaba como guardia en el Penal de Libertad 
entre los años 1978 y 1979. 

Romanelli pretende que se publique una carta en la que rechaza las acusaciones y ase¬ 
gura que las requisas que se hacían a los reclusos durante la dictadura se realizaban “con 
respeto”. Agregó que la conducta de los funcionarios era “firme” pero “rígida”. Los tres me¬ 
dios rechazaron publicar esta carta y en su lugar se ofreció hacer una entrevista a Romanelli, 
quien se negó ya que considera que no debe haber “debate”. 

En su sentencia, la jueza Sánchez sostuvo que, si los medios de comunicación deman¬ 
dados ofrecen una entrevista, deben aceptar el derecho de respuesta. “No logro compren¬ 
der el fundamento de la negativa a publicar la respuesta del actor, pero sí efectuarle una 
entrevista o haberlo intentado comunicándose con allegados para que lo hiciera. Por eso, 
reitero no hay diferencia conceptual entre las partes sobre el derecho de respuesta para que 
el accionante dé a conocer su versión de los hechos públicamente en los medios que dieron 
a conocer la versión de los ex presos políticos en hecho que lo tienen como actor”, sostiene 
Sánchez. 


1 El fallo de primera instancia fue revocado el 4 de noviembre por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 
4 o Turno integrado por los magistrados Luis Charles, Angel Cal y Gabriela Merialdo. La sala estimó que “No 
resulta acreditado que la información sea inexacta y menos aún que haya sido publicada a sabiendas que era 
falsa, o con temeraria indiferencia por la verdad”. 




CAinfo expresa su preocupación por esta conclusión de la jueza Sánchez. Es claro que 
una entrevista y publicar una carta por derecho de respuesta no son lo mismo. El funda¬ 
mento de este argumento lo explicó el relator especial para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. 

En una entrevista con Sudestada, Lanza dijo que en este caso Romanelli decidió “bus¬ 
car una vía judicial oblicua para utilizar el derecho de respuesta como sanción” a los medios 
de comunicación, que es el aspecto “más riesgoso del fallo» de la jueza Dolores Sánchez. 

Según el especialista, el derecho de respuesta «es un instrumento que afecta el de¬ 
recho a la libertad de expresión porque ésta incluye tanto el derecho a expresarse como a 
permanecer en silencio y en este caso se obliga a los medios a publicar». 

En opinión de CAinfo, con esta sentencia, la jueza Sánchez impone el discurso de 
una persona pública a los medios sin la posibilidad de un debate sobre un tema de notorio 
interés público, lo que es un pésimo antecedente y afecta la libertad de expresión. 

CAinfo respalda la decisión de los tres medios de comunicación de apelar la decisión 
y espera que el Tribunal de Apelaciones revoque la decisión de Sánchez. 


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SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 



serpaj 


Montevideo, 23 de marzo de 2019 

Comunicado Serpaj 

En la noche del viernes 22 de marzo, luego de realizada la Marcha del Día Mundial del 
Agua, varias y varios manifestantes que se estaban retirando de la marcha fueron abordados 
por policías vestidos de particulares, sobre la esquina de Colonia y Andes, en Montevideo. 
De forma violenta y bajo amenazas fueron encerrados por estos efectivos, quienes empuja¬ 
ron y maniataron a hombres y mujeres que exigían las razones de su detención. En este mar¬ 
co, se llevaron a dos compañeros detenidos quienes permanecieron incomunicados hasta la 
madrugada, sin que fuera informado su paradero. 

La persecución de estos dos compañeros se inicia en la marcha, donde policías de par¬ 
ticulares les solicitan documentación, de forma arbitraria y sin identificarse, lo que implica 
el despliegue de un operativo. En nuestro país predomina la idea que se goza de un clima 
democrático y libre, donde se valoran la discusión política, la manifestación pública y el 
236 disenso. Infiltrar policías en manifestaciones, perseguir militantes y detenerlos arbitraria¬ 
mente contraviene esa imagen. 

El hecho representa una total violación de los procedimientos legalmente establecidos 
para la intervención policial, siendo un operativo irregular de control y represión de ciuda¬ 
danos que pacíficamente estaban manifestándose en la calle. Esta acción se enmarca en un 
proceso de expansión de la vigilancia y control policial, con procedimientos que limitan y 
violentan garantías básicas establecidas en el constructo legal y normativo nacional e inter¬ 
nacional a los que nuestro país adscribe. 

A su vez, profundizan la instalación y consolidación de la política del miedo, de con¬ 
trol a los “peligrosos”, donde en virtud de un discurso de la “seguridad” se desarrollan prác¬ 
ticas discrecionales, punitivas y discriminatorias hacia ciudadanos y ciudadanas que son 
criminalizados por ejercer su derecho a la protesta. 

Denunciamos y repudiamos este hecho como gravísimo y violatorio de la Ley de Pro¬ 
cedimiento Policial vigente, e instamos a las instituciones estatales que tomen las acciones 
de denuncia e investigación correspondientes. 



Derechos 
económicos, 
sociales y culturales 



ü» 

DIA INIEm 

MUJER 


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2I/3/20II 

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PtTSAHOU 


Foto: Agustín Fernández 




Foto: Graciela Benítez. Puente Paso de los Toros - Pueblo Centenario, próximos a UPM 


Núcleos conflictivos en el 2019: 

resistencias y derechos que trascienden la coyuntura 


Alfredo Falero 1 | Oscar Mañán 2 _ 

239 


El capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes 
de riqueza: la naturaleza y los seres humanos 

K. Marx 

“Todopueblo cuyos derechos fundamentales sean gravemente ignorados tiene 
el derecho de hacerlos valer especialmente por la lucha política o sindical, e 
incluso, como última instancia, por el recurso a la fuerza”Art. 28 de la Decla¬ 
ración Universal de derechos de los pueblos, Argel, 4 de julio de 1976 

1. La invitación: comprender algunos núcleos conflictos del 2019 

2019 es un año electoral y como tal deja en las sombras o en un segundo plano un 
conjunto de coyunturas sociales relevantes que también son parte de procesos sociales de 

1 Doctor en Sociología. Docente e investigador del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias So¬ 
ciales, UDELAR. 

2 Doctor en Estudios del Desarrollo. Prof. efectivo del Centro Regional de Profesores del Centro, Consejo 
de Formación en Educación, ANEP. Prof. Agregado del Departamento Economía de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Administración, UDELAR. Asesor del Departamento de Estado y Presupuesto de la Confederación 
de Organizaciones de Funcionarios del Estado. 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 




DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


enorme importancia para comprender el presente y el futuro de la sociedad uruguaya. De 
modo que la invitación propone justamente comprender procesos sociales que trascienden 
lo electoral, que explican la política de otra forma. 

Se intenta, por tanto, recolocar la importancia del tejido social y de la construcción de 
lo colectivo como elementos claves de futuros posibles. Se puede decir, siguiendo a Bour- 
dieu, que es una invitación a salir del “sueño dóxico” de lo electoral como reduccionismo 
social y comenzar a captar -de una vez por todas en Uruguay- que la sociedad está en 
disputa no solo en términos institucionales y de partidos políticos. Que existe una realidad 
afuera de ello, en el tejido social, que requiere ser entendida, procesada, reflexionada. 

Para cristalizar esta invitación a la lectura, es necesario un esfuerzo analítico conside¬ 
rable que en primer lugar debe partir de una selección: que es lo que se integra y que se deja 
de lado cuando se revisa lo ocurrido en este año. La propuesta apunta a reconectar procesos 
económicos con procesos sociales, pensar el Uruguay como parte de la región con dinámi¬ 
cas de construcción de demandas y derechos sociales. 

De modo que no debe leerse lo que sigue como el presupuesto de que no se consideran 
importantes las luchas vinculadas a la “nueva agenda” de derechos y las demandas de los 
movimientos feministas y vinculadas a la diversidad. No es que no se entienda la pertinen¬ 
cia y las especificidades de reclamos de estas luchas, sino que la perspectiva de este trabajo 
es por un lado recolocarlas en un esquema más amplio de disputa por el tejido social y por 
otro focalizar en problemáticas sociales que no pueden quedar marginadas hacia el futuro 
tales como trabajo, vivienda, uso del territorio y educación. Estos cuatro temas aparecieron 
240 con fuerza en 2019 más allá de la mayor o de la menor comprensión pública de lo que está 
en juego, más allá del eco y visibilización de los reclamos, más allá que se impongan las 
lógicas pragmáticas de lo posible. 

¿Con qué herramientas analíticas contamos para esta tarea? Brevemente expuesto, 
debe decirse al comienzo que partimos de un encuentro entre sociología y economía po¬ 
lítica. Algunos lectores podrán no entender la relevancia de introducir este apunte, pero 
resulta clave. Si en el espacio académico tiende a cristalizarse un divorcio de estas dos disci¬ 
plinas y se produce la casi extinción de la economía política -lo cual tiene efectos negativos 
en la producción de conocimiento necesario para pensar el Uruguay actual- este encuentro 
a partir de SERPAJ intenta plantearse un desafío hacia el futuro: reconectar demandas 
sociales con proyecto socioeconómico. Muchas veces -se nos excusará la simplificación- 
parece que hoy las demandas se restringieran a un bazar de minorías a la espera de clientes 
de reconocimiento. Es mucho más complejo que eso, lo particular no puede limitar nuestra 
visión de cuestiones de fondo pues de lo contrario no existen alternativas posibles. 

En segundo lugar, la propuesta no es enfocarse en los colectivos en sí, no es pensar 
movimientos y organizaciones sociales en sus prácticas y proyecciones, no es visualizar ese 
entretejido social que puede examinarse en forma aglutinada como campo popular, sino 
examinar núcleos o centros conflictivos, es decir problemáticas alrededor de las cuales se 



generaron un conjunto de movilizaciones y negociaciones, una combinación de prácticas 
colectivas alrededor de una problemática social 3 . Además, tal como se adelanta desde el 
título, se trata de problemáticas que trascienden la coyuntura porque van configurando 
un proceso social. Un proceso social no está regido por instancias electorales aunque lo 
pueda parecer y sin intención de colocar ahora en discusión cuanto significan las mismas. 
Va más allá de eso porque son -en definitiva- una acumulación de coyunturas lo que va 
configurando un proceso social y esto significa también sucesivas aperturas de horizontes 
de posibilidades. 

Y si se habla de procesos, muchas veces no son solamente “nacionales”, pueden ser re¬ 
gionales o globales. En tercer lugar entonces: no puede examinarse Uruguay como aislado 
de la región tampoco en el tema que ocupa. Más allá de sus especificidades sociohistóricas, 
comparte entrelazamientos sustantivos con la misma. Por supuesto que existe una mirada 
política balcanizadora y miope sustentada en lógicas pragmáticas de lo posible. Pero en los 
hechos, decir que Uruguay es América Latina es comprender que está sujeta a las mismas 
lógicas geopolíticas (particularmente influencia de Estados Unidos) y geoeconómicas en 
términos de posición en la economía-mundo capitalista que es -siempre lo fue- el sumi¬ 
nistro de materias primas y productos primarios. Esto supone tener presente que existen 
intereses locales articulados a ese esquema global para preservar un modelo general que 
construye límites sociales de lo posible. Puede verse o no, pueden parecer cosas abstractas 
alejadas de la vida cotidiana, pero lo que ocurre en la región en relación a lo anterior es 
absolutamente clave. 

En cuarto lugar, los núcleos conflictos -los que se presentan aquí y otros- implica 
pensar que existe un tejido social en disputa. Esto significa una complejidad de agentes en 
tensión, en conflicto, que procuran direccionar sus prácticas en función de sus intereses y 
que construyen formas de ser y estar en el mundo. De este modo participan en la búsqueda 
de espacios además de agentes políticos y partidos políticos (que de hecho, cada vez menos 
generan sentidos de pertenencia), iglesias de distinto tipo que configuran formas de reli¬ 
giosidad popular más conservadoras o más emancipatorias (actualmente una minoría y no 
es casualidad que haya desaparecido la teología de la liberación), empresas que procuran 
desconflictivizar territorios mediante técnicas de management y otras formas organizativas 
variadas. 

En quinto lugar, debe llamarse la atención que el conflicto es intrínseco a la sociedad. 
Más aún y aunque parezca contradictorio: en ocasiones es un aliciente del crecimiento eco¬ 
nómico. En definitiva la creatividad social también deriva del conflicto. Ocurre que la re¬ 
producción en los altos niveles de decisión impide ver hasta donde el conflicto genera opor¬ 
tunidades para el cambio. El discurso económico dominante, por su parte, también impide 


3 Sobre fundamentos analíticos y la trayectoria conceptual del tema en América Latina puede verse Falero, 
2018. El proyecto I + D en curso (UDELAR - CSIC - 2019 - 2021) “Conflictos sociales en el Uruguay pro¬ 
gresista. Hacia un cuadro general de análisis” también coloca como centro el conflicto. 


241 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


ver esto. Se recuesta en general sobre las interpretaciones más liberales y solamente visualiza 
un vínculo negativo entre conflicto y crecimiento económico por la vía de restricciones a la 
inversión y el “clima de negocios”. Y las empresas transnacionales en la medida que pueden 
procuran imponer condiciones en ese sentido (como se verá con el caso de UPM). 

En ese marco, el discurso dominante presenta a los movimientos sociales como ene¬ 
migos primarios de la elite dirigente (menos cuando se trata de colectivos como “un solo 
Uruguay”), incluso ocurre con los llamados gobiernos progresistas cuando se observan 
dinámicas colectivas por fuera de alguna institucionalidad integradora. Si debiera trazar¬ 
se rápidamente una tesis a explorar, se puede decir que a grandes rasgos el progresismo 
uruguayo -en particular en los últimos años- procuró limitar a aquellos movimientos u 
organizaciones sociales que efectivamente crean cierta organización social de mediano y 
largo plazo, los que tienen una participación real en sus prácticas productivas debido a la 
organización colectiva y que construyen a partir de sus experiencias otras formas de pensar 
y hacer en la sociedad. 

2. La negociación colectiva como núcleo conflictivo 

Si habría que mencionar conflictos sindicales complejos en el 2019, el de Montevi- 
deoGas (Petrobras y su posterior retiro) sin dudas lo fue. Pero no es la propuesta aquí sino 
colocar como emergió con fuerza la perspectiva de defensa de la negociación colectiva por 
parte del movimiento de trabajadores organizado. Se la entiende como una herramienta 
sustancial frente a lógicas generales que hacen a las luchas sociales frente a diferentes abusos 
242 de poder, por derechos laborales, por aumentar los mínimos salariales, entre otros elemen¬ 
tos. El re-establecimiento de los consejos de salarios, las acciones para instaurar una ley de 
negociación colectiva del trabajo tanto para el sector privado como también para los tra¬ 
bajadores públicos, configuró una herramienta importante a defender. Esta lógica implica 
el conflicto. 

Y si bien ocurren disputas en cuanto a la autoatribución de créditos a nivel sindical y 
político (en este último nivel, particularmente en coyunturas electorales) lo cierto es que 
sin trabajadores movilizados, la negociación colectiva bien podría terminar siendo un mero 
mecanismo de contención de demandas. Se podría sostener: es que efectivamente sigue 
siendo eso en lo sustantivo. Quizás, pero examinarlo solamente en el plano de la conten¬ 
ción supone el riesgo de caer en una gruesa simplificación en el contexto actual. 

Ocurre que el análisis del funcionamiento de la negociación colectiva del trabajo debe 
considerar un conjunto de problemas. Los trabajadores sostienen que muchas veces las ins¬ 
tancias de negociación no permiten lograr sus objetivos, que no siempre existe el requisi¬ 
to básico de “buena fe” para las mismas y tampoco la información necesaria para que se 
haga efectiva. Los trabajadores privados sostienen que cuando se esbozan los problemas 
de las empresas ellos no cuentan con información confiable y validada de los “números” 
de tales empresas. En especial cuando argumentan que el aumento de salarios cuestiona la 



productividad y pone en riesgo el empleo. Los trabajadores públicos por su parte, también 
denuncian la negociación colectiva del sector, en particular los incumplimientos del Poder 
Ejecutivo en cuando a proveer información oportunamente, por ejemplo cuando se discute 
presupuesto o rendiciones de cuentas. 

Corresponde recordar en este sentido la ley 15.808 en su artículo 6 o (en cuanto a dere¬ 
cho de información). Dice así: “Las partes tienen la obligación de proporcionar, en forma 
previa y recíproca, la información necesaria que permita negociar con conocimiento de 
causa. El Estado, a solicitud de las organizaciones representativas de los trabajadores del 
sector público, deberá suministrar a las mismas toda la información disponible referente a: 

a) Los avances de los proyectos de Presupuesto y Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal. 

b) La situación económica de los organismos y unidades ejecutoras y la situación so¬ 
cial de los funcionarios. 

c) Los cambios tecnológicos y reestructuras funcionales a realizar. 

d) Los planes de formación y capacitación para los trabajadores. 

e) Posibles cambios en las condiciones de trabajo, seguridad, salud e higiene laboral”. 


Recientemente el empresariado nacional denunció a Uruguay ante la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) por algunos aspectos de la negociación colectiva del tra¬ 
bajo. Particularmente el funcionamiento del derecho de huelga en el país, cuya interpreta¬ 
ción incluye la ocupación de los lugares de trabajo como parte de dicho derecho de huelga. 
Asimismo, los empresarios a menudo reniegan de la llamada Ley de Negociación Colectiva 
del Trabajo, que obliga a empresarios y trabajadores a negociar las condiciones de trabajo y 
salariales en cada rama de actividad. Particularmente, en el sector privado, recuérdese que 
este mecanismo reúne a trabajadores y empresarios bajo la mediación del Estado donde se 
discuten aspectos relevantes del relacionamiento entre el capital personificado por la clase 
que organiza la producción y los obreros. 

Habitualmente las denuncias ante la OIT, donde están representados empresarios, 
trabajadores y gobiernos, tienen que ver con violaciones a los derechos del trabajo. En esta 
ocasión, Uruguay ocuparía el 8 o lugar en una lista de 24 países, donde los primeros lugares 
refieren a violaciones de las libertades sindicales, por lo que el caso concreto es aún más 
llamativo. Curiosamente, luego de una lista de países que sí tienen problemas referidos a 
derechos de los trabajadores, como Turquía, Etiopía, Irak, Libia, Myanmar y Nicaragua, 
aparecerían a su vez los casos de Bolivia y Uruguay denunciados por empresarios en lo rela¬ 
tivo a las negociaciones enmarcadas en el derecho laboral 4 . 


243 


4 El título del diario “El Observador” del 12 de junio de 2019 dice lo siguiente: “Lista negra de la OIT 
golpea reputación del país y mancha una bandera del FA”. Como subtítulo agrega: “La inclusión del Uruguay 
en la nómina se debió a incumplimiento de convenio mundial sobre negociación colectiva y por no atender 
recomendaciones del organismo”. 


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En particular en el caso de Uruguay la denuncia es sobre la violación del Convenio 98 
donde se pide que se priorice la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores en 
lo que respecta a condiciones de trabajo y aumentos salariales por encima de la negociación 
tripartita con el gobierno en los consejos de salario. También está en entredicho hace ya 
diez años lo que atañe al Convenio 87 sobre libertades sindicales y ocupaciones de los luga¬ 
res de trabajo. En este caso concreto la OIT no se hizo eco, si bien los empresarios lo ponen 
sobre la mesa bajo el rótulo de violaciones al derecho del trabajo y pidiendo particularmen¬ 
te una reglamentación del derecho de huelga que no incluya las ocupaciones. 

El conflicto entre el empresariado y los trabajadores se sostiene en que éstos últimos 
plantean una negociación directa, entendiendo que la negociación tripartita ha fortalecido 
a los trabajadores incluso en momentos de franca desaceleración económica, lo que implica 
aumento de costos y pérdida de competitividad, cuestión que eventualmente puede desem¬ 
bocar en aumento de la quiebra empresarial y una creciente pérdida de puestos de trabajo. 
Por supuesto, otros factores que también motivan esta denuncia son: a) un proceso elec¬ 
toral que estaba en ciernes; b) que los empresarios ponen sus reclamos sobre la mesa para 
generar presión y si es una mesa ampliada con repercusiones internacionales mejor y, por 
último, c) porque la situación regional les es propicia en el entendido que tanto Argentina 
como Brasil ya desmantelaron el aparato de protección social existente y avanzan en una 
reforma laboral conservadora. La situación de Paraguay es conocida en cuanto a la escasa o 
nula defensa de derechos en general, elemento que, por supuesto, no entra en los rankings 
de democracia habituales. 

Es sabido que los trabajadores representados PIT-CNT (Plenario Intersindical de 
Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores), ven como un fuerte avance los cam¬ 
bios institucionales logrados en los últimos gobiernos de izquierda, en especial los que tie¬ 
nen que ver con la regulación laboral. 

En el momento en que se escriben estas líneas, el poder ejecutivo presenta un proyecto 
de ley para atender los tiempos y observaciones que se hicieran en la OIT. Tal proyecto 
sin duda traerá controversia entre los trabajadores y, probablemente entre los empresarios. 
Los temas que aborda son los siguientes: a) se le agrega al art. 4to. de la ley de negociación 
colectiva la exigencia de que los sindicatos deberán tener personería jurídica; b) se deroga 
el art. 10 que ponía en la competencia del Consejo Superior Tripartito “estudiar y adoptar 
iniciativas en temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la negocia¬ 
ción y el desarrollo de las relaciones laborales”; y c) se elimina la frase que sostiene que: “en 
la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los trabajadores, la 
legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior”. 

Sin duda, para los trabajadores, no caerán bien estos cambios ya que por un lado se 
aumentan las exigencias para poder ejercer el derecho de la negociación, por otro, se supone 
que se saca del ámbito tripartito algo sustancial como las relaciones laborales. Asimismo, 
muchos trabajadores que no tienen organización -o ésta es demasiado débil- quedan a ex- 



pensas de las organizaciones empresariales y con menor protección del Estado. Los empre¬ 
sarios por su lado, ven las posibilidades de volver a la negociación no regulada, avanzando 
en una reforma laboral liberal al estilo de la implementada en Brasil o la de Argentina, algo 
que difícilmente en Uruguay pueda lograrse sin un conflicto social de dimensiones. 

No sería razonable terminar este apartado sin aludir mínimamente a los trabajadores 
precarios e informales. Es que en tanto componentes ineludibles de la fuerza de trabajo en 
América Latina, pueden quedar por afuera de los mecanismos de protección institucionali¬ 
zados y, por tanto, no salir en la “foto” de los derechos. En Uruguay, se estima que un cuarto 
de la población económicamente activa es informal. Pero también se ha hablado a nivel 
regional en general del “precariado” para poder dar cuenta de la magnitud de un fenómeno 
creciente que impone desafíos. La condición de precariedad entendida como contrato a 
término, parcial, en general definida como el conjunto de modalidades que hacen a lo que 
suele denominarse “flexibilidad” ya es una realidad que implica desafíos organizativos hacia 
el futuro inmediato. El caso más notorio en los últimos tiempos es el de los repartidores 
vinculados al sistema de aplicaciones y plataformas. Un tema abierto sin lugar a dudas, 
sobre el cual se conoce poco. 

3. La vivienda por el sistema de ayuda mutua como núcleo conflictivo 

No toda forma de construcción de vivienda por ayuda mutua en Uruguay implica a 
FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua) pero 
notoriamente desde su nacimiento en mayo de 1970 (si bien el proceso comenzó en 1968) 
se ha convertido en uno de los grandes movimientos sociales del país que no solo despliega 
sus energías estrictamente para la vivienda. De hecho, desde la salida de la dictadura, con 
ciclos de alzas y bajas de movilización como todo movimiento, se plegó a innumerables 
demandas más generales y contribuyó a una apropiación más democrática de la ciudad 5 . 

Lo anterior corresponde subrayarlo porque bien podría haber desplegado una mira¬ 
da más reducida de lo social y restringirse a una demanda concreta. Además, en términos 
prácticos de resolución de necesidades sociales, es responsable no solo de la construcción 
de vivienda social de calidad a costos reducidos sino un sostenedor del Fondo Nacional de 
Vivienda como garantía para que no se detengan las soluciones habitacionales. 

En 2019 eclosionó una de sus aspiraciones como lo es la exoneración de IVA a los 
materiales de construcción que tendría un impacto multiplicador en la construcción de 
vivienda y en la población que conforma cooperativas. Pero un nudo particularmente de- 


5 Cabe recordar, a modo de visualizar que no se trata de un protagonismo reciente, un artículo en Cuader¬ 
nos del Tercer Mundo de diciembre 1985 / enero 1986, bajo el título de “Autogestión en la vivienda”. Allí se 
señalaba que “una propuesta que ha probado tener vitalidad con el tiempo, agrupa a 10 mil familias en 240 
cooperativas que perfilan un método alternativo para la solución de la temática de la vivienda” Y recuérdese que 
ese artículo es a menos de un año de que asumiera el primer gobierno democrático pos dictadura. Hoy implica 
627 cooperativas (habitadas, en trámite o en obra) que integran unas 23 mil familias. 


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licado es el de las tasa de interés que pagan las cooperativas. Una demanda que no es nueva 
y que llevó a la movilización con la consigna de pagar el 2% de interés en los créditos a 
cooperativas, tasa que se pagó hasta 2008 cuando se incrementó al 5%. En agosto, se recla¬ 
mó la renuncia de la ministra de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA). 

Actualmente, FUCVAM tomó la medida de pagar la tasa anterior, lo cual, por su¬ 
puesto, es rechazado por el Ministerio. Pero en palabras de Sergio Segredo, presidente de 
la federación, “así como las fábricas se ocupan (y) existen medidas de presión para llegar a 
una solución al conflicto (...) lo que tenemos que hacer es tomar medidas de presión” 6 . En 
este caso puede observarse como desde la negociación se abrió paso la movilización y si bien 
todo el tema tiene una difusión limitada, constituye un núcleo conflictivo importante en 
el 2019. 

¿Por qué -en términos analíticos- puede considerarse importante? Porque es un 
reduccionismo establecer que se trata solamente de un problema FUCVAM versus Mi¬ 
nisterio de vivienda. En primer lugar porque el acceso a la vivienda es un problema real, 
palpable, con una lógica de asentamientos que se expande a nivel nacional y que contribuye 
a la reproducción de la fractura social. Un informe de la organización Techo indicaba que 
unas 200 mil personas viven en una situación de gran precariedad habitacional además de 
sanitaria y urbana en general 7 . Obviamente no es el único problema en torno al tema. Pero 
la idea general es que existe un problema clave de fondo que no está resuelto. Las políticas 
de vivienda también hacen a un patrón de acumulación del capital. 

En segundo lugar, porque en ese marco la discusión debe implicar un conjunto de 
políticas vinculadas al acceso a la vivienda así como al conjunto de actores que se benefician 
de la reproducción de una política más general. Ocurre que quienes tienen peso económico 
suelen ser muy discretos en la proyección de sus intereses. En ese marco, cabría discutir 
también las exoneraciones a las inversiones privadas en vivienda (si bien, puede aducirse, el 
efecto de regeneración urbana que permite en algunas zonas de Montevideo). 

Finalmente, en tercer lugar, es un reduccionismo por lo que implica FUCVAM, en 
tanto constituye un movimiento comparativamente importante en Uruguay que reivindica 
un sistema de acceso a la vivienda que ha demostrado sus fortalezas incluso fuera de fronte - 


6 Citado por La Diaria, 24 de octubre de 2019. Disponible en: https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/10/ 
fucvam-se-presentara-ante-la-justicia-para-efectivizar-pagos-de-prestamos-hipotecarios-con-2-de- 
interes/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6am. En cuanto a Fucvam en tanto 
movimiento, puede consultarse entre la bibliografía reciente el trabajo de Gustavo Machado “Fucvam: el movi¬ 
miento cooperativo de vivienda por ayuda mutua”, contenido en Casas y otros (2019). 

7 El País 3 de mayo de 2019. Un artículo de La Diaria del 4 de noviembre de 2017, señalaba acertadamente, 
dentro de los prejuicios sociales que se construyen sobre lo social, la idea que quienes viven en asentamientos 
obedece a que no quieren pagar nada. 



ras y que de fondo da lugar a un conjunto de experiencias en las que existe un aprendizaje 
de dinámicas colectivas (Falero, 2008) 8 . 

4. La nueva planta de celulosa en el centro del país y un núcleo conflictivo indirecto 

Las dinámicas extractivas en América Latina replantean el uso del territorio como un 
elemento central y por lo tanto las luchas en tal sentido se vuelven frecuentes. Pueden con¬ 
siderarse luchas ambientales, de defensa o rescate de la identidad de una comunidad, es 
decir pueden resignificarse simbólicamente de múltiples maneras, pero tienen en común la 
resistencia al intento de apropiarse del territorio, generalmente por parte de una transna¬ 
cional, para usufructo y/o saqueo de bienes comunes. 

Existen ya abundantes estudios en torno a la megaminería en la región (desde el Potosí 
como principio histórico-geográfico) pero desgraciadamente no todas las dinámicas que 
implican extracción resultan tan claramente comprendidas en términos económicos y so¬ 
ciales y en sus contradicciones. Esto viene al caso en Uruguay con la forestación y las mega 
plantas de pasta de celulosa. En 2019 se confirmó la instalación de la nueva planta de UPM 
en las proximidades de Pueblo Centenario, Durazno, considerada una de las mayores a ni¬ 
vel mundial, pero el proceso -como es sabido- ya había comenzado antes. Inmediatamente 
se abordará este tema y la razón por la que se habla de “núcleo conflictivo indirecto” pero 
por lo pronto debe ubicarse el caso conceptualmente en la dinámica general de América 
Latina. 

Un emprendimiento de estas características puede incluirse como “enclave extrac¬ 
tivo de última generación”. La economía de enclave está relacionada principalmente con 
las regiones periféricas de la economía-mundo y supone una modalidad de desarrollo del 
capitalismo donde la IED (inversión extranjera directa) a partir de las grandes empresas 
transnacionales se cristaliza bajo esta modalidad. 

Debe recordarse en el clásico trabajo de Cardoso y Faletto (1971) referían a una de 
las modalidades de inserción de los países latinoamericanos en el capitalismo mundial. La 
característica fundamental era que la empresa extranjera que articulaba una plataforma ex¬ 
portadora lo hacía de espaldas a la economía doméstica, con vínculos endebles solamente 
con la burocracia administrativa (i.e. gobernantes) y de seguridad (i.e. policía, ejército, etc.) 
que velaba por su viabilidad económica y aseguraba la estabilidad política. 

Sin embargo, los actuales enclaves, si bien son apéndice del capital extranjero ya no se 
encuentran de espaldas a las economías nacionales sino que imponen restricciones severas 
al funcionamiento de las mismas. Los estados nacionales se encuentran colonizados por la 
expansión del capitalismo y la creación de éstas plataformas exportadoras de los principa¬ 
les recursos naturales de la región. El sistema legal, los aparatos represivos de la seguridad 


8 Véase, por ejemplo, la recopilación de artículos de Gustavo González “La lucha organizada por el derecho 
al suelo urbano y la ciudad”, Montevideo, FUCVAM, 2018. 


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interior y de las fronteras nacionales, como la producción de poder simbólico por parte de 
los Estados se encuentran a disposición de los mismos. La macroeconomía debe funcionar 
de manera que permita una estabilidad económica acorde, por lo que la sociedad queda 
veladamente de rehén de los intereses de tales empresas (Mañán, 2019). 

Debe marcarse la importancia heurística del concepto de enclave en el sentido mane¬ 
jado ya que permite pensar o no cuanto se acerca o se aleja una IED de ese carácter (Falero, 
2014; 2015). En general se repiten los siguientes elementos: 

a) dejar al gobierno la construcción de un discurso de beneficios que reportaría el en¬ 
clave para toda la sociedad. En tal sentido, usualmente se apela a la idea de desarrollo 
a partir de la diversificación económica implicada, el crecimiento sin antecedentes, etc. 

b) establecimiento de conexiones políticas con los diferentes partidos del espectro in¬ 
cluso colocando figuras notorias de gestión del aparato estatal en cargos de direc¬ 
ción empresarial. 

c) planteamiento permanente de minimización de la afectación sobre el medio am¬ 
biente, idea de “gestión ambiental” del proyecto y de mejora del territorio hacia el 
futuro. 

d) salidas públicas de la empresa dosificadas, acotadas, principalmente cuando existen 
negociaciones con el gobierno por ejemplo en relación al canon o a las característi¬ 
cas del proyecto. 

e) separación pero a la vez control social del territorio que rodea al enclave; inter¬ 
vención en el tejido social por ejemplo mediante lógicas de responsabilidad social 
empresarial. 

f) generación de expectativas sociales sobre la fuerza de trabajo que se ocupará. 

Dicho lo anterior, corresponde ir al caso concreto. En primer lugar, debe señalarse 
de lo que no se trata: no es un conflicto con una organización de vecinos que se oponen a 
la instalación de UPM. Nunca lo fue. Más bien la propuesta creó fuertes expectativas de 
inserción laboral que se vienen acumulando desde los anuncios de posible construcción 9 . El 
centro del país constituye un territorio marcado por el bajo dinamismo económico y donde 
la desocupación y la falta de expectativas es un problema real. Tampoco tiene un pasado in¬ 
dustrial que hubiera supuesto sindicatos como tampoco tradiciones de auto-organización. 


9 Una nota de El Observador del 18 de noviembre de 2017 decía: “Esperanza en UPM” y agregaba: “Los 
vecinos ven en la instalación de la pastera una oportunidad para “salir del pozo” y generar empleos, aunque ya 
piensan en los problemas que dejará la obra”. Unos dos años después, un artículo del semanario Brecha del 2 
de agosto de 2019 iba por el mismo sentido aunque agregaba algo más: “Voces y expectativas en Centenario y 
sus alrededores”. “En Centenario, el pueblo de Durazno cortado a la mitad por la ruta 5, la confirmación de la 
llegada de UPM2 despierta esperanzas, después de tantos años de espera. En sus vecinos de Paso de los Toros, 
también. Pero la ilusión de trabajo y prosperidad viene acompañada de algunos miedos porque, en definitiva, 
quienes vendrán no son más que desconocidos. Los curriculums se arman por doquier, aunque un gran porcen¬ 
taje no tiene con qué completarlos”. Se podrían seguir adicionando artículos en la misma línea. 



De este modo, las voces críticas son marginales y provienen de organizaciones ambientalis¬ 
tas más generales. 

En segundo lugar, los acuerdos ROU-UPM suponen renuncias a la soberanía en un 
conjunto de decisiones como la ya “habitual” resolución de disputas en caso que hubiere, en 
tribunales internacionales y un enorme conjunto de beneficios que han considerado diver¬ 
sos análisis económicos (por ejemplo, Bacchetta, Melazzi y Yohai, 2019). En tanto se trata 
de instalación bajo régimen de zona franca, se generan enormes exoneraciones tributarias 
(como el IRAE) consagradas por ley 15.921 del 17 de diciembre de 1987 con modificacio¬ 
nes introducidas por ley 19.566 del 8 de diciembre de 2017 que no afectan el fondo de tales 
exoneraciones. Finalmente, cabe señalar que existe siempre una zona de oscuridad en estos 
contratos. Naturalmente el otro aspecto problemático es el ambiental, principalmente en 
relación a la afectación del rio Negro. 

En tercer lugar, está todo el tema de la infraestructura comprometida y es por aquí 
por donde se canalizó efectivamente el conflicto en 2019, particularmente en torno a las 
características del trazado ferroviario. Un conjunto de dudas técnicas aparecen en ese sen¬ 
tido. Aunque el trazado de 273 kilómetros es más o menos similar al actual (pues si bien se 
preveen correcciones se descartó un trazado alternativo en Canelones y Montevideo que 
habría implicado otros costos, tiempos y una nueva terminal portuaria), las organizaciones 
sociales han entendido la clara prioridad de las cargas de UPM para el tráfico ferroviario 
(de hecho, existen muchas dudas sobre el restablecimiento del tráfico para pasajeros), que 
el aumento de carga y velocidad posible (22,5 toneladas por eje y máximo de 80 kilómetros 
por hora) respecto a las posibilidades mucho más acotadas de la vías actuales supone afec¬ 
taciones de distinto tipo en zonas urbanas más allá de obras adicionales. 

Además de la expropiación, en general se hace énfasis en el mayor peligro además de 
un conjunto de incomodidades cotidianas que se tendrán en función de la cercanía a la 
vía férrea, principalmente en los barrios involucrados en Montevideo. En el marco de las 
acciones desplegadas, incluso se recurrió a la institución nacional de Derechos Humanos. 
En relación al proyecto original se han logrado algunos cambios puntuales caso de la mo¬ 
dificación del trazado por Sarandí Grande. De fondo, el tema marca que en Uruguay una 
verdadera actualización de la infraestructura ferroviaria solo puede venir en términos de 
modernización dependiente y no por decisión autónoma. 

En cuarto lugar, emerge con la instalación de la nueva planta de la UPM la capacidad 
de incidencia de la empresa en la planeación educativa. Alma Bolón (2019, p. 74-80) deta¬ 
lla un conjunto de actividades que revela el trabajo sistemático que viene haciendo UPM en 
lo referente a la capacidad de generar aceptación por parte de las poblaciones de las zonas 
de influencia de la planta. Esto incluye actividades conjuntas con las instituciones educati¬ 
vas con el supuesto “desconocimiento” de las autoridades de la educación. La duda emerge 
pues los consejos que rigen la educación primaria y media, incluso la formación docente en 
el país, no suelen ser muy flexibles a la hora de acoger actividades sin la debida autorización. 


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Hace unos años una maestra de una localidad del norte de Florida fue sorprendida por la 
prensa y expuso sus carencias edilicias y presupuéstales en la escuela rural en que trabajaba, 
tal exabrupto la llevó a ser amonestada por las autoridades al no dirigir sus reclamos por los 
carriles institucionales internos de Primaria. 

En defensa de la educación pública, autónoma, se movilizaron el 5 de setiembre es¬ 
tudiantes y trabajadores, en especial enfrentando algunas de las cuestiones emanadas del 
contrato ROU-UPM que entendían como injerencia de UPM en la autonomía de la edu¬ 
cación. Lo inesperado fue la fuerte represión y persecución de los participantes en dicha 
manifestación. Varias organizaciones sociales -entre ellas SERPAJ- criticaron el violento y 
excesivo accionar de la policía supuestamente para controlar las manifestaciones. Y, a pesar 
del comunicado del Ministerio del Interior, la fiscalía no encontró prueba para formalizar 
los detenidos 10 . 

Deben recordarse los cuidados que exige el tema. El derecho a manifestarse es un ejer¬ 
cicio fundamental para los estados democráticos, que se fortalecen con la apertura, tole¬ 
rancia a la pluralidad, al disenso y al reclamo, en el marco de las garantías de los derechos 
humanos (como rezan las Resoluciones 19/35 y 22/10, Asamblea General de Naciones 
Unidas sobre “La Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el contexto de 
las manifestaciones pacíficas”, 2012, 2013). También puede agregarse que en defensa del 
acuerdo ROU-UPM emergen episodios de criminalización de la protesta. No sorprende 
en términos de situaciones similares en América Latina, pero la pregunta que queda abierta 
es si lo ocurrido vaticina para los próximos años un lento comienzo de conílictividad con 
represión violenta y renovadas formas de criminalización de la protesta. 

5. La aceptación social de una mayor presencia militar: un núcleo conflictivo con 
proyección de futuro 

Con algo más del 46%, lo que representa más de un millón de votos, la propuesta “vivir 
sin miedo” impulsada por un sector del Partido Nacional no alcanzó los votos suficientes 
para ser aprobada pero en términos de indicador representa un elemento significativo hacia 
el futuro: buena parte de la sociedad uruguaya puede llegar a introducir formas represivas 
con el objetivo de mejorar su situación o percepción de seguridad. No se trata aquí de exa¬ 
minar quienes introdujeron la papeleta y por qué, sino elementos más de fondo. 

Y puede comenzarse por lo que hizo posible que afortunadamente la reforma no tu¬ 
viera éxito. Y en ese sentido, debe marcarse la convergencia de organizaciones sociales en 
el eslogan “no a la reforma, el miedo no es la forma”. Las articulaciones conformadas meses 
antes de la consulta pública incluyó diversos colectivos, la FEUU y el PIT-CNT. A partir 
de allí se fomentó el debate público, se trabajó a nivel de redes sociales y tuvo un evento 
el 22 de octubre con una gran movilización por la avenida 18 de Julio. Como ocurrió en 


10 La Diaria , 7 de setiembre de 2019 y Brecha 13 de setiembre de 2019. 



su momento con la propuesta de baja a la edad de imputabilidad, se fueron quebrando 
los esquemas cognitivos que asociaban mecánicamente mayor capacidad de represión con 
una futura mejora de la seguridad pública, en particular dándole más protagonismo a las 
fuerzas armadas. 

Y aquí está el núcleo conflictivo que se quiere señalar. Este es un proceso social que 
trasciende el evento de la marcha y el evento de la consulta pública, refiere a una reducción 
del problema de la seguridad pública a la capacidad punitiva de modo que la organización 
o la persona que pueda posicionarse en ese sentido puede llegar a ser rápidamente aceptada. 
En el mismo sentido de “relajo” vs “orden” del general retirado Manini Ríos, una consig¬ 
na simplificadora en extremo pero efectiva, una parte importante de la sociedad uruguaya 
puede admitir más presencia militar, menos garantías individuales como forma de resolver 
un problema real que es la seguridad ciudadana. Y particularmente es un problema real en 
barrios periféricos o, al menos, alejados del centro de la ciudad. 

En otras palabras, debe inscribirse lo ocurrido con la consulta pública en un esquema 
mayor que hace emerger el conflicto de fondo: la generación de esquemas simplificadores 
de la realidad que pueden expresarse en diversas formas: el rechazo a que el Estado man¬ 
tenga “vagos” (otra simplificación de cómo funciona la sociedad), la sensación de “pasarse 
de rosca” en cuanto a derechos generales, a la “ideología de género” o la defensa de la “ley 
trans” la percepción general de “falta de orden”. Estos esquemas cognitivos no se constru¬ 
yen por arte de magia y tienden a ser duraderos en el sentido que Pierre Bourdieu (2007) ya 
señaló en la década del setenta y ochenta. 

Obsérvese complementariamente -pensando en términos de potencialidad- como el 
último hallazgo de restos de desaparecidos en un cuartel (que como es conocido, corres¬ 
pondió a Eduardo Bleier) podía haber revitalizado el movimiento por derechos humanos. 
Pero se convirtió más bien en una noticia fugaz como otras. Así que entre fugacidades y 
permanencias, simplemente se trató de plantear, ya en el final, un tema de fondo sobre el 
cual parece no llegar a captarse sus proyecciones. La capacidad de organización colectiva 
puede ayudar a conformar antídotos contra los intentos y avances de vivir en sociedad sim¬ 
plificando problemáticas complejas, terreno fértil para propuestas neofascistas o de “orden 
express”. 

Ya en términos de reflexiones finales, no puede separarse todo lo anterior del con¬ 
texto latinoamericano actual de enfrentamiento entre proyectos de sociedad. Los núcleos 
conflictivos trabajados procuraron ir componiendo una idea de coyunturas en un proceso 
más general y paralelamente ir componiendo también una perspectiva latinoamericana. Un 
ejercicio analítico que no debe perderse considerando el futuro inmediato y la capacidad de 
abrir alternativas posibles. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


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Detrás del extractivismo: economía política del 
Uruguay rentista del Siglo XXI 


Gabriel Oyhantcabal 1 | Rodrigo Alonso 2 


A modo de introducción: la perspectiva “antiextractivista” 

Situados en estas coordenadas del mundo y habiendo atravesado uno de los ciclos 
de expansión rentista más marcados de nuestra historia (2005-2014), el extractivismo se 
ha vuelto una categoría ampliamente utilizada para caracterizar, y criticar, a los gobiernos 
progresistas en Sudamérica a comienzos del siglo XXL En sus versiones más extendidas 3 
el extractivismo o, mejor, el neoextractivismo busca caracterizar los rasgos centrales del úl¬ 
timo boom de commodities en Sudamérica. La idea fuerza detrás de esta noción enfatiza el 
carácter ambientalmente depredatorio de ciertas actividades productivas (minería, hidro¬ 
carburos, monocultivos) en la medida que agotan los reservorios naturales al tiempo que 
producen “externalidades” sociales y ambientales para la población bajo la forma de con¬ 
taminación (del agua, los suelos, la biodiversidad, el aire, etc.) y/o directamente el despla¬ 
zamiento territorial. Así, lo específico del extractivismo no estaría en la extracción en sí de 
recursos naturales, sino en el volumen (alto), la intensidad (alta) y el destino (exportación) 
de dicha actividad 4 . 

Estos autores reconocen que se trata de una práctica (o modelo ) con una larga historia 
en Sudamérica, de forma qué con el prefijo neo o nuevo buscan dar cuenta de su particulari¬ 
dad contemporánea: la mayor participación estatal y la utilización de parte de los ingresos 
que su explotación produce para financiar políticas sociales 5 . De esta lente encuentran más 
continuidades que cambios en los llamados gobiernos progresistas, tanto en relación a los 
gobiernos neoliberales de la década de los noventa como a los gobiernos no progresistas o 
de derecha de la última década (Colombia y Perú por ejemplo). 


1 Ing. Agrónomo. Dr. en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Integrante de la Fundación Trabajo y 
Capital y del Comité Editorial de Hemisferio Izquierdo. 

2 Economista. Integrante de la Fundación Trabajo y Capital y del Comité Editorial de Hemisferio Izquierdo. 

3 Eduardo Gudynas, “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo”, en Extractivismo, política y sociedad, 
vol. 187, Quito, CAAP y CLAES, 2009, 187-225. Eduardo Gudynas, Extracciones, extractivismos y extrahec- 
ciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales, Observatorio del Desarrollo, Monte¬ 
video, CLAES, 2013. James Petras y Henry Veltmeyer, El neoextractivismo , Madrid, Crítica, 2015. 

4 Gudynas, 2013, op cit. 

5 Para otros autores que utilizan esta noción, el neoextractivismo más que un nuevo modelo de desarrollo es 
una nueva forma de imperialismo, que se expresa en el arribo masivo de capitales transnacionales para explotar 
recursos naturales (ver Petras y Veltmeyer op. cit.). 


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Su argumento principal es que los autoproclamados gobiernos de izquierda o progre¬ 
sistas no solo no alteraron el patrón de desarrollo basado en recursos naturales, sino que lo 
profundizaron amortiguando los impactos sociales y ambientales gracias a los “derrames” 
que éste produjo bajo la forma de políticas sociales. Esta política, aseguran, fue el resultado 
de una concepción antropocéntrica y colonial ( eurocéntrica ) que reproduce la separación 
sociedad-naturaleza desconociendo los derechos de esta última. La alternativa que oponen 
es un enfoque local y ecocéntrico que permita restablecer los equilibrios con la naturaleza y 
avanzar hacia sociedades postextractivistas. 

En la medida que se trata de una mirada que ha ganado amplia adhesión en ámbitos 
académicos y militantes para impugnar el modelo de desarrollo y organizar una crítica sis¬ 
temática a este; en este artículo dialogamos críticamente con esta exponiendo a su vez un 
enfoque alternativo, centrado en las características y los principales dilemas del capitalismo 
uruguayo del siglo XXL 

Un punto de partida materialista 

La extracción de recursos bióticos y abióticos para reproducir la vida es algo inherente 
a todas la formas de vida. Sin embargo, la especie humana se diferencia del resto de las es¬ 
pecies porque se apropia del medio auxiliado por instrumentos extracorporales: los medios 
de producción, que a su vez se heredan de generación a generación de forma acumulativa 
y evolutiva según relaciones sociales que determinan la relación del humano con la natu¬ 
raleza. 

Estas relaciones no son naturales ni están codificadas en los genes, sino que resultan 
de arreglos sociales históricamente determinados por la forma en que se organiza y divide 
el trabajo social, es decir, por la forma en que se organiza el reparto de los medios de pro¬ 
ducción necesarios para satisfacer el consumo social. El abordaje de nuestros “modelos de 
desarrollo” o de la llamada cuestión ambiental contemporánea precisa partir de la forma 
concreta que adoptan las relaciones sociales de producción en la actualidad: eso que llama¬ 
mos capitalismo. 

Durante los primeros 2000 siglos de su historia como especie —algo así como el 99,5% 
del tiempo—, el ser humano organizó el proceso de producción y consumo de valores de 
uso mediante relaciones directas entre individuos basadas en la dependencia personal. Tan¬ 
to en sociedades organizadas a través de relaciones de cooperación (el llamado comunismo 
primitivo ), como en sociedades jerárquicas organizadas por la propiedad privada de los me¬ 
dios de producción fueron relaciones directas entre individuos —patriarca-familia, amo- 
esclavo, señor feudal-siervo, etc.— las que pautaron la asignación de los trabajos necesarios 
para resolver la unidad entre producción y consumo. En este tipo de relaciones el fin último 
de la producción es el consumo de valores de uso que permiten reproducir la vida. 



Esta particularidad cambia con la consolidación del modo de producción capitalista, 
en tanto la relación entre producción y consumo, y la asignación de los trabajos individua¬ 
les pasa a resolverse de forma indirecta. Esto significa que primero se produce y solo aposte- 
riori se confirma si los bienes producidos son consumibles. La forma en que se resuelve esta 
relación indirecta es el intercambio en el mercado de valores de uso bajo la forma de mer¬ 
cancías, una entidad que es al mismo tiempo valor de uso y valor, una propiedad invisible 
que hace posible su intercambio en el mercado y cuya magnitud está dada por la cantidad 
de trabajo social que exige su producción. En otras palabras, el valor es la relación social de 
producción entre los seres humanos que permite organizar los trabajos sociales, es decir el 
trabajo para otros, realizados de forma privada e independiente. 

La forma simple de la producción regida por el valor implica que cada individuo pro¬ 
duce una mercancía (M) que intercambia por dinero (D) para comprar otra mercancía 
(M’) a ser consumida (M-D-M’). Sin embargo, en su despliegue esta forma de producción 
encuentra una mercancía cuya peculiaridad es producir más valor: la fuerza de trabajo. Este 
“hallazgo” revoluciona para siempre la historia de la humanidad, pues la posibilidad de 
producir más valor en cada acto productivo invierte la relación M-D-M’ en D-M-D’. Esto 
significa que el valor, es decir, la relación social que organiza a los trabajos privados, deja 
de ser un atributo de la mercancía y se convierte en el sujeto de la producción. Se convierte 
en el comienzo y el fin del proceso de vida humana, es decir, del metabolismo con la natu¬ 
raleza, subordinando la producción de valores de uso y la satisfacción de necesidades a la 
producción de más de sí mismo: el plusvalor que permite que el dinero inicial (D) se incre¬ 
mente al salir de la producción (D’). 

A este valor —que se valoriza a sí mismo mediante la producción de plusvalor— Marx 
le denominó capital : “la potencia económica, que lo domina todo, de la sociedad burguesa. 
Debe constituir el punto de partida y el punto de llegada” 6 . Se trata del sujeto que pone en 
marcha y pauta el movimiento de lo social, un autómata sin más voluntad que la de ser más 
de sí mismo (D-M-D'). A la sociedad organizada por el capital, o donde el capital es la 
relación social predominante, le llamamos sociedad capitalista. 

Así, si bien la contaminación y la depredación de la naturaleza puede encontrarse en 
sociedades pre-capitalistas, como evidencia la extinción de la megafauna en América y Aus- 
tralasia provocado por la caza indiscriminada hace 10.000 años, el capitalismo modifica de 
forma radical el metabolismo sociedad-naturaleza en la medida que la producción de valo¬ 
res de uso organizada por la valorización del valor supone, por primera vez en la historia, 
que la producción no tiene límites ya que una relación cuantitativa (D’>D) subordina la 
satisfacción de las necesidades humanas. En tanto la producción de mercancías no encuen¬ 
tra límite, esto provoca la tendencia a utilizar, y mercantilizar, de forma tendencialmente 


6 Karl Marx, Elementos fundamentales parala crítica de la economía política: borrador 1857-1858, Ciudad 
de México, Siglo XXI, 2007, 28. 


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infinita a la naturaleza, provocando modificaciones de ritmo, amplitud, nivel, profundidad 
y grado de conciencia en la forma específica de relación del ser humano con su entorno 7 . 

Estas características de la relación sociedad-naturaleza tienen, a su vez, particularida¬ 
des entre regiones y países que resultan de la forma que toma la división internacional del 
trabajo (DIT). A este asunto se aboca el siguiente apartado. 

La división internacional del trabajo y los países productores de bienes primarios 8 

La acumulación de capital es mundial, pero tiene formas nacionales. Esto significa que 
el capitalismo se organiza dividiendo las fases del ciclo de producción en distintos territo¬ 
rios/países, pero respondiendo a la lógica global de la producción de plusvalor. 

La particularidad de los países de Sudamérica en la unidad mundial es la apropiación 
nacional de una masa extraordinaria de plusvalor que los economistas clásicos llamaron 
“renta del suelo”, y que resulta de la posesión de un medio de producción monopolizable 
y heterogéneo como la tierra. La renta del suelo es un ingreso que remunera a un sujeto, el 
terrateniente, que a diferencia del capitalista y del obrero, no tiene ningún rol en el proceso 
de producción, de forma que la renta puede “confiscarse” sin inviabilizar al sector rentista. 

Esta confiscación, total o parcial, tomó forma en diversas políticas que desde el Estado 
permitieron su distribución. El resultado de esta apropiación fue el surgimiento de socieda¬ 
des que en vez de basarse en el desarrollo de las fuerzas productivas a través de la innovación 
tecnológica permanente, como sucedía en Europa y Estados Unidos, sustentaron la viabili¬ 
dad de sus capitales en el uso de la renta del suelo como principal factor de compensación 
de su menor productividad. 

Luego de la segunda guerra mundial, en especial desde la década de 1970, la revolu¬ 
ción técnico-productiva, en las comunicaciones y la conectividad hizo posible iniciar la 
migración de las industrias manufactureras que utilizaban fuerza de trabajo poco calificada 
desde los países centrales hacia los países del Asia Oriental, donde se encontraban reservó¬ 
nos de población obrera barata y disciplinada. 

Estos cambios reconfiguraron la DIT en cuatro grandes tipos de países: (1) países con 
capitales industriales que producen mercancías para el mercado mundial en base a obreros 
poco calificados y muy baratos (Asia Oriental, México y América Central); (2) países in¬ 
dustriales que conservaron las fases del proceso de producción vinculadas al diseño en base 
a la incorporación permanente de conocimiento y tecnología (I+D), las que requieren un 
obrero mucho más calificado y por ende más costoso (Estados Unidos, Japón, Alemania, 


7 Humberto Tommasino, Guillermo Foladori, y Javier Taks, “La crisis ambiental contemporánea”, en ¿Sus- 
tentabilidad ? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable., ed. Guillermo Foladori y Naína Pierri, Montevideo, 
Fundación Trabajo y Capital, 2001. 

8 Este capítulo se basa fundamentalmente en Iñigo Carrera, Juan, El capital: razón histórica, sujeto revolu¬ 
cionario y conciencia, Buenos Aires, Imago Mundi, 2008 (segunda edición). 



Reino Unido y Corea del Sur); (3) países relegados al carácter de reservorios de fuerza de 
trabajo que migra en función de las necesidades de la acumulación (África Subsahariana, 
parte Medio Oriente); y (4) países especializados en la exportación de mercancías prima¬ 
rias que portan renta del suelo, que incluyen desde las potencias petroleras de la segunda 
mitad del siglo XX hasta un heterogéneo grupo de sudamericanos que mantienen esta con¬ 
dición desde el siglo XIX. 

Para los países de América del Sur la nueva DIT supuso cambios radicales en su proce¬ 
so de acumulación de capital, en la medida que sufrieron el declive de su condición rentista 
asistiendo a una transformación en su modo de acumular capital para lo cual las dictaduras 
militares —de los 70 y 80— y los llamados gobiernos neoliberales —de los 90— cumplie¬ 
ron el cometido histórico de desvalorizar la fuerza de trabajo y atraer capital extranjero, 
lo que implicó desarmar —en mayor o menor medida— la industria por sustitución de 
importaciones montada gracias a la distribución de renta del suelo. 

De todos modos, el carácter rentista no terminó de desaparecer. Por el contrario, y eso 
es lo que muestra la llamada “década progresista”, en los últimos quince años se incrementó 
la demanda internacional de bienes primarios cuya producción demanda medios de pro¬ 
ducción naturales como la tierra y, a cambio de cuya venta, estos países han vuelto a apro¬ 
piar masas crecientes de renta del suelo. En concreto, fue en especial la expansión industrial 
en China la que demandó mercancías producidas en condiciones de alta productividad 
como soja, carne, pasta de celulosa, cobre, petróleo y hierro. 

La venta de estos productos permitió apropiar y redistribuir renta para relanzar por un 
tiempo una suerte de renmke desarrollista que financió capitales ineficientes que sólo com¬ 
piten en la escala del mercado interno, y cuya expansión reduce los niveles de desempleo 
(población obrera sobrante) e incrementa los salarios. 

A su vez, esta expansión rentista supuso presiones extraordinarias para la base natural 
sobre la que se asienta la acumulación de capital, ya que la aceleración y expansión del ciclo 
del capital incrementó la extracción de bienes naturales, provocando lo que algunos auto¬ 
res denominan como (neo)extractivismo, del mismo modo que amplificó la contaminación 
ambiental dada la mayor liberación de subproductos al ambiente. 

Economía del Uruguay: ¿modelo extractivista o capitalismo basado en renta agraria? 

Empecemos por presentar una visión de conjunto del movimiento del capitalismo 
uruguayo, situándolo a su vez en la unidad mundial, es decir, partiendo del lugar que ocupa 
nuestro país en la DIT. 


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Uruguay es un país “Ni-Ni”: ni tiene la baratura de la mano de obra de países del su¬ 
deste asiático, ni la alta productividad de los llamados países centrales 9 . De esta manera, la 
condición de sobrevivencia de los capitales que se reproducen en Uruguay es la obtención 
de alguna fuente de compensación a su improductividad y baja competitividad. Como vi¬ 
mos, esta fuente es la renta del suelo que recibimos por la venta de las únicas mercancías 
donde somos competitivos: las mercancías agrarias. La renta agraria ha permitido que se 
hayan gestado y sobrevivan toda una serie de capitales, con sus respectivos empleados y 
con el respectivo Estado que recauda impuestos de la actividad de éstos. En suma, todo un 
entramado social que funciona a expensas de unos capitales que logran valorizarse en tanto 
reciben algún tipo de compensación. 

En las fases de suba de los precios de los bienes de exportación (auge de la renta) se di- 
namiza la acumulación 10 . Crecen los salarios, se reduce la población obrera sobrante, se am¬ 
plía el Estado y se montan políticas de contención y transferencias monetarias a la fracción 
de la clase obrera 11 en condición de sobrante consolidada (lo que se suele llamar el núcleo 
duro de la marginalidad). Cuando se retrae el flujo de renta porque bajan los precios de las 
materias primas, el capitalismo uruguayo debe comenzar una fuga hacia adelante suplan¬ 
tando la renta que ya no recibe con el uso de reservas internacionales y el endeudamiento 
externo; y, cuando esto ya no es posible, los capitales que aquí se valorizan, para continuar 
con su reproducción deben empujar hacia abajo el precio de la fuerza de trabajo y el gasto 
público en general, porque parte de la base de recaudación del Estado es la propia renta 
agraria. En las fases de baja renta ocurre lo contrario a las fases de alza: quiebran capitales, 
crece el desempleo y la porción de la clase obrera que está sobrando para las necesidades 
del capital. El resultado es, entre otros, caída de los salarios reales (inflación sin indexación 
salarial), deterioro del salario indirecto (servicios estatales) y reducción de las partidas para 
financiar planes sociales. Este movimiento suele presentarse en el marco de una situación de 
crisis y es el contenido de lo que se conoce como “ajuste estructural”. 

Por tanto, estamos ante una formación económica cuyo despliegue “virtuoso”, uno que 
combina crecimiento económico, incremento de las ganancias y crecimiento salarial —tal 
como sucedió desde 2004 hasta 2015 aproximadamente— depende de la capacidad que 


9 Por un desarrollo mayor ver Alonso, R. y Oyhant^abal, G. Hijos de la Renta: apuntes sobre la economía 
política del Uruguay en Entre. Ensayos sobre lo que termina y lo que empieza. Montevideo: Estuario 

10 En la historia del Uruguay el principal mecanismo utilizado para transferir renta agraria al conjunto de 
la economía fue la sobrevaluación del tipo de cambio (abaratamiento del dólar o atraso cambiario). Un dólar 
barato afecta a quien exporta en beneficio de quienes operan con mercancías importadas y quienes compran 
divisas para obtener poder de compra internacional. Esto dinamiza la acumulación interna en la medida que 
abarata bienes importados, y con esto reduce los costos de los medios de producción y de la fuerza de trabajo 
respectivamente para el ciclo de acumulación. 

11 Utilizamos la categoría de clase obrera en un sentido amplio, es decir, entendida como aquellos que viven de 
la venta de la única mercancía que poseen, su fuerza de trabajo. No importa si la venden más cara o más barata, 
si realizan un trabajo complejo o uno más simplificado. 



tenga de inyectar renta agraria en su economía; y esto a su vez depende del precio (variable 
no controlada) y del volumen de los bienes primarios exportados. 

Siguiendo este hilo, es posible entrever el contenido detrás de lo que autores como 
Gudynas llaman extractivismo o neoextractivismo. Lo que este autor refiere como “obsesión 
con los extractivismos ” 12 , es la necesidad del propio capitalismo uruguayo (y sudamericano) 
de incrementar el flujo de renta del suelo como forma de dinamizar el conjunto de su meta¬ 
bolismo económico y evitar su crisis. 

Recurrir a actividades extractivas como la principal fuente de ingresos en nuestros paí¬ 
ses no es una mera opción política abstraída de determinaciones, sino la forma que asume 
el despliegue de nuestros capitalismos en función del lugar que tenemos en la unidad global 
de acumulación de capital, en la medida que todo el metabolismo de nuestras sociedades 
descansa sobre el flujo de renta que se deriva del sector primario exportador, sea este petró¬ 
leo, gas natural, cobre, hierro, carne o soja. 

Lo mismo sucede con el neoextractivismo , que vendría a representar la gestión progre¬ 
sista del extractivismo clásico mediante un papel más activo del Estado en el despliegue de 
políticas sociales. No es que los progresismos promuevan un extractivismo con políticas 
de amortiguación y/o “cooptación”; sino que es el propio auge del “extractivismo”, léase, el 
empuje al proceso de acumulación de capital, que le da el incremento del flujo de renta del 
suelo hacia nuestros países, lo que permite y da sostenibilidad al progresismo como forma 
de gestión del capitalismo sudamericano. 

Lo que Gudynas llama neoextractivismo es en realidad el patrón de acumulación en 
una fase de alza de la renta, donde el extractivismo tiene un momento de empuje o expan¬ 
sión y permite una articulación “virtuosa” de intereses contrapuestos, donde solo quedan 
afuera del reparto aquellos sectores afectados directamente por la expansión de la frontera 
agrícola o los megaemprendimientos. 

El problema de estas categorías, y del análisis que a partir de allí se desarrolla de la 
particularidad y las contradicciones de nuestros capitalismos, es que resultan poco poten¬ 
tes para pensar el complejo movimiento que encierra nuestra economía política. Poner el 
foco en lo extractivo y sus consecuencias sobre el territorio, como si allí se jugase la contra¬ 
dicción ordenadora de nuestras formaciones económico-sociales, no solo mutila nuestro 
objeto de análisis, sino que además invisibiliza el contenido del problema en cuestión, esto 
es, el propio capitalismo sudamericano. 

Así, más que hablar de extractivismos o neoextractivismos resulta más apropiado pensar 
en clave de capitalismos basados en renta del suelo. No porque consideremos que el fenóme¬ 
no extractivo es inexistente, sino porque, más allá de lo aparente o evidente, resulta insufi¬ 
ciente para entender el movimiento de nuestras sociedades. 

12 Eduardo Gudynas, Extractivismos: el concepto, sus expresiones y sus múltiples violencias. PAPELES de 
relaciones ecosociales y cambio global N° 143 2018, pp 61-70 (pp. 70). 


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¿Qué nos espera? 

El dinamismo económico capaz de garantizar el crecimiento continuo de nuestra eco¬ 
nomía requiere de un flujo creciente de renta agraria. Es decir, es necesaria la expansión 
del flujo de renta a base de un mayor precio y/o volumen en los productos primarios ex¬ 
portados. No obstante, el capitalismo como unidad mundial avanza sobre la ampliación 
de la escala de acumulación y la productividad. Si la renta es fuente de compensación por 
el diferencial de productividad de nuestro país con la media mundial, a medida que este se 
incrementa el flujo de renta necesario para sostener nuestro proceso económico es cada vez 
mayor. 

El capitalismo uruguayo se fuga de sus propios límites empujando cada vez más sobre 
los sectores primario-exportadores generadores de renta, esto es, sobre su costado extracti¬ 
vo. En este sentido es que hay que entender el amplio consenso intersectorial respecto a la 
instalación de UPMII. En un escenario internacional de menor disponibilidad de capitales 
y menor rentabilidad por la baja de los precios, la presión podrá aumentar sobre los meca¬ 
nismos de protección ambiental. Continuar por el camino del incremento de la magnitud 
de renta por volumen tiene límites claros en el plano ambiental, y sus consecuencias ya se 
comienzan a sentir en otras áreas, tales como el estado de los cauces hídricos. 

Por el otro lado, la caída de la renta por menores precios y/o menor volumen de expor¬ 
taciones primarias nos pone frente a límites distributivos y políticos bien claros: incremen¬ 
to de la puja distributiva, necesidad de ajuste sobre el precio de la fuerza de trabajo, aumen¬ 
to de la población obrera sobrante: en pocas palabras, el desfondamiento del progresismo 
260 como forma de gestión de la sociedad uruguaya. 

La continuidad de la inserción primario exportadora productora de renta en un límite 
es insostenible en términos ambientales; pero su cancelación o su retroceso también nos 
pone ante el dilema del retroceso de las condiciones de vida del conjunto de la población y 
el aumento de la conflictividad social. Basta ver lo acontecido en Venezuela en los últimos 
años para tener presente lo que implica para el tejido social el fin del reparto de renta hacia 
el conjunto de la economía. 

La forma de acumulación actual tiene en sí misma los límites para ser superada en 
tanto que, al tratarse de un proceso de crecimiento basado en el cambio de renta por mer¬ 
cancías importadas abaratadas, al mismo tiempo que posibilita la sobrevivencia de nuestro 
capitalismo, obtura e inviabiliza la posibilidad de la modificación de nuestra matriz pro¬ 
ductiva. Siendo que la compensación es materializada en productos importados abaratados 
por un dólar bajo, se generan dos consecuencias que impiden el desarrollo de sectores in¬ 
dustriales competitivos. En primer término la propia llegada de los productos importados 
abaratados dificulta el desarrollo nacional de esos sectores productivos. Por otro lado, el 
tipo de cambio alto o sobrevaluado afecta la rentabilidad exportadora por lo que reduce la 
competitividad internacional de los capitales que operan en nuestro país y los restringe a 



la escala nacional. La misma fuerza que empuja la acumulación es la que la traba y la lleva, 
periódicamente, a desembocar en crisis y ajustes antipopulares. 

Pero a las limitaciones de este movimiento tampoco es posible oponerle una propues¬ 
ta de regreso a un comunitarismo ecológico sin más. Volver a modalidades productivas 
del tipo de la pequeña producción mercantil comunitaria implicaría una caída abrupta de 
la disponibilidad de un gran conjunto de bienes y servicios que hoy consume la sociedad 
uruguaya y por tanto un drástico descenso del nivel de vida del conjunto de la clase obrera. 

Ni la renovada apuesta por un capitalismo nacional de la mano de una “burguesía 
seria”, ni la abstracción de las determinaciones de la división internacional del trabajo ne¬ 
gando la necesidad de seguir contando con renta del suelo para subsistir, parecen salidas 
posibles. 

Para cortar el círculo vicioso en el que estamos, resulta necesario la apropiación social 
y colectiva de la renta agraria, para con ello, y pensando en clave regional, lograr márgenes 
de maniobra para redefinir el lugar de nuestro país en la división del trabajo global. Afectar 
privilegios históricos, garantizar derechos y potenciar la competencia de capitales estatales 
parecen ser algunas de las claves para la defensa de los intereses de las trabajadoras y tra¬ 
bajadores de cara a la próxima década, así como para evitar continuar con una lógica de 
acumulación insostenible desde el punto de vista ambiental. 


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Foto: Martha Passeggi 


Agua para la vida o agua para el agronegocio 

Cambio de Uso del Suelo vs. calidad de agua en Uruguay 


Daniel Panario 1 I Ofelia Gutiérrez 2 


El agua es un elemento fundamental e insustituible, en primer lugar por permitir el 
desarrollo de la vida, tal y como la conocemos en nuestro planeta, pero también por su uso 
para muchas actividades destinadas a satisfacer las necesidades básicas del ser humano (be- 

1 Doctor en Gestión del Agua y Tecnología Ambiental (Universidad Internacional de Andalucía, España), 
Diploma de Estudios Avanzados en Conservación y Gestión del Medio Natural (UNIA, España), Ingeniero 
Agrónomo (Universidad de la República). Profesor Titular (Dedicación Total) de UNCIEP, Instituto de Eco¬ 
logía y Ciencias Ambientales (IECA), Facultad de Ciencias, Universidad de la República. Investigador activo 
Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, ANII. Director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambien¬ 
tales. Coordinador del Programa de Posgrado en Ciencias Ambientales. 

2 Doctora en Gestión del Agua y Tecnología Ambiental (UNIA, España), Diploma de Estudios Avanzados 
en Conservación y Gestión del Medio Natural (UNIA, España), Magister en Ciencias Ambientales (Universi¬ 
dad de la República), Licenciada en Geografía (Universidad de la República). Asistente de UNCIEP, Instituto 
de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA), Facultad de Ciencias, Universidad de la República. Investigadora 
activa Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores, ANII. Miembro de la Comisión de Estudio del Programa 
de Especialista en Ciencias Ambientales. 


bida, producción de alimento, higiene), y otras relacionadas con la producción (industria, 
turismo, producción energética, etc.). 

Si bien es un recurso abundante a nivel global, su distribución temporal y espacial 
es muy irregular. Aproximadamente el 70% de la superficie del planeta está cubierta por 
el agua, pero el 96,5% se encuentra en mares y océanos, es decir, es agua salada que no se 
puede beber, y sólo un 3,5% del agua de la Tierra es dulce, pero de este porcentaje, el 70% 
está congelada en glaciares y casquetes polares. Solo el 1% de esta agua dulce discurre por 
las cuencas hidrográficas, y de ella, sólo un pequeño porcentaje es apta para el consumo 
humano de forma más o menos directa 3 . Actualmente el planeta se enfrenta a un doble 
reto: la sequía y el estrés hídrico en algunas regiones del planeta; y la falta de agua potable 
en otras áreas del mundo, donde el agua puede estar presente, pero las condiciones para su 
consumo no son óptimas. 

Quizás por esta razón, todavía muchos políticos y planificadores, arguyen que es un 
recurso que debe usarse y que se deben tomar medidas para impedir que fluya por las vías de 
drenaje y se “desperdicie” en el mar, y que lo mejor es generar reservas artificiales, descono¬ 
ciendo los importantes ciclos y funciones que el agua al fluir, proporciona a los ecosistemas 
y a la sociedad. 

Los ríos son un continuo desde su nacimiento a su desembocadura, los seres vivos que 
en ellos habitan son imprescindibles para la conservación de los parámetros que hacen a 
la salud del sistema. Cualquier cambio que intercepte ese continuum, modifica la vida de 
los organismos que lo habitan, y con ello su resiliencia ante las fluctuaciones del medio. 
Las cadenas tróficas presentes y sus estructuras poblacionales, son dependientes entre otros 
factores de sus caudales, su disminución artificial por encima de ciertos límites puede ser 
catastrófica; incluso, la reproducción de los peces de nuestras pesquerías costeras depende 
en gran medida del aporte de agua dulce a nuestro estuario y sus sub estuarios. ¿Lograremos 
hacer entender a nuestros políticos que antes que un recurso, el agua es un derecho huma¬ 
no ?, y que requiere la mayor inversión en la conservación de sus ciclos que renuevan la vida. 

El acceso al agua es un derecho humano fundamental, se puede emplear en mayor o 
menor cantidad, con una gestión adecuada o inadecuada, pero no existe alternativa a su uso 
para la vida en el planeta. 

En pos de la defensa legal del agua 

En el año 2004, en Uruguay se plebiscitó una reforma constitucional, con el objetivo 
de modificar el Artículo 47 de la Constitución de la República, agregando varios incisos a 
su texto donde queda explícito que el agua es un recurso natural esencial para la vida, que 


3 U.S. Geological Survey. Where is Earth’s Water? [¿Dónde está el agua de la tierra?]- Consultado: 
17/10/2019. https: // www.usgs.gov/ special-topic/water-science-school/science/where-earths-water ?qt-scien- 
ce_center_objeets=0#qt-science_center_objects 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


en la planificación, gestión y control deban tener participación los usuarios y la sociedad 
civil, y que el servicio público de saneamiento y de abastecimiento de agua para consumo 
debe ser ejercido por personas jurídicas estatales. Este plebiscito triunfó con el apoyo del 
64,6% de la población, incluyendo una modificación que claramente era contradictoria 
con las directivas de los organismos de asistencia y crédito para el “desarrollo”, que estaban 
impulsando la privatización de la distribución del agua para consumo y riego en Latinoa¬ 
mérica, proceso que se había iniciado en Uruguay con la concesión de algunos sistemas de 
distribución a empresas trasnacionales. 

La propuesta de reforma parte del sindicato de trabajadores de FFOSE (Federación de 
Funcionarios de OSE 4 , PIT-CNT), y rápidamente se conformó una plataforma denomina¬ 
da Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDVA, integrada por más de 30 
organizaciones gremiales, sociales y político partidarias), que gestaron una intensa movili¬ 
zación. Los apoyos político partidarios que recibió la iniciativa excedieron ampliamente al 
Frente Amplio, y la mayoría del Partido Nacional también apoyó la campaña 5 . 

Esta reforma sin embargo, dejaba algunos resquicios para su interpretación, el texto 
que explicitaba la participación y consulta ciudadana en el uso del vital elemento, no es¬ 
tablecía que esta participación debía ser vinculante , aunque ello estaba claramente en el 
espíritu de quienes la redactaron. En segundo lugar, no incluía a “los pluviales” 6 , con el 
problema de no dejar definido: ¿cuándo el agua que escurre luego de una lluvia, deja de ser 
pluvial? 

Aunque a nivel conceptual el agua que circula por una vía de drenaje de carácter per- 
264 manente deja de ser pluvial, las definiciones científicas tienen dificultades a la hora de ser 
interpretadas por la jurisprudencia. De esta forma, rápidamente el poder político, o bien 
por ser afín con una cierta concepción de progreso por conciencia de clase, y/o por la nece¬ 
sidad de obedecer los lincamientos de los organismos multilaterales de asistencia y crédito 
(BID, Banco Mundial), comienza a desvirtuar la diáfana intención de sus impulsores. 

Por ejemplo, tal cual lo establece desde ese momento la Constitución, se crean los 
denominados Comités de Cuencas, aunque no para todas las cuencas, ni con dimensiones 
acordes al posible sentimiento de pertenencia de los actores (usuarios o residentes), sino 


4 OSE (Obras Sanitarias del Estado), es el organismo estatal responsable del abastecimiento de agua potable 
en toda la República Oriental del Uruguay, y del servicio de saneamiento en el interior del país, desde 1952. 

5 Monestier.F. Movimientos Sociales, Partidos Políticos y Democracia Directa “desde abajo”en Uruguay (1985- 
2004). CLACSO, Buenos Aires. 90 p. 2011. 

6 Dícese de aquello vinculado a la lluvia: el agua que desde las nubes se precipita y escurre. El Art 47 dice: 
“Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidroló¬ 
gico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público esta¬ 
tal, como dominio público hidráulico.” Aunque posteriormente quedo definido por la Ley 18.610 aún vigente, 
la que en su Artículo 4 establece “Integran el dominio público estatal las aguas superficiales y subterráneas, 
quedando exceptuadas las aguas pluviales que son recogidas por techos y tanques apoyados sobre la superficie 
de la tierra” (Ley de política nacional de aguas. Principios rectores, promulgada 02/10/2009). 



para macrocuencas. Con reticencia, y solamente donde la movilización local lo hizo im¬ 
prescindible, fueron generados comités para cuencas menores, como el de la Laguna del 
Cisne. A vía de ejemplo, a pesar de la solicitud de vecinos interesados en ella, el Comité de 
Cuenca de la Laguna de Rocha no llegó a funcionar. 

A su vez, el funcionamiento de estos comités, ha resultado en general muy frustrante 
para los participantes por diversos motivos. El horario en que se citan es en horario de tra¬ 
bajo, lo que es ideal para la participación de los representantes estatales, pero no así para los 
representantes de la comunidad civil, a menos sean jubilados. 

El mecanismo establecido de funcionamiento hace que los representantes guberna¬ 
mentales realicen sus intervenciones exponiendo la información oficial. Estos represen¬ 
tantes son usualmente funcionarios sin jerarquía administrativa como para poder incidir 
en la política ministerial, y en general ni siquiera tienen la posibilidad de comunicar a las 
máximas autoridades los planteamientos y observaciones de los representantes de la socie¬ 
dad civil. Así, en la siguiente reunión, no existirá una respuesta a los planteos efectuados y 
en este escenario, los mismos se tornaran repetitivos, y se generan situaciones de desánimo 
por el infructuoso intercambio. Todo eso va haciendo desistir la participación de activistas 
ambientales y vecinos, desestimulando la participación social, lo que puede leerse como 
objetivo, cuando la sociedad civil se opone a las políticas centrales. 

Sólo la sensibilidad de un gobierno departamental implemento aunque tibiamente, 
algunas medidas de manejo ambientalmente responsable de una cuenca, cuyo éxito motivó 
luego la ampliación del área, pero a pesar que la superficie de cultivos genéticamente modi¬ 
ficados tienen poca relevancia en la cuenca del Rio Santa Lucía, no se incluyó la totalidad de 
la cuenca perteneciente a Canelones en dicha resolución, en los hechos una iniciativa en esa 
dirección realizada por una anterior administración fue bloqueada por el Poder Ejecutivo, 
según nos fue informado por alguno de sus impulsores. 

En este contexto se aprueba la ley denominada “Ley de Riego” (Ley 19.553, promul¬ 
gada 27/10/2017) 7 la cual es, la más flagrante violación al Artículo 47 de la Constitución. 
Esta ley, que debiera llamarse de promoción de inversiones en represas, aún continua vi¬ 
gente. 

Apenas promulgada en diciembre de 2017, FFOSE y CNDAV, lanzaron formalmente 
la campaña de recolección de firmas para llevar a referéndum su derogación. Ello implica¬ 
ba reunir aproximadamente 650.000 firmas (que equivalen al 25% del padrón electoral) 
antes del 26 de octubre de 2018, meta que no se pudo cumplir. El estado de ánimo que 
se debe producir en los ciudadanos para que a partir de informarse, decida movilizarse y 
firmar, para a posteriori convertirse en multiplicadores, trabajando propositivamente para 
que otros ciudadanos se informen y acompañen la petición con su firma, requiere tiempo 


7 Modificación de la Ley 16.858, relativo al riego con destino agrario, https://www.impo.com.uy/bases/ 
leyes/19553-2017/1 


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y militancia; ello se produjo recién en la etapa final, ya muy tardíamente. En este caso, la 
Mesa Representativa Nacional Ampliada (MRNA) del PIT-CNT, recién el 28 de febrero 
de 2018 decidió apoyar la campaña en contra de la Ley 19.553, pero el hecho de que la 
totalidad de los sindicatos no estuviera explícitamente apoyando 8 , y la dirigencia no impul¬ 
sara enérgicamente a las bases a “militar” activamente en la recolección de firmas, fue parte 
de la causa de que no se llegara a gestar una movilización masiva de los gremios. Al mismo 
tiempo, no se amplió la participación en la organización y gestión de las firmas. El reducido 
grupo organizador quedó desbordado, y a su vez ciertos lineamientos muy rígidos autoim- 
puestos de control de papeletas fueron revertidos tarde, impidiendo una distribución ma¬ 
siva de las mismas tempranamente en todo el país, complicando un seguimiento adecuado 
de las firmas, e incluso, tener una clara noción del avance de la recolección. Los tiempos no 
dieron a pesar que la disposición de los ciudadanos para apoyar se había alcanzado, y las 
firmas pudieron haber estado. 

El “Plan B” fue la apelación de la Ley ante el Tribunal de lo Contencioso Adminis¬ 
trativo (TCA) 9 , y el 6 de agosto de 2019, el mismo, al entender que los reclamantes eran 
legítimos, elevó a la Suprema Corte de Justicia la demanda presentada por FFOSE y CN- 
DAV, que reclama la anulación por inconstitucional de la Ley de Riego y sus decretos re¬ 
glamentarios. Esta resolución del TCA, desafía la independencia del órgano supremo del 
Poder Judicial respecto de las autoridades de Gobierno, y en este caso también, del sistema 
político en su conjunto, en la medida que la recolección de firmas tendiente al referéndum, 
no tuvo apoyo de ninguno de los partidos con aspiración a gobernar. 


El Cambio de Uso del Suelo 

Entre tanto, han sucedido algunos hechos que han encendido una luz roja en lo que 
hace a la calidad de las aguas superficiales de Uruguay, al empezarse a sentir fuertemente 
los efectos ambientales de lo que la comunidad científica denomina “Cambio Global” 10 , 
que es un proceso complejo, con sinergias entre sus componentes, que lo tornan mucho 
más imprevisible que al denominado Cambio Climático, con el cual se relaciona. Su origen 
está en el conjunto de los cambios ambientales generados por la actividad humana, que 


8 La votación fue por unanimidad, con tres abstenciones, https://www.pitcnt.uy/el-pit-cnt/resoluciones/ 
item/2526-28-02-2018-acta-mrna. Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT en ese momento, dijo 
que “en general existe una visión crítica de la ley”, https://rioabierto.ladiaria.com.uy/articulo/20 18/3/pit-cnt- 
decidio-adherir-a-la-campana-para-derogar-la-ley-de-riego/ 

9 El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del Uruguay es un órgano jurisdiccional, creado 
en 1952, ubicado fuera de la estructura de los tres Poderes del Estado e independiente de los mismos, que de 
acuerdo al Artículo 309 de la Constitución conoce “de las demandas de nulidad de actos administrativos defi¬ 
nitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o 
con desviación de poder” https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967/309 

10 Duarte, C.M. (Coord), Abanades, J.C., Agustí, S., Alonso, S., Benito, G., Ciscar, J.C., et al. Cambio global. 
Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra. 2nd ed. Madrid, España: CSIC - Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 251 p. 2009. 



trascendiendo las escalas locales y regionales, están modificando los procesos biogeofísicos 
esenciales que determinan el funcionamiento global de nuestro planeta. 

Este proceso emergente, el Cambio Global, implica entre otros componentes, además 
del Cambio de Uso del Suelo, el Cambio Climático y la contaminación del agua fundamen¬ 
talmente con fósforo (P) y nitrógeno (N), e incluye otras variables como el aumento de la 
concentración de C0 2 , la pérdida de biodiversidad, la dispersión de especies invasoras, la 
subida del nivel del mar, entre otros; aquí nos referiremos brevemente a los tres primeros 
por ser los de más alto impacto sobre el territorio uruguayo y con repercusiones en la cali¬ 
dad de vida de sus habitantes, y en las generaciones futuras. 

Mientras las economías de los países centrales crecen en base a tecnologías petróleo 
dependientes, detentando una alta tasa de consumo de bienes y servicios; son sobrepasados 
con sus demandas de materias primas, los límites de renovación de los ecosistemas de los 
países subdesarrollados, siendo entonces la principal forzante el Cambio de Uso del Suelo, 
particularmente en el sur subdesarrollado al cual la división internacional del trabajo ha 
asignado el rol de ser productores de commodities , en particular de materias primas no pro¬ 
cesadas ( agrocommodities ) a partir de la expansión de cultivos genéticamente modificados, 
acompañada de un incremento de uso de agroinsumos importados, en particular agroquí- 
micos 11 . Con los incendios amazónicos ocurridos en 2019, el proceso de Cambio de Uso 
del Suelo, ha tenido repercusiones dramáticas que tienen posibles consecuencias en el clima 
de Latinoamérica, y factiblemente en el clima mundial, al posibilitar cambios globales en la 
circulación atmosférica, pero al mismo tiempo generó visibilidad al poner el problema en 
la consideración de la opinión pública mundial. 

A otra escala, también ha obtenido visibilidad el Cambio de Uso del Suelo en Uru¬ 
guay, a partir de la expansión de los cultivos de soja y maíz transgénicos en sustitución de 
explotaciones ganaderas extensivas, y con la forestación (fundamentalmente con eucalip¬ 
tos) de zonas críticas para el abastecimiento de agua de los ríos como son las altas cuencas. 

Los cambios de pradera a cultivos han tenido como contrapartida un incremento en 
la eutrofización de los cursos de agua, con la contaminación por P, además de un notorio 
incremento en la escorrentía de pluviales, redundando a su vez en un incremento de inun¬ 
daciones con miles de evacuados todos los años a pesar de los esfuerzos por retirar de las 
zonas bajas a los pobladores allí instalados. 

La contracara del incremento de la escorrentía, y su secuela de evacuados, es la escases 
de agua durante el estío, generada por los latifundios forestales, dado que en promedio, la 
forestaciones con eucaliptos en Uruguay disminuyen el rendimiento, de las cuencas en un 


11 Gutiérrez, O., Terradas- Cobas, L., Céspedes-Payret, C., Panario, D. Cambio Global, Ley de Riego y riesgos 
ambientales. En: X Congreso ALASRU, Ruralidades en América Latina: convergencias , disputas y alternativas 
en el siglo XXI (25-30 noviembre), Grupo de Trabajo N° 19. Cambio climático y transformaciones en la agri¬ 
cultura. Montevideo: Asociación Latinoamericana de Sociología Rural; p. 946. 2018. 


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20% respecto a una cuenca de similares características que mantenga la vegetación de pas¬ 
tizales, y en años secos, las vertientes de las sierras, principal fuente de agua de nuestros ríos 
durante el verano, y paradójicamente declaradas de prioridad forestal, se secan totalmente 
en las microcuencas forestadas. Para colmo, la instalación de una nueva pastera (como la 
proyectada UPM 2), incrementará el área forestada, y obligará a erogar un caudal de 80 
m/s del embalse del Rincón del Bonete, con la intensión (no comprobada) de diluir los 
efluentes contaminantes de dicha planta. 

Por último y no por eso menos importante, los incrementos en la escorrentía con su 
carga de P, han propiciado la explosión ( blooms ) de cianobacterias en los embalses (gene¬ 
rados para la producción de energía y riego y estos últimos ahora promovidos por la Ley 
19.553). La mayor escorrentía se produce, porque estos cultivos se realizan a partir de eli¬ 
minar con herbicidas a la vegetación, y luego de cosechar no siempre se puede realizar un 
segundo cultivo para mantener la cobertura del suelo, y aunque se pudiera, los suelos no 
resisten la realización de cultivos en forma permanente, por lo tanto, en estas condiciones, 
por compactación del suelo, prima la escorrentía por sobre la infiltración del agua de lluvia. 
A su vez, un cambio en las técnicas de fertilización; ahora realizada sobre la superficie del 
suelo, mediante tolva con centrifuga, aplicando fósforo soluble, hizo que ante precipitacio¬ 
nes intensas cada vez más frecuentes (la pluviosidad se ha incrementado en más de un 20% 
en los últimos 100 años 12 ), las represas o bien desbordan, o son obligadas a abrir compuer¬ 
tas, ambos casos redundando en la evacuación de agua de superficie de los embalses con 
altas concentraciones de cianobacterias, y con ello se produce la liberación aguas abajo de 
ingentes poblaciones de estos organismos. 

Fueron estas cianobacterias producto emergente del Cambio de Uso del Suelo, las que 
luego colonizaron y se reprodujeron, primero en el Río de la Plata, y luego, impulsadas por 
los grandes caudales del río Uruguay que desemboca en el estuario, esta agua con las ciano¬ 
bacterias que carga circula contra la costa uruguaya, llegando hasta Maldonado y Rocha. 
Este fenómeno, ocurrió durante febrero del 2019 privando del turismo de sol y playa a los 
veraneantes; y también exponiendo a graves daños en la salud a quienes pese a las alertas 13 
igual se bañaron en las playas invadidas de cianobacterias, o estuvieron expuestos al spray 
generado por las olas que cargaban sus toxinas, o incluso a través de los restos de las mismas 
depositadas en la arena por las mareas. Debe tenerse en cuenta que los efectos de las ciano- 
toxinas son acumulativos, hepatotóxicos y carcinogénicos. 

El efecto de estos blooms, no es sólo en las playas, numerosas ciudades se abastecen de 
aguas superficiales, y muy pocas plantas potabilizadoras tienen condiciones de filtrar ade- 


12 Bidegain, M., CafFera, R.M., Blixen, F., Pshennikov, V.A., Lagomarsino, J.J., Forbes, E.A., Nagy, G.J. Ten¬ 
dencias climáticas, hidrológicas, y oceanográficas en el Río de la Plata y Costa Uruguaya. En: Barros, V., Me- 
néndez, Á., Nagy, G., (Eds.), El Cambio Climático en el Río la Plata. Buenos Aires, Argentina: Centro de 
Investigaciones del Mar y la Atmósfera - CIMA/CONICET, 137-143 p. 2005. 

13 Bandera sanitaria (verde con cruz roja), alertas radiales y televisivas. 



cuadamente las toxinas, además, las aguas superficiales de las zonas agrícolas, transportan 
hasta 30 agro tóxicos 14 , además de disruptores endocrinos (sustancias que los organismos 
vivos las interpretan como hormonas); ha sido demostrado recientemente que un cóctel de 
agrotóxicos 15 en concentraciones individuales incluso muy por debajo de lo aceptado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), pueden ser más perjudiciales para la salud, que 
uno solo por encima del límite. En los hechos, Uruguay, se encuentra, entre los países con 
mayor incidencia de cáncer en el mundo (posicionado en el puesto número 12, tomando en 
consideración todos los canceres, con una tasa de mortalidad ajustada por edad 16 ), y respec¬ 
to a los canceres relativos a la ingesta, por encima de la mayoría de los países desarrollados. 

De no existir cambios sustantivos en el estilo de desarrollo de la matriz productiva, 
fuertemente primarizada hasta el presente en Uruguay, para la exportación de agrocommo- 
dities, y condicionada a los designios pautados desde el mercado, privatizando los benefi¬ 
cios y socializando los desperdicios del proceso productivo; el futuro que se avizora, es el 
del agua como un recurso limitado, por mal uso y falta de planificación adecuada. Cómo 
tantos otros derechos humanos, el haberla incluido en la constitución, fue el primer paso 
para su preservación y valoración, pero es fundamental que la ciudadanía tenga claro por¬ 
qué ha sido incluida ahí, y cuáles son los procesos económicos y sociales que son contrarios 
a su conservación, para estar alerta ante los impulsos privatizadores y que su defensa sea 
efectiva. 


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14 Ernst, F., Alonso, B., Colazzo, M„ Pareja, L., Cesio, V., Pereira, A., et al. Occurrence of pesticide residues 
in fish from south American rainfed agroecosystems [Ocurrencia de residuos de pesticidas en peces de agro- 
ecosistemas de secano sudamericanos], Science of The Total Environment , 631-632:169-179.2018. https://doi. 
org/10.1016/J.SCITOTENV.2018.02.320 

15 Lukowicz, C., Ellero-Simatos, S., Régnier, M., Polizzi, A., Lasserre, F., Montagner, A„ et al. Metabolic 
effects of a chronic dietary exposure to a low-dose pesticide cocktail in mice: sexual dimorphism and role of 
the constitutive androstane receptor [Efectos metabólicos de una exposición dietética crónica a un cóctel de 
pesticidas en dosis bajas en ratones: dimorfismo sexual y papel del receptor constitutivo de androstanol]. Envi- 

ronmentalHealth Perspectives, 126(6):067007. 2018 https://doi.org/10.1289/EHP2877 

16 World Cáncer Report [Informe Mundial sobre el Cáncer], es elaborado a partir de fuentes primarias como 
OMS, Banco Mundial, UNESCO, CIA y bases de salud global y causas de muerte de países individuales. 
https://www.worldlifeexpectancy.com/world-cancer-report 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



270 


Derecho a la Vivienda: 

“Avances, retrocesos, y asignaturas pendientes” 


Benjamín Nahoum 1 


1. Introducción 

Vale la pena comenzar, como hicimos en un informe similar hace ya algunos años, 
señalando las dificultades que existen para sacar una fotografía de la realidad habitacio- 
nal que corresponda estrictamente a cada momento 2 . El principal problema es que no se 
dispone, a nivel de la mayoría de los indicadores correspondientes, de información anual, 
por lo cual no es posible hacer un seguimiento relativamente continuo de los mismos que 
nos permita, por ejemplo, saber si la situación de los asentamientos irregulares se modificó 
sensiblemente o no en el último año respecto al anterior. 

1 Ingeniero civil, viviendista, docente universitario. Autor de muchos libros y artículos sobre vivienda. Fue 
asesor de la Intendencia Municipal de Montevideo y es asesor de FUCVAM. Integra la Unidad Temática de 
Vivienda y Hábitat del Frente Amplio. 

2 Los datos que se manejan en este informe provienen de fuentes oficiales, la mayoría directamente de sus 
páginas en Internet. Dado que éste no es un trabajo de carácter académico, y por los límites de su extensión, no 
hemos entendido necesario referenciar puntualmente cada información. 






De igual modo, qué pasó con el déficit cuantitativo (el número total de viviendas que 
debería construirse para atender la demanda insatisfecha) o el cualitativo (las carencias que 
presentan las unidades existentes con relación a los mínimos aceptables) sólo podrá saberse 
cuando se disponga de un nuevo censo, presumiblemente en 2021, lo que permitiría com¬ 
parar sus resultados con los del Censo 2011, culminado en 2012. Hasta entonces, encuestas 
y estimaciones nos darán algunas pistas, pero las cifras precisas sólo podrán surgir con base 
en el nuevo censo, ya que para ello debe trabajarse a partir de un relevamiento completo. 

Por otro lado, la situación de cobertura de las necesidades básicas de vivienda presenta 
una inercia importante (por la lentitud de las acciones en generar impacto), que hace que 
sea muy difícil que se registren cambios significativos en períodos cortos. No son de esperar, 
entonces, variaciones dramáticas entre los informes correspondientes a cada año. 

Por consiguiente, más que una comparación entre la situación de un año y la del an¬ 
terior o los anteriores, que permita establecer evoluciones o involuciones, lo que es posible 
hacer es analizar, con los datos que existen y las informaciones de lo que se está haciendo 
en la materia, en qué aspectos sigue habiendo problemas importantes, y en cuáles se están 
registrando avances. 

Hechas esas salvedades, procuremos recorrer algunos aspectos centrales del problema, 
a la luz de dicho análisis. 


2. Las muchas caras del problema 

2.1. Asentamientos irregulares y viviendas precarias. 

La emergencia en materia de vivienda se refleja en la existencia de asentamientos irre¬ 
gulares, pero no sólo en ellos. Según la definición institucional 3 y el relevamiento prove¬ 
niente del Censo 2011, había a esa fecha en todo el país casi 600 asentamientos, con alre¬ 
dedor de 50.000 viviendas y unas 165.000 personas. Pero en esos asentamientos, y también 
en la ciudad formal y consolidada, hay, de acuerdo a los datos de dicho censo, del orden de 
veinte mil familias con carencias habitacionales graves: paredes, techos o pisos construidos 
con materiales de desecho; sin agua por cañería dentro de la vivienda; sin saneamiento 
seguro o electricidad, o con situaciones de hacinamiento severas. Por lo tanto, muchas de 
las familias que viven en asentamientos irregulares lo hacen en condiciones de precariedad, 


3 La definición utilizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el Censo 2011 define como 
asentamiento irregular a todos los agrupamientos “de más de diez viviendas, ubicados en terrenos públicos o 
privados, construidos sin autorización del propietario en condiciones formalmente irregulares, sin respetar la 
normativa urbanística. A este agrupamiento de viviendas se le suman carencias de todos o algunos servicios de 
infraestructura urbana básica en la inmensa mayoría de los casos, donde frecuentemente se agregan también 
carencias o serias dificultades de acceso a servicios sociales”. En recientes trabajos del INE aparece omitida la 
segunda condición. En cualquier caso, aún con la primera definición queda claro que la condición necesaria es 
la construcción en terreno ajeno y sin permiso municipal, y la otra es accesoria (“en la inmensa mayoría de los 
casos”, “frecuentemente se agregan también carencias”). 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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pero lo mismo sucede en la ciudad formal, de modo que también ése es un problema que 
debe ser atacado. 

En 2019 la ONG “Techo” realizó un relevamiento de asentamientos irregulares, que 
da cifras parecidas a las del Censo 2011, aunque mayores, llevando los asentamientos a 
650 y el número de viviendas en los mismos a unas 60.000. Si bien estos números no son 
comparables con los del Censo 2011, por diferencias metodológicas y hasta de definición 
de lo que es un asentamiento irregular, los datos sirven para confirmar que después de más 
de veinte años de aplicación de un programa específico del Estado para atender el problema 
(denominado primero Programa de Integración de Asentamientos Irregulares-PIAI y lue¬ 
go Programa de Mejoramiento de Barrios-PMB), y contando para ello con fondos BID y 
contrapartidas presupuéstales nacionales, el problema subsiste en sus términos fundamen¬ 
tales y en particular en los más duros: los de la precariedad. 

En efecto, aunque no existe un relevamiento actualizado realizado con la misma me¬ 
todología que el del Censo, la impresión es que no ha crecido demasiado el número de 
asentamientos “irregulares” (gracias también a que los programas referidos regularizaron 
una cantidad significativa de ellos, del orden de cien) pero en cambio crecieron en viviendas 
y familias los que se mantuvieron como irregulares, reconstituyendo un universo semejante 
al anterior. 

En cuanto a las carencias de calidad de las viviendas, caben las mismas consideraciones, 
teniendo en cuenta asimismo que el organismo con mayor especialidad en la temática, el 
“Plan de integración socio-habitacional 'Juntosha dispuesto desde su creación en 2010 
272 de un escaso presupuesto. El Instituto Nacional de Estadística, que releva por medio de la 
Encuesta Continua de Hogares la “calidad global” de las viviendas, a través de la cantidad 
de características problemáticas' 1 que presentan, señalaba en la Encuesta 2014 que el 8% de 
los hogares uruguayos tenía cuatro o más “rasgos indeseables”, porcentaje que se elevaba al 
13% si se consideraban los hogares con niños menores de doce años. Si bien en la página en 
Internet del INE no hemos hallado información posterior a ese año, el hecho de que esos 
guarismos, lo mismo que los correspondientes a hacinamientos (tres personas o más por 
habitación destinada a dormir) sean del mismo orden que los de 2011, indica la dificultad 
que tiene la disminución de estos valores. 

2.2. El acceso al suelo urbanizado y la solución de la necesidad: las ocupaciones. 

Es un hecho reconocido que el acceso al suelo es uno de los componentes centrales 
de la satisfacción del derecho a la vivienda, tanto más cuando que es el paso inicial para su 

4 Paredes externas de materiales livianos sin revestimiento, adobe, o materiales de desecho; techo liviano sin 
cielo raso, de quincha, o de materiales de desecho; muros agrietados; puertas o ventanas en mal estado; grietas 
en pisos; caída de revoques en paredes o techos; peligro de derrumbe; mala calidad ambiental y de servicios; 
inundabilidad; origen inseguro del agua para beber o cocinar: baños sin cisterna, o ausencia de baño; evacua¬ 
ción no segura del servicio sanitario, y cocina compartida con otros hogares, o inexistente. 



efectivización. Pero contrariamente a lo que sucedía a comienzos del siglo pasado, cuando 
las operaciones de loteo eran un negocio fructífero y existía una oferta importante de tierra 
urbanizada para la población de ingresos modestos, con el notable ejemplo de Francisco 
Piria, hoy el mercado apunta a un público con fuerte capacidad adquisitiva y las nuevas ur¬ 
banizaciones son los barrios cerrados cercanos a la costa. Mientras tanto, la ciudad central 
se despuebla y los sectores populares deben recurrir a buscar suelo periférico, muchas veces 
sin servicios pero más barato, o directamente a ocuparlo. 

Sin embargo, no es suelo lo que falta, y ni siquiera escasea el suelo urbanizado, y menos 
en Montevideo, donde el 85% de la población tiene acceso al saneamiento, el más costoso 
de los servicios, y prácticamente la cobertura de suministro de agua y electricidad es total. 
Lo que falta es el acceso: ese suelo servido es privado y ocioso o muy caro, y si es público, 
está baldío o a la espera de una utilización que nunca llega. 

Las carteras de tierras públicas como la creada en 1990 por la Intendencia de Monte¬ 
video, o en 2008 por el Ministerio de Vivienda, pueden ser una buena solución, y en los 
hechos lo han sido para los sectores organizados, como el cooperativismo, pero hasta ahora, 
por lo limitado de los recursos que disponen, no han llegado con fuerza a una demanda que 
es muy amplia y sobre todo a la de los autoconstructores. La ocupación de tierras, general¬ 
mente inadecuadas, y por ello quizá más fáciles de ocupar, es la respuesta que debe dar la 
gente a este problema, que no encuentra solución ni desde el Estado ni desde el mercado. 

2.3. Gente sin casas y casas sin gente. 

En la formulación del Plan Quinquenal de Vivienda (PQV) 2016-2020, el ministerio 
correspondiente evaluó el déficit absoluto o cuantitativo de nuevas viviendas en 52.000 
unidades. Si bien esta cifra es discutible, porque incluye los casos de ocupación sin permiso 
del propietario (que en realidad no constituyen una necesidad de nuevas viviendas) y en 
cambio no tiene en cuenta el estado de conservación de las unidades, al menos expresa una 
magnitud del problema nada despreciable, máxime si se tiene en cuenta que otros análisis 
elevan el déficit a unas 80.000 viviendas, una cifra similar a la que se contabilizaba, aplican¬ 
do una metodología análoga, en la época de la aprobación de la ley de vivienda de 1968. 

Por otro lado, el Censo 2011 (que es también la fuente de referencia del cálculo ante¬ 
rior) detectó casi 50.000 viviendas desocupadas “vacantes” o “ignoradas” (esto es, que no 
son de uso temporal, no están para alquilar o vender, ni en construcción o reparación, y 
no son ruinosas, destruidas o inhabitables: en suma, que no se sabe por qué están desocu¬ 
padas). Estas viviendas no deberían estar incluidas en el déficit de viviendas disponibles, 
porque ahí están... pero no se usan. Gente sin casas, y casas sin gente, por lo tanto. 

En 2012 un proyecto de ley presentado en la Cámara por los diputados Alfredo Asti 
y Mauricio Guarinoni planteaba la declaración de abandono del suelo, edificado o no, que 
no cumpliera con los deberes que impone a la propiedad inmueble la Ley N° 18.308, de 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS): de usar; conservar; proteger 
el medio ambiente y la diversidad, y el patrimonio cultural; cuidar, y rehabilitar y restituir. 
La declaración de abandono tenía como consecuencia que el inmueble pasaba a ser vacante 
y en consecuencia propiedad del Estado, para destinarlo a políticas sociales. Hasta la fecha 
el proyecto no llegó a ser tratado, pero ojalá lo retome el nuevo Parlamento. 

En octubre de 2018 se votó en cambio otro proyecto, elaborado por el Poder Ejecutivo 
(Ley N° 19.676), que establece que los propietarios de los inmuebles urbanos que el Poder 
Judicial declare “vacíos y degradados” (incluyendo como tales a los baldíos) a instancias 
del MVOTMA o la Agencia Nacional de Vivienda, serán conminados a rehabilitarlos en 
el plazo de un año, so pena de ser enviados a remate, trasladando al adquirente la obliga¬ 
ción de rehabilitación. Con menos potencia que el proyecto de 2012, la ley votada abre un 
camino para rehabilitar o volver al mercado inmuebles degradados, y por tanto es un paso 
adelante. 

2.4. Las cooperativas. La solución que no termina de despegar. 

El PQV 2016-2020 establece que el “incentivo del MVOTMA a este programa (coo¬ 
perativas de vivienda) parte de la evaluación que es de los que mejor responde a los objetivos 
de integración social, solidaridad, empoderamiento de los participantes y de acercamiento 
multidisciplinar a la atención de la problemática de vivienda. Asimismo, se destaca la par¬ 
ticipación de las cooperativas en el diseño, la corrección y la gestión del programa, a través 
de las cuatro organizaciones de segundo orden que existen en el país.” Por esa razón, de 
274 las algo más de veinte mil viviendas que se preveía financiar dentro del programa “Nuevas 
soluciones habitacionales” del PQV, diez mil, más del 40%, correspondían al subprograma 
Cooperativas, y ésa es una meta prácticamente cumplida. Teniendo en cuenta, a su vez, que 
ese programa representa en promedio el 60% de la inversión total del Plan, se llega a que las 
cooperativas reciben la cuarta parte de los fondos invertidos. 

Ese monto, que sólo tiene parangón en los primeros años de puesta en marcha de la 
Ley de Vivienda de 1968, antes de la dictadura, se relativiza mucho por el monto reducido 
de la inversión total, que apenas sobrepasa el cuatro por mil del Producto Bruto Interno 
(PBI), de modo que la inversión en cooperativas es sólo el uno por mil del Producto. Esa 
exigüidad se refleja en la proporción entre las cooperativas financiadas y las que postulan al 
financiamiento en los llamados semestrales que realiza el MVOTMA: en el más reciente, 
de julio 2019, por ejemplo, se presentaron 118 cooperativas, correspondientes a casi 3300 
viviendas, para postular al financiamiento de 784 viviendas, que equivale a unas veinte coo¬ 
perativas. 

A este problema, quizá el más grave que afecta el desarrollo del cooperativismo de 
vivienda, se agregan otros también importantes. Uno de ellos, que motiva una fuerte rei¬ 
vindicación al momento actual de las federaciones de usuarios (“propiedad colectiva”) es el 
de las tasas de interés aplicadas a los préstamos desde 2008, que sigue estando por encima 



del 5% en unidades reajustables, tasa de mercado equivalente a la que cobran los bancos 
privados. Los costos operativos, sin embargo, se cubrirían con el 2% y la actualización del 
valor devuelto está asegurada por el reajuste. La importancia de esto es que elevar el interés 
del 2 al 5% significa aumentar la cuota casi un 40%. Y si bien un 70% de los cooperativistas 
no resultan afectados porque sus cuotas están determinadas por la muy buena ley de subsi¬ 
dios N° 19.588 de fines de 2017, el otro 30%, aun siendo también de bajos ingresos, debe 
pagar ese plus. 

Otros problemas son: el pago del IVA en la compra de materiales y la remuneración 
del asesoramiento técnico, que aumenta los costos un 15%; el sistema de sorteos para ac¬ 
ceder al financiamiento, que lleva a algunas cooperativas a tener que esperar hasta treinta 
meses para continuar luego de aprobar el anteproyecto; el mecanismo de asignación de 
viviendas, que conduce a un número de dormitorios que no contempla la evolución fami¬ 
liar; la falta de una previsión de crecimiento de las viviendas, necesaria por eso mismo; el 
área máxima establecida para las viviendas de dos dormitorios, demasiado pequeña para 
permitir la refuncionalización de la vivienda generando un tercero cuando sea necesario; 
el financiamiento para que nuevos socios puedan integrar el capital social al ingresar a una 
cooperativa, para el cual si bien hay una línea de crédito, ella no es operativa al requerir 
garantía hipotecaria. 

El levantamiento de estas restricciones, que en algunos de los casos está previsto en los 
programas de gobierno de los partidos para el período 2020-2025, sin duda fortalecería 
el sistema, que tiene una gran capacidad de crecimiento cada vez que se dan condiciones 
externas más favorables. 

2.5. La pesadilla de los arrendamientos. 

El mercado de arrendamientos en el Uruguay continúa regido por la Ley N° 14.219, 
aprobada en 1974, al comienzo de la dictadura. Y seguirá siendo así hasta 2034, porque la 
garantía, que se estableció inicialmente por veinte años, de no innovar en la legislación de 
alquileres, para dar seguridades de obtener la renta deseada a quienes invirtieran en vivien¬ 
das para alquilar, ya ha sido renovada dos veces, cada una por otros veinte años: en 1994 y 
en 2012. Por lo tanto, los precios, plazos y demás elementos de los contratos se rigen por 
el acuerdo entre las partes, o sea por el libre mercado, porque entre las partes hay una gran 
asimetría, y el inquilino no tiene más remedio que tomar las condiciones que el propietario 
pone. 

La consecuencia de esto es que el valor de un alquiler es igual o superior al de la cuota 
de un préstamo para adquirir una vivienda, y que la afectación del ingreso para pagarlo pue¬ 
de superar el 30%, especialmente para los inquilinos de menores ingresos. En los hechos, 
con relación a la calidad y la ubicación, las viviendas mejor situadas y mejores, son propor¬ 
cionalmente más baratas (relación renta/valor del bien) que las otras. Esto se debe a que el 
submercado correspondiente ofrece variedad de opciones (no solamente de alquiler, sino 


275 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


276 


también de compra) por lo que hay un mayor equilibrio entre oferta y demanda, que no se 
da en el tramo al que pueden acceder los sectores de menores ingresos. 

El panorama crítico se completa con la dificultad para obtener garantías (en lo que em¬ 
pieza a incidir la intervención del Estado, pero todavía en una proporción muy marginal) y 
el hecho que los contratos de plazo corto, con renovación otra vez sujeta a las condiciones 
de mercado y desalojo en un tiempo breve si no hay acuerdo en los nuevos términos, vuelve 
la condición de inquilino verdaderamente azarosa. Ello, y el difundido y erróneo concepto 
que la única forma de tenencia segura de la vivienda es la propiedad, ha hecho que el por¬ 
centaje de inquilinos de la población descienda en cada censo 5 , mostrando la subutilización 
que se está haciendo de un sistema que puede ser muy seguro y es de gran plasticidad, adap¬ 
tándose muy bien a las condiciones del o la demandante. 

2.6. ¿Viviendapara todos? 

Una característica fundamental de una política de vivienda bien diseñada es que pre¬ 
vea soluciones (diferentes, pero todas viables) para los distintos sectores de población. El 
no cumplimiento de esta regla, como sucedió entre 1993 y 2005 con una política apoyada 
fundamentalmente en la construcción de vivienda mínima (los núcleos básicos evolutivos) 
tiene como consecuencia que los sectores no atendidos disputen esa oferta monotemática 
con los atendidos y generalmente ganen en esa confrontación, con lo que la supuesta foca- 
lización en los problemas más graves termina operando exactamente al revés. 

Desde 2010 este problema se ha corregido y hoy los planes del MVOTMA cubren 
un abanico amplio de alternativas, que van desde la vivienda nueva hasta el mejoramiento, 
desde la compra al alquiler y que apuntan a los diferentes sectores, pero siempre preocu¬ 
pándose de que el precepto constitucional del derecho a la vivienda decorosa sea respetado. 
Desde ese punto de vista se ha avanzado indudablemente. 

El problema está en que la escasez de los recursos disponibles hace que, al repartirlos 
entre una variedad importante de programas, lo que le toque a cada uno sea, en algunos 
casos, casi demostrativo, y se reduzca el impacto de las acciones. Hace falta, entonces, unir 
al diseño correcto, los recursos necesarios. 


5 En 1973, uno de cada tres hogares uruguayos habitaba una vivienda arrendada. Doce años después, el censo 
siguiente mostraba que esa relación había bajado a poco más de uno cada cuatro, y aún bajaría a poco más de 
uno cada seis en el correspondiente a 1996. El último censo realizado, en 2011, marca un ligero repunte, que 
no cambia sustancialmente las cosas: cuarentaicinco años después del censo de 1973, el porcentaje de hogares 
arrendatarios se redujo en casi un 30% y, con una población que pasó de ochocientos mil hogares a más de un 
millón cien mil, el número total de inquilinos se redujo: de casi 260 mil a sólo 235 mil. Si se hubiera mantenido 
el porcentaje de arrendatarios de 1973, hoy ellos deberían ser 370.000 o más. 



2.7. La “solución” del mercado. 

En 2011 se aprobó la Ley N° 18.795 llamada inicialmente “Ley de Inversión en Vi¬ 
vienda de Interés Social” (LIVIS) y luego “Ley de Viviendas Promovidas”, al constatarse 
que su aplicación no conducía a la vivienda de interés social sino a una con el doble de pre¬ 
cio. Para lograr el objetivo de poner las viviendas al alcance de los sectores de ingresos bajos, 
medio-bajos y medios, el sistema diseñado, similar al que se aplica en otros países, hacía que 
el Estado renunciara, sin poner ningún tipo de requisito en cuanto al valor de las viviendas, 
al cobro de todo tipo de gravamen sobre las construcciones que se hicieran al amparo de 
la ley (“viviendas promovidas”). Según los cálculos iniciales esa renuncia fiscal permitiría 
bajar los costos de un 30 a un 40% de los valores de la producción empresarial y por lo tanto 
ponerlos más al alcance de los sectores referidos. 

El programa tuvo un espectacular éxito en la captación de inversiones, al punto que, 
al momento actual, ocho años después, ya se han presentado para acogerse a los beneficios 
de la ley, más de ochocientos proyectos, abarcando casi diecinueve mil viviendas, cifras 
que igualan o superan las realizaciones del Estado con fondos presupuéstales en ese mismo 
período y que a la escala de nuestra sociedad son importantes. Sin embargo, los valores 
de venta están muy por encima de lo esperado y de lo que podrían adquirir los “sectores 
socioeconómicos bajos, medios bajos y medios”. Por el contrario, para poder pagarlos (150 
a 160 mil dólares por una vivienda de dos dormitorios; 180 a 200 mil por una de tres), sin 
afectar un porcentaje desmedido del ingreso familiar, es necesario pertenecer al quintil de 
ingresos más altos de la población. 

El programa ha servido para demostrar, una vez más, la incompatibilidad de pensar 
que se puede efectivizar derechos y al mismo tiempo hacer negocios. Por ello se impone 
su revisión, estableciendo controles a los precios, a riesgo de seguir alimentando la versión 
uruguaya de la “burbuja inmobiliaria” que tanto daño causó hace unos años en Europa y 
Estados Unidos. 

2.8. El marco legal. Varios avances y algunos retrocesos. 

A fines de 2017 se aprobó un conjunto de leyes, como la N° 19.588 de subsidios, que 
significaron avances importantes para el derecho a la vivienda. Se hicieron también, por la 
ley N° 19.591 una serie de ajustes a la Ley General de Cooperativas y sus modificativas, que 
permitieron corregir algunos detalles de funcionamiento del sistema, aunque en aspectos 
como la integración de los subsidios al capital social de los cooperativistas, las enmiendas 
mantuvieron o aún incorporaron problemas. A su vez, la Ley N° 19.837, al establecer la 
cotitularidad en las cooperativas, hace operativa la disposición de la Ley N° 19.580 que 
establece como causal de expulsión de una cooperativa de vivienda la comisión de actos 
de violencia doméstica o basada en género. En efecto, hasta ahora, si el socio titular era el 
agresor, la expulsión significaba simultáneamente la exclusión de él y de sus víctimas. 


277 


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Ya se ha mencionado asimismo la ley que permite actuar sobre los inmuebles vacíos y 
degradados, y la asignatura pendiente de abordar el tema de los inmuebles abandonados y 
su vacancia. Y otra, muy importante: la derogación de la Ley N° 18.116. votada en 2007 
por casi todos los diputados y la unanimidad de los senadores (en este caso, sin discusión), 
que modificó el Código Penal, criminalizando la ocupación de tierras para vivir en ellas, un 
recurso extremo de la desesperación, al que se debe buena parte de la creación de ciudades 
en el mundo, sobre todo en el que los europeos llamaron Nuevo. 

La reparación de este grave error es muy sencilla: se trata de descriminalizar lo crimina¬ 
lizado, volviendo a instaurar las condiciones de utilización de “violencia, amenaza, engaño, 
abuso de confianza o clandestinidad” y la finalidad de “apoderamiento o ilícito aprovecha¬ 
miento” que antes exigía el Código Penal para considerar delito la ocupación, y explicitar 
que ésta no será considerada delito en ningún caso si la causa de ella es la necesidad. Se com- 
patibilizaría así el Código Penal con la LOTDS, que casi por las mismas fechas reconocía 
la ocupación como un acto generador nada menos que del derecho de propiedad, cuando 
el núcleo familiar ocupante tiene un ingreso inferior al nivel de pobreza y ocupa un predio 
para vivir durante cinco años sin resistencia del propietario (Art. 65). 

3... Y una conclusión 

Sobre un punto en que ya hemos abundado anteriormente: las políticas sociales pue¬ 
den ser más o menos eficientes, más o menos adecuadas, pero no hay políticas sociales sin 
recursos y prácticamente desde fines de los años ochenta los recursos aplicados a la vivienda 
278 no son los necesarios. Ni los adecuados a la magnitud del problema y las posibilidades del 
país. 

El nuevo presupuesto dirá cuál es el énfasis que realmente se pone en atender este pro¬ 
blema. FUCVAM ha solicitado que se vuelva por lo menos a un monto semejante al que 
se disponía cuando se creó en 1968, el Fondo Nacional de Vivienda (hoy “y urbanización”: 
un nombre más largo, pero con recursos igualmente cortos). Y que para ello se aplique un 
adicional al Impuesto al Patrimonio, o sea un impuesto a la riqueza. 




Las luchas que deben continuar 

por la Salud Mental en el Uruguay 
Hacia la Salud Mental Colectiva sin 
manicomios públicos ni privados 

Psic. Miguel Scapusio 1 


El año que se cierra estuvo marcado por el trabajo en el que participaron diferentes 
actores en el intento de formulación de un nuevo plan de salud mental , trabajo que a lo 
largo del año sirvió para reiterar los fundados cuestionamientos -que ya tienen larga data- 
de distintas organizaciones sociales, de profesionales y de usuarios, a los tan persistentes 
como repetitivos planteos de las sociedades psiquiátricas en los distintos grupos de trabajo 
convocados por el Ministerio de Salud Pública (MSP). 

El lobby y los reclamos -que se vistieron en ocasiones de denuncias sobre la inacción de 
las autoridades de la salud- ocultaban también presiones de intereses corporativos en pro¬ 
cura de designaciones y cargos para integrantes de estas sociedades en los diferentes niveles 

1 Miembro e integrante de Serpaj. 


279 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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280 


de atención, de acuerdo a distintos documentos que fueron presentados como bases para la 
discusión del nuevo plan. 

A manera de ejemplo, en algunos de los documentos a los que pudimos acceder pro¬ 
puestos en general por integrantes de estas sociedades, se pedían “cargos de alta dedicación” 
y “fortalecer o implementar los servicios especializados de hospitalización psiquiátrica en 
sanatorios y hospitales generales de forma gradual y planificada” y “reforzar o implementar 
guardias de psiquiatría en todos los hospitales generales de la Administración de los Servi¬ 
cios de Salud del estado (ASSE), comenzando así con la regionalización de la emergencia 
psiquiátrica en Montevideo y zona metropolitana”. 

Otros documentos proponían crear “como función específica el cargo de coordinador 
departamental de psiquiatría y salud mental” 2 . Es llamativa en estos documentos la referen¬ 
cia casi exclusiva a ASSE, quedando por fuera cualquier tipo de propuesta de organigrama 
que abarcara a las instituciones privadas. Esto plantea la pregunta sobre cuál es la visión de 
estas asociaciones acerca de las regulaciones que las autoridades de la salud deberían esta¬ 
blecer en estas instituciones. 

Como puede observarse a partir de este tipo de planteos, la psiquiatría, sin mengua de 
su defensa de los lugares de poder que detenta hasta hoy y a partir de sus procedimientos 
habituales, se sigue proponiendo como el modelo a seguir respecto de cualquier otra for¬ 
ma de intervención y además, se otorga a sí misma un tratamiento privilegiado respecto a 
cualquier otra disciplina. 

Por eso no resultó extraño que en una declaración de un conjunto de sociedades psi¬ 
quiátricas a fines de mayo de este año, estas presiones se plasmaran en una denuncia sobre 
“la grave y reiterada situación de falta o muy mala asistencia a los pacientes psiquiátricos” 3 . 

Ante esto, en un extenso y detallado comunicado elaborado conjuntamente por Radio 
Vilardevoz y Serpaj 4 para rebatir estas argumentaciones, se señalaba, que “los usuarios de 
salud mental no deberían seguir siendo vistos como “pacientes psiquiátricos” o “personas con 
trastorno mental”, no sólo por el estigma que esto genera sino por la concepción en que se susten¬ 
ta dicha denominación donde una sola disciplina y un único modelo de atención (básicamente 
la consulta psiquiátrica individual y la administración de psicofármacos) define lo que puede 
estar aconteciendo a una persona con padecimiento psíquico, prescindiendo de su situación fa¬ 
miliar, social, económica, de género, habitacionaly cultural”. 

El comunicado planteaba también que “no se trata solo un tema de la calidad de la 
asistencia, sino que antes que nada es un tema de Derechos Humanos ya que el propio Sistema 
Nacional Integrado de Salud (SNIS) establece a la salud como derecho y al usuario/a como 


2 Documentos-borrador presentados en grupos de trabajo en relación al Plan de Salud Mental. 

3 Declaración de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, la Asociación de Psiquiatría del Interior y la Socie¬ 
dad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, 26 de mayo de 2019. 

4 “Una demora de casi un siglo”. Comunicado público de Radio Vilardevoz y Serpaj, junio de 2019. 



el centro del sistema, apostando al fortalecimiento del Primer Nivel de Atención dentro de la 

Y proseguía diciendo que “En todo este contexto señalamos que nunca hemos visto por 
parte de estas agremiaciones una sola manifestación ni movilización respecto de las desigualda¬ 
des sociales y las vulneraciones de los derechos de los/as usuario/as”. “No es lo mismo ser loca/o 
y pobre, que loca/o y rica/o. Y tampoco es lo mismo cerrar una institución cuestionada como el 
Vilardebó que cerrar las clínicas psiquiátricas privadas. En ese caso están en juego cuantiosos 
intereses- que intentan ser justificados “científicamente” desde la psiquiatría-, como son los ex¬ 
clusivos tratamientos medicamentosos y de internación, diferentes formas que adopta hoy día 
la mercantilización de la salud mental en nuestro país”. 

Finalmente, denunciando las condiciones que se querían (¿o quieren?) imponer en 
el nuevo plan de salud mental, el comunicado se preguntaba si “¿Es más importante la in¬ 
tervención médico psiquiátrica y la existencia de psiquiatras en todos los servicios y niveles de 
salud que la presencia de un médico general, un psicólogo, un trabajador social y otros técnicos 
y recursos que puedan utilizarse a nivel comunitario en la atención primaria? ¿Es más im¬ 
portante la intervención del psiquiatra en policlínicas o sanatorios para el tratamiento me¬ 
dicamentoso que el abordajefamiliar y comunitario desde el primer nivel de atención para el 
mismo problema? ¿Los psiquiatras deben ser más reconocidos económicamente y estar alfrente 
de los equipos de Salud Mental?”. “Creemos que en todo este movimiento generado por las so¬ 
ciedades de psiquiatría parece no haber otra cosa más que una manera de seguir sosteniendo un 
lugar de poder y de defensa de ciertos privilegios, además de demostrar una auto consi- deración 
de superioridad del colectivo médico psiquiátrico en un campo que está más que demostrado 
que es multicausaly que debe contar con una asistencia integral, interdisciplinaria, interinsti¬ 
tucional yfundamentalmente socio-comunitaria”. 

Aunque parezca reiterativo señalarlo, estos problemas son desde hace mucho tiem¬ 
po, el centro de los debates y las controversias en torno a las políticas oficiales de salud 
mental y particularmente, en estos momentos se centran en la formulación del nuevo plan 
de salud mental, sobre cuyos “avances” se anunció pomposamente por el MSP en oportuni¬ 
dad de conmemorarse el 10 de octubre pasado el Día Mundial de la Salud Mental. 

No es vano señalar que la influencia del poder médico en los ámbitos de decisión de las 
políticas de salud mental es notoriamente mayor que las de otras profesiones, a partir de su 
poder político generado en los años de los modelos sanitaristas, a pesar de que las concep¬ 
ciones en que se fundan esos modelos muestran una obsolescencia notoria. 

A propósito de esto, vale recordar que en una entrevista periodística del año pasado, 
el propio Director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Dr. Ariel Montalbán, 
reconocía que “las resistencias mayores están en intereses corporativos, de empresarios, di¬ 
ficultades en la formación de recursos humanos y dificultades culturales, porque de nada 



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sirve tener recursos que van a generar los mismos dispositivos, mejor hotelería, pero no van 
en la línea del cambio de modelo” 5 . 

También vale recordar que en noviembre de ese mismo año, y relacionado con lo an¬ 
terior, la declaración final del Cono Sur de la Confederación Iberoamericana de Medicina 
Familiar (CIMF) 6 , que, -acotamos nosotros-, como profesión no está ni siquiera mencio¬ 
nada en el plan de salud mental, criticó que “el Sistema Nacional Integrado de Salud sigue 
teniendo importantes retrasos en el cambio del modelo de atención y que no se ha logrado 
jerarquizar el primer nivel”. Y que “antes de terminar de resolver una buena cobertura del 
nivel se abrieron cargos para el segundo y tercer nivel de atención; ahí se puede obser¬ 
var dónde está la prioridad política”. La declaración señala que “la Cobertura Universal de 
Salud, impulsada hoy por los organismos internacionales, no se resuelve con paquetes de 
prestaciones básicas abastecidos por seguros privados. La salud es un asunto mucho más 
amplio y complejo que requiere de sistemas de carácter público, centrados en las personas. 
La atención ha de ser integral, proporcionada por profesionales competentes y equipos con 
base territorial, involucrados con su población de referencia”, agregando que la Medicina 
Familiar y Comunitaria es una disciplina científica que trasciende lo biomédico e incorpora 
aspectos de las ciencias sociales, humanísticas, ambientales y la bioética”. 

En este verdadero juego de fuerzas, valdría la pena saber donde se ubica el propio Mi¬ 
nisterio de Salud Pública, ya que por un lado las generalizaciones y la ambigüedad sobre 
cómo se van a llevar a cabo los contenidos del nuevo plan predominan en sus discursos. Y 
por otro, es llamativa la lentitud de algunos procedimientos: hace ya más de dos años que 
dura el farragoso proceso de reglamentación de la Ley de Salud Mental. Estos dos elemen¬ 
tos señalados parecen ser las características más marcadas del accionar ministerial hasta el 
momento. 

Tal parece que no se quiere quedar mal ni con los jugadores ni con la platea y entonces 
se apela a una retórica en donde las decisiones a tomar se desvanecen en fórmulas discursi¬ 
vas que, a pesar de ser compartibles en sus aspectos declarativos, no dicen casi nada nuevo 
sobre las formas que adquirirá efectivamente la atención en salud mental. Se habla de “avan¬ 
ces del nuevo plan de salud mental” a pesar de conocerse que no tiene presupuesto alguno 
para su puesta en funcionamiento y que además un conjunto de organizaciones cuestionan 
la preeminencia de las concepciones psiquiátricas en buena parte de dicho plan. O bien 
se recurre a propuestas que lindan con el ridículo como en la presentación de la campaña 
“pasale por arriba al estigma” emprendida por una entidad que ostenta nada menos que el 
nombre ¿nada estigmatizador? de “Patronato del Psicópata”. 

Por eso es cada vez más necesario seguir trabajando en pos de una salud colectiva que 
genere una verdadera articulación ínter, trans y extra disciplinaria para incluir diversos 


www.ladiaria.com.uy 18 de julio de 2018. 
www.smu.org.uy, noviembre de 2018. 



abordajes (psicosociales, laborales, culturales, corporales, artísticos y otros) con una con¬ 
cepción y un sentido comunitario en los dispositivos de atención. 

Como todo esto presenta en la actualidad varios obstáculos vale la pena tener en cuen¬ 
ta para centrarnos en uno de ellos, el artículo autocrítico y esclarecedor de Daniel Parada: 
“¿Los equipos de salud son posibles?” 7 . 

Señalamos algunos párrafos en donde el autor- médico- dice: “En los tiempos moder¬ 
nos, el médico, con su arte de curar y con su proximidad a la vida y a la muerte, tiene un 
poder social que no se oculta y hasta se ostenta orgullosamente. Ese poder se ha instituido 
en la sociedad y se respira en los ámbitos de la salud. Si bien en las últimas décadas ese pres¬ 
tigio ha disminuido, los médicos no se dan por enterados y conservan un sentimiento de 
superioridad respecto del resto de los trabajadores de la salud. Esto se ve reafirmado por la 
posición económico-social que ocupan”. 

“Hoy, en los seudoequipos de salud hay un médico que ejerce el poder sobre otros 
profesionales que lo integran y, por supuesto, sobre el usuario”. “Ese poder instituido es 
uno de los frenos más potentes para el cambio del modelo de atención. Si no enfrentamos 
el poder médico, no podremos avanzar. El resto de las profesiones y los usuarios tienen un 
rol importante en esta batalla”. 

Como compartimos estas aseveraciones, debemos estar muy atentos a las referencias - 
escasas, vagas e indiscriminadas- que se hace a los “equipos de salud” tanto en la propia Ley 
de Salud Mental como en los avances del nuevo plan. Pensamos -como también señala el 
comunicado de Radio Vilardevoz y Serpaj- que se debería reclamar con claridad y explíci¬ 
tamente “el desarrollo de nuevos modelos de distribución de recursos humanos, financieros y sa¬ 
lariales adecuados a un modelo integral de trabajo horizontal en equipo que mejore la calidad 
de la atención, sin disciplinas por encimas de otras”. El Ministerio no parece expedirse aún 
sobre estos aspectos que son fundamentales en cuanto a la asistencia y sobre todo hacia un 
trato dignificante hacia un sector de población tradicionalmente afectado en sus derechos. 

Otro de los obstáculos está signado por las distintas concepciones disciplinarias, dis¬ 
tanciadas a veces hasta el desconocimiento más absoluto entre ellas por los formatos acadé¬ 
micos y la relativa asepsia de las concepciones “cientificistas”, donde lo ideológico permane¬ 
ce invisibilizado y oculto a pesar de jugar un rol fundamental como mecanismo de control 
social. Así acontece particularmente con la psiquiatría biológica que aparece totalmente 
funcional a los requerimientos del mercado en cuanto a la indicación indiscriminada de 
psicofármacos con la excusa de solucionar enfermedades de causas exclusivamente somáti¬ 
cas, omitiendo cualquier referencia a los determinantes sociales del malestar. 

De estos formatos tampoco están exceptuadas algunas corrientes psicológicas, en par¬ 
ticular aquellas que adscriben acríticamente a los planteos más duros de las neurociencias, 


283 


7 Daniel Parada en: Posturas, La Diaria, 16 de julio de 2019. 


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284 


con su exclusivo interés por las funciones cerebrales y su concomitante desapego de la de¬ 
cisiva influencia de factores sociales, culturales y económicos, tan agudizados y candentes 
en la actual etapa del capitalismo globalizado. De manera que el tema no debe quedar cir¬ 
cunscripto a una rivalidad entre profesionales (por ejemplo, psiquiatras versus psicólogos) 
sino a una exhaustiva investigación sobre las posturas disciplinarias y lo que ellas conllevan 
ya que ninguna ciencia es neutral sino que comparten un tiempo y un desarrollo histórico 
con las formaciones políticas que las posibilitan y emplean, como señala G. Baremblitt 8 . 

Boaventura de Souza Santos dice al respecto: “Los conceptos, al igual que las reglas 
del juego, nunca son neutros y existen para consolidar los sistemas de poder, sean estos 
viejos o nuevos. Hay, sin embargo, períodos en los que los conceptos dominantes parecen 
particularmente insatisfactorios o imprecisos. Se les atribuyen con igual convicción o ra- 
zonabilidad significados tan opuestos, que, de tan ricos de contenido, más bien parecen 
conceptos vacíos. Este no sería un problema mayor si las sociedades pudieran sustituir fácil¬ 
mente estos conceptos por otros más esclarecedores o acordes con las nuevas realidades. Lo 
cierto es que los conceptos dominantes tienen plazos de validez insondables, ya sea porque 
los grupos dominantes tienen interés en mantenerlos para disfrazar o legitimar mejor su 
dominación, bien porque los grupos sociales dominados o subalternos no pueden correr el 
riesgo de tirar al niño con el agua de bañarlo”. 9 

Por eso, en última instancia, el problema central está en las concepciones sobre la lo¬ 
cura, a la que, en mi opinión y en consonancia con lo anteriormente citado deberíamos ver 
como un tema eminentemente político -como tantos otros- en directa relación con las formas 
que disponemos para pensar y tratar de cambiar para mejor el mundo en el que vivimos. 

Ante los riesgos que se constatan de resistencias a los cambios que establece la propia 
Ley de Salud Mental y las relaciones de poder que esgrime la psiquiatría en el complejo 
proceso de definición de las políticas oficiales, varias organizaciones y colectivos -entre ellas 
Serpaj- se agruparon en un Frente Antimanicomial 10 concebido como “un espacio político, 
de articulación y defensa de los derechos humanos, conformado por organizaciones sociales, co¬ 
lectivos y personas que luchen por desmantelar la lógica manicomial, las prácticas de encierro, 
exclusión y discriminación que imperan en nuestro país y que se aplican particularmente en 
el campo de la Salud Mental. Este Frente reivindica el derecho a la salud mental desde una 
perspectiva integral e intersectorial, haciendo énfasis en la defensa del buen vivir de todas las 
personas sin discriminación alguna”. 

En su plataforma, entre otros puntos, se plantean los siguientes: 


8 G. Baremblitt: “Las virtudes teologales, las ciencias y la locura”. Lo grupal 8, Ediciones Búsqueda, Bs. As. 
1990. 

9 Boaventura de Souza Santos: “Los conceptos que nos faltan”. Opinión, Pág. 12. Agosto de 2018. 

10 Comunicado del Frente Antimanicomial, agosto de 2019. 



• “La integralidad de la atención, sin la prevalencia de una profesión sobre las otras y 
con real horizontalidad en las relaciones profesionales, a partir de equipos y servi¬ 
cios interdisciplinarios. Se deberá des-psiquiatrizar las formas de abordar la atención 
en salud mental, basadas casi exclusivamente en tratamientos farmacológicos e inva¬ 
sivos. Revisión de todas las terapéuticas iatrogénicas y coercitivas, como uso indis¬ 
criminado de electrochoques, medidas de sujeción y sobre medicación, entre otras”. 

• “Implementar las redes territoriales de atención a la salud mental con diversos servi¬ 
cios sustitutivos, estrechando relaciones con importantes frentes de lucha y cuidado: 
derechos humanos, políticas intersectoriales, integración familiar y social, género, 
medio ambiente, educación, vivienda, trabajo y economía solidaria”. 

• “El cierre de los Hospitales Psiquiátricos e instituciones monovalentes a partir del 
año 2025, destinando sus recursos a la creación de la red sustitutiva de atención. 
Esto implica la extinción de toda y cualquier forma de internación de personas con 
problemáticas en Salud Mental en hospitales psiquiátricos, casas de internación, co¬ 
munidades terapéuticas y en cualquier otro establecimiento de régimen de encierro”. 

• “Rediseño de las inversiones públicas en convenio con privados, como ser casas de 
medio camino, casas asistidas, centros de día, entre otros, entendiendo que el fun¬ 
cionamiento de las mismas reproduce actualmente la lógica manicomial al punto 
que muchas de ellas terminan siendo dispositivos contrarios al cambio de paradigma 
y de modelo de atención, transformándose en minimanicomios. En este punto se 
debe evitar que la lógica mercantilista se instale en el proceso de creación de dispo¬ 
sitivos sustitutivos”. 

Creemos importante destacar estos planteos ya que ellos buscan enfrentar la hege¬ 
monía que las concepciones médico-sanitaristas ejercen hasta el momento y que pueden 
incidir en las definiciones políticas que se procuran respecto a la salud mental. 

Llegados hasta este punto, tenemos que advertir el trabajo de la ideología en el terreno 
de la subjetividad para evaluar los sutiles mecanismos de captación, adaptación y adoctri¬ 
namiento, complementarios con los de diferenciación, exclusión y segregación presentes 
en cada formación sociohistórica. Procesos que son cada vez más vigentes en un mundo en 
el que la guerra, la violencia, la pobreza, la explotación y la destrucción de la naturaleza se 
han convertido en realidades de una magnitud abismal en relación a cualquier otra etapa 
histórica anterior. Y que pueden afectar la cotidianeidad y las formas de vida y reproducirse 
por ende en el campo de la salud mental. 

En la actualidad, sabemos que las subjetividades están expuestas y moduladas al arbi¬ 
trio casi exclusivo de los grandes grupos de poder y las industrias de la comunicación que 
promueven el individualismo y las ideas que el mercado y lo privado son mejores que los es¬ 
fuerzos destinados a la construcción de lo público. Lo novedoso es la forma exponencial en 
que estos sistemas de dominación tratan de expandirse por el mundo. Así, los dispositivos 


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que se ofrecen se transforman casi siempre en artilugios al servicio de lo empresarial y esos 
lugares son ocupados también por determinadas formas de “hacer ciencia”. 

De esa manera, los “cientificismos” y los “especialismos” forman parte de las técnicas 
de gobernabilidad de esos nuevos tiempos. Esto también pasa en el plano de la salud men¬ 
tal, donde las técnicas de mercadeo de la industria farmacéutica, buscan permanentemente 
agentes y profesiones que difundan y promuevan la venta de sus productos. En la “socie¬ 
dad del espectáculo” 11 están afectadas cada una de las esferas que hacen a la producción de 
determinadas formas de subjetividad, Y en nuestro país, con una sociedad medicalizada, 
transida por el individualismo y las vivencias de inseguridad, en la que las exigencias de los 
organismos internacionales y los sectores dominantes locales pasan por “bajar el gasto pú¬ 
blico”, la tentación puede estar en fomentar el uso masivo de psicofármacos privatizando el 
sufrimiento y omitiendo el hecho que la enorme mayoría de las afectaciones tienen causas 
sociales y económicas generadas por la inequidad imperante. 

La alternativa es seguir luchando por una salud mental colectiva a través de planteos 
-científicos y políticos- que enfrenten los hegemonismos y las concepciones dominantes. 
Como señala el Comunicado que citamos: “La salud mental está indisolublemente ligada 
a los derechos humanos, la justicia social, la vivienda, la educación, la cultura, el trabajo, 
el medio ambiente, el género y la diversidad, y la economía de las personas y colectivos” n . 

Y plantea estas dos consignas fundamentales: 

• “Por una Salud Mental que aborde la realidad social, económica y política de perso¬ 
nas y colectivos”. 

• “Por un Uruguay sin Manicomios”. 


11 Guy Debord: “Société du spectacle”. Traducción: Revista Nexo, Santiago, Chile 1994. 

12 Comunicado del Frente Antimanicomial (ob.cit.) 




Desmanicomializar es Urgente 
¡Por un Uruguay sin instituciones de la violencia! 
¡Por un Uruguay sin Manicomios! 


Mag. Lie. Psic. Mónica Giordano 1 


Este año 2019 lamentablemente no ha sido diferente a los años anteriores en lo que re¬ 
fiere a la presencia de hechos a lamentar relacionados con muertes, negligencias y desgracias 
dentro de las instituciones psiquiátricas en el Uruguay. 

Por un lado, en el mes de setiembre nos conmovió fuertemente la muerte del adoles¬ 
cente de 16 años Fernando Ezequiel Otegui, en la clínica psiquiátrica Los Robles. Muerte, 
que a pesar de las denuncias y exigencias de justicia y esclarecimiento del hecho realizadas 
desde varias organizaciones de la sociedad civil -entre ellas el Frente Antimanicomial-, no 
sólo no han tenido ninguna respuesta sino que además este hecho ha quedado en el más 
absoluto olvido como suele suceder cuando ocurren estas tragedias en estas instituciones 
de encierro. 

1 Co-coordinadora General de Radio Vilardevoz. Militante del movimiento Antimanicomial y del Movi¬ 
miento de Radios Comunitarias. 


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Por otro lado, el colectivo de Radio Vilardevoz sufrió en los últimos días la pérdida del 
querido compañero Luis Silva, quien falleció el jueves 24 de octubre, conmoción de la que 
aún nos cuesta recuperarnos. Luis participó en Vilardevoz desde sus inicios y entre las tan¬ 
tas tareas y responsabilidades que tenía era muy conocido por ser el cobrador del Club de 
Socios. Pero por sobre todas las cosas Luis era un militante de la Salud Mental. Era uno de 
los más fervientes y combativos críticos de una de las terapéuticas más invasivas que se apli¬ 
can en lo manicomial como lo es el electroshocks, porque lamentablemente fue una víctima 
en varias oportunidades de ese mal llamado “método terapéutico” por el sistema médico- 
sanitarista, dado que para él como para nosotros y nosotras es un método de tortura. 

Luis falleció luego de una internación de 22 días en el Hospital Vilardebó y 17 días en 
el Hospital Maciel por motivos que aún no han sido esclarecidos. Lo que sí sabemos es que 
salió del Hospital Vilardebó en condiciones pésimas siendo derivado al Hospital Maciel 
por la insistencia del Equipo Técnico de Radio Vilardevoz, llegando a dicho nosocomio en 
estado grave y prácticamente irreversible de su salud general. Existe por lo tanto una clara 
presunción de negligencia médica en la institución psiquiátrica mencionada. Ahora nos 
queda como dice nuestra compañera Alba “...ser fuertes y seguir hasta las últimas conse¬ 
cuencias redoblando el esfuerzo y recordando también a otros desaparecidos, aquellos que 
desaparecen a manos de las instituciones y las lógicas manicomiales”. 

Estos hechos profundamente dolorosos nos implican y necesariamente nos interpelan 
en nuestras prácticas cotidianas y en nuestras luchas. ¡Por eso decimos que desmanicomiali- 
zar es urgente!. Porque no podemos tolerar ni permitir que sigan existiendo más víctimas de 
la violencia endémica y cotidiana instalada en las instituciones psiquiátricas, tanto públicas 
como privadas. No podemos seguir permitiendo como sociedad que sigan existiendo estas 
instituciones destinadas al encierro donde las personas que allí se encuentran -internadas 
supuestamente para “curarse”-, no hacen más que sufrir tratos de violencia, degradantes e 
inhumanos, que son claramente violaciones sistemáticas de los derechos humanos. 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en su informe anual 2018 2 ad¬ 
vierte las enormes carencias con las que tienen que convivir las casi 1.000 personas que 
viven en Ceremos (ex colonia Etchepare) y en el hospital Vilardebó. 

El informe da cuenta de las pésimas condiciones que padecen las personas que allí se 
encuentran internadas: edificios añejos, sin mantenimiento y con notorios deterioros tanto 
en aspectos referentes a lo edificio como lo sanitario, lo que hace imposible contar con lo 
mínimo imprescindible para posibilitar una vida digna. Con internaciones que promedian 
entre los 16 y 24 años en algunas personas y existiendo personas con más de 50 años de 
internación. Las edades de los pacientes rondan entre los 22 y 83 años. 


2 V Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura - Uruguay 2018 (p. 68-78). 



El mismo Mecanismo señala que las instituciones psiquiátricas “forman parte de los 
contextos no convencionales en los que las personas corren el riesgo de sufrir abusos que 
pueden constituir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 

Destacan en dicho informe el planteo del “...relator especial, Dainius Puras, sobre el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental,”: 

“[En el siglo xxi] no hay cabida para las instituciones psiquiátricas basadas en la estigma- 
tizacióny la segregación [...]; en palabras de G. H. Brundtland, es necesario «velarpor que la 
nuestra sea la última generación que tolere que la vergüenza y la estigmatización prevalezcan 
sobre la ciencia y la razón" 

Esto ha sido denunciado innumerables veces por el movimiento social, y desde hace 22 
años Vilardevoz viene colocando en la agenda publica-política lo que sucede en estas insti¬ 
tuciones del encierro y el olvido. Insiste en romper esos muros materiales, pero también los 
simbólicos que nos hacen como sociedad, excluir, discriminar, aislar y castigar al diferente, 
al que no se adapta a las normas, al loco y la loca. Lo que no nos permite hacernos cargo de 
la locura que producimos como sociedad y mucho menos devolver la locura al lugar del que 
nunca debería haber salido que es la misma comunidad. 

Conocer y hacer visible la realidad de las instituciones totales como las denominó 
Goffman, o disciplinares como las denominó Foucault, o instituciones de la violencia como 
las llama Basaglia nos permite dar la lucha por la transformación de las formas con la que 
nuestras sociedades tratan a la personas a las que se da un diagnóstico psiquiátrico y que por 
eso, insistimos, son aisladas, encerradas, discriminadas, castigadas, olvidadas. 

En la época moderna la locura es atrapada por “la enfermedad mental”. La psiquiatría 
y sus instituciones crean un nuevo sujeto: “el enfermo mental” “el psicópata”, “el paciente 
psiquiátrico”. Esto totaliza la vida de la persona a partir de su diagnóstico. El loco ter¬ 
mina siendo un preso de su patología y sus diagnósticos y termina siendo estigmatizado. 

“Todes podemos ser psiquiatrizables, todes estamos en riesgo de ser encerrades” expre¬ 
saba la proclama de la VIII Marcha por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna 
este 10 de octubre de 2019. 

Esto claramente nos habla del fenómeno instalado en nuestras sociedades a partir de 
las prácticas diagnósticas y la creciente medicalización que existe sobre la vida. Nos encon¬ 
tramos así frente a una creciente y profunda patologización de la vida cotidiana. 

En este sentido, el Dr. Alien Francés (2014), quien dirigió el equipo que redactó el 
DSM IV (1994), realizó una autocrítica y un cuestionamiento sobre dicho manual plan¬ 
teando que el “resultado ha sido una inflación diagnóstica que produce mucho daño”, y 
agrega que “la ampliación de síndromes y patologías en el DSM V va a convertir la actual 


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inflación diagnóstica en hiperinflación (...) Hemos creado un sistema diagnóstico que con¬ 
vierte problemas cotidianos y normales de la vida en trastornos mentales”(p. 49) 3 . 

Es el desmantelamiento de este fenómeno otro punto fundamental para lograr la des- 
manicomialización de la sociedad. Esto implica dar una batalla para recuperar los territo¬ 
rios de la vida cotidiana y particularmente el territorio de la salud capturado por el paradig¬ 
ma médico hegemónico. Por esto, experiencias alternativas como la de Radio Vilardevoz 
proponen y construyen su práctica desde una actitud emancipatoria en materia de salud, la 
cual supone al decir de Raúl Zibechi 4 : “La recuperación por la comunidad, y por las per¬ 
sonas que la integran, de sus poderes curativos expropiados por el saber médico y el Estado. 
Pero implica, además liberarse del control que el capital ejerce sobre la salud a través de las 
multinacionales farmacéuticas, que jugaron un papel destacado en el proceso de medicali- 
zación de la sociedad” (p. 41). 

Es por todo esto que tenemos que lograr superar que se siga utilizando la denomi¬ 
nación “trastorno mental” para las problemáticas en salud mental. Esto no solo produce 
estigmatización sino que patologiza el sufrimiento, dejando por fuera a todas las personas 
que podemos pasar por momentos de crisis, ansiedad, tristeza, desamor, sin configurar por 
eso un cuadro clínico según la visión de la psiquiatría de “trastorno mental”. 

Hoy en día, todo puede ser “trastornado”, desde la inquietud de niñas y niños, hasta 
un hábito peculiar y diferente a la norma. Porque queremos una salud mental que hable de 
nosotros y nosotras, de nuestros sentires de todos los días es que seguiremos peleando por 
el tan necesario cambio de paradigma y de modelo de atención en salud mental, así como 
290 seguiremos generando incidencia y propuestas en todos los espacios posibles que permitan 

construir una salud mental en clave de derechos humanos y de garantía de los mismos. 

En este sentido como integrante de Vilardevoz y por haber participado junto a otras- 
os compañeras-os en este año marcado por el proceso de elaboración del Plan Nacional de 
Salud Metal y la reglamentación de la Ley de Salud Mental 19.529, deseo exponer en este 
artículo las siguientes consideraciones: 

• Avances de la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental y observaciones al 
mismo. 

• Desafíos hacia el futuro para seguir dando batalla por una salud mental digna, in¬ 
clusiva y humanizadora. 

• Desafíos en la lucha antimanicomial e Interseccionalidad de las Luchas 


3 En: Giordano, Ménica (2017) “Al mundo le falta un tomillo: Procesos de salud y transformación social en 
la Radio Comunitaria Espika FM”, Tesis de Maestría, Universidad de la República, Uruguay. 

4 Zibechi. R. (2008). Autonomías y emancipaciones: América Latina en movimiento. DF, México: Bajo Tierra. 



1. Avances de la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental y observaciones al 
mismo. 

Este 2019 comenzó con muchas expectativas y con un gran trabajo sostenido de parti¬ 
cipación e incidencia de distintas organizaciones sociales, de profesionales, de usuarios, de 
familiares e instituciones estatales en los grupos de trabajo convocados por el MSP para la 
concreción de la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental y reglamentación de la Ley 
de Salud Mental 19.529. Y hablamos de expectativas respecto a todo este proceso dado que 
teníamos la convicción que el mismo podía lograr superar la contradicción paradigmática 
en la que incurrió la ley de salud mental plantando la prevalencia de concepciones biologi- 
cistas y sanitaristas sobre la salud mental. 

Cabe mencionar aquí, que la ley tal como fue aprobada, cae en las contradicciones 
paradigmáticas antes mencionadas e incumple algunos de los compromisos asumidos por 
el Uruguay frente a organismos internacionales. Esto provocó que durante el proceso de 
discusión de la misma, el Estado uruguayo fuera observado por el Comité para las Personas 
con Discapacidad de Naciones Unidas, por el Comité sobre Derechos Económicos, Socia¬ 
les y Culturales y por la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Huma¬ 
nos de Naciones Unidas. Por otro parte, la Institución Nacional de Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo realizó en varias oportunidades recomendaciones y observaciones 
que iban en el mismo sentido y en concordancia con las críticas, planteos y posturas discre¬ 
pantes del movimiento social hacia la misma. 

A pesar de esto, reconocemos como lo hemos hecho en varias oportunidades, que esta 
ley sin dudas es un avance y un logro más en la profundización de derechos en el Uruguay, 
pero también sabemos que esta ley tiene cosas para mejorar y apostamos a que eso sea po¬ 
sible a partir de la finalización e implementación del nuevo plan de salud mental y de otros 
mecanismos que permitan las voluntades políticas en el nuevo periodo de gobierno. 

En este sentido el Ministerio de Salud convocó el día 10 de octubre, fecha en la que se 
conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, a la presentación de los avances realizados 
en torno a la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental (PNSM). El Dr. Porciúncula 
en representación del Programa Nacional de Salud Mental explicitó que el mismo aún se 
encuentra en estado de edición final no contando aún con una fecha precisa de divulgación. 

Si bien celebramos la iniciativa y esperamos con ansias la finalización del trabajo em¬ 
prendido, tenemos fundadas puntualizaciones, observaciones y críticas a realizar a la ver¬ 
sión final del Plan a la que accedimos dada nuestra participación en los grupos de trabajo 
convocados por el Ministerio de Salud. Dado que nos interesa que dicho Plan permita un 
verdadero cambio de paradigma y de modelo de atención y fundamentalmente que cumpla 
con el desmantelamiento de la lógica manicomial y el cierre de las instituciones monova¬ 
lentes al 2025, es que advertimos las siguientes contradicciones, carencias y omisiones en 
las que incurriría de quedar tal cual el avance anticipado por el MSP: 


291 


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292 


El plan reproduce la misma contradicción paradigmática que la ley. 

Se encuentra una prevalencia de la definición de trastorno mental bajo la visión biolo- 
gicista y del paradigma de la enfermedad mental definiendo conceptualmente y en forma 
unilateral un campo de problemas como lo es el de la Salud Mental. Y omitiendo la multi- 
causalidad y los determinantes sociales como elementos detonantes de las problemáticas en 
ese campo. De esta manera se sigue ubicando a la psiquiatría como disciplina hegemónica 
en el campo de la salud mental, favoreciendo la patologización del sufrimiento psíquico. 

Incurriendo en insistencias necesarias, nos interesa remarcar que es fundamental pen¬ 
sar la salud mental como un campo complejo y no como un área. Creemos primordial que 
se integre a este plan la concepción de Salud Mental Colectiva: 

(....) en tanto la misma se constituye en (...) un campo científico (Bourdieu 1983,1989; 
Ribeiro 1991), donde se producen saberes y conocimientos acerca del objeto “salud” y donde 
operan distintas disciplinas que lo contemplan bajo varios ángulos; y como ámbito de prácticas, 
donde se realizan acciones en diferentes organizaciones e instituciones por diversos agentes (es¬ 
pecializados o no) dentro yfuera del espacio convencionalmente reconocido como “sector salud”. 
(Almeida Fihlo, Naomar y Paim, S. Jairnilson, 1999). 5 

De esta forma la Salud Mental Colectiva: reconoce los múltiples determinantes y en¬ 
trecruzamientos en el campo de la salud mental, planteando un abordaje que incluye un en¬ 
foque comunitario, complejo e integral, con un fuerte énfasis en la perspectiva de derechos, 
donde la protección a los mismos es una estrategia fundamental, (p. 29) 

Así es que nos interesa una Salud Mental: 

“(...) que ha de reconstruirse desde la propia ciudadanía, desde la diversidad intersubjetiva y 
la compleja contrariedad de la vida comunitaria, en la que malestar y conflicto se sitúan como 
elementos inherentes a la misma. Sociedad en la que el loco y el cuerdo tienen un protagonismo 
compartido en su transformación. Transformación que parte de la obligación ciudadana de 
requerir a nuestros gobernantes un Sistema Nacional de Salud público, universal, equitativo, 
descentralizado y participativo y que ha de devolver a la salud su entidad de bien público y 
colectivo en cuya gestión están comprometidos cada uno de los miembros de una sociedad 
democrática ”. 6 

Apostamos a espacios de construcción de salud mental colectiva, donde podamos 
pensar integralmente sobre los modos en que vivimos, apostando a lo grupal, lo afectivo, a 
la re generación de lazos sociales. Espacios habitados desde las diferentes culturas, opciones 
sexuales y construcciones de género. 


5 Giordano, Mónica (2017) “AI mundo le falta un tornillo: Procesos de salud y transformación social en la 
Radio Comunitaria Espika FM”, [Tesis de Maestría], Universidad de la República, Uruguay. 

6 Elúa Samaniego, A. (2016). Elacia una salud mental colectiva, Manuel Desviat, Cohabitar la diferencia. 
De la reforma psiquiátrica a la salud mental colectiva. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 36 
(130), 553-556. Recuperado de: http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v36nl30/critica3.pdf 



El plan no cuenta explícitamente con un Cronograma de cierre de las instituciones 
monovalentes y asilares hacia el cumplimiento del cierre de los manicomios al 2025. 

Si bien en el punto donde se marcan los “Objetivos, líneas estratégicas y acciones enca¬ 
minadas a la desactivación de servicios de modelo asilar y monovalente ”, se plantea un marco 
general, se hace necesario y primordial enfatizar y explicitar las etapas del proceso de cierre, 
incorporando un cronograma concreto. Es primordial incluir algunos criterios, como ser: 

“-La desinstitucionalización: esta debe implicar la integración de diversos aspectos: 
1) el involucramiento de cada uno de los usuarios, para que sea un proceso singular y acor¬ 
dado con cada usuario/a y su proyecto de vida. 2) En este proceso deberán también estar 
involucrados los/las funcionarlas de la salud, sin importar cargos o jerarquías para evitar 
la desinstitucionalización forzada. 3) Asimismo deberán promoverse acciones que involu¬ 
cren a la comunidad en general. 

-Descentralización fortalecimiento y creación de los dispositivos de atención y abor¬ 
daje comunitario. Con mecanismos de evaluación y vigilancia para que los mismos no re¬ 
produzcan lógicas manicomiales ni se generen procesos de mercantilización de la Salud 
Mental. 

-Se deberá acompañar el cambio de los dispositivos de atención con una amplia difu¬ 
sión que aporte hacia el cambio de paradigma con un enfoque desde los derechos humanos. 
No se deberá reproducir la estructura manicomial ni asilar en instituciones de pequeña 
escala.” 7 

En este punto y dado el hecho lamentable que vivimos este año, referido a la muerte 
del adolescente Fernando Ezequiel Otegui, en la clínica psiquiátrica LOS ROBLES, es más 
que necesario hacer énfasis en lo que refiere a infancia y adolescencia donde en el plan no 
se explicita ni queda clara la eliminación de las instituciones con modelo asilar y monova¬ 
lente para niños-as y adolescentes, como si se contempla en el caso de los monovalentes 
de adultos como determina la ley 19.529. Solo existen esbozos de algunas acciones hacia 
el cumplimiento de la eliminación de estas instituciones que atentan sobre la salud y los 
derechos de los niñas-os y adolescentes de nuestro país. 

Existe una debilidad en la concepción y creación de trabajo en equipo 
multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. El desarrollo de los abordajes 
integrales e intersectoriales debe estar garantizado. 

Es necesaria una profunda autocrítica y revisión de los modelos bio- médicos que han 
hegemonizado el trabajo, desarticulando y desmotivando a los equipos y actuando en de¬ 
trimento de una construcción colectiva de saberes. El plan debe garantizar con acciones 

7 Documento “Observaciones, aportes y sugerencias al borrador del Plan Nacional de Salud Mental”. Elabora¬ 
do por el Grupo de trabajo Interinstitucionalidad e Intersectorialidad y dirigido al Programa Nacional de Salud 
Metal el día 20 de setiembre de 2019. [Inédito] 


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concretas que este problema se supere y se logren verdaderos abordajes interdisciplinarios 
e integrales. Para esto debe haber un cambio en la estructura organizacional de los disposi¬ 
tivos e instituciones: los mismos deben cambiar su conformación no ubicando disciplinas 
por encima de otras, ni privilegiando cargos de responsabilidad en manos exclusivamente 
de los médicos psiquiatras. Es primordial para el cambio de paradigma y de modelo de 
atención que los equipos explícitamente integren con la misma valorización e importancia 
a otras disciplinas y saberes, incluyendo a los del arte, la cultura, la música, el deporte, los/ 
as acompañantes terapéuticos, etc. 

El Plan no contiene una propuesta concreta de Financiación. 

El plan debe contar con una forma de resolver el tema de la financiación elaborando 
una propuesta concreta para ser considerada tanto en la próxima rendición de cuenta así 
como contemplar un plan de redistribución del presupuesto actual en coherencia con el 
cambio de modelo que se busca. 

El plan no integra enfáticamente la perspectiva de Género, Diversidad, 
Interculturalidad, Etnica y Ambiente. 

Porque no es lo mismo ser loco y pobre, que loco y rico, no es lo mismo si además a 
estas dobles exclusiones le sumamos la de ser mujer, la de ser transgénero, la de ser migrante, 
entre otras. Todas estas exclusiones surgen de la violencia, la vulnerabilización y la patologi- 
zación a las que estas personas por su condición están sometidas. 

“Consideramos fundamental que se puedan transversalizar y contar con expresiones 
concretas de integración de dichas problemáticas en el entendido que la salud mental está 
indisolublemente ligada también al medio ambiente, al género y la diversidad. 

Se debería lograr articular con la ley de violencia de género, con la ley trans y con las 
estrategias de cuidado y protección del medio ambiente que tanto nos afectan. Cabe men¬ 
cionar las últimas catástrofes ambientales que hemos sufrido como ser las inundaciones en 
la ciudad de Santa Lucía como ejemplo reciente” 8 . 

El movimiento ambientalista nos dice claramente “los seres humanos somos ambiente, 
la propia eco-dependencia hace que el ambiente sea uno de los principales determinantes 
de nuestra salud general” y de nuestra salud mental. Enfatizan además que “No hay justicia 
social sin justicia ambiental” y nosotros agregamos que no hay Justicia Social sino protege¬ 
mos nuestros territorios subjetivos, garantizando el derecho a una Salud Mental digna, el 
derecho al buen vivir en todo su sentido. 


8 Documento “Observaciones, aportes y sugerencias al borrador del Plan Nacional de Salud Mental”. Elabora¬ 
do por el Grupo de trabajo Interinstitucionalidad e Intersectorialidad y dirigido al Programa Nacional de Salud 
Metal el día 20 de setiembre de 2019. [Inédito] 



Esperamos que estas y otras observaciones sean tomadas en cuenta por las autoridades 
del Ministerio de Salud, específicamente por el Programa Nacional de Salud Mental, ya que 
de hacerlo estaríamos logrando visualizar un verdadero cambio de paradigma y de modelo 
de atención en Salud Mental. Que se entienda que la salud mental antes que nada es un 
tema fundamentalmente de justicia social y derechos humanos es prioritario para desmani- 
comializar la sociedad y la profundización de nuestra democracia. 

2. Desafíos hacia el futuro para seguir dando batalla por una salud mental digna, 
inclusiva y humanizadora. 

En este momento nos parece importante hacer hincapié en algunos temas que han 
quedado pendientes de ser abordados, que muchos de ellos han sido planteados en varias 
oportunidades fundamentalmente por el movimiento social y que no queremos que que¬ 
den en el olvido dado que en ellos se juegan la posibilidad de seguir profundizando las 
transformaciones necesarias hacia una Salud Mental Digna, Inclusiva y Elumanizadora en 
el Uruguay. 

Reglamentación del artículo 11 de la ley de salud mental 

En el grupo de trabajo Interinstitucionalidad e Intersectorialidad convocado por el 
Ministerio de Salud, del cual participamos muy activamente, se elaboró una nueva propues¬ 
ta de reglamentación que contempla la creación de una institucionalidad específica de la in¬ 
terinstitucionalidad en salud mental que tiene por objeto y competencia la materialización 
y aplicación de la interinstitucionalidad e intersectorialidad para lograr una salud mental 
en Uruguay en clave de DDHH. 

“Para asegurar el efectivo funcionamiento de la interinstitucionalidad e intersectoria¬ 
lidad incluir el aporte de la sociedad civil y la academia en el diseño y el seguimiento de la 
política pública es que se propone, la creación de una comisión específica y una comisión 
asesora en el marco del Consejo de Políticas Sociales. La comisión tendrá el cometido de 
instrumentar las políticas públicas definidas con el asesoramiento y seguimiento de la co¬ 
misión honoraria que garantizará la incidencia de los actores claves en la materia” 9 . 

Destacamos y saludamos que esta propuesta fuera tomada casi en su totalidad por las 
autoridades del Programa Nacional de Salud Mental, Ariel Montalbán y el Ministro de Sa¬ 
lud Jorge Basso, siendo elevada a las autoridades del Consejo Nacional de Políticas Sociales, 
(Matías Rodríguez) y a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, (Subsecretaría 
Ana Olviera y Ministra Marina Arismendi), quienes hicieron acuerdo con la propuesta. A 
partir de allí se elaboró la nueva reglamentación que actualmente y según las últimas in- 


9 Documento “Propuesta de reglamentación del artículo 11 de la ley 19.529 del Grupo Interinstitucionali- 
dad e Intersectorialidad”. Diciembre 2018. [Inédito]. 


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formaciones con la que contamos al momento de escribir este artículo, sería aprobada por 
Presidencia en los próximos días. 

Consideramos que en los consensos alcanzados fueron decisivos los aportes de las 
organizaciones sociales y de distintas disciplinas ya que resulta fundamental que se logre 
aprobar dicha reglamentación para instalar antes que termine el actual periodo de gobier¬ 
no la interinstitucionalidad en salud mental en el marco del Consejo de Políticas Sociales 
con sus dos comisiones. Esto lo consideramos clave para garantizar una nueva forma de 
creación de políticas integrales en salud mental donde todos los ministerios e institucio¬ 
nes implicadas entiendan que la salud mental es un tema de todos, que permitan además 
desmantelar la lógica manicomial y que tengan un fuerte compromiso por los derechos 
humanos de las personas que se encuentran en el entrecruce de la locura y la pobreza y por 
aquellas-os doblemente excluidas-as de nuestra sociedad. 

Esto es clave para lograr que se abandone la primacía de las políticas creadas desde el 
modelo médico psiquiátrico hegemónico que muestra desde hace mucho tiempo su fracaso 
a nivel de la atención tanto pública como privada, modelo que insistimos no ha hecho más 
que, encerrar, silenciar, abandonar, excluir y medicalizar las problemáticas en el complejo 
campo de la Salud Mental. 

Apostamos también y lo planteamos como un gran desafío la promoción de la cons¬ 
trucción de política pública integral de derechos humanos en salud mental donde la in- 
tersectorialidad e interinstitucionalidad articule con las organizaciones sociales y las co¬ 
munidades, así como garantice la participación activa y el protagonismo de usuarios-as y 
296 familiares en la construcción de las mismas. 

Cúratela y aspectos legales para reconsiderar para proteger y garantizar derechos. 

Este es un tema que se viene planteando por parte del movimiento social desde la dis¬ 
cusión de la ley de salud mental, particularmente fue planteado por la Comisión Nacional 
por una Ley de Salud Mental compuesta por más de 50 organizaciones sociales. Considera¬ 
mos que es un tema que no debe quedar en el olvido y que debe ser tomado lo antes posible 
para efectivizar la realización de los cambios legales necesarios para establecer capacidades 
intermedias en la “discapacidad mental”. Esto es fundamental para la Autonomía personal 
y para garantizar la misma se debería revisar las figuras legales de inimputabilidad, incapa¬ 
cidad civil. Debería remplazarse la figura de “curador” por la de “sistemas de apoyo” para 
que la persona pueda tomar sus decisiones de manera acompañada, y no que alguien lo 
reemplace en tal potestad. 

“Actualmente, y aun existiendo avances en la temática, nuestro país se encuentra en 
clara contradicción desde el punto de vista normativo con la Convención sobre los Dere¬ 
chos de las Personas con Discapacidad, Ley N° 18.418. Tal es así que, durante el año 2016, 
el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapa- 



cidad de las Naciones Unidas, al analizar el Informe País, recomendó a Uruguay adecuar las 
normas vigentes ya que las mismas son violatorias de los derechos humanos de las personas 
con discapacidad. Entre los textos normativos que requieren inmediata modificación se 
encuentran la Constitución de la República, el Código General del Proceso y el Código 
Civil Uruguayo, estos últimos particularmente a lo que se refiere al proceso de Declara¬ 
ción de Incapacidad. En este sentido es necesario modificar el Instituto de la incapacidad 
total, como está plasmado en el Código Civil, buscando pasar a institutos como capacidad 
parcial, y utilizar figuras como asistentes, representantes para algunos actos puntuales o la 
creación de sistemas de Apoyo que promuevan la autonomía, facilite la comunicación, la 
comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. 
Se debería reemplazar la figura del “curador” por la de “sistemas de apoyo” para que la per¬ 
sona pueda tomar sus decisiones de manera acompañada, y no que alguien le reemplace la 
voluntad” 10 . 

El Sistema Nacional de Cuidados deberá integrar la Salud Mental. 

Con la importancia, los logros y el desarrollo que ha tomado el Sistema Nacional de 
Cuidados poco se ha hablado de integrar la problemática de la salud mental al mismo. En 
este sentido consideramos que el mismo jugaría un rol fundamental en los cuidados de 
las personas que se encuentran transitando por una problemática de su salud mental. El 
sistema seria clave en la creación de políticas específicas y en brindar algunas prestaciones 
necesarias teniendo en cuenta el ciclo de vida. 

Derogación de la Ley 11.139 del Patronato del Psicópata de 1948. 

Esta es otra de las propuestas y reclamos que nos parece importante recordar e insisitir 
dado que se genera una incoherencia y es otra señal muy clara de la incursión en las con¬ 
tradicciones paradigmáticas que se han presentado desde el proceso de discusión de la ley 
hasta hoy en día en plena elaboración del Plan Nacional de Salud Mental. 

“La existencia de dicha entidad contradice la Ley N° 19.529 dado que se inscribe a la 
vetusta lógica de la Ley del Psicópata (Ley N° 9.581), respondiendo al paradigma médico- 
sanitarista que se quiere superar. Cabe recordar que esta entidad organizativamente está in¬ 
tegrada por los directores del Hospital Vilardebó y la Colonia Etchepare, instituciones que, 
como define la ley deberán dejar de existir. Por lo que se hace necesario pensar en una nueva 
institucionalidad acorde a la nueva normativa, donde además los recursos financieros con 
que cuenta esta institución sean destinados a la implementación del la ley y específicamente 
al Plan Nacional de Salud Mental” u . 


10 Documento “Aportes de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental en el marco de la discusión en 
Diputados del Proyecto de Ley de Salud Mental”. 17 de abril 2017. [Inédito]. 

11 Documento “Aportes para la elaboración del PNSM”. Elaborado por el Grupo de trabajo Interinstitucionali- 
dad e Intersectorialidad y dirigido al Programa Nacional de Salud Metal el día 22 de abril de 2019. [Inédito]. 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


298 


Es una casi ironía que bajo esta entidad se desarrolle hoy en día una de las acciones que 
pretende derribar los estigmas sociales en torno a la salud mental como lo es la campaña 
Salud Mental sin Prejuicios. Realmente es inaceptable y atenta contra toda lógica que a dos 
años de aprobada la Ley N° 19.529 no se haya derogado la ley del Patronato de Psicópatas, 
institución que lleva un nombre altamente estigmantizante y que conserva en el mismo las 
lógicas más medievales en lo que salud mental se refiere. 

¿Qué loco, no? 

Articulación con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de 
Radiodifusión Comunitaria 

Creemos que para que exista una clara finalidad de promover un verdadero cambio 
cultural, generando campañas comunicacionales de sensibilización a la población, así como 
de prevención y promoción, y lograr el creciente involucramiento del sistema de medios 
en cuanto a la no discriminación y la eliminación del estigma social sobre las personas que 
padecen problemáticas en salud mental, es indispensable que la Comisión Honoraria de 
los Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) integrada de forma interinstitu¬ 
cional por representantes de todos los sectores de la comunicación, en su potestad de re¬ 
glamentar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) - (Ley 19.307) genere 
parámetros para evaluar y monitorear la no discriminación en los medios de comunicación 
en base a los principios de la Ley SCA y Ley de Salud Mental y garantice incorporar conte¬ 
nidos de promoción de salud mental y derechos humanos. 

Para trabajar contra el estigma y lograr incidir en el imaginario social sobre la locura, 
promover la sensibilización a la comunidad y educación a la población en promoción de la 
salud mental nos parece imprescindible que se incluya y reconozca como actor involucrado 
especialmente al tercer sector de la comunicación (Radios comunitarias y medios comu¬ 
nitarios y alternativos en general) por ser espacios territoriales e integradores de personas 
con problemáticas en salud mental naturalmente y por ser una herramienta potente para 
trabajar mediante dispositivos comunicacionales la temática de la salud mental a nivel local 
- territorial y comunitario. 

3. Desafíos en la lucha antimanicomial e Interseccionalidad de Luchas 

Estamos más que nunca en tiempos de enfrentarse a la profundización de la lucha 
por instalar un proceso de desmanicomialización en el Uruguay, en un contexto regional 
caracterizado por grandes retrocesos en derechos y con una fuerte embestida de la derecha 
y del filo fascismo tanto a nivel regional como a nivel nacional, desafía al movimiento social 
a unir sus luchas, a armar bloque, a armar frente común, a inteseccionar las luchas porque 
juntos-as y unidos-as nos necesitamos. Porque desmanicomializar es urgente, porque es 
parte fundamental de luchar contra los fascismos y filo fascismos que quieren ganarnos 



territorios y vienen por todo. Al mismo tiempo nos interpela en relación a la capacidad de 
vigilancia y control ciudadano, de denuncia y de propuestas alternativas que garanticen un 
camino hacia el cambio de paradigma en salud mental que él mismo busca y por el que ha 
luchado de forma constante. Pero por sobre todas las cosas, el movimiento social tiene un 
gran trabajo para hacer, que no es ni más ni menos que asegurar los procesos participativos 
para que dichos cambios se generen y eso sólo se logra transversalizando las luchas. 

Es por esto que en el mes de agosto de este año desde Radio Vilardevoz y Serpaj hici¬ 
mos un llamado a las organizaciones y colectivos del campo de la salud mental, pero sobre 
todo y fundamentalmente a las organizaciones del movimiento feminista, LGTBIQ+, am¬ 
bientalistas, de trabajadores-as, del campo de la cultura, del arte, de la vivienda, de la educa¬ 
ción, de los derechos humanos, entre otros, para trabajar juntos-as en pos de una sociedad 
democrática, justa y solidaria que garantice un verdadero cambio de paradigma en la Salud 
Mental en el Uruguay, la transformación del modelo de atención y los derechos de los-as 
usuarios-as de los mismos. 

Impulsamos así la creación de un Frente Antimanicomial en el entendido que la salud 
mental está indisolublemente ligada a los derechos humanos, la justicia social, la vivienda, 
la educación, la cultura, el trabajo, el medio ambiente, al género y la diversidad, la etnia, la 
interculturalidad y la economía de personas y colectivos. 

Este Frente está tomando cada vez más cuerpo y fuerza. Una demostración de esto se 
expresó el día 10 de octubre en la VIII Marcha por Salud Mental, Desmanicomialización y 
Vida Digna, que no sólo fue multitudinaria sino que ese día se sumaron otras luchas a nues¬ 
tra lucha a partir de la presencia de la enorme y larga bandera de la Coordinadora de la Mar¬ 
cha de la Diversidad y el pañuelo gigante del No a la Reforma porque el miedo no es laforma. 
Se unieron las luchas, todas esas luchas, y con eso nos encontramos junto a compañeras-os 
del movimiento ambientalista, del movimiento de radios comunitarias, del movimiento de 
la diversidad, entre otros, y así en la calle marchamos codo a codo y anunciando a través de 
los cánticos: “Alerta, alerta, alerta que camina, el antimanicomio por América latina” y “Se 
va acabar, el manicomio en Uruguay”. 

Entonces, cada vez estamos menos solos-as y sabemos que para abolir la lógica mani- 
comial y cerrar los manicomios debemos trabajar mucho entre todos y todas por un cam¬ 
bio cultural que nos permita desmanicomializar la sociedad. Tenemos que luchar juntas-os 
para generar espacios de salud en la comunidad, inventar otros modos sociales de relacio- 
namiento con la locura, donde prime el acompañamiento, la integración, los buenos tratos, 
el afecto. 

Que no se nos pierda de vista que cada uno-a desde su lugar y desde su lucha singular 
construye y comparte a un mismo objetivo, que es luchar por un mundo mejor para to¬ 
dos y todas, por la construcción de otros mundos posibles donde, como dicen nuestros-as 


299 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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compañeros-as de la Radio Comunitaria Espika FM 12 , “lo humano esté por encima de lo 
económico y lo colectivo esté por encima de lo individual”. 

Nosotro/as agregamos: “Donde el buen trato y el afecto estén en la primera línea de 
batalla reivindicando la dimensión política del afecto”. 

¡Por un mundo sin manicomios! 

¡Porque otra salud mental es posible! 


300 


12 Radio Comunitaria que acaba de cumplir 16 años y es reconocida por su lucha por los Derechos Humanos 
y el Medio Ambiente, que además integra al colectivo personas con problemáticas en Salud Mental. La radio 
está ubicada en la Ciudad de Santa Lucía, Canelones, Uruguay. 




serpaj 



20 de junio de 2019 

Comunicado de Radio Vilardevoz y SERPAJ 

Uruguay 

Una demora de casi un siglo 

Ante la reciente declaración elaborada por la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, la 
Asociación de Psiquiatría del Interior y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia 
y la Adolescencia, donde a partir de sus asambleas deciden denunciar “un progresivo y se¬ 
vero deterioro en la atención de la salud mental que brinda ASSE en Montevideo y el área 
metropolitana”, así como “la grave y reiterada situación de falta o muy mala asistencia a los 
pacientes psiquiátricos”, queremos hacer una serie de aclaraciones y puntualizaciones: 

1) En primer lugar, las personas y sobre todo los-as usuarios-as de salud mental no 
deberían seguir siendo vistos-as como “pacientes psiquiátricos” o personas con “trastorno 
mental”. No sólo por el estigma que esto genera en las personas sino por la concepción que 
se sustenta en dicha afirmación donde una sola disciplina y un solo modelo de atención 
(básicamente consulta individual y administración de psicofármacos) define lo que puede 
estar aconteciendo a una persona con padecimiento psíquico, prescindiendo de su situa¬ 
ción, familiar, social, económica, habitacional y cultural. 

2) Durante más de 83 años en este país se mantuvo la ley del psicópata aprobada en 
1936. En agosto de 2017 se aprobó la Ley de Salud Mental N° 19.529, lo que significó un 
proceso de muchos años de duras confrontaciones de las organizaciones y colectivos de 
profesionales y de la sociedad civil con la Sociedad de Psiquiatría, para lograr que la misma 
sentara las bases para un cambio de modelo, basado en lo comunitario y en la promoción 
y prevención de salud. Lo mismo implicó generar acuerdos que hicieran posible cambios 
sustanciales y una transformación real de los modelos de atención en Salud Mental en el 
Uruguay basados en el trabajo y atención interdisciplinaria e intersectorial. Sin embargo, 
este tipo de declaraciones constata acciones, prácticas y discursos que apuntan a la defensa 
de prácticas y formas de atención basadas en lo biológico, lo sanitarista, la medicalización 
y la hospitalización. El modelo médico psiquiátrico hegemónico muestra hoy su fracaso 
a nivel de la atención tanto pública como privada ya que no ha hecho más que silenciar, 


301 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 








DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


encerrar, abandonar, excluir y medicalizar las complejas problemáticas que se integran en 
la llamada Salud Mental. 

3) Estas declaraciones nos asombran, sobre todo en el contexto de la puesta en marcha 
de la ejecución de la Ley de Salud Mental N° 19.529, que se encuentra en proceso de re¬ 
glamentación y de elaboración del Plan Nacional de Salud Mental donde la Sociedad de la 
Psiquiatría ha sido parte y con la cual en lo único que hemos estado de acuerdo es el estado 
de situación en el que se encuentran las personas que “viven” en el Hospital Vilardebó, 
las Colonias, las Clínicas API, etc, por no contar con otro tipo de atención y otro tipo de 
abordaje que el del encierro y el abandono. 

Queremos además compartir algunas interrogantes: 

1- ¿Por qué en este momento estas agremiaciones denuncian “la grave y reiterada situa¬ 
ción defalta o muy mala asistencia a los “pacientespsiquiátricos”? 

Es bueno recordar en este punto que, desde hace muchos años, el movimiento social 
viene denunciando el lamentable estado de las instituciones destinadas a la salud mental, 
las pésimas condiciones de asistencia y la violación sistemática de los derechos humanos de 
las personas usuarias de los servicios de salud mental. 

La propia ley, al fijar un plazo (2025) para el cierre de los manicomios e instituciones 
monovalentes -tanto públicas como privadas- reconoce esta situación que ha marcado los 
estilos asistenciales en el Uruguay. Desde nuestra perspectiva, las instituciones manicomia- 
les (hospitales psiquiátricos públicos y privados) deben desaparecer en el entendido que 
dejan aún más desvalidas a las personas. Los avances científicos y tecnológicos dan cuenta 
302 que los asilos y manicomios no solo son anacrónicos por la concepción de sujeto y de salud 
que sustentan, sino que además son las formas de seguir estigmatizando y castigando a las 
personas que se encuentran en el entrecruce de la locura y la pobreza. 

En este punto es crucial entender que, no se trata solo de un tema de calidad de asis¬ 
tencia, sino que antes es un tema de DDHH. Recordamos que el propio Sistema Nacional 
Integrado de Salud (SNIS) establece la salud como derecho y al usuario como centro del 
sistema, apostando al fortalecimiento del Primer Nivel de Atención dentro de la estrategia 
de Atención Primaria de la Salud (APS). 

En todo este contexto señalamos que nunca hemos visto por parte de estas agremia¬ 
ciones una sola manifestación ni movilización respecto de las desigualdades sociales y las 
vulneraciones de los derechos de los-as usuarios-as. No es lo mismo ser locx y pobre, que 
locx y rico. Y tampoco es lo mismo cerrar una institución cuestionada como el Vilardebó 
que cerrar las clínicas psiquiátricas privadas. Acá están en juego cuantiosos intereses -justi¬ 
ficados “científicamente”- como los exclusivos tratamientos medicamentosos y de interna¬ 
ción, diferentes formas que adopta la mercantilización de la salud mental en nuestro país. 

2- En cuanto a las condiciones laborales, tanto a nivel de la remuneración, como en las 
condiciones de estrés en que se trabaja. ¿Es más importante la intervención médico psiquiátrica 
y la existencia de psiquiatras en todos los servicios y niveles de salud que la presencia de un-a 



médico-a de familia y comunidad, un-a psicólogo-a, un-a trabajador-a social, y otros-as técni¬ 
cos-as y recursos que puedan utilizarse a nivel comunitario en la atención primaria? ¿Es más 
importante la intervención del-la psiquiatra en policlínicas o sanatorios para el tratamiento 
medicamentoso que el abordajefamiliar y comunitario desde el primer nivel de atención para 
el mismo problema? ¿Los-as psiquiatras deben ser más reconocidos económicamente y estar al 
frente de los equipos de Salud Mental? 

Creemos que en todo este movimiento generado por las sociedades de psiquiatría pa¬ 
rece no haber otra cosa más que una manera de seguir sosteniendo un lugar de poder y de 
defensa de ciertos privilegios, además de demostrar una autoconsideración de superioridad 
del colectivo médico psiquiátrico en un campo que está más que demostrado que es mul- 
ticausal y que debe contar con una asistencia integral, interdisciplinaria, interinstitucional 
y fundamentalmente socio-comunitaria. También llama la atención que la declaración se 
haga en pleno año electoral, ya que podría ser visto como una forma de presión sobre las 
autoridades del campo de la salud en procura de designaciones y cargos. 

Sabemos que la Ley, a pesar de llamarse Ley de Salud Mental, contiene una contra¬ 
dicción paradigmática dado que sigue colocando a la salud mental bajo la órbita casi ex¬ 
clusiva de la psiquiatría. En este sentido nos preocupa la falta de apertura contenida en la 
declaración en cuanto a la ausencia de una verdadera articulación interdisciplinaria que 
permitiría un abordaje psicosocial y comunitario en los dispositivos de atención y que sin 
dudas mejoraría ampliamente las condiciones laborales de todos-as los-as trabajadores-as y 
funcionarios-as, cualquiera sea su especificidad. 

Entendemos que se trata de decir basta a los corporativismos que no hacen más que 
defender el interés de unos pocos privilegiados, impidiendo el desarrollo de políticas y ac¬ 
ciones de los estados que beneficien a la población toda. Y que sobre todo dejen de tomar 
como rehenes de sus prácticas a la gente y particularmente a los más vulnerados. 

3- ¿El tema es ASSE? ¿Es trabajar en lo público? ¿Es trabajar con la pobreza? 

En este sentido, es importante recordar que el desmantelamiento de muchos de los 
dispositivos no ha sido sino porque desde la misma corporación médico psiquiátrica se han 
realizado acciones para que los mismos dejen de existir. Tal es el caso de ACRI, asistencia 
en crisis de la emergencia 105. Esta dejo de existir porque los psiquiatras no querían entrar 
con las ambulancias a las zonas más pobres y carenciadas de Montevideo. Sin embargo, 
equipos territoriales integrados por distintas profesiones si entran y trabajan en estas zonas, 
como son los equipos del MIDES, o los-as médicos-as de familia y comunidad, y otros-as 
profesionales de las policlínicas barriales, por ejemplo. 

La declaración señala también la inconveniencia de trabajar en ASSE porque allí no 
cuentan con compensaciones, entre otros beneficios. Tampoco quieren dejar de contar con 
los beneficios que brindan las corporaciones económicas como son los Laboratorios. 

No nos olvidemos que las definiciones económicas en torno a la medicina en este caso 
particularmente son definiciones políticas. 


303 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Aquí, si nos basamos en la ley de salud mental se debería reclamar el desarrollo de 
nuevos modelos de distribución de recursos humanos, financieros y salariales adecuados a 
un modelo integral de trabajo horizontal en equipo que mejore la calidad de la atención, 
sin disciplinas por encimas de otras. 

Se debe avanzar hacia un modelo basado profundamente en la salud mental como un 
derecho, centrado en las personas y que sea más equitativo tanto para los-as usuarios-as, así 
como para los-as trabajadores de la Salud Mental. 

En todos estos años, hemos insistido en los diferentes espacios de diálogo llevando 
nuestras voces, saberes y vivencias, encontrando casi siempre la ausencia de voluntades 
para generar acciones que propicien cambios verdaderos. También vimos como se ha des¬ 
valorizado el saber de los propios protagonistas, aquellos-as a los que la psiquiatría llama 
“pacientes psiquiátricos”, así como el de las organizaciones sociales y colectivos de otros 
profesionales por fuera del campo de la psiquiatría. Por eso, nos preguntamos si esto no es 
una más de las acciones para sabotear las posibilidades de transformación y cambio con las 
que históricamente contamos hoy. Parecería que los reclamos que las sociedades firmantes 
de la declaración realizan, no son más que para propiciar más de lo mismo en la atención de 
salud mental: más dispositivos sanitarios, más dispositivos que mantengan las lógicas ma- 
nicomiales intactas y disposiciones institucionales que mantengan ese statu quo al servicio 
de unos pocos. 

Lamentablemente en el tratamiento de la ley de salud mental, el propio Parlamento y 
Poder Ejecutivo, principalmente el MSP se inclinó y validó primariamente las lógicas de la 
304 psiquiatría. Por eso es que hoy reclamamos a las autoridades de la salud y al Poder Ejecutivo 
una profunda autocrítica que enfrente al poder médico hegemónico y que no permita que 
intereses coorporativos disciplinares, económicos y políticos nos sigan quitando el derecho 
de contar una salud mental digna, inclusiva y humanizadora en el Uruguay. 

Exigimos que el Plan Nacional de Salud Mental conlleve propuestas claras que garan¬ 
ticen un verdadero cambio de paradigma y de modelo de atención, creando dispositivos 
sustitutivos e implementando verdaderas políticas intersectoriales e interinstitucionales 
que permitan desmantelar la lógica manicomial y que dé cuenta además del compromiso 
por los derechos humanos de las personas doblemente excluidas de nuestra sociedad. 

Por un Uruguay sin Manicomios! 

Porque otra Salud Mental es posible! 

Nada sobre nosotrxs sin nosotrxs! 

Colectivo Radio Vilardevoz SERPAJ Uruguay 



Montevideo, 29 de agosto de 2019 

Llamado a la creación del Frente Antimanicomial 

del Uruguay 

Las organizaciones, colectivos y personas que firman el presente comunicado hacen 
un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para la creación de un Frente Antima- 
nicomial. 

Concebimos ese Frente Antimanicomial como un espacio político, de articulación 
y defensa de los derechos humanos, conformado por organizaciones sociales, colectivos y 
personas que luchen por desmantelar la lógica manicomial, las prácticas de encierro, exclu¬ 
sión y discriminación que imperan en nuestro país y que se aplican particularmente en el 
campo de la Salud Mental. Este Frente reivindicará el derecho a la salud mental desde una 
perspectiva integral e intersectorial, haciendo énfasis en la defensa del buen vivir de todas 
las personas sin discriminación alguna. 

Desde la aprobación de la Ley de Salud Mental (N° 19.529) los procesos de regla¬ 
mentación de esa ley y la creación de un nuevo Plan de Salud Mental no han tenido en la 
práctica avances significativos, a pesar de los intensos intercambios y debates sostenidos en 
los distintos grupos convocados para su puesta en marcha. 

La falta de medidas concretas en pos del cambio de paradigma que se reclama en mate¬ 
ria de Salud Mental pone en grave riesgo determinados avances contenidos en la Ley, como 
son el cierre de las instituciones asilares y monovalentes -tanto públicas como privadas- 
previsto para el año 2025 y la creación de dispositivos de atención que -desde los reclamos 
de la sociedad civil- se sustenten en una perspectiva socio- comunitaria que sustituya a las 
anacrónicas y fallidas concepciones asistencialistas. Por otra parte, son alarmantes las con¬ 
diciones en las que se encuentran las instituciones psiquiátricas, tanto públicas como priva¬ 
das, particularmente el Hospital Vilardebó y el Centro Ceremos (ex Colonia Etchepare), 
tanto desde el punto de vista de condiciones de tratamiento y calidad de atención, edificio, 
de higiene y de superpoblación. 

La salud mental está indisolublemente ligada a los derechos humanos, la justicia social, 
la vivienda, la educación, la cultura, el trabajo, el medio ambiente, al género y la diversidad 
y la economía de personas y colectivos. 

Por eso, hacemos un llamado a las organizaciones y colectivos del campo de la salud 
mental pero también y particularmente a las organizaciones del movimiento feminista, 
LGTBIQ+, ambientalistas, de trabajadores-as, del campo de la cultura, del arte, de la vi¬ 
vienda, de la educación, de los derechos humanos, en suma, al conjunto de las organiza- 


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ciones de la sociedad civil, para trabajar juntos en pos de una sociedad democrática, justa 
y solidaria que garantice un verdadero cambio de paradigma en la Salud Mental en el Uru¬ 
guay, la transformación del modelo de atención y los derechos de los-as usuarios-as de los 
mismos. 

Los puntos que proponemos como plataforma de trabajo del Frente Antimanicomial 
son: 

- El usuario de salud mental debe ser considerado ante todo como sujeto de derechos y 
no como objeto de diagnósticos como por ejemplo el de “trastorno mental”. 

- El respeto a los Derechos Humanos, la dignidad y el buen trato hacia las personas 
usuarios-as de los servicios de Salud Mental. 

- La defensa y garantía de la participación activa y el protagonismo de usuarios/as y 
familiares en la construcción de políticas públicas de salud mental e intersectoriales. 

- Participación activa de los-as trabajadores-as, creando espacios de formación y cui¬ 
dado continuo, desde una perspectiva de derechos humanos de todos-as los-as operadores 
en salud mental. 

- La integralidad de la atención, sin la prevalencia de una profesión sobre las otras 
y con real horizontalidad en las relaciones profesionales, a partir de equipos y servicios 
interdisciplinarios. Se deberá des-psiquiatrizar las formas de abordar la atención en salud 
mental, basadas casi exclusivamente en tratamientos farmacológicos e invasivos. Revisión 
de todas las terapéuticas iatrogénicas y coercitivas, como uso indiscriminado de electrocho- 
ques, medidas de sujeción y sobre medicación, entre otras. 

- Implementar las redes territoriales de atención a la salud mental con diversos ser¬ 
vicios sustitutivos, estrechando relaciones con importantes frentes de lucha y cuidado: 
derechos humanos, políticas intersectoriales, integración familiar y social, género, medio 
ambiente, educación, vivienda, trabajo y economía solidaria. 

- El cierre de los Hospitales Psiquiátricos e instituciones monovalentes a partir del año 
2025, destinando sus recursos a la creación de la red sustitutiva de atención. Esto implica 
la extinción de toda y cualquier forma de internación de personas con problemáticas en 
Salud Mental en hospitales psiquiátricos, casas de internación, comunidades terapéuticas y 
en cualquier otro establecimiento de régimen de encierro. 

- Creación de camas en hospitales generales tal como está previsto en la Ley. Imple- 
mentación de unidades de Salud Mental en Hospitales Generales y de dispositivos sustitu¬ 
tivos y alternativos a los abordajes tradicionales. 

- Rediseño de las inversiones públicas en convenio con privados, como ser casas de me¬ 
dio camino, casas asistidas, centros de día, entre otros, entendiendo que el funcionamiento 
de las mismas actualmente reproducen la lógica manicomial al punto que muchas de ellas 



terminan siendo dispositivos contrarios al cambio de paradigma y de modelo de atención, 
transformándose en minimanicomios. En este punto se debe evitar que la lógica mercan ti- 
lista se instale en el proceso de creación de dispositivos sustitutivos. 

- Implementar Casas de Acogida Transitoria y viviendas solidarias sustentadas en la 
concepción socio-comunitaria y vinculadas a las redes de salud mental, contemplando tam¬ 
bién la población en situación de calle. 

Por una Salud Mental que aborde la realidad social, 
económica y política de personas y colectivos. 

Por un Uruguay sin Manicomios. 

Servicio Paz y Justicia | Radio Vilardevoz | Bibliobarrio Espacio Cultural 
Organización de Usuarios de la Salud del Oeste | Colectivo Compaz 
Colectivo Juntas Podemos | Colectivo La Oesta. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


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Comunicado del Frente Antimanicomial a la opinión pública: 

Ante la muerte del adolescente Fernando Ezequiel 
Otegui en la Clínica Psiquiátrica “Los Robles” 

Montevideo, 25 de setiembre, 2019. 

El Frente Antimanicomial expresa su más profundo repudio e indignación frente a la 
muerte del adolescente de 16 años Fernando Ezequiel Otegui en la clínica psiquiátrica Los 
Robles. Este hecho se da luego de que se realizara una denuncia por abuso sexual dentro de 
la misma clínica, como expresa la familia. 

Exigimos la inmediata aclaración de los hechos y la identificación de los/as responsables. 
¡ Que se haga justicia! ¡ Que este no sea un caso más de los que quedan en el olvido como habi¬ 
tualmente sucede cuando ocurren estos hechos en estas instituciones de encierro! 

No se puede tolerar que existan más víctimas de la violencia cotidiana instalada des¬ 
de siempre en las instituciones psiquiátricas, tanto públicas como privadas. Las distintas 
formas de violencia que forman parte de las prácticas institucionales, expresan en toda su 
dimensión las modalidades operacionales características de las instituciones destinadas al 
encierro. Estas prácticas son a veces justificadas por razones pseudocientíficas, a pesar que 
constituyen una violación de los derechos humanos en tanto comportan tratos crueles, in¬ 
humanos o degradantes hacia la población internada en esos lugares.. 

Son alarmantes las condiciones en las que se encuentran las instituciones psiquiátricas, 
tanto públicas como privadas ya sea desde el punto de vista de condiciones de tratamiento y 
calidad de atención, como desde lo edificio, de higiene y de superpoblación. 

Exigimos medidas urgentes y concretas en pos de un auténtico cambio de paradigma, 
cambio que reclamamos desde hace años en materia de Salud Mental y que supone el cierre 
de las instituciones asilares y monovalentes -tanto públicas como privadas- previsto para 
el año 2025 por la Ley de Salud Mental N° 19.529. Esto deberá ser acompañado por la ur¬ 
gente creación de dispositivos de atención que se sustenten realmente en una perspectiva de 
Derechos Humanos y desde un abordaje sociocomunitario que sustituya a las anacrónicas 
y fallidas concepciones médico sanitaritas que continúan aplicándose hasta el momento. 

Por un Uruguay sin instituciones de la violencia! 

Por un Uruguay sin Manicomios! 

Frente Antimanicomial: 

Servicio Paz y Justicia | SERPAJ Uruguay - Radio Vilardevoz 
Bibliobarrio Espacio Cultural - Organización de Usuarios de la Salud del Zonal 17 
Colectivo Compaz - Colectivo Juntas Podemos - Colectivo La Oesta. 




Montevideo, 9 de noviembre de 2019. 

Carta abierta para los candidatos a la Presidencia de 

la República 

Sres. Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. 

Desde el colectivo de la Radio Comunitaria Vilardevoz, en funcionamiento desde 
1997, nos comunicamos con ustedes para hacerles llegar nuestra realidad y algunas pro¬ 
puestas con vistas al nuevo gobierno, teniendo en cuenta que próximamente debemos y 
tenemos el derecho de elegir a quien nos represente y también a exigirles ya que tendrán la 
responsabilidad de llevar las políticas en los próximos cinco años. 

Somos un colectivo crítico a muchos aspectos de las políticas públicas de nuestro país, 
sin embargo sin las mismas muchos-as de nuestros-as compañeros-as no hubieran salido 
del pozo. Es así que queremos decirles que somos usuarios-as tanto del sistema de ASSE 
como del MIDES. Nuestra Radio es más vieja que el MIDES (2005) y que lo que el FA está 
en el gobierno. Somos así también usuarios-as, beneficiarios-as y constructores-as activos- 
as de las políticas implementadas y queremos seguirlo siendo. No olvidamos que previo a la 
creación del referido ministerio y especialmente durante la crisis de 2002 había muchos-as 
de nosotros-as que estábamos en calle y pudimos salir de esa situación, entre otras cosas 
porque fuimos beneficiarios-as del Plan de Emergencia y de muchos otros planes que co¬ 
laboraron en que hoy hayamos construido un lugar donde podemos ser y existir de forma 
más digna. 

Gracias a los impuestos que pagan nuestros-as conciudadanos-as tenemos salud públi¬ 
ca y gratuita, accedemos a actividades socioculturales, a pensiones económicas, al transpor¬ 
te público con el pase libre y a través del MIDES al Sistema de Refugios, Tarjeta Uruguay 
Social o comedores, algunos-as hemos podido ser parte del Programa Uruguay Trabaja y 
del Programa Uruguay Crece Contigo. También tenemos ceibalitas (que bautizamos como 
“ceibalocas”) e internet para poder realizar nuestra labor comunicacional y periodística. 
Por otro lado, nos hemos presentado a varios llamados a proyectos socio-culturales del MI¬ 
DES con el que pudimos realizar muchas actividades que han permitido fortalecer nuestras 
acciones, hacer más visible nuestro trabajo y nuestro objetivo de poner en la sociedad el 
tema de la locura, para luchar contra la discriminación y el estigma. Por último, también 


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nos hemos presentado a proyectos de extensión de la UdelaR en donde muchos-as univer¬ 
sitarios han colaborado y se han formado con nosotros en Salud Mental, Comunicación 
Comunitaria y Participativa y en Derechos Humanos. 

Sin embargo hay mucho que mejorar y les pedimos: 

• Que mejoren las propuestas para tener más oportunidades para trabajar, estudiar, 
tener una buena alimentación y una casa. Que se cumpla entonces con el 4% de los 
cupos para personas con discapacidad a nivel público y también a nivel privado, lo 
que permitiría la re-inserción laboral de hecho y de derecho, y con posibilidades de 
independencia. 

• Que mejoren las condiciones en los refugios y que los mismos sean de paso, en tanto 
soluciones provisorias, para que no se produzca la institucionalización de sus usua¬ 
rios. Y que algunos de ellos se transformen en soluciones habitacionales como parte 
de un plan de vivienda progresivo y efectivo. No queremos más que los refugios sean 
lugares para ir a dormir y tengamos que irnos en el día sin importar qué pasa con 
nosotros-as durante el día, sin tener alternativas que nos permitan integrarnos a la 
sociedad de verdad. Ya han pasado muchos años, la población es la misma y quere¬ 
mos nuestras casas y no un como sí, que en definitiva termina siendo enloquece¬ 
dor. Queremos más propuestas como el proyecto “Alzaibar” como una opción para 
todos-as los-as usuarios-as. También queremos que educadores y diversos profesio¬ 
nales tengan formación específica y que se preparen para tratar mejor a las personas. 

• Exigimos que se respeten los derechos humanos y eso implica hacer todo lo posi¬ 
ble por cumplir con lo plasmado en la Ley de Salud Mental N° 19.529 en relación 
a la fecha de cierre de los manicomios para el 2025. Debe existir un compromiso 
político para que se la cumpla para todos-as los-as ciudadanos-as y en todos sus as¬ 
pectos así como poder dar presupuesto a la Comisión de Contralor para que pueda 
realizar su trabajo. Queremos entonces un cierre de manicomios real que implique 
un cambio en las lógicas de cómo son tratadas hoy aquellas personas que requieren 
internaciones por problemas de salud mental. Queremos que se respete cabalmente 
el art. 6 de la mencionada ley, y mientras existan los manicomios que no se violen 
nuestra integridad, se elimine el electroshock, las faltas de respeto y se contemplen 
las libertades y derechos sexuales que nos son negados por el hecho de estar encerra¬ 
dos en los manicomios. 

• Queremos más radios comunitarias y poder seguir haciendo radio. Que se cumpla la 
ley de radiodifusión comunitaria Ley N° 18.232, construyendo políticas de apoyo y 
promoción que nos permita crecer cada día más. Queremos se reglamente la ley de 
medios (Ley SCA - N° 19.307) y que todos los medios se comprometan a respetar 
al loco-a, no estigmatizando y cumpliendo con el principio de no discriminación 
que la misma ley dice, además de exigirles todos los sectores de la comunicación que 
integren campañas contra el estigma y la discriminación. Queremos que los medios 



comunitarios sean quienes lideren las campañas contra el estigma ya que somos no¬ 
sotros los que trabajamos en, con y para la comunidad en nuestro barrios y pueblos 
y además integramos desde siempre en nuestros colectivos a personas con diversos 
problemas en salud mental. Queremos que los medios comunitarios dejemos de ser 
discriminados de la asignación de la publicidad oficial, que sólo medios comerciales 
la reciben y eso no es justo, eso es censura indirecta. 

• Para garantizar todo lo antedicho queremos que se cree el Ministerio de Derechos 
Humanos y el Ministerio de la Poesía el Arte y la Locura. Estos Ministerios garan¬ 
tizarían el pleno ejercicio del derecho a la locura así como prevendrían cualquier 
tipo de discriminación y exclusión, promoviendo la creatividad, el buen trato y la 
convivencia. 

En definitiva queremos un gobierno más antimanicomial en donde todos los-as uru- 
guayos-as podamos tener derecho a existir. Y queremos un presidente que no se haga el 
loco, en todo caso que lo sea en serio y pueda construir un país en el que los derechos 
conquistados por diferentes organizaciones y movimientos sociales no sean arrasados. 

Los saluda cordialmente, Colectivo Radio Vilardevoz 


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Reflexiones sobre envejecimiento mirado 
desde mi propia vejez 


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Agueda M. Restaino 1 


Desde hace muchos años vengo tomando el tema de las Personas Mayores como pro¬ 
pio, siento que la vejez la debemos asumir y hablar de ella nosotros mismos. Si bien se debe 
mirar en forma transversal para que no quedemos aislados y todos y todas las personas 
deben entender cómo debemos mirar el envejecimiento y la vejez, nadie mejor que el que la 
transita sabe cómo nos ven, quienes somos y como queremos que nos vean. 

Tenemos una ventaja, ya pasamos todas las etapas de la vida y podemos hablar de ellas 
porque las vivimos, como también las mujeres mayores podemos hablar el tema de género, 
discriminación, ventajas y desventajas de ser mujer o ser hombre. Debemos analizar las 
diferentes temáticas: sexualidad, diversidad sexual, accesibilidad, violencia, maltrato, pero 
sobre todo conocer nuestros derechos y poder exigir que se cumplan. 

Ocurre que es muy difícil conseguir una participación real, con conocimiento para 
efectuar un buen envejecimiento activo, que nos respeten y nosotros también respetar al 
resto de la sociedad: niños, jóvenes, adultos etc., mostrando como se envejece para obtener 
en esta etapa, una vida con calidad. 

Cuando hacemos un resumen de lo que viene ocurriendo en el mundo sobre el tema 
de envejecimiento y vejez, notamos que es relativamente nuevo y que debemos continuar 
para lograr un reconocimiento social. 

Es conveniente informar algo sobre los pasos que se dan para saber exactamente a que 
nos referimos cuando hablamos del tema. La primer Conferencia Mundial sobre Envejeci¬ 
miento y Vejez fue en 1982, pasaron más de 10 años para que se incorporaran, en la carta 
de DDHH de las Naciones Unidas, los ejes definidos de la agenda: la independencia, la 
participación, los cuidados, la autorrealización y la dignidad. 

En diciembre de 1990, la Asamblea de las Naciones Unidas proclama al I o de octubre 
como el Día Internacional de las Personas Mayores, que comenzará a celebrarse a partir del 
1991. Así pasan los años y vamos envejeciendo y peleando por nuestros derechos. Recién 
en 1999 se conmemora el año Internacional de las Personas de Edad, comienza con más 
fuerza la movilización. 


1 Animadora Gerontológica, Instituto de Formación Gerontológico. Formada en temas de Vejez y Envejeci¬ 
miento, FLACSO, Buenos Aires. Secretaria de AUDAAG (Asociación Uruguaya de Animadores y Auxiliares 
Gerontológicos. Delegada para la REDAM (Red de Organizaciones de Personas Mayores). 



Si bien algunas Intendencias tenían en su organigrama una secretaría para apoyar, 
orientar y fomentar un envejecimiento activo a través de grupos, era más que nada de en¬ 
tretenimiento, gimnasia, coros etc.; con el fin de comenzar a formar no solo en lo reivindi- 
cativo, sino participativo. 

En el 2002, en la 2 a Conferencia Mundial de la Vejez, se elabora el Plan de Acción In¬ 
ternacional de Madrid sobre Envejecimiento, donde reconoce que “las personas a medida 
que envejecen deben disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa 
en la vida económica, social, cultural y política de sus sociedades” 2 . 

De esta forma, con más argumentos, vamos creciendo en la participación en grupos y 
en redes ya que llevamos adelante a un colectivo muy importante, somos una cantidad de 
personas mayores y por ende, el país más envejecido de América. 

La participación es un derecho pero debemos tomarla como una forma de incidir en 
la toma de decisiones y de promoción de una mejor calidad de vida, para nosotras como 
personas viejas. 

Hemos constituido un colectivo social organizado, donde a través de entrevistas con la 
Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, logramos que se aprobara 
la media sanción que faltaba para la ley de creación del Instituto Nacional de las Perso¬ 
nas Mayores. En ese mismo año (2009) comenzamos a trabajar en red convocados por el 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), elaborando un documento para la reunión de 
Altas Autoridades del Mercosur 3 . Seguimos trabajando para formar la REDAM (Red de 
Organizaciones de Adultos Mayores) primero en Montevideo y poco a poco se fue forman¬ 
do en todo el país. 

Así fue en 2011 conseguimos la autorización para hacer en la Sala de Diputados, la 
jornada “Adultos Mayores Diputados por un Día”, cada red departamental presentó un 
tema con nuestros reclamos. Tuve el honor de presidir la sesión durante esas tres horas 
y ver como todas las personas mayores, respetaron el tiempo, escucharon con atención y 
manifestaron sus pensamientos. Me sentí orgullosa de mis pares, una imagen totalmente 
diferente a lo que estamos acostumbrados, un compromiso total, realmente fuimos todos y 
todas con ansias de vivir esa experiencia y demostramos que podemos reflejar una imagen 
que nos de valor a nuestras vidas. 

A partir de esa jornada y nuestro reclamo, se puso en marcha el I o de enero de 2012, 
el Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) bajo la órbita del MIDES, tal 
como sugiere la Ley 18.617, aprobada el 23 de octubre del 2009. Es importante destacar 
que el Instituto es el órgano rector acerca de las políticas públicas sobre envejecimiento y 


2 Declaración Política y Plan de Acción internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. España, 2002. 
https:// social.un.org/ ageing-working-group/documents/ mipaa-sp.pdf 

3 http:// www.raadh.mercosur.int/ comisiones/personas-adultas-mayores/ ?cp_adultos-mayores=2 


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vejez, que se rige por un Consejo Consultivo como dice la ley donde participan institucio¬ 
nes estatales y hasta tres organizaciones de la sociedad civil. 

Participación real, efectiva, que dio sus frutos. Hicimos durante 2015, una jornada 
más en el Parlamento, con uno de los objetivos principales de que se aprobara la Conven¬ 
ción Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
que se había aprobado en la OEA el 15 de Junio de ese año. Teníamos que mostrar a los 
políticos porqué considerábamos importante su rápida aprobación. En ese sentido se apro¬ 
bó la Ley 19.430, como instrumento jurídicamente vinculante y cuenta con rango de ley 
nacional. Fue ratificada el 24 de agosto del 2016 y presentado el depósito correspondiente 
ante la OEA en noviembre del 2016 siendo Uruguay el primer país que completara los 
requisitos necesarios. En estos momentos son siete los países que ratificaron y presentaron 
documentación de América. 

En el 2017 hicimos otra jornada en el Parlamento pero esta vez fuimos como Personas 
Mayores en Asamblea General: 120 personas mayores ocupamos las bancas, la presidenta 
fue una compañera de la REDAM de Salto. 

De esta forma venimos haciendo un ejercicio de participación como derecho (art. 8), 
donde tratamos de modificar la lógica en la elaboración de políticas, cambiando la visión de 
personas con necesidades para que nos traten como sujetos de derecho. 

Participamos en el Encuentro de la CEPAL sobre los Objetivos de Desarrollo Sos- 
tenible 4 , haciendo a través de la REDAM un análisis de los 17 ODS donde en ninguno 
se menciona a las Personas Mayores, haciendo ver por qué se necesita que nos tengan en 
cuenta. Los políticos en sus discursos no nos mencionan y si alguno lo hace, habla de las 
jubilaciones para conquistar a una parte de la población. De estas cosas vistas desde mi 
propia vejez y desde el trabajo que hacemos como sociedad civil organizada, nadie lo mira. 

Tenemos algunas reivindicaciones que están pendientes: el tema del abuso y maltrato, 
el tema de accesibilidad, el sistema de cuidados que ampare a todos y todas, sin distinción 
de edad y de dependencia, que la justicia sea más eficaz y rápida...en fin, cosas que vivimos 
a diario con nuestros pares. 

Redondeando, creo que lo más importante es que entendamos que debemos construir 
nuestra propia identidad para transformar la realidad, ser partícipes como seres políticos 
para transformar esa imagen de envejecimiento asociado a deterioro y a enfermedad o dis¬ 
capacidad. Nos encontramos en un momento crucial de nuestro accionar que debemos 
ampliar y mejorar, siendo un colectivo con identidad propia y recordando que los derechos 
no tienen retroceso y debemos cuidar lo conseguido. 


4 https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-expertos-medidas-clave-envejecimiento-la-implementacion- 
seguimiento-objetivos Reunión de Expertos “Medidas clave sobre envejecimiento para la implementación y 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 



Hace pocos días cuando encontraron los restos de Eduardo Bleier una compañera de 
la REDAM de Fray Bentos escribió algo que me pareció importante compartir, porque no 
se trata de política partidaria sino de derechos humanos. Le pedí autorización para poner¬ 
lo: “...hemos perdido una generación que no tuvo el privilegio de envejecer...como noso¬ 
tros...privilegio que fue trunco violentamente...” (Griselda Demassi). 

Esto tan real permite entender y trabajar el envejecimiento, siempre le digo a las otras 
generaciones: todos vamos a llegar a viejos a menos que se mueran antes...o como esa triste 
realidad de asesinatos y desapariciones. 

Voy a terminar con un párrafo del libro “La Vida en tus Manos” de Alejandro de Bar- 
bieri: “Gracias a la vida que nos permite agradecer. El que agradece despeja su alma del rencor 
que tira para atrás y mira al futuro con otra luz. Agradecer a los abuelos, a los padres, a los 
maestros, a todo quienes pueblan nuestra ‘red de sentido’y nos ayudan a comprender que ‘quien 
no sabe de dónde viene, no puede saber a dónde va’. Agradecer para poder seguir caminando”. 


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Fobias contemporáneas y otras encrucijadas: 
riesgos ante una coyuntura xenófoba 


Valeria España 1 


En el Informe 2018 cerrábamos la contribución sobre la situación migratoria en Uru¬ 
guay con la certeza de una coyuntura política internacional adversa, con la existencia de un 
intensivo proceso de consolidación, a nivel global, de discursos nacionalistas y xenófobos, 
de un claro freno a una agenda regional que buscaba expandir un concepto de “ciudadanía 
en sentido amplio”, cuyo eje central era la integración regional y el fortalecimiento de una 
identidad común. 

Dábamos cuenta de los procesos de desmantelamiento, en los países vecinos, de la 
institucionalidad y normativa que otrora buscaba proteger a los grupos históricamente des- 


1 Abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó sus estudios de Maestría en Derechos 
Humanos y Políticas Públicas en la Universidad Nacional de Lanús en Buenos Aires, Argentina y es doctoranda 
en la misma universidad. Es Socia Fundadora del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos y 
docente e investigadora de FLACSO Uruguay. 




aventajados al tiempo que se daba la espalda a los compromisos internacionales y regionales 
asumidos. En ese momento nos preguntábamos qué podía hacer Uruguay ante esa coyun¬ 
tura, hablamos de los desafíos y de las responsabilidades de un gobierno progresista aislado 
en la región. 

Los albores del 2019 no vaticinaban (o no nos habíamos dado cuenta) que esa pesada 
atmósfera llegaría y se instalaría paulatinamente en nuestro país, con todas las amenazas y 
riesgos que supone. 

En los últimos diez años las organizaciones que trabajamos en temas de derechos hu¬ 
manos y movilidad humana hemos volcado nuestro accionar: 

• A impulsar los procesos de armonización de un emergente discurso de corte iguali¬ 
tario 2 con prácticas institucionales y normativas garantistas; 

• A insistir en la necesaria formulación de una política migratoria con perspectiva de 
derechos humanos ante saldos migratorios positivos 3 , 

• A la lucha por trascender los voluntarismos y buscar incidir en el mejoramiento de 
la respuesta pública ante la situación de migrantes y refugiados en contextos de vul¬ 
nerabilidad, 

• A bregar por la transparencia y la participación en los espacios de construcción de la 
gobernanza migratoria. 

• A la denuncia y atención sistemática de las situaciones de discriminación, exclusión 
y vulneración de derechos humanos de migrantes y refugiados/as, por parte del Es¬ 
tado y/o particulares, especialmente vinculadas a la vulneración de derechos socia¬ 
les, como el trabajo, la salud, la educación y la vivienda. 

Ante la denuncia sistemática y la emergencia de las demandas de las y los sujetos mi¬ 
grantes, las realidades y dinámicas migratorias de los últimos años nos han enfrentado a 
identidades étnicas y nacionales no hegemónicas; hemos sido confrontados/as a una matriz 


2 La ley 18.250 del año 2008 reconoce el derecho a la igualdad de trato entre nacionales y personas migrantes 
en concordancia al precepto constitucional que reconoce sin excepción la protección de los derechos funda¬ 
mentales a “todos los habitantes de la República Oriental del Uruguay” y supuso un importante avance y punto de 
partida para el abordaje de las migraciones en Uruguay, su primer artículo establece: “El Estado uruguayo reconoce 
como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su situación migratoria, el 
derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así como a la 
igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o 
convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación econó¬ 
mica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición”. 

3 Desde el año 2009 Uruguay presenta saldos migratorios positivos, ver Perfil Migratorio Uruguay 2011, 
OIM, disponible en Uiip://ócncvsssoriAcs.cóiu.wy¡wp-contcnt/uploads/sites/6>/2014/i 1/Perfil-Migratorio- 
Uruguay-201 l.pdf 


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cultural eurocéntrica y racista sustentada por un entorno patriótico y nacionalista 4 que ha 
sido capitalizado, como veremos más adelante, por los sectores políticos más reaccionarios 
y conservadores. 

Más allá de lo que dicen bienintencionadamente las dos leyes específicas que existen 
en materia migratoria (18.250, 19.254) en once años del reconocimiento del “derecho a 
migrar” no se logró implementar una política en materia de movilidad humana que logrará 
disputar los procesos geopolíticos de segregación y guetización impuestos por el capitalis¬ 
mo global, ni las izquierdas políticas se desgastaron por disputar otros conceptos de patria, 
nación, de ciudadanía y nacionalidad. 

Este año, adicionalmente a las temáticas que conforman las acciones de incidencia y 
resistencia por parte de las organizaciones de la sociedad civil de los últimos tiempos, en un 
clima electoral enrarecido, se sumaron desde las filas de las derechas nacionalistas, las voces 
de representantes que intercalaban mensajes punitivos de “mano dura” y “más seguridad” 
con mensajes de raigambre patriótica, con emergentes discursos sobre la necesidad de pro¬ 
teger “lo que es de los uruguayos”. 

Jorge Larrañaga, EdgardoNovick y Guido Manini en distintos momentos del año y 
con distintas intensidades arengaron por un “Uruguay para los uruguayos”. Algunos párra¬ 
fos de esos discursos pueden analizarse en el cuadro I. 


Jorge Larrañaga 
(Partido Nacional) 

"Hay que ver qué pasa con la inmigración, hay que defender a los nacionales, y 
no que los de afuera tengan privilegios". 

Edgardo Novick 
(Partido de la Gente) 

"Todos sobemos que están viniendo venezolanos , cubanos , dominicanos. Yo no 
tengo nada contra la inmigración. Todos sabemos que están rajando de sus go¬ 
biernos izquierdistas que los dejaron con hambre y sin trabajo. Está claro, pero yo 
tengo que defender el trabajo de los uruguayos ", "Siempre dije que este país se 
hizo 1aburando , porque somos hijos , nietos de inmigrantes. Pero tienen que tener 
clara la diferencia: cuando vinieron nuestros abuelos había laburo acá. Ninguno 
de nuestros abuelos le sacó el laburo a nadie" "Ahora los uruguayos no tienen 
trabajo. Si nos sobrara el laburo, bienvenida sea toda esa gente , pero yo como 
gobernante le tengo que solucionar el problema a los trabajadores uruguayos ", 

"La gente en los barrios está sin trabajo y no tiene para llevarle la leche y el pan a 
sus hijos. No tenemos nada en contra de los inmigrantes , pero primero están los 
uruguayos". 


4 España, Valeria, “Gastarbeiter: trabajo y migración en tiempos de nacionalismo étnico”. https://www. 
hemisferioizquierdo.uy/single-post/2019/05/2 l/Gastarbeiter-trabajo-y-migraci%C3%B3n-en-tiempos-de- 
nacionalismo-%C3%A9tnico-1 




"Le estamos dando beneficios a los inmigrantes que, muchas veces, no tienen 
los uruguayos", "Creemos que el inmigrante bienvenido sea que se incorpore al 
mercado laboral, pero siempre en las mismas condiciones que el uruguayo. Si 
hoy consigue trabajo más fácil un inmigrante, es porque muchas veces no son las 
mismas condiciones" (...) Yo diría que hay que darle prioridad al trabajador uru¬ 
guayo. Cuando el trabajador uruguayo está totalmente ocupado, o sea que no hay 
más disponibilidad de mano de obra uruguaya, ahí sí tiene que ser considerado 
el inmigrante", "Hemos visto cómo hay empresas que, a veces, dicen: 'uruguayo 
no quiero, quiero un inmigrante'", "No se puede permitir que haya desocupados 
uruguayos para darle mano de obra al que viene de afuera". 

CUADRO I 

Estos discursos lejos de considerarse ingenuos e inofensivos, constituyen el parteaguas 
de una nueva etapa en la consolidación de las derechas en el campo popular. Si bien no hay 
una discursividad aparentemente “ofensiva”, existe una orientada a proteger a “los urugua¬ 
yos” y evitar los privilegios de los “extranjeros”, recurriendo especialmente a las tensiones 
derivadas de la pérdida de puestos de empleo, como fuente de discordia entre “nativos” y 
“forasteros”. 

Es claro que las personas migrantes no sólo no cuentan con privilegios, sino que existe 
un aprovechamiento por parte de empresarios, grandes y pequeños, de la porosidad de las 
normas, de la omisión estatal y de la dificultad de las personas migrantes de sostener los ve¬ 
ricuetos administrativos y judiciales para reclamar la exigibilidad de los derechos laborales 
negados 5 . 

Los mitos sobre la forma en que las personas migrantes arrebatan los trabajos no es 
una novedad, es el argumento constante que ha ensalzado el discurso xenófobo en todos 
los tiempos y latitudes. Además del cuco de “la ideología de género”, este es otro de los ele¬ 
mentos estructuradores de la política del miedo impulsada a escala global por los populistas 
ultraconservadores 6 y que hoy en Uruguay tiene a sus referentes más importantes en las filas 
de Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Nacional. 

Desde la izquierda política uruguaya, el contrapunto de los discursos antiinmigrantes 
ha estado ausente o ha sido incipiente. Esta omisión podría entenderse debido a la com¬ 
plejidad que supone para la izquierda política uruguaya desplegar una posición de defensa 
ante un tema que en los últimos años no ha sido considerado especialmente relevante ni 
con algún tipo de rédito político. 

Durante los últimos años, los nuevos cambios normativos convivieron con una postu¬ 
ra gubernamental asistencialista y utilitaria sobre la migración, caracterizada principalmen¬ 
te por una impronta securitista y de gestión de los flujos migratorios no deseados. 


Guido Manini 
(CabildoAbierto) 


5 Idem. 

6 ídem. 


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No hubo un cambio de paradigma en la manera de reconocer los derechos ciudadanos 
de las personas no nacidas en territorio nacional o sin vínculos sanguíneos, no se construyó 
una política de estado en materia migratoria ni se disputó el sentido común en relación a 
los derechos de las y los migrantes. 

Como “acción” de “política migratoria”, el estado uruguayo, de la mano de la cancille¬ 
ría, se abocó a posicionar la normativa migratoria de Uruguay como una “ley modelo” para 
la región. 

En el “ir y venir”, repitiendo lo mismo nos olvidamos, del capítulo más oscuro que tie¬ 
ne esa misma ley, que habilita deportaciones y la cancelación de residencias, tal como nos lo 
recuerda Cabildo Abierto en su programa de gobierno, en el apartado sobre migraciones: 

“(Nos proponemos) ser firmes en la “Cancelación de la Residencia” llegando incluso a 
la “expulsión del país” cuando sea aplicable lo establecido en los artículos 47 al 51 de la ley 
18.250”. 

Esta aproximación al tema por parte de la cuarta fuerza política en el país, con 3 sena¬ 
dores y 11 representantes nacionales en el parlamento, da cuenta que las nuevas configu¬ 
raciones políticas en Uruguay nos obligan a ampliar los horizontes de nuestra agenda de 
prioridades 7 y a pensar en otros desafíos, como por ejemplo la urgencia de visibilizar la falta 


7 A continuación se esbozan nuevamente, y en virtud de que nada han cambiado de lo abordado en el Infor¬ 
me Serpaj 2018, los puntos que consideramos deberían ser parte de la agenda de protección de las personas en 

_ contextos de movilidad humana a los que se suman las preocupaciones descritas a lo largo del presente Informe: 

320 - Ciudadanía y Nacionalidad. Uruguay es el único país de América que no habilita la naturalización. Esta situa¬ 

ción impacta en la integración y pleno reconocimiento de derechos. De acuerdo a lo señalado por Ermanno- 
Vitale sin importar el lugar que un individuo escoja para transitar o residir deben generarse las condiciones 
necesarias para que “nadie sea extranjero desde el punto de vista jurídico y político”. 

- Limitaciones y exclusiones del derecho al trabajo. Existen disposiciones normativas que no habilitan la inte¬ 
gración de personas migrantes a puestos públicos, incluida la docencia en educación primaria y secundaria. 

- Discriminación en el acceso a la salud y la seguridad social. De acuerdo a la resolución de la Gerencia Ge¬ 
neral del BPS (RGG-227-999, Artículo 2) es posible que los empleadores inscriban con su pasaporte a las 
personas migrantes que no cuentan con documento de identidad, sin embargo esto tiene únicamente fines 
recaudatorios y no de reconocimiento y goce de derechos, un ejemplo de ello es que tanto trabajadores como 
empleadores realizan los aportes a FONASA sin que él o la trabajadora puedan usufructuar tales derechos en 
la medida que no cuenten con cédula de identidad. 

- Discriminación en materia de derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres migrantes que deseen interrum¬ 
pir un embarazo no deseado y no cumplan un año de residencia están condenadas a realizar el procedimiento 
en la clandestinidad o a sostener maternidades no deseadas, debido a la restricción establecida en el artículo 
13 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

- Discriminación en el derecho al cuidado. El acceso al derecho al cuidado está limitado para las personas 
migrantes recientes. De acuerdo al Decreto N° 428/016 de la Ley del Sistema Nacional de Cuidados (N° 
19.353) la población usuaria del sistema debe reunir las siguientes condiciones: “en situación de dependencia 
leve o moderada, de 14 años o más, que sea ciudadana natural, legal o con residencia de 10 años o más en el 
país y que resida en su domicilio particular dentro del territorio nacional”. 

- Intersección con problemáticas estructurales que afectan transversalmente a la población. La migración per¬ 
mite visibilizar algunos problemas estructurales que trascienden el fenómeno migratorio en sí: inaccesibilidad 



de mecanismos para garantizar el debido proceso de las personas migrantes en un contexto 
de posibles detenciones, deportaciones y/o de cancelación de residencias. 

Sumado a la postura de Cabildo Abierto, del análisis de los programas del bloque 
“Compromiso País” 8 puede extraerse que se consolida la perspectiva del migrante como tra¬ 
bajador dócil, asimilable, invisible y retornable. 

“Nuestro país, fiel a su tradición histórica, continuará abriendo sus puertas al inmigran¬ 
te que busque rehacer su vida en forma digna, aportando trabajo y conocimiento. Se deberá 
fortalecer la movilidad internacional mediante la atracción del talento/trabajo, inversión y 
el emprendimiento extranjero por medio de una política migratoria como elemento de movili¬ 
dad. La inmigración enriquece una sociedad, pero los valores de convivencia plural y pacífica 
deben ser trabajados. Asimismo, en un contexto de una población envejecida con una tasa de 
natalidad muy baja, se debe aplaudir la llegada de inmigrantes jóvenes, con ánimo de trabajar 
y salir adelante, aportando a la sociedad en el proceso (..) Se deberán ejercer controles sobre los 
procesos de inmigración y de inserción laboral, para evitar desequilibrios y un justo trato para 
todas las partes (...) Estricto cumplimiento de la Ley de Migración 18.250 con especial énfa¬ 
sis en lo establecido en el Capítulo III de dicha Ley “Derechosy Obligaciones de las Personas 
Extranjeras” materializado en la premisa de “Igualdad de trato con los nacionales en lo que 
refiere a Derechos y Obligaciones ” 9 . 

Este abordaje visibiliza claramente que no interesa recibir personas, sino que interesa 
recibir trabajadores dispuestos a adaptarse a las reglas del mercado global. 

En esta línea de pensamiento, que es más común de lo que imaginamos, la buena inmi¬ 
gración, sería la que se ajusta al modelo de Gastarbeiter 10 , pero en ese modelo el inmigrante 
no puede integrarse, porque no se concibe esa posibilidad a quien se admite sólo como ex¬ 
tranjero y sólo para cumplir una función. En este esquema no tienen sentido ni una política 
de integración, ni de acceso a la ciudadanía. 


321 


del derecho a la vivienda, abuso y falta de regularización del mercado inmobiliario y de pensiones, insuficien¬ 
cia de los servicios de atención de la primera infancia. 

- Vulneración del derecho al trabajo. La complejidad del reconocimiento de saberes y reválida de estudios 
constituye una vulneración al derecho al trabajo y un daño concreto en el proyecto de vida de las personas 
migrantes. ¿Cómo lograr que las burocracias y negligencias estatales no determinen los proyectos migratorios 
y profesionales? La pregunta no es ¿por qué Uruguay? sino ¿por qué los migrantes tarde o temprano se van?. 

8 Ver http://www.lr21.com.uy/politica/l4l4237-texto-borrador-coalicion-luis-lacalle-pou-partido-nacio- 
nal-colorado-cabildo-abierto-manini-elecciones-2019 

9 Extractos unificados de los programas de gobierno del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo 
Abierto. 

10 Gast” significa en alemán huésped o invitado. El “Gastarbeiter” es el trabajador extranjero. La bibliografía 
especializada se refiere a los “Gastarbeiter” para aludir a los inmigrantes que llegaron procedentes de varios 
países con motivo de la reconstrucción económica alemana posterior a la Segunda Guerra Mundial, a instancias 
del propio gobierno alemán. Para mayor información ver Gualda, E (2001), “El trabajo social en Alemania con 
los gastarbeiter o migrantes económicos españoles”, Portularia 1, 183-202, Universidad de Huelva, Citado por 
Op.Cit. 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


322 


La postura rentista visibiliza algo claro: si la inmigración es solo un factor, un instru¬ 
mento al servicio del mercado global (desregulado), la política de inmigración se orienta a 
gestionar ese fenómeno en términos que aseguren su contribución, al crecimiento y benefi¬ 
cio, exclusivo, de los países de destino 11 . 

Resistencias y disputa de sentidos 

El renacer de los nacionalismos suponen para las personas migrantes expresiones po¬ 
líticas de violencia directa que afectan las dinámicas de vivencia y supervivencia en el terri¬ 
torio. 

El renacer de los nacionalismos hace visible la debilidad de las instituciones y de los 
marcos normativos que nos dimos en los últimos años a partir de la gestión de tres gobier¬ 
nos frenteamplistas. El miedo al intruso, al extranjero, es la fuente de legitimidad de voces 
nacionalistas que buscan conectarse con una base popular cada vez más amplia y “patrió¬ 
tica”. 

Este año se expandió un mensaje muy claro, potente y violento dirigido a los cuerpos 
que encarnan los “devenires minoritarios”: les extranjeres, las identidades disidentes, las mu¬ 
jeres “empoderadas”, los comunistas, las trabas, los pobres, los musulmanes, los negros, los putos, 
las tortas. 

Hoy conviven en estos escenarios la defensa de lo conquistado y la lucha por nuevas 
utopías, donde las personas migrantes tengan el derecho a aspirar a una ciudadanía plena, a 
dejar de ser extranjeros, pero sobre todo a dejar de ser considerados ciudadanos de segunda, 
deportables y desechables según los designios del gobierno de turno. 

¿Cuándo dejaremos de ser consideradxs seres inconvenientes que generan una profun¬ 
da infelicidad a quienes se creen los dueños de la tierra? 


11 


Idem. 



Modelos educativos privatizadores y disputas por el 
derecho a la educación 


Dr. Pablo Martinis 1 


1. La tradición de la educación privada en Uruguay 

La existencia de la educación privada en el Uruguay está garantizada por normas de 
rango constitucional. En la Constitución vigente 2 , la temática se aborda en el artículo 68, el 
cual establece la libertad de enseñanza en tanto “Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, 
para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que desee”. Por otra 
parte, el artículo 69 establece que “Las instituciones de enseñanza privada y las culturales 
de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como 
subvención por sus servicios”. 

Estos preceptos constitucionales tienen una larga tradición en el país. La Constitución 
de 1942 (artículo 60), ya establecía las exoneraciones impositivas mencionadas. De este 
modo, puede señalarse que históricamente en el Uruguay se ha promovido la existencia de 
un sistema de educación privada. Este sistema ha oscilado históricamente en el 20% de la 
matrícula total. 

Paralelamente, es posible establecer que desde 1990 se comenzaron a dar en el país 
algunos fenómenos que abrieron mayores posibilidades para los procesos de privatización 
educativa. A partir de una investigación realizada en el año 2017 (Verger, Moschetti, & 
Fontdevila, 2017) 3 , se ha señalado la existencia en Uruguay de un proceso de privatización 
latente. 

El carácter latente de la privatización educativa en Uruguay se construye a partir de 
la constatación de la existencia de una serie de procesos que, si bien no han redundado en 
un mayor desarrollo cuantitativo de la educación privada, sí generan condiciones para una 
eventual profundización de este fenómeno. 


1 Doctor en Ciencias Sociales; Prof. Titular del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad (Instituto 
de Educación - FHCE - UdelaR). 

2 Se trata de la Constitución de 1967 a la cual se han introducido ajuste a través de las reformas de los años 
1990,1995 y 1997. 

3 Verger, A., Moschetti, M., & Fontdevila, C., La privatización educativa en América Latina: Una cartografía 
de políticas, tendencias y trayectorias. Brussels, Education International, 2017. 


323 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


324 


En un estudio posterior (Bordoli, Martinis, Moschetti, Conde y Alfonzo, 2017) 4 ubi¬ 
camos que es posible distinguir cuatro grandes mecanismos a través de los cuales se generan 
posibilidades para el desarrollo de procesos de privatización educativa en Uruguay. 

El primer mecanismo ya fue mencionado en este texto. Tiene que ver con las garantías 
que históricamente el país ha brindado para la existencia la educación privada a través de 
exoneraciones impositivas de rango constitucional que funcionan como subsidios para la 
educación privada. 

El segundo refiere a convenios que suscribe el Estado Nacional con diversas organiza¬ 
ciones de la sociedad civil dedicadas a tareas socioeducativas con poblaciones en situación 
de pobreza. Estos convenios se basan en la transferencia de recursos monetarios a estas 
organizaciones. Esta modalidad existe a partir del año 1990 y se ubica en el marco de la 
educación no formal. Se encuentra regulada por la Ley 15.977 (1998). 

Una tercera modalidad de promoción de la privatización en educación se relaciona 
con la modalidad de Participación Público Privada para la construcción de infraestructura 
educativa. El alcance de este tipo de contratos está establecido en la Ley 18.786 (2011). 
En su artículo 2 se define que estos contratos son aquellos en “que una Administración 
Pública encarga a una persona de derecho privado, por un período determinado, el diseño, 
la construcción y la operación de infraestructura o alguna de estas prestaciones, además de 
la financiación” 5 . 

En cuarto lugar, a partir del año 2007, se ha propuesto una nueva modalidad de pro¬ 
moción y financiación de la educación privada, que es presentada bajo la modalidad de “do¬ 
naciones especiales”. Esta modalidad se estableció a través de la Ley de Reforma Tributaria 
N° 18.083, la cual instituye un procedimiento de exoneraciones impositivas a las empresas 
privadas que apoyen proyectos de instituciones de enseñanza, investigación, salud y apoyo a 
la niñez. En su artículo 78 la ley establece que las empresas que realizarán estas donaciones 
recibirán exoneraciones fiscales por el 75% del monto donado. También se establece que el 
restante 25% podrá computarse como “gasto de la empresa”, por lo cual también le corres¬ 
ponde un beneficio parcial de exoneración fiscal. Con este ajuste, el total de la exoneración 
fiscal se ubica en el 81,25% de lo efectivamente donado 6 . 

Diversas leyes aprobadas posteriormente han introducido ajustes al sistema de dona¬ 
ciones especiales. Se trata de las leyes 18834 (2012), 19149 (2014), 19438 (2018) y 19670 
(2018). 


4 Bordoli, E.; Martinis, P.; Moschetti, M.; Conde, S.; Alfonzo, M, Privatización educativa en Uruguay: 
políticas, actores y posiciones, Montevideo, Internacional de la educación, 2017. 

5 Ley N.° 18786: Contratos de Participación Público-Privada para la realización de obras de infraestruc¬ 
tura y prestación de servicios conexos. Disponible en: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/le- 
ytemp96681 94.htm 

6 Ley N.° 18083. Disponible en: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp3220925.htm 



2. Las donaciones especiales y la nueva privatización 

Según registros del Ministerio de Economía y Finanzas (2018), el monto total de do¬ 
naciones especiales producidas en el período 2010-2018 pasó de 61 millones de pesos a 
415 millones de pesos, valores tomados a pesos comentes. En el siguiente gráfico puede 
apreciarse la evolución producida en el período. 


Donaciones Especiales 2010-2018 

En millones de pesos corrientes 



Donaciones Especiales Otorgadas —Costo Fiscal 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2019 7 


Dentro de estos montos se encuentra la totalidad de donaciones producidas en el pe¬ 
ríodo. Si de ese total se toma exclusivamente los montos destinados a los niveles primarios 
y de media básica y superior, los montos donados en los años señalados ascienden a 31,8 y 
155,9 millones de pesos respectivamente. En el siguiente cuadro puede apreciarse la evo¬ 
lución producida en el período, así como los nombres de las instituciones beneficiadas, a 
nivel de Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional. 


7 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (2018). Rendición de cuentas y balance de ejecución presu¬ 
puesta! Ejercicio 2018. Exposición de motivos. Anexo 4.5 “Donaciones especiales con exoneraciones fiscales. 
Disponible en: https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/node/1494 


325 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


DONACIONES RECIBIDAS 2010-2018 (Parte I) 


En nilones de pesos a valora co ment es 












Educación Primaria. Secundaria y Técnico Profesional 

n.i 


29.0 

53 J) 

10M 

110« 

1154 

130.5 

1554 

ANEP 

3U 

27,0 

«4 

4J 

os 

Ubi 

911 

74 

74 

Uceo Jubilar 

as 

W 

7.6 

114 

13.4 

15,0 

102 

124 

109 

Colegio Ma Auxiliadora 




ÍJ) 

0.0 





Fundación impulso 


12.1 

16.6 

305 

66.2 

644) 

soo 

606 

701 

Uceo Pioridencia 





114 

100 

12.0 

13,0 

1S4 

Uceo Francisco 





9,4 

9,1 

iao 

108 

114 

Colegio Sagrado Centón 






19 

24 

34 

2.7 

Bachillerato Tec Ámma-Tec 



- 



35 

00 

06 

94 

Uceo San José de Tala 



- 





04 

04 

Fundactin SopNa 








02 

124 

Las Rásales 









S4 


Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2018 8 


Un primer elemento a tener en cuenta en el análisis de este cuadro es el decrecimiento 
que esta forma de donación tuvo en relación a la educación pública en el período. Debe 
notarse que, en un contexto de fuerte crecimiento de los montos de las donaciones, la edu¬ 
cación pública pasa de recibir 31,8 millones de pesos en el año 2010 a recibir 7,2 millones 
de pesos en el 2018. 

Un segundo elemento a señalar es que del conjunto de las instituciones educativas 
privadas que reciben donaciones, la mayoría de ellas se encuentran bajo el modelo definido 
326 como de “educación pública de gestión privada”. Esto implica que se definen como insti¬ 
tuciones educativas públicas, ya que no cobran matrícula ni cuota mensual a sus alumnos, 
pero son gestionadas por grupos privados. El establecimiento de la modalidad de donacio¬ 
nes especiales ha dado un gran impulso a esta perspectiva ya que ha permitido que recursos 
de empresas privadas puedan ser direccionados a estas instituciones. En este contexto, una 
mirada al declive de los montos destinados a la educación pública puede ser comprendi¬ 
do como parte de una estrategia de disputa por la redistribución de fondos —que en un 
81,25% son aportados por el Estado— hacia instituciones privadas. 

Dentro de este contexto, un caso sobre el cual puede interesar detenerse particular¬ 
mente es el de la Fundación Impulso, por ser la institución que logra captar mayor cantidad 
de donaciones. Esta Fundación comienza a recibir donaciones por este medio en el año 
2011. Ese año recibe un total de 12,1 millones de pesos. Por otra parte, en el año 2018 
el monto recibido asciende a 73,1 millones de pesos. Año tras año es posible apreciar un 
aumento de los montos recibidos, salvo un pequeño declive en el período 2015-2016. Por 
otra parte, el año 2018 es el que presenta un mayor valor de toda la serie. 


8 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (2018). Rendición de cuentas y balance de ejecución presu- 
puestal. Ejercicio 2018. Exposición de motivos. Anexo 4.5 “Donaciones especiales con exoneraciones fiscales. 
Disponible en: https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/node/1494 




Si comparamos los valores ubicados en ambos extremos, el aumento de donaciones 
recibidas en el 2018 con respecto al 2010 se ubica en el entorno del 600%. Es importante 
tener en cuenta que, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas 9 , tomando di¬ 
ciembre de 2010 como base 100, el índice de Precios al Consumo en diciembre de 2018 se 
ubicaba en 188,62. Por otra parte, el valor del dólar en el mercado uruguayo en el período 
se incrementó en el entorno del 63%. La comparación de estos valores con el incremento 
de donaciones recibidas por la Fundación Impulso da cuenta de una formidable capacidad 
de captación de nuevos recursos. 

Ahora, ¿de qué se trata la Fundación Impulso ? Como presentación, resulta interesante 
detenernos brevemente en la caracterización de la Fundación que se presenta en su web. 
Allí se señala: “La Fundación Impulso surge de la idea y desafío de un grupo de amigos 
(Marcelo Guadalupe, Elbio Strauch, Ernesto Talvi, Pablo da Silveira, Nicolás Herrera y 
luego Horacio Hughes) que a título personal deciden tratar de desarrollar un instituto de 
enseñanza de ciclo básico (1° a 3° de liceo que ya se extendió a 6 o año e incluso a un Bachille¬ 
rato Vespertino incluyendo una opción Tecnológica de Informática), de tiempo completo, 
laico, gratuito y de gestión privada en una zona de contexto crítico para procurar contribuir 
a eliminar la brecha de aprendizaje” 10 . 

Las referencias a personas que se ubican como base del surgimiento de la Fundación 
Impulso, la ubican directamente en el corazón del pensamiento ultra liberal en el Uruguay. 
Una simple aproximación a dos de sus fundadores puede ayudar a comprender esta afir¬ 
mación. Por una parte, se hace referencia al economista Ernesto Talvi, quien entre los años 
1997 y 2018 se desempeñó como director académico del Centro de Estudios de la Reali¬ 
dad Económica y Social (CERES). Este Centro es uno de los socios en Uruguay de Atlas 
Economic Research Foundation (Fundación Atlas para la Investigaciónn Económica), una 
organización sin fines de lucro dedicada a formar liderazgos y uno de los principales think 
thank neoliberales o “libertaristas” de Estados Unidos. Esta Fundación es comúnmente co¬ 
nocida como Atlas NetWork, o Red Atlas. La relación de CERES con Atlas NetWork puede 
apreciarse en la propia web de esta última 11 . 

Por otra parte, resulta interesante hacer referencia a la participación en la fundación 
del Impulso del Dr. Nicolás Herrera, quien posee un destacado y extenso currículum en 
temáticas vinculadas a la economía y el comercio a nivel local e internacional. Entre estas, 
como puede apreciarse en su currículum publicado en la web del estudio Guyer y Regules 12 , 
es miembro de la Sociedad de Mont Pelerin. Esta Sociedad fue fundada en 1947 a impulso 
de dos destacados intelectuales neoliberales: Friederich Von Hayek y Ludwig Von Mises. 
Desde su fundación, y hasta el presente, la Sociedad de Mont Pelerin constituye un foro 


9 Ibidem. 

10 http:// www.liceoimpulso.edu.uy/ fundacin 

11 https://www.adasnetwork.org/partners/global-directory/latin-america-and-caribbean 

12 https://www.guyer.com.uy/es/professionals/herrera-nicolas/ 


327 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


328 


de gran significatividad a nivel internacional de promoción de las ideas del “liberalismo 
clásico”. 

En definitiva, si nos guiamos por los antecedentes de sus directivos, es posible supo¬ 
ner que la Fundación Impulso representa una fuerte tendencia vinculada al pensamiento 
libertarista o —más decididamente— neoliberal en Uruguay. Partiendo de aquí, no resulta 
llamativo que su ingreso al ámbito educativo se base en una perspectiva pro-mercado y que 
enfatice las bondades de la gestión privada. 

Uno de los elementos que caracteriza la propuesta de la Función Impulso es su apela¬ 
ción a la eliminación de la “brecha de aprendizaje”. Así, apunta directamente a uno de los 
puntos críticos de la educación uruguaya: la existencia de importantes desigualdades de 
aprendizajes entre niños, niñas y adolescentes uruguayos. Estas desigualdades se vinculan a 
los contextos socioeconómicos de los que provienen los estudiantes, disminuyendo los ni¬ 
veles de acceso, permanencia y aprobación a medida que descienden los niveles de ingresos 
las familias. 

No es de extrañar, entonces, que la Fundación Impulso decida ubicar su Ficeo en la 
zona de la Cuenca del Arroyo Casavalle, una de las que presenta los mayores niveles de 
pobreza de la ciudad de Montevideo. 

Estrictamente, el conjunto de instituciones definidas como púbicas de gestión privada 
que se financian sustantivamente bajo la modalidad de donaciones especiales, ubican sus 
acciones en territorios, o en relación con poblaciones, pertenecientes a los sectores más 
empobrecidos de la sociedad uruguaya. Desde allí han instalado un discurso, con amplia 
repercusión social, que señala que los buenos resultados que obtienen demuestran que ese 
tipo de instituciones proveen soluciones más adecuadas que la educación púbica a los pro¬ 
blemas educativos de los sectores pobres. En definitiva, desde estas perspectivas se plantea 
que ante lo que se define como la crisis y el fracaso de la educación pública, la alternativa se 
constituye desde la lógica de lo “público de gestión privada”. 

Desde el punto de vista del derecho a la educación, el avance de estas modalidades 
coloca fuertes interrogantes, ya que establece una disputa acerca del carácter público de la 
educación, introduciendo prestaciones privadas dentro del propio campo público. Si a esto 
se suma que quienes deciden el destino del financiamiento —amparadas en la ley— son 
empresas privadas, el panorama se complejiza enormemente. En definitiva, se trata de la 
construcción de un modelo en el cual se constituyen circuitos de flujo de recursos entre 
actores no estatales utilizando una modalidad de financiamiento basado mayoritariamente 
en recursos del presupuesto estatal. 

3. Puntos críticos a reflexionar en cuanto a las afectaciones al derecho a la educación 

Como aporte a los debates que el presente Informe de SERPAJ pretende instalar, nos 
parece oportuno plantear tres ejes problemáticos que la expansión de la modalidad de do- 



naciones especiales presenta desde el punto de vista de la satisfacción del derecho a la edu¬ 
cación de los sectores populares. 

Por una parte, esta modalidad genera centros educativos que funcionan en la órbita 
privada y que reciben recursos estatales que les permiten disponer de un mayor financia- 
miento que los establecimientos estatales. 

Tomando dos casos de análisis, Dufrechou y otros (2019) realizan aportes en ese sen¬ 
tido. Los mencionados autores muestran como, tomando como base el año 2017, el gasto 
corriente anual por estudiante (excluyendo las inversiones) en el Consejo de Educación 
Secundaria (CES) fue de $65.877, mientras que en el Liceo Jubilar —otro caso típico de 
“educación pública de gestión privada— fue de $181.939 13 . 

Similar situación se constata en el caso del ya mencionado Liceo Impulso: “Lo mismo 
puede verse para otra de las instituciones insignia de esta modalidad de liceos privados gra¬ 
tuitos, la Fundación Impulso. Desde 2015 (primer año con que se cuenta información del 
balance en la rendición de cuentas), por cada peso por estudiante que gasta el CES, el Im¬ 
pulso gastó $2,63 en 2015; $2,2 en 2016; y $ 2 en 2017. (Dufrechou y otros, 2019: 110)” 14 . 

Como puede apreciarse, a través de esta modalidad de financiamiento se generan cen¬ 
tros educativos de gestión privada que cuentan con la posibilidad de recibir más financia¬ 
miento que sus pares púbicos. Siendo el acceso a recursos uno de los elementos que inciden 
en la posible mejora de los resultados educativos, se generan una situación en la que el pro¬ 
pio Estado está financiando a grupos privados que señalan la superioridad de su oferta con 
respecto a la pública, tendiendo a generar un sentir favorable a la privatización educativa. 

En segundo lugar, resulta importante señalar que se trata de propuestas educativas 
fuertemente centradas en el individuo y en su desarrollo personal. En el caso del Liceo 
Impulso hemos podido constatar a través de análisis de información disponible en la pᬠ
gina web y de una visita a la propia institución, el énfasis que se coloca en la superación de 
la “brecha de aprendizajes” se constituye desde una apelación al esfuerzo personal y a la 
construcción de la felicidad individual. De este modo, la forma de superar la situación de 
vulnerabilidad social que se presenta a los educandos por el hecho de desarrollar su existen¬ 
cia en un contexto surcado por desigualdades económicas y sociales, remite exclusivamen¬ 
te al mérito individual. Esto implica la necesidad de diferenciarse del entorno para lograr 
trascender en términos sociales. En este sentido, la propuesta educativa es definida como 
de “tiempo completo”, abarcando un horario que se extiende de lunes a viernes de 8 a 17:10 
horas y los sábados de 8 a 12 horas. 

En diversos modos estas instituciones poseen reglamentos o regímenes de conviven¬ 
cia en los que explícitamente se censura el portar algunas marcas identitarias que pueden 


13 Dufrechou, H.; Jauge, M.; Messina, P.; Oroño, M.; Sánchez, E.; Sanguinetti, M. (2019). El avance privati- 
zador en la educación uruguaya: discursos y políticas. Montevideo: Internacional de la Educación. 

14 Ibidem. 


329 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


330 


apreciarse como fuertemente presentes en los jóvenes de barriadas populares (tatuajes, pier- 
cings, pelo largo en los varones, uñas pintadas en el caso de las chicas). La apelación al signi¬ 
ficante “excelencia” en las propuestas de estos centros educativos se traduce en la propuesta 
de una serie de atributos que los estudiantes deberían adquirir y que implican directamente 
un esfuerzo por diferenciarse de otros jóvenes de sus zonas de pertenencia. Esta crítica no 
pretende plantear que entendamos que deba aceptarse acríticamente toda manifestación 
cultural por el simple hecho de estar inscripta en la vida cotidiana de un cierto sector so¬ 
cial. Si pretendemos advertir de la inconveniencia en términos democráticos, de propuesta 
educativas que se constituyen exclusivamente desde la censura de esas manifestaciones, in- 
viabilizando diálogos e intercambios acerca de estas. 

En tercer lugar, un elemento que atenta fuertemente contra la expansión del derecho a 
la educación es que estas instituciones incorporan formas más o menos sutiles de selección 
de su alumnado. En el caso del Liceo Impulso puede apreciarse en su web —en letras ma¬ 
yúsculas— que para inscribirse en la institución “NO ES NECESARIO TRAER CARNÉ 
DE NOTAS NI NINGUNA OTRA INFORMACIÓN, DADO QUE NO SE REALI¬ 
ZA NINGÚN PROCESO DE SELECCIÓN MÁS ALLÁ DEL ALEATORIO ANTE 
ESCRIBANO PÚBLICO” 15 . Es posible afirmar que los requisitos impuestos para estar en 
condiciones de inscribirse al sorteo suponen una forma de selección a priori de los posibles 
candidatos. 

Para poder postular a un cupo en el Liceo Impulso, es requisito imprescindible no te¬ 
ner más de 14 años al momento de la inscripción. Esto implica que se acepta hasta un máxi¬ 
mo de dos años de desfasaje con la edad teórica que el adolescente debería tener al ingreso 
a la educación media. Esta norma deja fuera de posibilidad de acceder al Liceo Impulso 
a aquellos estudiantes que más dificultades han tenido en sus procesos de escolarización. 
Esto implica una importante diferencia con respecto a las instituciones de educación púbi- 
ca, las cuales no presentan ninguna restricción para el ingreso de estudiantes. 

Por otra parte, en el momento de la inscripción el adolescente debe presentarse acom¬ 
pañado de un adulto referente, que deberá suscribir el reglamento de la institución y com¬ 
prometerse a un apoyo permanente si el estudiante fuera seleccionado. Ello implica, ade¬ 
más, estar presente en la institución en toda ocasión en que sea requerido por sus autorida¬ 
des. Aquí también opera un proceso de selección encubierto, ya que los adolescentes que 
no cuenten con el apoyo familiar que la institución reclama no podrán ser sus estudiantes. 
Aquí también se presenta una diferencia con respecto a la educación pública, la cual debe 
trabajar con todas las configuraciones familiares y en presencia o ausencia de referentes 
adultos. 


15 


http://www.liceoimpulso.edu.uy/preguntas-frecuentes 



4. A modo de cierre: derecho a la educación y disputas por el carácter público de lo 
educativo 

A través de las líneas desarrolladas precedentemente hemos pretendido abordar al¬ 
gunos aspectos que nos parecen claves con respecto a algunas limitaciones al más pleno 
desarrollo del derecho a la educación que se viene presentando en nuestro país. 

No ha sido nuestra intención presentar a la educación privada en términos generales 
como el centro de este problema, ya que cuenta con una larga tradición en el país, que se 
encuentra sostenida en normas de nivel constitucional. 

Sí nos ha interesado llamar la atención acerca de algunas modalidades de privatización 
educativa que se constituyen como obstáculos a la satisfacción del mencionado derecho. Si 
bien hemos mencionado varias de esas modalidades, nos hemos detenido particularmente 
en la que se produce a través de la instalación del sistema de “donaciones especiales”. 

Hemos planteado como a través de esa modalidad de financiamiento se ha constituido 
un conjunto de instituciones que se presentan como “públicas de gestión privada”, sosteni¬ 
da por recursos direccionados por empresas privadas, amparadas en renuncias fiscales del 
estado uruguayo. 

Algunas de esas instituciones se han constituido bajo el impulso de personalidades 
fuertemente comprometidas con principios del “liberalismo clásico”, vinculados a redes in¬ 
ternacionales que promueven la maximización de la libertad individual, el antiestatismo y 
la promoción del desarrollo del mercado en su máxima expresión, como valores esenciales. 
Desde estas instituciones y a través de un fuerte conjunto de académicos y actores sociales, 
políticos y económicos se ha tendido a la conformación de un consistente discurso que 
señala la necesidad de recurrir a iniciativas privadas para lograr mejoras en la educación que 
reciben las personas pertenecientes a los sectores más postergados de la sociedad uruguaya. 

La instalación de esta perspectiva, con crecientes niveles de aprobación en la sociedad 
y la clase política uruguaya, constituye un desafío de relevancia para la concreción del dere¬ 
cho a la educación en términos universales en nuestro país. 

Como hemos señalado, esta modalidad de financiamiento permite a las instituciones 
educativas “púbicas de gestión privada” manejar un monto de recursos superiores a los dis¬ 
ponibles en la educación pública, pese a que el 81,25 % de esos fondos provienen de las arcas 
estatales. La disponibilidad de mayores recursos, junto a la existencia de procesos de selec¬ 
ción del alumnado, coloca a estas instituciones en condiciones de partida sustantivamente 
mejores que sus pares de la educación pública. 

No es llamativo que partiendo de esas condiciones estas instituciones sean capaces de 
obtener mejores niveles de continuidad educativa y aprendizajes por parte de sus alumnos. 
Lo que sí resulta llamativo es que esos mejores resultados sean justificados exclusivamente 
por la gestión privada de las instituciones, invisibilizándose las mejores condiciones econó- 


331 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


micas y la selección estudiantil que realizan. De este modo, ciertamente induciría a error 
quien planteara la necesidad de expandir un sistema educativo “público de gestión privada”, 
argumentando que eso garantizaría mejores resultados educativos. 

La experiencia internacional muestra claramente que los sistemas educativos que han 
optado por alternativas de este tipo han tendido a construir la educación como un mercado 
y a los centros educativos como unidades que compiten entre sí para la obtención de mejo¬ 
res niveles de financiamiento. Una salida de este tipo para Uruguay es muy previsible que 
profundizaría las desigualdades ya existentes en cuanto al acceso a la educación por parte 
de diversos sectores sociales. 

Finalmente, si agregamos a los elementos planteados en los párrafos precedentes el 
hecho de que estos centros educativos establecen relaciones de desvalorización con los en¬ 
tornos en los que se ubican, podemos comprender que esta modalidad, lejos de colaborar 
con la expansión del derecho a la educación en el marco de una sociedad democrática, con¬ 
tribuye a la generación de nuevas dificultades en contexto ya de por sí complejos. 


332 



Matar al cuco, o por qué le tememos a la Educación 

Sexual Integral 


Sabrina Martínez 1 


La Educación Sexual siempre existió. Inicialmente, no fue un campo organizado de las 
ideas mediado por una didáctica específica y llevada adelante por profesionales, pero sería 
un error de gran tamaño invisibilizar cómo, desde el comienzo de los tiempos, siempre he¬ 
mos construido un marco de enunciación para crear un relato sobre la sexualidad. Porque 
la educación se hace en casa, con los pares, en la escuela, en el hospital, en el parlamento. 
A priori no estaría bien negar el derecho a la expresión y menos a la educación, pero tam¬ 
poco vale ser negligentes cuando sabemos que toda educación es sexual y toda educación 
es política. 

Esto genera una enorme complejidad a la hora de pensar la Educación Sexual como 
disciplina, ya que —entendida como una dimensión fundamental del ser humano— pare¬ 
ce que no necesita de ningún aporte conceptual para algo con lo que “se nace”. Sin embargo, 
es de fácil constatación cómo en cualquier experiencia de Educación Sexual Integral (en 
adelante ESI) se observan los modos en los cuales esos discursos sobre la sexualidad “in¬ 
nata”, “natural”, “incuestionable”, “intransferible”, dilucidan una cosmovisión reductivista, 
empobrecida y excluyente de muchos y muchas. 

Lo más nocivo es cómo estas narrativas —mayoritariamente descontextualizadas de la 
evidencia científica dada por la Sexología como ciencia y por otras disciplinas hermanas— 
constituyen en la actualidad el amparo para discursos antiderechos cargados de odio. No 
solo se limita el ejercicio profesional de educadores y educadoras en sexualidad, sino que 
—principalmente— niegan los derechos sexuales, que son derechos para la humanidad. A 
nadie se le ocurriría quitar de la curricula el conocimiento de la tabla periódica, pero para 
hablar de homosexualidad, mejor pedir un consentimiento firmado, ¡qué paradoja! 

El principal conflicto conceptual que sustenta los obstáculos para la implementación 
de la ESI es la constante confusión entre sexualidad y relaciones sexoafectivas. Parece sim¬ 
ple de entenderlo, pero su utilización como sinónimos brinda fundamentos, por ejemplo, 
para negar una educación sexual de calidad a las infancias. 

Sin embargo la Sexualidad: [está] “basada en el sexo, incluye al género, las identidades 
de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la 
reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, 


333 


1 Lie. en Comunicación y Educadora Sexual. Es docente en el Instituto de Formación Sexológica Integral 
SEXUR, en la Facultad de Información y Comunicación (UdelaR) y en la OSC Casa de la Mujer de La Unión. 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el re¬ 
sultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, 
éticos y religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, 
no es necesario que se experimenten ni se expresen todos. Sin embargo, en resumen, la se¬ 
xualidad se experiencia y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos” 2 . 

Tal como plantea esta definición, el carácter multidimensional de la sexualidad exige 
un rigor metodológico y pedagógico para abordarla. No alcanza con enunciar textos de 
manual, una educación sexual integral necesita reconsiderar las vivencias de las personas 
y posicionarse desde un paradigma comúnicacional dialógico para una educación emanci¬ 
padora. Se necesita indagar sobre los sentidos de cómo se introyecta en la corporalidad el 
discurso de la cultura. Esto significa partir del entendimiento de las personas como sujetos 
“sujetados” a un contexto social y familiar que estructura los modos en los cuales se habita la 
sexualidad a lo largo de la vida y cómo el ser sexuado y sexual se pone en relación con otros 
y otras. Comprender la vida sexual en su devenir, en sus espacios de permeabilidad con su 
comunidad, en el acto de fusión con su entorno y sus vínculos. 

La ESI pretende deconstruir las prácticas sociales que definen las experiencias de las 
personas sin caer en una mirada inquisitoria sobre los procesos de subjetivación. Todos y 
todas somos el resultado de los modos en los cuales nos socializamos sexualmente. Pero la 
oportunidad de pensar la sexualidad a lo largo de toda la vida, permite generar transfor¬ 
maciones en las personas, por eso la necesidad de garantizarla, porque siempre hay tiempo. 

¿Qué implicaría un Educación Sexual Integral? Siempre, repensar el poder: no como 
334 propiedad plausible de ser tomada o dejada, sino como relación de fuerzas, como resulta¬ 
do de la relación entre poderes, como sujeción del sujeto a formas propias de entender la 
verdad, el conocimiento y —por tanto— la sexualidad. En consecuencia, el desafío está 
primordialmente en constatar cómo se enuncia un sentido de la verdad y —por consiguien¬ 
te— de lo sano, en una idea de orden sexual donde cada humano quisiera ser acreditado 
bajo lo comprendido como “normal”. La salud sexual sería entonces un simulacro donde 
“estar en el lugar del bien con otros y otras” y no un bienestar inicialmente individual pero 
en fuerte relación con el entorno. 

Para ello hay que deconstruir las interpretaciones hegemónicas sobre la sexualidad. 
En primera instancia, observar cómo la perspectiva adultocéntrica define una cosmovisión 
que estigmatiza toda la vida sexual. No hay espacio para la reflexión sobre los aportes ya 
consolidados sobre el desarrollo de la sexualidad infantil. Niños y niñas son reconocidos 
sujetos de derechos humanos, pero aún no de sus derechos sexuales. No hay lugar para el 
tratamiento de la vida sexuada, a menos que sea desde un enfoque higienista o preventivo 
de violencias. Por supuesto que es importante abordar el abuso sexual infantil, pero ¿cómo 


2 OPS, OMS, WAS. Promoción de la Salud Sexual. Recomendaciones para su acción. Guatemala. 2000. 
Disponible en: https://www.paho.org/spanish/hcp/hca/salud_sexual.pdf ?ua=l 



hablar de autocuidado si las infancias enuncian sus genitales con temor? ¿Cómo compren¬ 
der la complejidad del erotismo si perpetuamos los relatos fantaseos de cigüeñas y repollos 
y les negamos su origen? ¿Por qué le tememos a hablar del placer? 

También se invisibiliza la sexualidad en la vejez porque resulta innecesario “hablar de 
lo que ya se sabe” y ahí otra vez frente a la suposición de que el único tema que convoca es 
el sexo y que, dado que a esa edad “eso no se hace”, no es tema de agenda. 

Educar en sexualidad siempre es una tarea incómoda porque sacude la modorra de lo 
ya dicho, pero sobre todo de lo silenciado, de lo oculto, de lo inconveniente. Quienes asu¬ 
mimos esta tarea sabemos el compromiso que conlleva sacudir la alfombra y dejar volar el 
polvo. Porque una verdadera educación sexual es la que provoca, la que se rebela con astucia 
a lo obvio, la que no le tema al biopoder, la que no calla ante el disciplinamiento que intenta 
decirnos cómo ser, cómo desear, cómo amar y cómo gozar. 

Por eso es imprescindible analizar críticamente cómo se construyen las distintas cate¬ 
gorías que forman la sexualidad. 

El sexo biológico deberíamos dejar de pensarlo como una entidad atravesada por dos 
conceptualizaciones: el falso binarismo y la no comprensión de la relación sexo-género 
como sistema. Lo primero, nos desafía a desentrañar y actualizar el discurso médico que 
históricamente define a varones y mujeres en su relación con la genitalidad. Es comprensi¬ 
ble que nacer con vulva, útero, ovarios y trompas de falopio nos hace hembras humanas y 
que poseer pene, testículos, próstata y vesículas seminales, machos humanos. No es un dato 
irrenunciable, pero tal vez sea hora de hablar de las personas intersexuales que escapan a 
este binarismo y existen desde siempre aunque no admitamos otras categorías posibles en 
el sexo registral. ¿Acaso alcanza con un cuerpo biológico sexuado para comprender la iden¬ 
tidad mujer y varón? ¿Es la diferenciación sexual el resultado de expresiones meramente 
anatómicas ? 

Como plantea Rubén Campero: “en el ser hombre o mujer no solo entran en jue¬ 
go aspectos biológicos y socioculturales, sino que también participan dimensiones de lo 
subjetivo, de lo singular, de aquello que la persona siente ser a partir de la construcción y 
definición personal que hace de su historia como sujeto sexual y sexuado dentro del espec¬ 
tro hombre-mujer, sin tener que ajustarse a una polaridad estereotipada. Sexo no es solo 
genitales, cromosomas y hormonas. Mujer y hombre son también construcciones sociales 
que se elaboran en contextos culturales, simbólicos y personales” 3 . 

El género no puede analizarse independientemente del sexo, “es el aparato mediante 
el cual tienen lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo femenino, junto 
con las formas intersticiales hormonal, cromosómica, psíquica y performativa que el género 
asume. Asumir que el género siempre y exclusivamente significa la matriz de lo “masculino” 

3 Rubén Campero. Cuerpos, poder y erotismo. Escritos inconvenientes. Montevideo, Uruguay. Fin de Siglo. 
2013, p. 16. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


336 


y “femenino” es precisamente no darse cuenta del punto crítico de que la producción de ese 
binario coherente es contingente, de que tiene un costo y de que aquellas permutaciones 
del género que no se adaptan al binario son tan parte del binario como su instancia más 
normativa” 4 . 

Una Educación Sexual Integral impone ser exigentes en los modos de hacer y entender 
el mundo. La centralidad es el sujeto y los procesos de aprendizaje por los cuales se le enseña 
a validar la existencia, no los contenidos como entidades asépticas y neutrales. Comprender 
las formas en las cuales las identidades se configuran —colocando a las personas en la he¬ 
gemonía o en la subalternidad— y bajo qué mecanismos ocurre la afectación que hace que 
cada sexualidad sea única. Reivindicar el derecho al goce por fuera de la ritualización del 
erotismo. Comprender por qué le tememos a hablar más del goce que de la violencia, hacer¬ 
nos cargo de los tabúes que tienen efectos nocivos en el orden de la materialidad de la vida. 
La imposibilidad de pensar una erótica más biopsicosocial y menos comercial y deshonesta. 

No es azaroso la postergación recurrente que incluso han hechos varios campos disci¬ 
plinares sobre la vinculación afectiva a la hora de relacionarla con la sexualidad. La literatu¬ 
ra se ha comprometido con una militancia acérrima centralizada en la reproducción, lo cual 
nos habla de una perspectiva heterocentrada y cisgénero con un énfasis en la prevención de 
embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. Esta exclusión demuestra 
los vínculos que entablamos con quienes orientan su deseo hacia personas de su mismo 
género y prescinden de complejizar la comprensión de la diversidad de las manifestaciones 
corporales y afectivas con las cuales se emprende la maravillosa aventura de relacionarse 
sexual y amorosamente. Vale rememorar que cada vez que las identidades y orientaciones 
definidas como disidencias ocupan un lugar subsidiario, “particular”, en la curricula de la 
educación sexual estamos negando a gente. 

Un enfoque multidisciplinar nos muestra que los contenidos a la hora de hacer ESI 
tienen que presentarse en un diálogo constante con los aportes que las Ciencias Sociales 
hacen para pensar la sexualidad desde un paradigma de la complejidad. ¿Qué dicen sobre 
el amor ? ¿De qué manera la vulneración de derechos fundamentales afecta la comprensión 
de un cuerpo sentido, cuidado y querido? ¿Qué aspectos de la Psicología están en juego en 
una disfunción del placer? ¿Qué dice la Antropología sobre los modos en que las distintas 
culturas enuncian un discurso sexual? ¿Cómo se relacionan los consumos mediáticos con 
los mandatos de belleza hegemónica? ¿Qué lugar juega el acceso ilimitado a internet en las 
relaciones de pareja? ¿Qué nos puede decir la Historia para entender la actualidad? ¿Cómo 
el currículum oculto de género afecta el acercamiento de las niñas a las ciencias básicas ? 

Si la sexualidad está en todo lo que decimos, hacemos y sentimos, nos debemos la in¬ 
terpelación a nuestras prácticas individuales y colectivas tanto en el ámbito de lo doméstico 
como en lo público. Porque los acontecimientos que rompen los ojos en las noticias de in- 


4 Judith Butler, Regulaciones de género Revista La Ventana. Número 23, Guadalajara - México, 2005, p. 11. 



formativos de horario central no son hechos aislados, hablan de cierta omisión de políticas 
públicas enfocadas en una Educación Sexual Integral efectiva. Parece más fácil, atribuirle el 
carácter de excepción al resultado de un sistema político y jurídico patriarcal y capitalista 
que ha hecho demasiado poco en la promoción de una sociedad igualitaria. Los culpables 
merecerían el castigo directo, las víctimas las lágrimas de quienes quedan perplejos frente 
a la pantalla. 

Todo sigue igual al otro día. El acoso callejero hace que mujeres tomen taxi si vuelven 
tarde en la noche, adolescentes varones resuelven “conflictos de la edad” como machos, 
aprendiendo a poner el cuerpo como campo de batalla masculino. Mujeres adultas en pleno 
climaterio dan por hecho que ya no tiene sentido meterse en la cama con nadie, niñas se 
autoerotizan con culpa porque el placer debería dárselo otro. Adolescentes son explotadas 
sexualmente bajo la premisa de que “mejor vincularse con hombres más grandes”, infancias 
trans pasan años de soledad en la oscuridad de su cotidianidad porque les inventaron que 
algo anda mal, que algo está roto. Flamantes esposos no logran identificar cuando “sus mu¬ 
jeres” tienen orgasmos y desconocen qué efectos cargan sus parejas en su biología tras años 
de anticoncepción. Mujeres se convencen de que el control de su pareja es una muestra de 
afecto, otras lloran escondidas en el baño con una maternidad obligatoria que las dejó solas 
criando. Niños se limpian la lágrimas con velocidad porque es cosa de nenas. Travestís y 
trans cargan con la mirada evaluatoria de constatación de “normalidad”. 

Por eso la ESI tarda, se demora, se pospone, se discute. Porque mueve los cimientos, 
porque nos obliga a asumir privilegios, porque nos pone de frente al dolor porque suma a 
la conquista del goce, poca de las cosas que no tienen valor monetario. No alcanza con tres 
clases desconectadas, ni con un condón sobre la mesa de luz de nuestros hijos y nuestras 
hijas. Tampoco con una consulta médica de 15 minutos donde se pretende que confiemos 
para decir que somos víctimas de violencia de género. 

Se necesita el convencimiento absoluto para diseñar una política educativa que pien¬ 
se una ESI curricularizada y presente en toda la educación formal y no formal, pública y 
privada. Con profesionales especializados en la temática, con avidez humana para abrir la 
escucha comprensiva y con capacidad para emocionar la razón y racionalizar la emoción. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Justicia para los niños, niñas y adolescentes frente a 

las violencias 


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Mag. Andrea Tuana 


Es sabido que en Uruguay las niñas, niños y adolescentes sufren todo tipo de vio¬ 
lencias, abusos y torturas, por parte del sistema familiar, del sistema institucional y de la 
comunidad. 

Las prácticas de castigos, sometimientos y humillaciones, que aplicadas a un adulto o 
adulta serian consideradas delito, cuando se aplican a personas menores de edad, se rela- 
tivizan, se minimizan sus efectos y se justifican como formas de educación o contención. 

Las violencias se tornan debatibles, se ponen en consideración, se minimizan los he¬ 
chos; en definitiva, no toda situación de violencia hacia la infancia/adolescencia es conside¬ 
rada por nuestra sociedad como un problema grave, que produce efectos nocivos en la vida 
de las personas y que representa una grave vulneración de los derechos humanos. 

Luego de grandes avances en la conquista de derechos humanos fundamentales, espe¬ 
cialmente en el reconocimiento de las violencias de género y hacia la infancia/adolescencia 
y lograr políticas públicas de enorme significancia para su abordaje, hoy nos enfrentamos a 
un contexto de incertidumbre. 

Progresivamente comienzan a circular discursos que pretenden cuestionar la existen¬ 
cia de la violencia patriarcal. Algunos profesionales se muestran escépticos frente a las de¬ 
nuncias y se inclinan a sospechar de las mujeres, argumentando que éstas realizan denun¬ 
cias falsas, para lograr ventajas en los procesos de divorcio - algunos abogados les llaman 
“divorcios exprés”- o que alegan malos tratos para quedarse con la tenencia de los hijos e 
hijas y así cobrar pensiones alimenticias. 

En Uruguay se reportan 40.000 denuncias por año y alrededor de 30 femicidios 1 . Se¬ 
gún cifras de UNICEL (2017), uno de cada dos niños en Uruguay sufren algún tipo de 
violencia. 

Los niños y niñas no son víctimas de la violencia sólo cuando ésta se dirige contra ellos, 
sino también cuando viven la violencia cotidianamente, cuando son testigos, cuando se lastima 
a alguien a quien ellos quieren. Uno de cada cuatro niños sufre violencia física y uno de cada 
dos, violencia psicológica. Más de la mitad de los adultos declaran haber ejercido violencia 
hacia al menos uno de los niños a su cuidado. Eso representa alrededor de 350.000 niños y 
niñas, en tanto el castigo físico alcanza a unos 160.000 niños. Además, los datos de la EVBGG 


Fuente: Ministerio del Interior. 



muestran que unos 150.000 niños son testigos de violencia en sus hogares. La alta prevalencia 
de la violencia hacia los niños y aquella de la que son testigos en sus hogares hace que este sea un 
problema de enorme magnitud, respecto al cual, además del desarrollo de políticas orientadas 
a la detección y atención, es necesario trazar acciones para un cambio en las normas culturales 
de disciplina y relacionamiento en las familias (UNICEF, 2017). 2 

En 2018 el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencias contra la Vio¬ 
lencia (SIPIAV) 3 registró 4131 situaciones de violencia severa hacia niños en todo el país, 
lo que equivale a 11 situaciones por día. 

Frente a este panorama, cuestionar las denuncias de violencia de género, poner a cir¬ 
cular el mito de las falsas denuncias o de las denuncias implantadas en niños, niñas y ado¬ 
lescentes, supone una estrategia intencional de grupos interesados en mantener los valores 
tradicionales de la familia patriarcal, donde el pater familia dominaba a su esposa e hijos/as. 

Volver al viejo modelo del varón como responsable principal de la manutención del 
hogar, erigido en el jefe de familia y la mujer responsable de brindar los cuidados y los afec¬ 
tos familiares, es una pretensión de algunos grupos sociales. Volver a un modelo de familia 
encorsetado, donde las relaciones democráticas no existen, donde el poder del varón se im¬ 
pone sobre los demás individuos, donde la heterosexualidad es la única posibilidad válida, 
donde la familia nuclear es el modelo a seguir. Un modelo del que es difícil salir, romper, 
transformar y quien lo desafía se expone a sufrir consecuencias que en algunos casos paga 
con la muerte. 

Frente al enorme impulso en la protección de los derechos de las mujeres, niños, niñas 
y adolescentes, se suceden períodos de frenos y retrocesos que buscan volver al orden social 
instituido y ahogar los movimientos instituyentes que promueven relaciones de género y 
generacionales libres de sometimiento, control y dominación. Fos movimientos tendientes 
a desacreditar las denuncias de violencia, a minimizar la existencia de la violencia basada 
en género y la violencia hacia la infancia/adolescencia, de cuestionar las leyes y políticas de 
atención en estos temas, han cobrado cierto protagonismo en distintos momentos. 

La seudo ciencia contra los niños, niñas y adolescentes 

Nuestro país sufre el primer embate de retrocesos en la protección de la infancia ado¬ 
lescencia víctima de violencia, a fines del año 2000, cuando se importa la ideología del 
síndrome de alienación parental (SAP). Esta seudo teoría sin reconocimiento académico 
ni rigor científico, no es reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Tampoco es 
reconocida ni aceptada por ninguna asociación científica en el mundo. El SAP es un recur¬ 
so acientífico, que busca reposicionar la dominación del pater familia. 


339 


2 UNICEF (2017) Panorama de la violencia hacia la infancia en Uruguay. 

3 SIPIAV. Informe de Gestión 2018. 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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340 


En Uruguay, algunos profesionales prestigiosos y de trayectoria destacada han caído 
en las trampas de esta seudo teoría. El SAP supone que uno de los padres (generalmente la 
madre) manipula a sus hijos/as a través de un lavado de cerebro, inculcándoles el odio hacia 
el otro progenitor (en general el padre). Para lograr este rechazo, manipula y alecciona a 
sus hijos e hijas, para que acusen falsamente a su progenitor de abuso sexual. El método “de 
cura” impuesto en base a esta seudo teoría, consiste en establecer por vía judicial, la revin¬ 
culación forzada entre el abusador y sus hijos, amenazando al otro progenitor (en general la 
madre) de que se le quitará la tenencia si continúa obstaculizando este encuentro 4 . 

Un caso emblemático en Uruguay fue el de una niña de 5 años que denunció que su 
padre abusaba sexualmente de ella. Su madre dio una lucha muy larga para demostrar que 
los relatos de su hija eran ciertos y para lograr que su padre no tuviera acceso a ella. Ante la 
denuncia realizada por la madre y con la evidencia de pericias realizadas a la niña, el padre 
fue procesado y condenado por el Juzgado de primera instancia. En base a nuevas pericias 
que pusieron en tela de juicio las pericias anteriores y cuestionaron los relatos de la niña, el 
Sr. fue sobreseído por un Tribunal de Apelaciones. 

Al ser sobreseído en el ámbito penal, reclamó inmediatamente revincularse con su hija 
en la justicia de familia y ésta accede, con la justificación del sobreseimiento penal. 

La niña le tenía terror al padre, pero ya nadie le creía, ni escuchaba su opinión y justo 
antes de que se cumpliera la primera vista, ocurrió un hecho que lo cambió todo. 

El padre de la niña, que había formado una nueva pareja y tenía otra hija (en ese mo¬ 
mento de 4 años), protagoniza un episodio de violencia doméstica donde agrede a su pare¬ 
ja, a su hija y a su suegra y esta última le infiere lesiones en el rostro y brazo con un cuchillo. 
A raíz de este episodio, es procesado nuevamente con prisión y recién a partir de este hecho 
de evidente gravedad, la justicia de familia suspende definitivamente las visitas con su hija 
mayor. 

El padre de esta niña fue apoyado y respaldado por organizaciones de varones que 
clamaban por su inocencia, que decían que la madre manipulaba y mentía, que el señor era 
inocente y un buen padre para su hija. Esta niña se salvó de ser sometida a la revinculacion 
con su padre. La madre de esta niña no se salvó. Ella dedico su vida a protegerla, a demostrar 
que su hija no mentía y a luchar desesperadamente para que este padre nunca más pudiera 
dañar a su niña. Y lo logró, pero esa lucha le costó la vida. La mamá de la niña murió de cán¬ 
cer poco tiempo después de que todo el proceso judicial terminara y su hija fuera salvada. 

A partir de la proliferación en distintos países del mundo del SAP y sus variantes 
(alienación, obstrucción de vínculo, interferencia, manipulación, implantación de falsas 
memorias) se invalidan las denuncias de abuso sexual y violencia doméstica, se descalifican 


4 Escudero, A; Aguilar L; de la Cruz, J. (2008). La lógica del Síndrome de Alienación Parental de Gardner 
(SAP): «terapia de la amenaza» recuperado de: http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v28n2/v28n2a04.pdf 



los relatos y denuncias de los niños, niñas y adolescentes, las denuncias de sus madres y se 
desarrollan prácticas de extrema vulneración de derechos humanos. 

Los operadores de justicia, que se posicionan desde esta ideología, ejercen prácticas 
de tortura, negando la violencia, generando la desprotección de las víctimas, presionando 
a las madres a que acepten tenencias compartidas o visitas con los abusadores y agresores 
y en casos más extremos arrancado a sus hijos e hijas de la figura protectora y de apego y 
entregándolos al abusador o maltratador, reduciendo a la mínima expresión el contacto 
entre los hijos y su madre. 

Los niños, niñas y adolescentes vuelven a ser ubicados por los sistemas institucionales 
como objetos de intervención, negándoles sus derechos fundamentales a ser oídos y a res¬ 
petar su opinión. 

Lamentablemente, estos no son casos aislados, y en distintos países existe el mismo 
modus operandi que se repite una y otra vez. 

Frente a una denuncia de abuso sexual, se desacredita el relato del niño, del que se dice 
que fue implantado por la madre y se cierra el caso penal. Inmediatamente se piden visitas y 
frente a la oposición de las madres y de sus hijos, se obliga a visitar al progenitor denunciado 
en un punto de encuentro supervisado por técnicos especializados. Aquí comienza a apli¬ 
carse la “terapia de la amenaza”, para revertir la “supuesta alienación parental”. La amenaza 
que se aplica es sobre el cambio permanente de custodia o en la restricción de contactos 
futuros. Con estas terapias se busca que las madres cooperen en el re vinculación del niño 
con el maltratador. 

Otra amenaza que se utiliza, es decirles a los niños/as, que, si no acceden a ver a su 
padre, los internarán en instituciones de acogida o no volverán a ver a su madre. Poste¬ 
riormente, se plantea que la madre está trastornada, que es una alienadora, que representa 
un riesgo para sus hijos y que hay que hacer un cambio de tenencia. El sistema de Justicia 
ordena la quita compulsiva (arrancamientos) dándole a la madre en algunos casos una hora 
cada 15 días para ver a sus hijos y en otros se le bloquea el acceso durante un largo tiempo. 

El avasallamiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es extremo. El 
sufrimiento y el trauma que esta tortura implica, impactan profundamente en la vida de los 
niños, niñas y adolescentes provocando efectos devastadores para su desarrollo. 

Existen numerosos antecedentes de estas prácticas a lo largo del mundo. 

En Uruguay el caso “MariaNoSeVA” se constituyó en un caso paradigmático. Se trata 
del caso de una niña de 7 años actualmente, de madre uruguaya y padre español, de residen¬ 
cia habitual en España. En 2016, madre e hija realizan un viaje de vacaciones a Uruguay con 
autorización del padre de la niña, con motivo de visitar a la familia materna. Estando en 
Uruguay con 4 años en ese momento, la niña manifiesta ser víctima de abusos sexuales por 
parte de su padre. A raíz de esto el padre solicita la restitución de su hija a España. Luego 


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de un largo proceso judicial en el que se comprueba la violencia doméstica - no así el abuso 
sexual - el Poder Judicial Uruguayo restituye a la niña a su país de origen a condición de 
que España acepte las medidas cautelares impuestas por el Poder Judicial Uruguayo. Estas 
medidas consistían en la prohibición de acercamiento y comunicación del padre hacia la 
madre y la niña, entre otras, hasta que España examinara el fondo del asunto (el presunto 
abuso sexual del padre hacia la niña). 

Al mes y medio de retornar a España, con una sola pericia en sede penal, la justicia 
española archiva el caso de abuso sexual y caen las medidas cautelares dando lugar un juicio 
de guardia y custodia que culmina con un cambio de tenencia, pasando la niña a convivir 
con su padre. Esta medida judicial se realiza en forma forzada, a través de un arrancamiento 
con intervención de las fuerzas de seguridad, dado que la niña se negaba enfáticamente a 
ver a su padre. Actualmente la niña vive con su padre y tiene visitas supervisadas con su 
madre una vez por semana durante dos horas. 

En España han existido múltiples casos donde los niños y niñas son arrancados de 
sus madres. Un caso paradigmático fue el asesinato de una niña de 7 años, producto de las 
prácticas institucionales de desprotección. Andrea fue asesinada por su padre en abril de 
2003 cuando tenía siete años, durante una visita no vigilada con su progenitor maltratador 
a pesar de las 51 denuncias presentadas por su madre, Ángela González Carreño. Ni las 
amenazas, ni las denuncias, ni las entrevistas con psicólogo